Seguridad
Por Daniel Papalardo - Sunday, Nov. 25, 2012 at 5:48 AM
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Un presunto fraude con un juez de protagonista revela la significación las contradicciones de la cultura dominante

Seguridad
La crónica habla de la asumida por la Corte Suprema de Santa Fe de apartar en sus funciones a un Juez con competencia civil y comercial de Rosario, por presunta vinculación subjetiva con un fraude .
Frente a la noticia, recuerdo que en esta provincia, existe un código de ética para quienes se desempeñen en la magistratura, que por tal, se presume conocido y vigente. Desde ese cuerpo legal se instala como imperativo categórico, que todo juez debe ser consciente de que ejerce el Poder Judicial; que la Constitución de la Provincia establece a los fines de resolver con imperium y prudencia desde el derecho vigente lo justo para cada uno de los casos que la sociedad pone bajo su competencia, y que en correlación con la trascendencia de la función judicial, debe procurar tanto en su vida privada como profesional la coherencia necesaria y evitar comportamientos o actitudes que afecten o comprometan su autoridad, más allá de tener prohibido recibir beneficios al margen de los que por derecho le correspondan, y apropiarse o utilizar abusivamente aquello que se le afecta para cumplir su función.
Recuerdo la vigencia de ese cuerpo normativo, para resaltar un aspecto de la cuestión que seguramente merece ser observado, más allá del clamor mediático por la noticia. Es que, de una vez y para siempre, habrá que introducir en el debate, la utilidad de estas pautas, por las que juran y se comprometen todos quienes acceden a la función de decir el derecho, en el marco de la competencia que le es acordada.
Es que su existencia – la de los códigos éticos- resulta reveladora de una noción idealista sobre el espacio de la moral, que sin duda no puede ser reducida a norma positiva alguna, ni tampoco estar reducida a una serie de principios rectores que habitan en un mundo distinto de la contingente realidad, fuera de sus condicionantes materiales y de las relaciones sociales que las determinan.
En ese sentido, esta experiencia conmocionante, de oír que existe sospecha sobre un magistrado, por comportamientos antagónicos a su función , nos obliga admitir, sobre la base de datos objetivos extraídos de la realidad, que la pretensión intelectual de colocar en el mundo de las ideas, principios rectores y pautas de conductas, a los cuales los hombres de carne y hueso han de acercarse, orientarse y corporizar, deviene absolutamente falsa y descartable.
Esta ampulosa pretensión de positivizar la moral, en preceptos carentes de realidad y respaldo en las relaciones sociales concretas, se muestra hoy , frente a la evidencia, impotente y desvirtuada por la contundencia de los hechos. Frente a ello, la sola idea del apartamiento del sujeto trasgresor, no supone otra cosa que un vano intento de tapar el sol con la mano.
Situada por encima de las clases, la moral conduce inevitablemente a la aceptación de una “conciencia”, como un absoluto especial. La moral independiente de las relaciones sociales que la contienen ”, es decir, de la sociedad, sólo es, una forma de racionalidad carente de todo sustento . No se entiende el fraude, sin la mercancía, no se aceptan comportamientos neutrales sin juegos de intereses, y la subyacencia permanente, de la ley del valor.
Nacido para reproducir las normas del capital y defender los intereses de las clases dominantes, aplicando su derecho, en una simulación irreverente del valor justicia, el sujeto en funciones de juez, de las que hoy ha sido apartado, se involucra en el pecado mayor: haber traicionado en lo inmediato a su corporación y a la clase dominante que lo selecciono para la gestión, en lo mediato. Poco interesa si, por su hacer, hubo afectación patrimonial o algo parecido. Lo relevante es haber puesto al desnudo la hipocresía de sostener, con respaldo en juramentos ampulosos el mito del honorable e impoluto magistrado , imparcial, independiente y soldado del valor justicia.
En el mismo plano y con similares consecuencias, habrá que recordar y tener presente , que llegamos al hoy escandaloso suceso, no desde la nada, sino a través de un camino que supone lo contrario a lo sucedido, esto es, un sujeto concreto, que accede a su función jurisdiccional, tras el paso por el tamiz corporativo, que importa el consejo de la magistratura, con su sesudo estudio de aquel postulante, luego ternado, luego propiciado y luego investido, con sentido positivo por todos los pasillos políticos, y parroquias de la comarca judicial , que se le insuflo de cuanta promesa de adhesión democrática y constitucional fuera necesaria para darle una formal legitimidad.
Hoy esto se desmorona y como el código ético, cae ante lo concreto y contingente, por aquello de que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Es que, pensar en que un grupo de señores que se autoadjudican corporativamente la capacidad de medir la idoneidad e integridad, de quien luego va a intervenir en los destinos de todo aquel que acuda ante su presencia peticionando justicia, es una falacia , tanto igual o mayor que la del digesto moral.
Un último párrafo, para el valor “seguridad” y desde allí, meditar sobre la entidad del daño social y afectación de propiedad, que habría producido el proceder de este magistrado y sus secuaces, comparada con la sobrecarga mediatica de noticias policiales. Cuantos robos de menudeo, tan censurados y denostados, que han incluso motivado marchas y discursos de todo tenor alarmista en la convivencia social, supone patrimonialmente hablando, el presunto fraude del oportunamente investido como Juez, por el poder político de turno. ¿ La afectación de bienes jurídicos que produce este presunto proceder del “magistrado rosarino”, no tiene ninguna incidencia en el cuerpo social ¿ De estos mounstruos paridos por el Estado, quien nos protege? ¿Tal vez una política de tolerancia cero? ¿ o mejor, la mano dura?.En definitiva,estamos ante la constatación objetiva de una situación que ubica a una persona adecuada a un esteriotipo positivo, no expuesta en forma regular a la selectividad punitiva , aun incluso cuando realiza conductas de contenido injusto relevante, y que por tal recibe del sistema, una respuesta diversa del sujeto vulnerable por el que a diario se pide castigo, en homenaje a una seguridad puesta en crisis.
Estamos frente a un juez . Bendecido para ser tal por el gobierno de turno, y los integrantes del Colegio de La Magistratura. Por ese acto fundacional de colocar a este hombre hoy apartado de sus funciones, en ese rol de decir el derecho ,nadie dará respuesta o simplemente el código ético presenciara una secuencia más de su inutilidad sin trascendencia al terreno de la responsabilidad social por esos actos

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