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Mineras extranjeras, mercenarios argentinos
Por diario Titular - Wednesday, Nov. 28, 2012 at 1:33 PM
diariotitular@diariotitularcom

Otro caso de represión “tercerizada”. Los acuerdos entre el gobernador de Chubut y el sindicalista Gerardo Martínez derivaron en el ataque de una patota contra los vecinos de Rawson que se manifestaban contra la megaminería.

Ayer, martes 27, se trataba en la Legislatura chubutense el nuevo Marco Regulatorio para la actividad minera, con el que el gobierno kirchnerista pretende habilitar la explotación de yacimientos a cielo abierto en esa provincia, la que hasta la fecha está prohibida.

El periodo previo al tratamiento de la ley estuvo cargado de tensión, ya que los intentos gubernamentales de permitir la actividad de las megamineras contaminantes en la provincia vienen siendo rechazados desde hace por lo menos una década por la población. El punto más alto de ese rechazo es sin duda el caso de Esquel, donde los vecinos repudiaron abrumadoramente en dos plebiscitos la pretensión de habilitar la actividad extractiva de esas multinacionales.

Así se llegó al día de ayer, cuando los primeros vecinos se dirigían hacia la Legislatura provincial, frente a la cual pretendían recordarles a sus representantes que no fueron votados para permitir el saqueo y la destrucción de las riquezas minerales y ambientales de Chubut. Pero se encontraron con decenas de colectivos estacionados en los alrededores del parlamento provincial, fletados por el sindicalista Gerardo Martínez (Uocra, CGT-Balcarce), los que habían traído a unos 800 matones reclutados con el dinero del sindicato, quienes atacaron violentamente, con palos y cadenas, a la gente que comenzaba a reunirse. La patota de Martínez estaba acompañada por gente de “Sí a la mina”, que en Chubut es señalado como un grupo armado y solventado por empresarios mineros.

“Represión tercerizada”

El Frente Vecinal Esquel, que nuclea a los vecinos de esa ciudad que impulsaran los dos plebiscitos en los que se rechazó la megaminería, repudió la represión tercerizada por el gobierno, que además ordenó la pasividad de la Policía (ver video).

“Como sucede en otros puntos de nuestro país, también en Chubut la minería se impone con represión“, dijo el concejal del Frente Vecinal Esquel, Osvaldo González Salinas, y responsabilizó por la agresión “al gobernador Martín Buzzi, ferviente militante en favor de los intereses mineros”, y agregó que “mientras no se cambie la legislación menemista seguiremos padeciendo todo tipo de embates”.

Apuntar al gobernador Buzzi y al sindicalista Martínez no es una ocurrencia antojadiza, sino que es una evidencia surgida de la reunión de ambos en Buenos Aires la semana anterior al tratamiento de la Ley pro-minera, lo que fue relatado en forma explícita por varios medios.

Los antecedentes de Andalgalá y Famatina

El 15 de febrero de 2010, unos 300 integrantes de la asamblea de vecinos de Andalgalá (Catamarca) -que sufren los estragos de la minera La Alumbrera y que se oponen a la radicación de nuevos megaemprendimientos mineros en Agua Rica y el Pilciao- fueron salvajemente reprimidos por la policía provincial. El caso desató un escándalo nacional e incluso internacional, tras la pueblada que siguió a la represión: fue incendiada la intendencia, y también se atacaron las oficinas de la minera Agua Rica, del juzgado y la fiscalía que habían ordenado el accionar policial, y un supermercado proveedor de la minera. Desde entonces, se han paralizado las obras de Agua Rica.

La necesidad de tercerizar

En febrero de 2012, cuando había estallado otro conflicto que evolucionaba de forma similar en Famatina, también en Catamarca, Cristina Fernández de Kirchner pidió que se diera “una discusión responsable y en serio” sobre el negocio de la minería. “Hay que exigir calidad ambiental, pero con responsabilidad y seriedad sobre los planteos que se realizan, sin posiciones dogmáticas y cerradas que se resisten a cualquier matiz”, dijo la presidenta.

Esas palabras pretendían ser una respuesta tranquilizadora a las declaraciones del directorio de la multinacional canadiense Osisko, que tras el caso Famatina había emitido un comunicado: “Si no hay licencia social para la exploración y desarrollo en toda el área del proyecto Famatina, ningún trabajo se llevará a cabo“. Es decir, los “inversores” extranjeros reclamaban a las autoridades argentinas que pusieran en caja a la población de las áreas mineras.

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros inició una campaña propagandística que vendría a constituir el “debate serio” reclamado por la Presidenta, pero está claro que con eso no será suficiente para lograr la “licencia social”. Como momentáneamente -después de Andalgalá, y de las huelgas de gendarmería y de los acuarlelamientos policiales este año en Santa Cruz y Chubut- es prohibitivo el empleo de la represión policial, se comprende mucho más claramente el papel de la gente que recluta Gerardo Martínez, a su vez reclutado por el gobernador Buzzi.
No parece que gobernantes y dirigentes que hacen estas cosas para favorecer intereses extraños vayan a detenerse a reflexionar sobre sus consecuencias. Pero deberían tener en cuenta el caso de Mariano Ferreyra y el repudiable papel que cumpliera la patota enviada por otro burócrata sindical, José Pedraza.

http://diariotitular.com/mineras-extranjeras-mercenarios-argentinos/

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