Repudios, solidaridades y defensa hacia los periodistas denunciados por Clarín
Por SPR - Wednesday, Nov. 28, 2012 at 1:42 PM

El SPR en la conferencia del CELS

La conferencia de prensa de ayer en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en Buenos Aires, en respaldo de los periodistas denunciados penalmente por incitación a la violencia colectiva, por el Grupo Clarín, fue mucho más que eso. Se convirtió en un verdadero acto-concentración en apoyo del único, aceptable y ecuánime contenido del concepto de la libertad de expresión, ése que habla de que todas las personas tienen derecho a difundir informaciones y opiniones. Allí el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, anunció que la institución asumía la defensa de los involucrados en la causa que con cada minuto que pasa adquiere mayor descrédito entre trabajadores de prensa de todo el país, y también de organizaciones internacionales que nunca se atrevieron a contrariar la voz del monopolio, tal el caso de la organización patronal de medios, la Sociedad Interamericana de Prensa.

Verbitsky introdujo una afirmación que llamó a la reflexión a todas las personas que ocupaban y desbordaban la sala del CELS: “Pensamos que la intimidación al periodismo y a la libertad de expresión es igual de grave si la ejerce el Estado, que si la ejerce una gran empresa, en este caso el Grupo Clarín”.

El Sindicato de Prensa Rosario, desde su área de trabajo específica, la Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional, y en representación de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación-Central de Trabajadores de la Argentina, llevó al CELS y a los compañeros afectados, Roberto Caballero, ex director de Tiempo Argentino, Sandra Russo, columnista del programa 678 de Canal 7 y Javier Vicente, relator de Fútbol para Todos, su fundamentado apoyo y el repudio hacia el Grupo Clarín que ignoró las normas que forman parte del sistema interamericano de Justicia incorporadas a nuestra Constitución Nacional. Esas normas hablan de los derechos del informador y del informado.

Fue Verbitsky quien leyó la expresión firmada por uno de los abogados del Grupo Clarín, Hugo Wortman Jofré, donde se decía que los trabajadores de prensa no habían sido denunciados sino que iban a ser citados como testigos. Semejante afirmación debió ser tratada, necesariamente, con un tono ácido, porque la maniobra judicial fue, además de antidemocrática y autoritaria, grotesca y peligrosa: es evidente que el monopolio está nervioso cuando se acerca el momento en que deberá cumplir con la adecuación a la LSCA y además se considera impune. Después de la lectura de todas las adhesiones, la de la CTA de la provincia de Santa Fe, de la Asociación de Prensa de Santa Fe, de numerosas comisiones internas de los medios porteños y con la presencia de las Abuelas de Plaza de Mayo, Caballero, Russo, Vicente y los periodistas Nora Veiras y Edgardo Mocca, también de 678 -y mencionados en la causa junto a Orlando Barone y a funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la Autorid ad Feder al de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella-, reflexionaron sobre la demanda y coincidieron en lo inverosímil de que un medio de comunicación quiera amedrentar y silenciar las voces de quienes no opinan como el Grupo. Las expresiones también tuvieron en cuenta que son muchos los trabajadores del multimedia que hicieron llegar su solidaridad a los afectados, pero sus nombres no se revelaron por temor a las represalias de las que podrían ser víctimas.

Los periodistas como testigos

La marcha atrás que debió dar el monopolio ante tantas críticas, y por la que se desdijo de lo firmado el 22 de noviembre en la denuncia criminal, sostiene que los periodistas serán citados para testimoniar, se supone que sobre sus dichos. Cabe señalar que a los trabajadores de prensa los ampara constitucionalmente el secreto profesional, que abarca tanto a sus fuentes, a sus elementos de trabajo y a lo que sabe y decidió no publicar. La Justicia debe abstenerse de citar a los periodistas a declarar como testigos -salvo en situaciones excepcionales en las que se pone en juego una vida-, ya que de hacerlo afecta el trabajo cotidiano e interfiere con el ejercicio profesional del derecho a la información. Cualquier declaración que se exija de un comunicador y que vaya más allá de lo que publicó o expresó, según el soporte del que se trate, violentará este principio básico del quehacer periodístico.

Rosario, 27 de noviembre de 2012

Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional

SINDICATO DE PRENSA ROSARIO

Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación

Central de Trabajadores de la Argentina

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