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Esclavitud sexual en La Plata
Por Candela ((i)) - Tuesday, Dec. 18, 2012 at 6:30 PM
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Género | Se aprobaría la nueva ley de trata

Esclavitud sexual en La Plata

El miércoles 12 el país se conmovió con la absolución de todo los imputados en el caso Marita Verón. La respuesta fue contundente con masivas movilizaciones en distintas ciudades para exigir que se acabe con estas redes delictivas. En el caso de La Plata estas mafias han calado hondo y se denuncia la existencia de 70 prostíbulos que explotan sexualmente a 1000 mujeres. La protección de la policía de estas mafias ha quedado demostrada a través de diferentes casos.

 

Repudio del veredicto en La Plata

El centro platense fue el lugar de reunión para expresar el profundo rechazo a la decisión de los jueces tucumanos. Organizaciones feministas y familiares víctimas de violencia de género fueron quienes encabezaron la movilización.

El acto realizado frente a la casa de gobierno contó con representantes de las organizaciones que criticaron a la “justicia patriarcal, machista, misógina y proxeneta”. Por lo tanto, demostraron su desconfianza hacia la justicia planteando que “el movimiento de mujeres, junto con los familiares de violencia de género, continua de pie y en las calles; porque la salida no es confiar en esta justicia ni en este gobierno”.

“En este momento yo soy Marita Verón y todas las mujeres lo somos”, aseguró la tía de Micaela Galle, la niña que murió en el cuádruple femicidio. Luego habló Daniel Galle: “se ve claramente la corrupción en el entongue con los jueces y el poder político que están detrás de todo esto. No se tuvo en cuenta la lucha de una madre, hoy hay que estar apoyando a Susana Trimarco”.

Mientras que en Tucumán se conocía el fallo que dejaba libre a los 13 implicados en la desaparición de Marita Verón, días antes se denunciaba la complicidad policial con la trata de personas en La Plata. El Comisario del Destacamento de Arana fue denunciado por cobrar coimas a un prostíbulo de la zona.

El mismo lugar que funcionó como centro de detención y tortura durante la dictadura, es participe del delito de explotación sexual en la actualidad. A principios de diciembre se realizó un allanamiento en un prostíbulo situado en 131 y 637, a escasos metros del Destacamento de Arana. De allí se rescataron cuatro víctimas y se detuvo al jefe dicha dependencia, Miguel Ángel Mossolani, por cobrar coimas a los proxenetas que regenteaban el lugar.

El Tribunal Federal n° 1 acusó al Comisario de haber recaudado dinero a cambio de garantizar el funcionamiento del lugar. Mossolani cumplió el trato avisando sobre el posible allanamiento, sin embargo se pudo dar con ellos. Los investigadores calculan que cobraba alrededor de 200 o 300 pesos por mujer cada fin de semana. Las víctimas son cuatro mujeres de nacionalidad paraguaya que llegaron al país creyendo que trabajarían como empleadas domesticas. En cambio fueron esclavizadas y obligadas a prostituirse.

El lugar estaba habilitado para “venta al por menor de bebidas”, funcionaba como un bar y en el fondo del mismo las cuatro mujeres eran sometidas. La connivencia de la comisaría local aseguró la recaudación diaria del proxeneta Carlos José Cardaci y también engordó la caja chica de la dependencia policial. Al ser rescatadas, las mujeres aseguraron que la entrada de oficiales era cotidiana.

Situación en La Plata

En un informe presentado en el 2011, la Fundación Alameda denunció que en la ciudad hay cerca de 2000 personas esclavizadas sexual y laboralmente. A su vez aseguró que existen 70 prostíbulos  y que La Plata es el mayor centro de explotación de la provincia, luego de Bahía Blanca y Mar del Plata.

En el 2010 denunciaron la connivencia policial dando a conocer un video en el que oficiales cobraban coimas a proxenetas. La “juntada” se realizaba los viernes y sábados, cuando policías de la DDI local hacían recorridas por los prostíbulos de la ciudad. En aquel entonces el encargado era el comisario Juan Domingo Ibarra, último eslabón de la cadena de recaudación. Además para conseguir la protección, los prostíbulos debían arreglar con el cuerpo inspectivo de la Municipalidad y las comisarías de cada jurisdicción. En ese entonces se calculó que por mujer, se recaudaba 100 pesos.

En mayo del 2010 se realizó una denuncia en la que se constataba que personal policial cobraba coimas por proteger a los prostíbulos de la zona. En investigaciones posteriores se dio con el Oficial Principal Facundo Chávez, alias “el Chino” y el Suboficial Juan Pupillo quienes exigían 400 pesos a los dueños de los locales para no denunciarlos y evitar que sean allanados. “Este dinero sería recolectado en beneficio también de otro policía de nombre Juan Domingo Ibarra que sería el responsable de la  DDI de la Ciudad de La Plata”, asegura la denuncia realizada por la Fundación.

La Alameda calculaba un promedio de 15 mujeres por centro de explotación sexual, 50 de ellos situados en el casco urbano y 20 o 30 en la ruta y las afueras de la ciudad. La mayoría de las víctimas eran provenientes de Paraguay y las edades oscilaban entre los 17 y 23 años. La Fundación aseguró que lo modos de cooptación era a través de avisos en los diarios en donde se ofrecían trabajos en Ciudad del Este.

En cuanto a las aberrantes condiciones habitacionales de las víctimas, Alameda señaló que se les descontaba el 50% de lo recaudado y la explotación llevaba al desmayo de las mujeres. También aseguró que en muchos casos no se utilizaba preservativo porque el nivel de alcohol les impide controlar la situación.

Casos juzgados en los tribunales federales de la ciudad

El archivo web de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas –UFASE- da cuenta de ocho casos juzgados en los tribunales federales radicados en nuestra ciudad. Uno de los más llamativos es aquel que concluyó el 15 de octubre del corriente año. Su importancia tiene que ver con que el resultado es un claro reflejo de la ley de trata que estará vigente hasta hoy. La ley 26.364 sancionada en el 2008 establece que si media el “consentimiento” de las víctimas mayores de 18 años quienes las hayan reclutado o explotado no serán culpables de ningún delito.

En este sentido la causa que concluyó en octubre absolvió a cuatro proxenetas. Durante los fundamentos relata que en el 2009 se realizó un allanamiento en el ‘Hotel V’ donde se encontró a diez mujeres que ejercían la prostitución y se imputó a cuatro hombres que regentaban el lugar. El Tribunal hace hincapié en los testimonios de las mujeres, quienes afirman que no eran obligadas a viajar hasta la ciudad, ni a quedarse en el hotel; por el contrario llegaban allí por recomendaciones y se quedaban por conveniencia ya que el arreglo con los imputados establecía que no pagaran el alquiler. A su vez asegura que en ningún momento eran engañadas sobre la actividad a realizar y que la retribución era negociada.

Por lo tanto el Tribunal concluyó que las mujeres ejercían la prostitución bajo su consentimiento y no obligadas por los acusados y que, por lo tanto, no se trataba de un delito de trata de personas. Es así como la instrucción concluyó en la absolución de los cuatro imputados. Esta circunstancia es prevista por la reforma a la ley de trata que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores y hoy será discutido en las comisiones de Legislación Penal, Familia y Presupuesto de Diputados.

Nueva ley de trata

A raíz de lo sucedido con el caso de Marita Verón, la reforma de la ley 26.364 fue incluida en las sesiones extraordinarias. La misma establece una serie de cambios que fueron bien recibidos por las organizaciones que trabajan el tema. Mañana será tratado en la Cámara de Diputados.

Una de las medidas más importantes tiene que ver con que “el consentimiento de la víctima no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal”. A su vez se amplían los modos de atención a las víctimas no solo en la asistencia sino que garantiza la restitución de sus derechos sociales, económicos y culturales. En este sentido se planea la creación de un Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y para la asistencia de quienes sean rescatadas.

La Campaña Abolicionista “Ni una mujer menos víctima de las redes de prostitución” celebra esta reforma y llama a llevar a cabo nuevas medidas en pos de la lucha contra la explotación. Propone que se igualen las penas de las figuras de ‘proxenetismo y rufianismo’ –actualmente de 4 a 6 años-,  la figura de ‘trata de personas’ –de 4 a 8 años- y de servidumbre –de 4 a 15 años-. También asegura que debería considerarse el rol del prostituyente como “actor indispensable en la explotación sexual y la trata de personas, desalentando la demanda como una forma de prevención de estos delitos”.

La explotación sexual en Argentina

Hay diversos estudios del Estado destinados a investigar los delitos de explotación sexual. El análisis da cuenta de una serie de rutas de traslado, donde Argentina se encuentra como principal destino de las víctimas paraguayas. Una segunda ruta interna del país, muestra a Buenos Aires como centro de explotación y lugar de confluencia de víctimas de distintas provincias.

En base a los juicios federales entre los años 2008 y 2011 la UFASE y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales –INECIP- realizaron una investigación sobre la metodología, las víctimas y los imputados de las redes de trata. En ésta se refleja que la trata afecta en un 27% a menores de 18 años y que del total el 51% son argentinas y el 36% son paraguayas.

Por otro lado da cuenta de los procesos iniciados en cada provincia, siendo Buenos Aires y Misiones quienes encabezan la lista. La capital nacional es el principal centro de explotación y cuenta con 91 procesamientos, mientras que Misiones funciona como centro de reclutamiento y cuenta con 23 procesamientos. El informe llama la atención sobre la creencia de que la trata de personas como una red estructurada y altamente organizada.

Las redes que están incluidas en la investigación, es decir las judicializadas, no demuestran un gran alcance territorial. El informe las caracteriza como “redes no profesionalizadas, ciertamente poco estructuradas, sin una organización jerárquica, con poca diferenciación interna de roles, muchas veces de carácter familiar, y sin autonomía organizativa y operacional respecto del Estado, y en particular de las agencias policiales y fuerzas de seguridad, que protegen, favorecen, moldean y alientan la actividad. Estas características no dan cuenta de un grado significativo de complejidad organizativa. Lo que es distinto a sugerir que no existe organización.”

En este sentido afirman que no se observan la existencia de células articuladas con determinados roles, a pesar de que si se distinguen distintas etapas: captación, traslado y explotación. Los imputados aparecen cumpliendo varios roles en esas etapas.


Contactos para prevenir la trata de personas:

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