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Denuncian torturas en Jujuy
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Nov. 16, 2012 at 7:53 AM

Organizaciones de derechos humanos de San Pedro viajaron a Buenos Aires con el objetivo de difundir lo que está sucediendo en esa localidad jujeña. Varios jóvenes humildes sufren las mismas prácticas que realizaban las fuerzas represivas durante la dictadura militar. La justicia de San Pedro duerme las causas y los medios provinciales se encargan de no darles difusión, mientras que el poder político no acusa recibo.

(Red Eco) Jujuy – Uno de los disparadores principales fue la denuncia de una testigo y sobreviviente de la última dictadura militar, quien durante su declaración frente al tribunal del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy, relató casos actuales de tortura en dependencias policiales de la localidad de San Pedro, ubicada al sur de la provincia. También se sumaron distintos organismos y militantes de derechos humanos que comenzaron a recorrer juzgados y despachos para visibilizar estos hechos y obtener una respuesta.
Desde principios de año, comenzaron a trascender con más fuerza casos de jóvenes que eran detenidos sin causa por efectivos de toxicomanía, brigada de investigaciones y seccionales de San Pedro, golpeados y torturados en cárceles, y amenazados una vez que eran liberados. Muchos no se animaban a denunciar lo vivido justamente por miedo. “La impunidad es total, no hay contención por parte del Estado. La policía siempre agarra a los que menos tienen”, explicó Pablo Juares a Red Eco.
Pablo es un militante de derechos humanos de San Pedro que viajó esta semana a la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con distintas organizaciones y agrupaciones como Correpi, Serpaj, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otros, con el objetivo de que esto repercuta en Jujuy.
Uno de los casos que se reveló fue el de Martín Gómez, quien fue detenido en varias oportunidades por la Brigada de Investigaciones, y de quien no se pudo comprobar ninguna de las acusaciones que se le realizaron. Una vez, la policía lo sacó de la casa de una amiga y lo llevaron a la Brigada donde lo esposaron, le tiraron agua fría y le pusieron una bolsa en la cabeza. También le arrojaron agua hirviendo sobre el cuerpo. El padre de Martín quiso hacer la denuncia en la fiscalía, pero el secretario se negó a tomarla diciendo que el fiscal no podía atenderlo en ese momento y que luego lo llamaría, cosa que nunca hizo. Su hijo le contó también que en varias ocasiones un policía retirado y otros en actividad lo obligaron a viajar a Bolivia para traer y vender droga. Pero un día, luego de ver en su casa un partido de Boca, Martín le dijo a su papá que salía pero que enseguida volvía. Según el relato de la policía, el joven entró a robar “casualmente” a la casa de un efectivo, y al querer escapar quedó atorado en la salida de un ventiluz del baño, asfixiándose con la campera que llevaba puesta. Cuando el padre intentó acceder al expediente no lo dejaron. El certificado de defunción dice “muerte por asfixia” pero Martín tenía hematomas en su rostro.
Otro caso es el de Cristian Marquet. Fue secuestrado por toxicomanía a plena luz del día en la plaza general Manuel Belgrano. En la comisaría lo desnudaron, lo torturaron con golpes, picana eléctrica y le pusieron una bolsa en la cabeza. Cuando su hermana tuvo contacto con organismos de derechos humanos por lo que sucedió con Cristian, dos personas en un auto particular, que fue señalado como de propiedad de uno de los agentes de toxicomanía, la siguieron y le tiraron el vehículo encima, sin hacerle daño, aunque sí llegaron a decirle: “Dejate de joder con los derechos humanos porque te vamos a matar a vos y a tu familia”.

También se denunció el caso de Diego Constancio, quien la noche del 3 de agosto pasado estaba sentado en la puerta de un kiosco del barrio Salvador Mazza junto a unos amigos. En ese momento, se acercaron al lugar tres móviles policiales para efectuar un allanamiento. Los efectivos ingresaron al kiosco y Diego vió cómo un agente de toxicomanía, llamado Facundo Quiroga, arrojó una bolsita transparente con letras rojas hacia un cajón que estaba allí dentro. Al darse cuenta que el joven lo había visto, Quiroga lo esposó y lo llevó junto a sus amigos a la comisaría para hacerles “una requisa”. A Diego lo golpearon y amenazaron advirtiéndole que no abriera la boca. Luego fue liberado. Pero unas semanas después, el joven estaba con su novia en la calle y apareció Quiroga en su moto y le dijo: “¿Qué te dije a vos? ¡dejá de boludear porque si no te vas a comer el mismo garrón que se comió ´Quique´ es más, te puedo hacer desaparecer”. Tres días después, Diego debía declarar lo que había visto en una causa. Luego de esto, el joven decidió esconderse durante un tiempo por miedo.
Tan solo un repaso por algunas de las situaciones que se denunciaron en Buenos Aires, y que a su vez son una mínima muestra de lo que ocurre en San Pedro. Pablo Juares explicó además a Red Eco que los casos de los pocos jóvenes que quisieron o pudieron realizar las denuncias quedaron trabados en el juzgado local, que abarca no solo la localidad de San Pedro sino también a Libertador San Martín, y que está en clara “sintonía” con el Ingenio Ledesma, que rige la vida de los habitantes de la zona, tal como sucedió en años de dictadura. Es por esto que las presentaciones comenzaron a efectuarse en los juzgados federales N°1 y N°2, con sede en la capital, San Salvador de Jujuy. Las denuncias también se hicieron en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y ante el ministro de Gobierno. También se reunieron con el diputado del Frente para la Victoria y presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Baja a nivel nacional, Remo Carlotto, en una visita que efectuó a la provincia. Según relató Juares, Carlotto se mostró sorprendido al conocer los casos de tortura, al afirmar que no sabía lo que ocurría, ya que previamente había mantenido un encuentro con el gobernador Eduardo Fellner (también kirchnerista), quien le había manifestado que en la provincia estaba “todo bien”. Carlotto se retiró sin siquiera saludar. Lo que sí se logró fue la conformación de una comisión de Derechos Humanos en la Legislatura provincial, integrada por diputados y organizaciones, pero hasta el momento no ha habido una respuesta concreta a los reclamos y denuncias. Tampoco hay repercusión de parte de los medios de comunicación provinciales, exceptuando radios alternativas y comunitarias como Minka o Pueblo que sí dan cuenta de lo que está sucediendo.
Ante esta situación, se resolvió el viaje a Buenos Aires, en un intento de darle difusión a lo que está pasando hace tiempo en Jujuy, en busca de una reacción por parte de las autoridades. Esta visita se dio esta semana, la misma en la que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) difundirá su informe anual de la situación represiva en el país, con la presentación del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato estatal. Será mañana, viernes, a las 18, en Plaza de Mayo. Vale mencionar, a modo de adelanto, que más del 50% de los casos registrados en democracia ocurrieron durante los nueve años de gestión kirchnerista, es decir más de 2200 muertos por represión. En este marco, con las particularidades locales, se inscribe lo que está sucediendo en Jujuy.
Contacto: pablojuares@hotmail.com

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Jujuy sin derechos humanos
Por reenvío anred - Friday, Nov. 16, 2012 at 9:19 AM

Desde hace meses, distintas organizaciones de Derechos Humanos de San Pedro de Jujuy, venimos denunciando que en plena democracia se repiten una y otra vez por parte del aparato policial provincial, las mismas prácticas represivas sufridas en los peores años de la dictadura. Aún más, en algunos de los lugares donde la dictadura patronal-militar ejerció las más duras vejaciones, hoy en día agentes de las fuerzas del Estado recurren a los mismos métodos.


Por ANRed - Sur (redaccion@anred.org)

En los próximos días, varias organizaciones de Derechos Humanos se acercarán a Buenos Aires para expandir el conocimiento sobre estos hechos que tienen a lugar en el interior desde hace mucho tiempo. Su objetivo es darle difusión a estas denuncias para que el Estado tome medidas para que los abusos de las fuerzas de seguridad no sigan siendo moneda corriente.

En la agenda por esta movida contra la represión, ya se encuentran las organizaciones SERPAJ (Servicio de paz y justicia), presidida por Adolfo Perez Esquivel, CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional), AEDD (Asociación de Ex detenidos desaparecidos), EMVyJ (Encuentro Memoria, verdad y justicia) y CADEP (Coordinadora Anti-represiva por los Derechos del Pueblo).

El objetivo es alcanzar una buena difusión de lo que sucede, para que se arroje luz a algo que viene ocurriendo desde siempre pero el grueso de la población parece ignorar.

Aquí presentamos el informe de un compañero militante de Jujuy, Pablo Juarez:

Desde la criminalización de la protesta, pasando por torturas, persecución a los que luchan, hasta la represión abierta y la militarización, son algunos de los aspectos que conforman la política de control social necesaria para sostener un sistema económico y socialmente injusto en el que se benefician unos pocos. Estas herramientas de disciplinamiento de la cual son victimas los sectores populares, son implementadas para que los trabajadores y el pueblo no se organicen ni protesten en las calles, para producir terror y perpetuar la impunidad.

Hemos realizado en los últimos tiempos reiteradas denuncias, legales y públicas, que exponemos a continuación.
Los juicios a los genocidas

La desaparición de Julio López y el asesinato de Silvia Suppo, no son una excepción. Las persecuciones y amedrentamientos a compañeros de San pedro de Jujuy, testigos en los juicios de la última dictadura militar, no son casos aislados.

La impunidad deja libres al 95 por ciento de los genocidas y aquellos pocos que están con arresto domiciliario lo violan sistemáticamente con la posibilidad de seguir manteniendo su accionar represivo. El mismo contexto de los juicios de la dictadura mantiene intranquilos a las redes de solidaridades entre agentes de la represión de fuerzas provinciales e incluso federales que mantienen sus vínculos de intereses, camaradería y prácticas arrastradas desde la dictadura sin visibles modificaciones.

El Estado es responsable de garantizar la seguridad de los testigos, los querellantes y familiares. Para eso, la única protección valida para los sobrevivientes, los testigos y para el pueblo, es que todos los genocidas sean condenados a cárcel común, perpetua y efectiva.

A pesar de las primeras denuncias presentadas por una sobreviviente testigo que incluyeron la exposición de esta situación en distintas dependencias públicas con el apoyo de organizaciones de derechos humanos de la provincia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura o Fiscalías no han dado respuestas, no ha habido hasta ahora una acción concreta por parte del Estado Provincial ni tampoco una correcta visualización mediática de esta realidad, más que la que puede brindar el acompañamiento de los medios comunitarios de la provincia.

La inacción pública y la invisibilización mediática de esta realidad acrecientan la sensación de impunidad que amedrentan sin medias tintas a víctimas y familiares.
Torturas en las celdas de San Pedro Jujuy

La represión tras las rejas es una situación que se extiende a todas las cárceles y comisarías del país, ya sea que dependan de fuerzas provinciales, bonaerense, federal o del servicio penitenciario.

Como bien sabemos, a la cárcel van los pobres, el pueblo trabajador. Las cárceles, lejos de intentar rehabilitar, son parte de este aparato de control social.

Sabemos por testimonios de pibes detenidos por toxicomanía, brigada de investigaciones y seccionales de San Pedro de Jujuy que son frecuentes las torturas en las cárceles.

Uno de tantos casos es el de MARTÍN GÓMEZ, apodado “Sonrisa”. Él había sido “levantado” varias veces por la Brigada de Investigaciones, y de todas las acusaciones que se le hicieron nunca se pudo comprobar nada. Una vez lo sacaron maniatado de la casa de una amiga y lo llevaron a la Brigada de Investigaciones donde lo esposaron con las manos para atrás, le tiraron agua fría y le pusieron una bolsa en la cabeza. Mientras soportaba estos tratos, veía como los policías ponían a hervir agua, que suponía que era para que ellos tomen mate. Jamás se imaginó que esa agua hervida iba a ser para su cuerpo. Una vez quemado y golpeado, lo llevaron a la Comisaria de la Esperanza, para llevarlo finalmente en el Hospital de la Esperanza donde quedaron registradas las curaciones de las quemaduras y los golpes. Ante estos hechos, el padre de Martín se dirigió a la fiscalía para registrar la denuncia de lo sucedido, pero el secretario del fiscal se negó a tomarla arguyendo que el fiscal no podía atenderlo en ese momento y que lo llamaría para hablar del tema, llamado que nunca existió.

Estos no son los únicos hechos que sufrió Martín. Su padre, cuenta como en una oportunidad un policía le dijo a su hijo: “eh Sonrisa dejate de joder, ¿cuanto querés de plata para que te calles, para que te quedes piola?” Pero él no acepto. Su hijo también le contó que un policía de la Brigada de Investigaciones de apellido Barbosa era el “perro torturador”. También, que en varias ocasiones, un policía retirado y algunos policías en actividad lo obligaban y lo llevaban a Jujuy y a Bolivia para traer y vender droga, particularmente paco, como les sucede a muchos chicos de San Pedro. Martín sabia muchas cosas de la policía, sabia quién y como vendían y proveían de droga a los chicos. Sin embargo, más allá de haber sufrido todos estos hechos, no dio nombres, tal vez para proteger a su propio padre.

En una de esas tantas veces, a Martín lo mataron. Ese día había estado toda la tarde mirando el partido de Boca Juniors con el padre, al que saludó diciendo “ya vuelvo”, pero nunca volvió. Según la policía, Martín entro a robar a una casa (que justamente era de un policía) y en su afán de querer escapar quedó atorado, asfixiándose con la campera que llevaba puesta. Los vecinos vieron su cabeza salida por un ventiluz del baño de la casa, la cual apuntaba hacia el cielo. Esta situación desde ya que genera sospechas, pues ninguna persona intenta escapar por un lugar donde no cabe su cuerpo (Martín media 1,85 m). Cuando el padre intentó tener acceso al expediente no se lo permitieron. El certificado de defunción dice “muerte por asfixia”. Cuando una persona muere asfixiada queda en su rostro una expresión de desesperación pero Martín, haciendo honor a su apodo, yacía en su ataúd con una sonrisa en su rostro y un hematoma en una de sus mejillas.

También está el caso de CRISTIAN MARQUET que fue secuestrado por toxicomanía en la plaza general Manuel Belgrano, a plena luz del día. Él contó que cuando lo llevaban, un policía decía por radio: “a que no saben el regalito que les llevo, prepárense para el baile”. Una vez en la comisaría, lo desnudaron, lo torturaron con golpes, picana eléctrica y le pusieron una bolsa en la cabeza. Cuenta que en un momento de la tortura escuchó, a lo lejos, la voz de su hermana reclamando por él, mientras se iba desvaneciendo ante la falta de oxigeno. La presencia de su hermana fue fundamental, como él mismo cuenta: “si mi hermana no hubiera ido me matan”.

Un policía ordenó que lo manguerearan para quitarle la sangre del cuerpo. Los policías de toxicomanía le dijeron a su hermana que Cristian no se encontraba en ese lugar, que pregunte en la Brigada de Investigaciones o en la 9na. Cristian estuvo desaparecido por varias horas. Luego lo llevaron al hospital Paterson, pero como había mucha gente lo llevaron al Hospital de la Esperanza. Cuando la hermana tuvo contacto con organismos de DDHH, dos personas en un auto particular (señalado por los damnificados como auto de propiedad de uno de los agentes de toxicomanía) que se hallaban parados en la esquina de su casa, la siguieron y le tiraron el auto encima, sin dañarla. En ese ínterin le dijeron: “dejate de joder con los DDHH porque te vamos a matar a vos y a tu familia”.

Ante tales hechos, la abuela del joven intenta hacer una denuncia en la Regional Nº 2 de San Pedro de Jujuy, pero no quisieron tomársela. Ante ello, la abuela los amenaza con los medios televisivos nacionales, logrando que le tomen la denuncia. A su vez, al darse cuenta que era un chico con retraso mental, ordenan quitarles las esposas, ya que estaba esposado a la cama donde se encontraba internado.

Por otra parte, está el caso de DIEGO CONSTANCIO. El día 3 de Agosto de este año a las 22:30 horas, estaba sentado en la puerta del kiosco “Sadica” del barrio Salvador Mazza junto a unos amigos, luego de haber jugado al futbol. Se arrimaron tres móviles de la policía y les dijeron: “tranquilos changos que es un allanamiento”. Los policías entraron al kiosco y en ese momento Diego ve como un agente de toxicomanía llamado Facundo Quiroga arrojó una bolsita transparente con letras rojas hacia un cajón de Coca Cola que estaba dentro del kiosco. El policía se da cuenta de que Diego lo ve y ante ello sale afuera, esposando a Diego y sus amigos para llevarlos a la comisaría y hacerles una requisa. Ya en la comisaría, les piden que se saquen los cordones de las zapatillas y los metieron en una celda. Después de media hora se arrima Facundo Quiroga y dice: “Constancio vení y no te hagas el canchero”. Lo esposan por la espalda y lo meten al baño a los empujones, por lo que cae de rodillas. Entonces Facundo Quiroga lo agarra por detrás y le tapa la boca diciéndome: “cállate la boca hijo de puta”. Un tal “Panqui”, que estaba frente a él, comienza a darle golpes de puños. Luego Facundo Quiroga le dice: “cállate o te meto la cabeza abajo de la canilla. Y de lo que viste no le digas nada a nadie”. Después de eso, lo llevaron de vuelta a la celda, quedando detenido 19 horas.

El día 25 de Septiembre, a las 15 horas Diego se encontraba con su novia en la avenida Uruguay de San Pedro de Jujuy. En ese momento Facundo Quiroga frenó su moto y le dijo: “¿que te dije a vos? ¡dejá de boludear porque sino te vas a comer el mismo garrón que se comió “quique” es más! te puedo hacer desaparecer”. El día 28 de Septiembre Diego tenía que declarar en el juzgado federal Nº 2 en la causa caratulada SOTELO ENRRIQUE Y OTROS (expediente N° 430/12) atestiguando lo que vio.

El día domingo 07 de Octubre, los agentes de policía federal acuden a su casa preguntando por él y su familia le dijo que no estaba. Los policías le dijeron que se tenía que presentar en la Policía Federal de San Pedro para declarar el porqué de su desaparición, (sin citación de por medio) ya que, a raíz de las amenazas de Facundo Quiroga, había desaparecido por miedo. Viendo la insistencia de los federales, Diego, junto a su mamá, una vecina y el chico que lo ayudó a esconderse fueron a la seccional de la federal para declarar el motivo de la desaparición, quedando asentado todo y argumentando que el compañero Dr. Pelau Ruarte había presentado un habeas corpus a su nombre y que había realizado la denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, ante la Dra. Natacha Freijó.
Criminalización de la pobreza

Junto con el hecho de reprimir a aquellos que se organizan, reprimen a los pobres y a los jóvenes. El objetivo de reprimir a los pobres y jóvenes es para que no se organicen.

Recordamos otro caso de un jóven. El sábado 6 de octubre de 2012, a las 23:00 horas, aproximadamente, fue llevado (esposado) por dos policías a la guardia del Hospital Paterson. Fue golpeado por la policía presentando una herida sangrante en el labio superior causada por una patada. El joven nos cuentan: “estuve tomando un vino con unos amigos y estos me llevaron porque me tienen bronca, una vez me agarré a trompadas con uno que me pego. Pero eso ya fue. No entienden que yo cambié, que pregunten en mi barrio”. Cuando fue atendido por el Dr. Barros que le pregunto qué le había pasado, dijo: “me metieron una patada con los botines”. El policía se apresuró a decir que se “había caído”. Fue atendido por el cirujano Dr. Gutiérrez Fernando y llevado nuevamente a la comisaria.

El día domingo 7 de octubre de 2012 a las 4 hs., aproximadamente, la madre de un joven de 22 años, de Arrayanal, cuenta que su hijo fue golpeado por la policía de toxicomanía. Le dieron patadas dejándolo rengo y con el cuerpo dolorido. Estaba muy asustado.

Un hombre de 30 años, de Arrayanal, manifiesta que fue golpeado también por la policía de toxicomanía, lo agarraron en la calle le pusieron una bolsa en la cabeza y lo golpearon. Mientras éste les decía, “esto no va a quedar así voy a buscar un abogado”. Fueron atendidos por el médico residente Dr. Herbal y fueron llevados por los policías que estaban vestidos de civil.

El domingo 14 de Octubre de 2012 PABLO MARTIN JUÁREZ, se encontraba haciendo un remplazo a una compañera de trabajo en Admisión de la guardia de adultos del Hospital Guillermo C. Paterson. Siendo las 15 horas aproximadamente ingresa una ambulancia del puesto de salud de Palmasola con un paciente en grave estado. Los camilleros de la ambulancia, contaron que a este señor de 35 años, aproximadamente, lo llevó la policía de Santa Clara al puesto de salud de Palmasola porque lo había encontrado en la vía publica tirado y sangrando pero parece ser que ésta persona fue golpeada por los policías y luego llevada al puesto de salud para ser derivado al Hospital Guillermo C. Paterson de San Pedro y luego derivado al hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. El paciente presentaba golpes muy contundentes en la cabeza estaba inconsciente, le salía mucha sangre por el oído izquierdo, presentaba muchos cortes en el cuero cabelludo. Por las placas radiográficas se supo que tenía el cráneo partido en varias partes (politraumatismo de cráneo). Luego se presentó el hijo, de unos 18 o 20 años aproximadamente, quien dijo que a él le habían dicho que a su papá lo golpeo la policía. Hablé con el chico y le pedí que trate de averiguar y avisarme. No lo hizo.

Por último, está el caso de JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ de 36 años de edad de profesión Ingeniero Civil (Sobrino de un compañero Ex – Preso Político) El día sábado 20 de Octubre del corriente año a horas 04:20 aproximadamente, salía del boliche bailable conocido como “La Farola”, ve a una persona conocida junto a otras personas, a las cuales invita a subir a su vehículo para trasladarlos, a 300 mts. del lugar comienza a seguirlo la policía en el móvil y el móvil policial se le cruza para hacerlo detener, hace marcha atrás para darse espacio y volver a salir por lo cual ellos continúan con la persecución y en la calle Paterson y Uruguay gira hacia el Barrio Divino Niño Jesús y a la altura de la estación transformadora el móvil policial vuelve a cruzarlo con el vehículo y ahí detiene la marcha, los policías abren la puerta del vehículo de José, lo toman del cuello y le tiran al piso boca abajo, lo esposan con las manos atrás y lo golpean, le dan patadas y bastonazos en la espalda y en la cara, lo levantan, lo suben al móvil policial junto con las personas que estaban con él, y fueron trasladados a la Seccional N° 9.

En ningún momento les pidieron identificación. A las 9 lo trasladan al Hospital Guillermo C. Paterson, junto a una de las personas que detuvieron con él y en el Hospital, la Señora Zalazar Mercedes toma sus datos, quien lo reconoce como sobrino de Juan Jiménez y recién, en ese momento puedo dar su número de teléfono para que le avisen a sus padres sobre la situación. En la guardia constatan que tenia tres costillas del lado izquierda quebradas, y ahí el Dr. Barros da la orden de internación, se quedó ahí con custodia policial hasta el día miércoles y esposado los dos primeros días en la cama del Hospital. El día domingo, el Dr. Arrendó que ingresa a la guardia, viendo la radiografía detecta un neumotórax y le realiza un drenaje. La lesión era compleja para el Hospital Paterson, por lo que fue trasladado ese día. El día 31 le dan el alta médica.

¡Frente a la represión: unidad, organización y lucha!

Queremos denunciar estos hechos para fortalecer la democracia y exterminar la impunidad. Pedimos a la justicia que tome cartas en el asunto. El pueblo está cansado de tanta impunidad.

Entendemos que resulta imprescindible la solidaridad de todos los compañeros, organizaciones políticas y sociales, organismos de derechos humanos y de la sociedad toda.

Teléfonos de contacto: Pablo Juarez. Hasta el día jueves 15/11 1155860309 Después del jueves 15/11.03888406603

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