“Derechos humanos para los Pueblos Indígenas” es el título del
documento presentado por el Consejo Plurinacional Indígena (CPI) en
el Congreso Nacional y entregado ayer en Casa de Gobierno argentino. Con la
firma de más de ochenta dirigentes indígenas, cuestiona el avance
de la megaminería, el petróleo no convencional y del modelo
agropecuario, recuerda los ocho asesinatos indígenas en los últimos
tres años y cuestiona le reforma del Código Civil por “manipular
los derechos indígenas”. Cuentan con el apoyo de organismos de Derechos Humanos.
El Consejo
Plurinacional Indígena exigió el cumplimiento de los derechos
humanos de las comunidades y denunció que el nuevo Código Civil
atenta contra los derechos indígenas.
DOCUMENTO INDIGENA: Derechos Humanos para los Pueblos Orginarios
Al gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner
Al Estado Argentino
Al gobierno Federal y los gobiernos provinciales
A la sociedad argentina
A
los hermanos y hermanas de los Pueblos Originarios en Argentina:
Representantes
de Pueblos y Comunidades Indígenas del país, nos reunimos convocados
por el Consejo Plurinacional Indígena en la ciudad de Buenos Aires, los
días 18 y 19 de noviembre de 2012 y elaboramos la presente posición:
Asumimos que nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas
nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado.
Sin embargo vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión.
“Memoria, Justicia y Reparación” son las banderas que caracterizan a
nuestras organizaciones indígenas. Nuestra realidad es un tema de
Derechos Humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los
Pueblos Indígenas es solo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan
solo como objeto de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos
sujetos de derechos políticos y territoriales. Evita debatir sobre
derechos y profundiza su política económica basada en la industria
extractiva. Como consecuencia directa de esto, en los últimos 3 años,
casi una decena de hermanos indígenas fueron asesinados por fuerzas
policiales por oponerse al avance de la soja y la industria extractiva,
sobre territorios ancestrales de esos pueblos.
Más de mil líderes indígenas y campesinos en todo el país están siendo
judicializados y procesados por defender sus derechos ancestrales en
contra de las industrias extractivas y el agro negocio de la soja, y es
extremadamente preocupante la continua represión en contra de líderes
indígenas y del campo popular en casi todo el país.
Si bien el argumento que utiliza el gobiernos es la responsabilidad de
los Estados provinciales en estos conflictos, la alianza de Cristina con
lo peor de los gobiernos represores: Gildo Insfran, Gioja, Sapag,
Insfran, Beder Herrera, es indiscutible.
¡Sí al Agua, No a la industria extractiva!
El saqueo y la contaminación que producen la Megaminería y la
explotación hidrocarburífera destruyen nuestros territorios. Las
explosiones de toneladas de roca y la diseminación del polvo por medio
de los vientos, produce lo que se llama “lluvia ácida”. A su vez, se
manifiesta la contaminación de los cursos de agua cercanos y las
enfermedades, como cáncer, de nuestros hermanos. El aumento de la
explotación minera aumentó de más un de un mil por ciento en los últimos
años. La presidenta misma se reunió con una de las más grandes y
cuestionadas compañías mineras del mundo, la canadiense Barrick Gold,
responsable de la mina de oro y plata Pascua Lama, ubicada en los
límites de Chile y Argentina. Planea entrar en producción en el 2013.
Trabajará a cielo abierto y para ello según los estudios de impacto
ambiental, provocará deshielos de los glaciares existentes en el área,
contaminará ríos y napas acuáticas subterráneas.
De la misma manera, la explotación hidrocarburifera y su carga mortal,
tiene un nuevo nombre hoy: Frabcking. Una nueva técnica de agujerar
nuestro territorio y descargar explosiones en busca del gas
no-convencional. En todos estos casos la opinión ciudadana no es tenida
en cuenta, actuando el Estado con toda impunidad. En los lugares donde
se encuentran estas empresas, los pueblos y vecinos se movilizan contra
el enorme daño a la madre tierra, a la salud de la población, el agua y
el nulo beneficio que las minas nos dejan. A modo de ejemplo, el
relator de las ONU visitó la comunidad de Salinas Grandes en Jujuy, por
la explotación del Litio que afecta a comunidades del pueblo Kolla y
denunciaron la inconsulta explotación en sus territorios.
Nosotros, entonces,
decimos ¡NO a este modelo!
No al “progreso” que se basa en destrucción y muerte. No al modelo que nos
despoja de nuestros territorios y no permiten desarrollar Planes de Vida, Kvme Felen
o el Sumaj Kawsay, Sumaj Kamaña o ShotoTayte Anen, Inanbi Atey (Warpe), Jeiko
Pora (Mbya), Nkalaxa, Onai Dakatoiak (Qom), (Pilaga), N’otamsek (wichi), Buen Vivir de nuestras comunidades.
Proyecto sobre la Propiedad Comunitaria Indígena en el nuevo Código Civil
El
Congreso Nacional va aprobar este año un nuevo Código Civil. Más allá de la propaganda sobre la
inclusión de nuestros derechos y del respeto a la diversidad cultural en el
nuevo CC, lo concreto es que atenta contra la base de nuestro desarrollo
cultural que son nuestros territorios y derechos fundamentales que no fueron
tomados en cuenta al momento de pretender incluirnos. Por esa razón los Pueblos
Originarios del país estamos en alerta y movilización porque los siguientes
derechos NO serán incluidos en el
texto a aprobar:
· Falta de Consulta: la ley obliga al Estado a consultar
a los Pueblos Indígenas a través de sus instituciones representativas, cuando
se legisla sobre aspectos que puedan afectar los intereses del conjunto de
pueblos y culturas. En este caso, la inclusión del titulo V en el anteproyecto
de ley, se realizó sin ningún tipo de consulta.
· Personería de Derecho
Público: No hay señales de que el congreso haya escuchado la voz casi
unánime de las comunidades y pueblos originarios que en todas las audiencias
rechazaron este nuevo código, porque manipula nuestros derechos. Aun las mismas
organizaciones aliadas de la política gubernamental han apoyado la demanda de personería
de derecho público para las comunidades y los pueblos como única garantía
de vivir en libertad en relación a nuestra cultura y territorios. A pesar de
este clamor, hay evidencia de que no se incorporara este derecho en el nuevo
código civil.
· Consentimiento
previo e informado: Se han realizado
decenas de audiencias públicas en el país, convocadas por la bicameral a cargo
de la discusión del anteproyecto de reforma del CC. Estas audiencias no tienen
efecto vinculante. Se eludió la obligación estatal de aplicar la consulta como
mecanismo para obtener el Libre Consentimiento Fundamentado Previo de las
comunidades de los Pueblos Originario. El estado nacional a través del INAI y de
su presidente ha reafirmado que está dispuesto a reconocer la consulta, pero no
a reconocer el consentimiento como derecho, porque “… interfiere o condiciona
el diseño o modelo económico del país…”
La posición de las organizaciones y
comunidades indígenas en todo el país ha sido casi unánime sobre la
inconstitucionalidad de la inclusión de la propiedad Comunitaria en esta
reforma. Y también hemos sido claro sobre la necesidad de suprimir el titulo
sobre Propiedad Comunitaria en el actual Código a aprobarse y que dicho tema
sea fruto de una Ley Especial, que se debe debatir con participación y consulta
previa a los Pueblos Indígenas.
Hasta que se debata y se dicte esa Ley
especial, se aplicaran las normas constitucionales y de los tratados
internacionales, en las condiciones de su vigencia, de conformidad con los art.
31 y 75 inc. 17 y 22 de la Constitución Nacional.
El Plan Estratégico Agro-alimentario:
La presidenta Cristina Fernández presentó en octubre del 2011 un Plan
Estratégico de Desarrollo Alimentario por diez años. Producirá hacia el
año 2020 un aumento del 50 % de la producción que actualmente está sobre
100 millones de toneladas de granos. En su informe no mencionó
específicamente cómo se va a llegar a ese espectacular aumento de
producción. Sí afirma que se avanzara sobre 9 millones de tierras más
para hacerla cultivables. Tampoco mencionó los recaudos para la
protección del medio ambiente o sobre la soberanía alimentaria –vital
para los Pueblos Originarios y campesinos y también para la población en
general–. En estos momentos son las empresas las que deciden que tipo
de alimentación se debe producir, pues el mayor objetivo es tener
producción (sin importar los niveles de agrotóxicos para producir los
alimentos, mayormente transgénicos).
Para las organizaciones originarias y campesinas es un anuncio
angustiante pues por la manera de producir más puede dar como
consecuencia más desalojos de los territorios con la consiguiente
represión, desmonte, contaminación y desplazamiento de población.
Ataque a nuestra soberanía alimentaria:
La nueva ley de semillas impulsada desde el gobierno nacional viene a
profundizar el actual modelo productivo basado en el agronegocio, la
biotecnología y el monocultivo . Es decir, el Estado está más preocupado
por complacer a las corporaciones internacionales, como Monsanto, y al
modelo productivo envenenador y de desposesión de territorios y bienes
comunes. En Argentina, por ejemplo, se utilizan, aproximadamente, 200
millones de litros de glifosato por año, un potente agrotóxico que puede
llegar a matar directamente a una persona.
El
desarrollo del modelo, a su vez, lleva a producir 18.000.000 de hectáreas de
soja forrajera destinada en más del 90% de ella a la exportación para alimentar
los animales de Europa y Asia. En este contexto de destrucción de los ambientes
naturales y de los territorios, las empresas y el Estado, mediante la
patentización de las semillas, lejos de proteger los conocimientos populares y
ancestrales fomentan la privatización de los saberes y originan una
“agricultura sin agricultores”. De esta manera, para las organizaciones
originarias y campesinas, el modelo es un ataque a nuestra soberanía
alimentaria porque afecta la producción de alimentos en armonía y respeto con
el ambiente y la salud.
Muertos
de la democracia:
Este modelo que nos exigen defender, ha dejado
casi una decena de muertos en nuestros territorios. Mártires de nuestra causa
sin nombre ni apellidos, sin culpables, sin condenas. Porque así somos de
invisibles. Néstor Kirchner quedo consternado, por lo que se considera la
muerte del primer militante social en su etapa de gobierno, perteneciente a un
partido de izquierda tradicional. ¿Quien demuestra dolor, indignación,
consternación o al menos la curiosidad de quienes son nuestros muertos? Y
son muertos de esta gestión. De estos últimos 3 años… ¿Como decirle a nuestras
familias que somos parte de este país y de esta democracia?
Queremos
decirle a:
· Javier Chocobar, comunero diaguita de
comunidad Chuschagasta (Tucumán). Asesinado el 12 de octubre de 2009.
· Sandra Ely Juárez murió frente a una
topadora de un paro cardíaco el 13 de marzo de 2010, paraje campesino de San
Nicolás (Santiago del Estero). 33 años, dos hijos.
· Esperanza Nieva: Abuela Diaguita de
Amaicha del Valle (Tucumán). Muerta a golpes de manera violenta en su propia
casa, en proceso de luchas y reclamos territoriales y luego de participar de la
histórica Marcha Indígena del Bicentenario.
· Roberto López, Qom de la comunidad
Potae Napocna Navogoh (La
Primavera, de Formosa). Asesinado en la represión policial
del 23 de noviembre de 2011. La comunidad apuntó al gobernador Gildo
Insfrán, que gobierna la provincia desde 1995, diecisiete años en el poder.
· Mario López, dirigente del pueblo
Pilagá de colonia Alberdi (Formosa). Murió atropellado por un oficial de
policía el 24 de noviembre de 2010, cuando se dirigía hacia la comunidad La Primavera para
solidarizarse por la represión. Su familia denunció, y aún sostiene, que no fue
un accidente sino un atentado.
· Mártires López, histórico y activo
dirigente Qom de la
Unión Campesina de Chaco y de la Corriente Clasista
y Combativa. Murió el 14 de junio de 2011, luego de un dudoso accidente
cuando circulaba en moto por la localidad de Pampa del Indio. La familia, y la
organización en la que militaba, iniciaron una causa en la que denuncian
“homicidio”.
· Cristian Ferreyra, 23
años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del
Estero, asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte de
la provincia.
· Miguel Galván. 10 de octubre de
2012. … que la muerte de Uds. no ha sido en
vano, sino que los tenemos presentes en nuestras luchas de cada día y
lograremos que se haga justicia con sus asesinos. Y reivindicaremos también los
derechos humanos colectivos de los pueblos originarios que hasta ahora han sido
negados.
Ley Antiterrorista
Para terminar el año 2011, el gobierno de Cristina Fernandez estrenó un
nuevo congreso con mayoría absoluta, los legisladores oficialistas
votaron a la medianoche, casi sin discusión y con una verticalidad
sorprendente, una ley muy controvertida y contradictoria enviadas por el
Poder Ejecutivo; la ley Antiterrorista.
Un proyecto que casi nadie conocía, causó mucha sorpresa pues en
Argentina no existe el terrorismo. A pesar del discurso anti hegemónico,
el gobierno cedió ante la presión del GAFI, Grupo de Acción Financiero
Internacional, (GAFI) como condición “para considerar a Argentina como
un destino seguro de Inversiones Externas Directas”. Sin definir lo que
es terrorismo y sin informar de qué se trataba la ley, el Congreso
aceleró el tratamiento por la madrugada e inclusive distorsionó el eje
central de la ley al mencionarla como “Ley en contra del lavado de
dinero”. Para tal efecto se modificó el Código Penal y en algunos de sus
párrafos menciona al “derecho del estado a reprimir pretendidos actos
de terrorismo o a quienes lo financien”. Así, incorpora una nueva
agravante penal para cualquier delito que fuera cometido con la
finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno
de abstenerse de tomar determinada decisión” (…).
Algunos legisladores trataron de explicar que esta ley no se aplicará a
las protestas sociales. Para los organismos de derechos humanos y las
organizaciones sociales que rechazaron esta ley, implica agravar la
amenaza de persecución penal para las personas que luchan por sus
derechos y aquellos que apoyan, generando las condiciones para la
criminalización de la protesta.” Para el reconocido juez de la Corte
Suprema de Justicia Dr. Raul Zaffaroni, esta ley “…es un disparate, una
extorsión “ (…) El GAFI se toma atribuciones que no le corresponden”,
expresó.
Las Leyes que sólo quedan en el papel
La ley de Protección de los Bosques, una ley defendida por las luchas y
las asambleas ambientales y las comunidades indígenas, no se aplica con
rigor. En ese sentido, denunciamos los sistemáticos desmontes avalados
por los gobiernos provinciales para “preparar el terreno” a la
producción de soja transgénica y tiene su correlato en el despojamiento
de territorios de las familias indígenas y campesinas.
A pesar de que se aprobó una ley demandada por los Pueblos Indígenas
(Ley 26.160 de Emergencia Territorial –prorrogada- que suspende el
desalojo de sus territorios ancestrales y decreta hacer un relevamiento
de los mismos) esto en la práctica no se respeta y decenas de
comunidades son desalojadas y otras se encuentran en permanente amenaza.
Por otra parte, el nivel de desnutrición en las comunidades, sobre todo
en las provincias de Formosa, Chaco, Misiones, Salta y Jujuy es crítico:
niños y ancianos mueren por falta de alimentación. A su vez, se
detectan enfermedades que se consideran erradicadas como ejemplo como
tuberculosis, chagas y dengue.
Intromisión del gobierno en la vida interna de las organizaciones
El gobierno de Cristina Fernández se ha negado sistemáticamente a
discutir políticas públicas con los pueblos originarios. Es irritante e
inaceptable la intromisión en la política interna de las organizaciones
de los Pueblos Originarios por parte del estado
a través del Instituto de Asuntos Indígenas, INAI y la Dirección de
Pueblos Originarios de la Secretaria de Ambiente Nacional.
La creación y participación indígena en la ejecución de políticas
indígenas en el Estado, que debería ser un avance político, ha
conseguido la dispersión y fragmentación de las organizaciones que
tradicionalmente estaban unidas, en pro de mantener acallada la voz
indígena a cambio de favores económicos.
Otro tema muy importante es la polarización de los medios de
comunicación entre la derecha tradicional y los medios afines al
gobierno. En definitiva, los pueblos originarios, los campesinos o
trabajadores que mantienen otra posición se les niega el espacio de
participación para visibilizar sus denuncias y propuestas.
En conclusión, sostenemos que en una verdadera democracia se trabajaría
para reconocer y solucionar todas estas problemáticas. La agenda
presentada con motivo de la Marcha Indígena por el Bicentenario aún
espera una respuesta a favor del reconocimiento y justicia para los
pueblos originarios y no políticas que favorezcan al modelo agro-minero y
a la explotación irresponsable de los mal llamados “recursos
naturales”.
Por estas razones, los Pueblos Originarios necesitamos encontrar una
respuesta a nuestras propuestas y estamos dispuestos a recomenzar un
diálogo que tenga significado e impacto positivo en la vida de nuestros
pueblos. No vamos a renunciar a derechos ganados en décadas de lucha que
han costado la vida de nuestros ancestros y no vamos a permitir que
haya un sólo muerto más por este modelo.
Jallalla – Marici Weu
– Yasurupai – Takiñiwe – Muranta!!!
Bs
As. 18 de Noviembre de 2012
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