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Avanza el proyecto para limitar las excarcelaciones
Por Joaquín ((I)) - Tuesday, Dec. 11, 2012 at 4:35 AM

Seguridad y Derechos Humanos

Avanza el proyecto para limitar las excarcelaciones


A pesar de la presión de organismos de Derechos Humanos para que no se apruebe la reforma al Código Procesal Penal, el mismose podría convertir el jueves en ley. El proyecto del ejecutivo que viola tratados internacionales, busca que las personas con portación ilegal de arma que se resistan a un operativo no puedan ser excarceladas.


El 5 de septiembre el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, presentó en la Cámara de Diputados el proyecto para limitar las excarcelaciones. El mismo se propone modificiar el artículo 171 del Código Procesal Penal – CPP -, que señala que “ en ningún caso se concederá la excarcelación cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación. La eventual existencia de estos peligros procesales podrá inferirse de las circunstancias previstas en el artículo 148°”. El proyecto de modificación se propone agregar que “tampoco se concederá la excarcelación cuando, en los supuestos de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento.

En el debate en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, se aprobó el despacho con los votos de los diputados del sciolismo, Unión Celeste y Blanco y Pro Peronismo. Mientras el resto de las fuerzas políticas no se expidieron, el diputado de Nuevo Encuentro, Marcelo Saín, realizó un dictamen e minoría. El mismo afirmó que “la iniciativa dista de ofrecer soluciones y constituye un nuevo disparador del uso abusivo de la prisión preventiva y su deformación como medida cautelar dentro del proceso. También se refirió a la pronunciación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una inspección realizada en el 2010 a la Argentina: “la detención preventiva de una persona es una medida excepcional de naturaleza cautelar y no punitiva procedente únicamente para asegurar que el procesado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia.

Tras la aprobación del despacho, a fines de octubre se reunieron Scioli y Mariotto para llegar a un acuerdo entre distintos proyectos legislativos que ambos habían impulsado. De esta cumbre habría surgido un acuerdo para aprobar la reforma al CPP, cuestionada por sectores del kirchnerismo. Finalmente, un mes después se aprobó en la Cámara de Diputados con amplia mayoría y la disidencia del Frente Amplio Progresista, la Coalición Cívica, y Nuevo Encuentro.

El proyecto buscaba convertirse en ley la semana pasada, pero la resistencia de sectores del kirchnerismo y la oposición a aprobarlo hizo parecer que el debate se postergaba para el próximo año. Tal decisión se habría tomado tras una reunión que mantuvo el vicegobernador con organismos de Derechos Humanos, entre ellos el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria, que pidieron una audiencia pública para debatir las reformas al Código Procesal Penal.

Sin embargo, el sciolismo salió nuevamente a empujar el proyecto para que sea aprobado en lo que sería la última sesión del año, el próximo jueves 13 de diciembre. De esta manera, el Jefe de Gabinete Alberto Pérez afirmó “he conversado con el vicegobernador Gabriel Mariotto, quien me ha dicho que la ley sigue su curso, y que el martes próximo podrían invitarlo al ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal para luego, ese mismo día, sacar el dictamen favorable y lograr la sanción definitiva el día jueves”. Por su parte, el senador sciolista Alberto De Fazio se mostró reacio a una audiencia pública y apostó también a que el jueves será aprobado el proyecto.


Contra la presunción de inocencia

Una de las principales críticas de los organismos de Derechos Humanos, proviene de que el proyecto avanza en paso contrario a la constitución nacional, que sostiene la presunción de inocencia así como la igualdad ante la ley, respaldando el derecho de las personas a permancer en libertad mientras dure el proceso judicial. La propuesta de Scioli limitaría este derecho constitucional, al impulsar una excepción privando de la libertad a personas aun no declaradas culpables por un delito puntual.
En un documento elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria solicitando que no se sancione el proyecto, se sostiene qye”hay quienes no podrá gozar del derecho a la libertad atento lo normado por el art. 171 que deniega la excarcelación exclusivamente en función del delito cometido y no de los parámetros objetivos establecidos por los principios que se desprenden de toda una normativa.”
Cipriano a su vez señaló que de aprobarse esta modificación “seguramente va a ser declarada inconstitucional por los juces, pero hasta que se efectivice, llegue a la corte, van a pasar varios años en las que se va a utilizar esta figura y se va a provocar un impacto negativo en el sistema penal”.

Con la excusa de la seguridad
Al momento de la presentación del proyecto, el gobernador se anticipó a las críticas de los organismos, diciendo que “acá no podemos quedar bien con todos, tenemos que elegir todos los días, y elegimos estar del lado de las familias y de aquellos ciudadanos que quieren vivir en paz sin violencia. Por su parte, Roberto Cipriano, director del Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria, respondió que “es una falacia decir que este proyecto va a traer más seguridad en los términos que algún sector plantea. Cipriano señaló que desde la CPM se parte de un concepto amplio y que contempla otras seguridades como son la salud y la educación que también deben ser atendidas. Respecto al proyecto como solución a cierto tipo de delitos, agregó que “el problema es estructural en el sistema penal, en las fuerzas de seguridad que no están pensadas para la persecución del delito complejo, al contrario, con una conivencia muy importante con las redes de delito organizadas.
De esta manera, Cipriano señaló que de aprobarse tendría un fuerte impacto el sistema penal ,
auementando la población carcelaria y “dotando a la policía de una herramienta formidable para el armado de causas. El director del Comité concluyó que “va a tener un impacto muy importante y por eso estamos alertados sobre la gravedad que este proyecto puede provocar.
También desde la Asociación Pensamiento Penal, se manifestaron en contra a la aprobación de esta normativa, solicitando al porder legislativo y ejecutivo, “que eviten a los ciudadanos de la provincia volver a transitar experiencias que no habrán de lograr los resultados que proclaman y que implicará un elevado coste en moneda de derechos civiles que, como es habitual, habrán de sufrir aquellos que menos posibilidades tienen de ser oídos y ejercer sus derechos.”

Un caso paradigmático

Mientras la Comisión de Seguridad discutiría este martes la limitación a las excarcelaciones de las personas “que en los supuestos de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial”, el militante social Facundo Goñi estará enfrentando un juicio por portación de arma de güera y resistencia a la autoridad. El joven es una víctima más de las causas armadas por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en este caso por defender a los chicos en situación de calle.

En referencia a este caso donde el Comité Contra la Tortura se presenta como veedor, Cipriano señaló que “justamente la figura de resistencia a la autoridad es una figura clásica utilizada por la policía para imputar un delito a una persona para que tenga un antecedente y el día de mañana en caso de otra detención, su situación se complique más.” De esta manera señaló que esta práctica se encuentra vinculada con “plantar el perro” como se dice en la jerga policial, a la acción de plantar un arma. En este sentido señaló que es una práctica utilizada “tradicionalmente la policía ha utilizado para implicar a una persona, meterla presa y que de alguna manera se vincule con el sistema penal.” Agregó en este sentido el nexo de este accionar policial con el reclutamiento de chicos para robar es común, donde se les arma una causa para extorsionarlos y en el peor de los casos como Luciano Arruga, los desaparecen.


Audiencia pública para discutir una reforma íntegra

Acompañados por Jueces, Defensores, y Fiscales, los organismos de Derechos Humanos presentaron un pedido al vicegobernador para que convoque a una audiencia pública previamente al tratamiento de la reforma. El mismo es firmado por más de 50 funcionarios judiciales, y 30 organizaciones. Entre sus firmantes se encuentran el Defensor Juvenil, Julián Axat y el Juez en lo Contencioso y Administrativo, Luis Arias.
En el mismo manifiestan su “más profunda preocupación ante la inminente reforma que se plantea y que ya posee media sanción legislativa, en especial teniendo en cuenta el impacto que la misma tendría a nivel de la población carcelaria y, primordialmente, sobre el ámbito de libertades públicas de niños y adolescentes eventualmente procesados. Esta última preocupación de los firmantes, surge de la violación a la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 43 de la ley de Responsabilidad Penal Juvenil, al imperdir la libertad de los adolescentes cuando la ley sostiene que se debe optar por la limitación de la libertad como excepción.


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