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Apuntes para explicar el feudalismo en Tucumán
Por Fuente: Argenpress - Friday, Dec. 14, 2012 at 5:52 AM

Jueves, 13 de diciembre de 2012 | Maria Cristina Caiati (especial para ARGENPRESS.info)

El fallo que absolvió a los responsables del secuestro, desaparición y prostitución de Marita Verón es, en verdad, una vergüenza nacional. Pero no es una sorpresa. No si se lo considera como el resultado de la herencia que dejó el terrorismo de Estado en la sufrida Tucumán.

Tucumán, como muchos estados del interior del país, continúa sometida a un sistema feudal en el que la ley sólo sirve para disciplinar al vulnerable, nunca para caer con todo su rigor sobre los poderosos o, como en este caso, sobre los esbirros de los poderosos. En ese marco, la presencia de parapoliciales y paramilitares, “colaboradores” de las fuerzas de seguridad para mantener el orden, ha sido y es una constante. La impunidad que los rodea no ha podido ser quebrada, si bien es cierto que por lo menos ha sido cuarteada.

Hay datos que deben ser tenidos en cuenta para comprender por qué todavía no se ha podido romper el sistema feudal de Tucumán, consolidado durante la dictadura.

Sin ir demasiado lejos Ruben Alé (a) “La Chancha”, el potentado que habría repartido dólares entre los jueces -cobardes además, por haber tardado en anunciar un fallo basura- , fue matón del ex gobernador de facto y constitucional, Antonio Domingo Bussi: en julio de 1998, cuando el entonces presidente Carlos Menem y el carnicero festejaban en la Casa Histórica de Tucumán el 9 de julio comiendo empanadas, policías y miembros de la Asociación de Remiseros Unidos de la provincia, de la que es propietario "La Chancha", reprimieron con dureza a un grupo de militantes de organismos de derechos humanos y de partidos de izquierda que protestaban pacíficamente. Bussi para ese entonces, estaba siendo cuestionado no por las innumerables muertes que tenía encima, sino por los dineros mal habidos, que cimentaron su fortuna y la de su familia.

Otra espada imprescindible de Bussi para mantener el terror, fue el policía Mario “Malevo” Ferreyra, que se suicidó ostentosamente frente a las cámaras de televisión en noviembre de 2008, para evitar comparecer ante la justicia por crímenes de lesa humanidad. El “Malevo” fue, hasta bien avanzada la democracia, líder de la mano dura en Tucumán. En 1993 fue condenado a prisión perpetua por un triple crimen cometido en 1991, cuando era jefe de la Brigada de Investigaciones. Tras conocer la condena y como una nueva demostración de que los impunes no se consideran obligados a obedecer la ley, Ferreyra se mantuvo prófugo varios días hasta que, seguramente después de hablar con su patrón, se entregó en el marco de una escenificación teatral nunca antes vista. Como entre bueyes no hay cornadas, en setiembre de 1996, por un decreto del entonces gobernador Bussi, se le redujo la condena primero a veinte años y luego a 18. Desde septiembre de 1998 comenzó a gozar de salidas transitorias para ir a trabajar y en 2002 quedó en libertad.

La “mano de obra desocupada” -y desperdigada tras el fallecimiento de Bussi- se reune ahora en una agencia de seguridad privada, propiedad de Walter Saborido (a) “El Capitán”; bajo sus órdenes trabajan más de 200 personas. En la actualidad Saborido -que fue candidato a vicegobernador de Tucumán-, está alojado en el penal de Villa Urquiza porque integra la lista de 35 detenidos por su responsabilidad en el Operativo Independencia, antesala y ensayo del Terrorismo de Estado en Tucumán. Saborido es uno de los detenidos más conocidos en la provincia - lo que le habilita tratamiento vip en la cárcel- y como tal, es el mejor reflejo del poder que conservan los represores tucumanos.

Para interpretar el servilismo judicial a los poderes reconocidos -antes los militares garantes del “orden” y ahora los bastoneros de la práctica del tráfico de personas-, hay que recordar al juez federal de Tucumán durante la dictadura, Manlio Torcuato Martínez, el hombre que recién en julio del año pasado, más de 35 años después, debió comparecer ante un juez de la democracia, porque habría participado en los homicidios de cinco personas y en la privación ilegítima de la libertad de otra. Martínez fue número puesto en la tarea de garantizar la impunidad de los policías y militares que cometieron hechos aberrantes durante las administraciones de los represores Acdel Vilas, Antonio Bussi y Antonio Merlo.

En mayo de 2008 Walter Moreno, el ex juez de La Rioja que intervino en el caso de Marita, fue detenido e imputado por liderar una banda delictiva que asesinó a un comerciante para robarle (aunque él se declaró inocente). Nueve meses después, ese mismo juez -que ya había sido acusado por Susana Trimarco, por rechazar los exhortos que enviaba la justicia tucumana y por frenar los allanamientos que podrían haber ubicado a Marita-, fue denunciado por una mujer víctima de trata, como uno de los “clientes” que frecuentaba los prostíbulos de la provincia, hacía formar en fila a las chicas y las elegía.

Otro hombre de la justicia que garantizó el libre albedrío de los genocidas fue Francisco Sassi Colombres, secretario general de la gobernación y fiscal de Estado en la época de Merlo; en 2008 Sassi Colombres había sido propuesto por el gobernador José Alperovich para integrar la Suprema Corte de Justicia; no pudo permanecer, pero fue el segundo funcionario de la dictadura en llegar al máximo tribunal de Tucumán.

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