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Con mano dura
Por Joaquin ((i)) - Tuesday, Dec. 18, 2012 at 9:51 PM
cmilaplata@gmail.com

Seguridad y Derechos Humanos

Con mano dura

En la sesión del jueves 13, la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley para limitar las excarcelaciones. El mismo consiste en una modificación al Código Procesal Penal, que prohíbe las excarcelaciones a las personas con portación de arma que se resistan a un operativo. Los organismos de DDHH pronostican que será declara inconstitucional por vulnerar la presunción de inocencia y al ser retroactiva.

  Tras cuatro meses de idas y vueltas, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, consiguió que se apruebe su proyecto de ley. El mismo fue presentado en septiembre, aprobado en la Cámara de Diputados el 22 de noviembre y finalmente convertido en ley en la sesión extraordinaria del jueves 13 de diciembre.

La nueva ley modifica el artículo 171 del Código Procesal Penal – CPP -, que señala que “en ningún caso se concederá la excarcelación cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación. La eventual existencia de estos peligros procesales podrá inferirse de las circunstancias previstas en el artículo 148°”. Tras la última sesión de la Cámara de senadores, se le agrega al artículo en cuestión que “tampoco se concederá la excarcelación cuando, en los supuestos de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento.”

La presión de los organismos de Derechos Humanos como la Comisión Provincial por la Memoria –CPM-  y el Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS-  no pudo detener la avanzada del sciolismo. El proyecto cobró fuerza en octubre cuando Scioli distanciado del Kirchnerismo, y Mariotto que había perdido fuerza, se juntaron para discutir distintos proyectos a tratarse en la Legislatura bonaerense. De aquella reunión surgió el primer acuerdo que acabó en noviembre con la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la sesión no fue silenciosa. Sectores del kirchnerismo manifestaron su desacuerdo y se retiraron de la sesión. Sin embargo, el rechazo de Nuevo Encuentro, la Coalición Cívica y el Frente Amplio Progresista no bastó. Con el apoyo del resto de la oposición el proyecto avanzó a la cámara de senadores.

Cuando parecía que la ley estaba hecha, los organismos de Derechos Humanos acompañados por integrantes del Poder Judicial se reunieron con Mariotto para pedir que el proyecto sea discutido en una Audiencia Pública. A raíz de la reunión, la Comisión de Seguridad del senado no emitió despacho con posibilidad de dejar el debate para el 2013, dado que se acababan las sesiones ordinarias. Sin embargo, el sciolismo se puso en marcha, sacando sus legisladores en los medios. En relación a la cumbre de octubre, el senador Alberto de Fazio afirmó “Mariotto ya acordó con el Gobernador”.  Posteriormente el Jefe de Gabinete, Alberto Perez, saldría a decir a los pocos días que había hablado con Mariotto y el proyecto se iba a aprobar, tal como terminó sucediendo.

El rechazo de los organismos de Derechos Humanos

Desde un primer momento distintos organismos dedicaron sus fuerzas a frenar el proyecto. El pedido de audiencia pública fue firmado por el juez Luis Arias, el Defensor del Fuero Penal Juvenil, Julián Axat; Silvia González, jueza del Tribunal Oral de Lomas de Zamora; y Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Necochea, entre otros integrantes del Poder Judicial. Tras la aprobación, la CPM, el CELS, la Asociación Civil La Cantora, y la Asociación Pensamiento Penal firmaron un nuevo documento repudiando la reforma.

El documento está organizado en torno a siete puntos: Inconstitucionalidad de la reforma, deterioro de la estructura de garantías básicas del Código Procesal Penal; violación al principio de igualdad; agravamiento de la crisis carcelaria provincial; profundización de la arbitrariedad policial; se aparta de la profundización de las políticas de desarme; no aporta herramientas para incidir en el circuito ilegal de armas de fuego; aplicación temporal: la irretroactividad de la ley penal.

El documento sostiene que “nuevamente, el poder político insiste en la demagogia punitiva que procura responder a las demandas sociales de seguridad con el endurecimiento del sistema penal.” Afirma que “bajo estos mismos argumentos, en los últimos años se impulsaron más de treinta reformas procesales y los resultados han sido un fracaso”.

En relación al argumento Sciolista de que el proyecto busca disminuir la cantidad de armas que circulan, los organismos respondieron que “en términos de una política de seguridad seria, sustentada en diagnósticos empíricos, las armas circulan porque el mercado ilegal está protegido y controlado por las mismas autoridades policiales. El propio Senado provincial, en el informe sobre el “Caso Candela”, advirtió sobre la degradación y la inserción de redes ilegales en la Policía Bonaerense”

También apuntaron a una reforma estructural, señalando que “para dar respuesta a las graves fallas en materia de seguridad e investigación criminal, no se requiere más encarcelamiento preventivo, sino avanzar en reformas institucionales y voluntad política de atacar los verdaderos problemas.”

Un punto donde hizo hincapié el documento, fue en el efecto que puede tener esta reforma en los barrios populares. Así señalaron que un mayor poder de discrecionalidad otorgado a la policía, se transforma en un mayor hostigamiento a los jóvenes de los sectores sociales más pobres. 

Un regalo a la bonaerense en su cumpleaños

El 13 de diciembre fue el 132º aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y Daniel Scioli no perdió la oportunidad de fotografiarse con los uniformados y celebrar. Fueron distinguidos en la casa de gobierno los mejores promedios, y el “mejor policía” recibió el premio “Juan Vucetich”. “La mayor frustración de un policía se da cuando después de un arduo trabajo un delincuente entra por una puerta y sale por la otra”, aseguró el gobernador.

Casualidad, en ese mismo momento el senado convertía en ley el proyecto para limitar las excarcelaciones que busca encerrar a más personas, y darle más poder a la policía. Casualidad, en la mañana de esa misma fecha donde Scioli felicitaba a la policía, y el senado les daba más poder a la fuerza, una Fiscal desistía de su acusación contra un limpiavidrios, tras comprobarse en el juicio oral que la policía le había plantado un arma de fuego y armado una causa por este delito y “resistencia a la autoridad”.

Estos tres hechos sucedieron en un radio menor a diez cuadras: la Casa de Gobierno se encuentra en 6 y 53, el Senado en 7 y 51, y el Fuero Penal en 8 y 56. Los tres poderes se manifestaron sobre un mismo tema como es la cárcel y la policía. El poder ejecutivo y legislativo ignoraron al judicial, que mantuvo cuatro meses presa a una persona inocente.

El Gobierno de Daniel Scioli se ha caracterizado por defender el autogobierno policial, manteniendo en el Ministerio de Justicia y Seguridad, a Ricardo Casal que garantiza esta organización de la fuerza.  Desde su asunción el gobernador ha buscado dotar de mayor poder a la Policía, llegando al punto de impulsar en el 2010 un nuevo Código Contravencional que aumentaba los argumentos con los cuales las fuerzas de seguridad podía detener arbitrariamente a una persona. El mismo quedó  varado tras una audiencia pública donde ningún orador defendió el proyecto.

En este contexto, la limitación a las excarcelaciones se entiende como un paso más de Scioli en esta dirección. Desde los organismos de Derechos Humanos han señalado que el plantar el perro – como se dice en la jerga policial el plantar un arma- configura una práctica habitual de la policía. El diputado Marcelo Saín de Nuevo Encuentro, afirmó que “son pocas las patrullas de la Bonaerense que no cuentan con uno o dos perritos.”.

Un caso paradigmático resultó ser el de Facundo Goñi. Limpiavidrios y militante por los derechos de los niños en situación de calle como integrante de un proyecto de extensión universitaria, fue perseguido por la Comisaría 1º -53 e/ 9 y 10 – por sus actividades. El 31 de julio fue golpeado y detenido en la Plaza San Martín por el jefe de calle y otros dos uniformados, acusado de resistencia a la autoridad y portación de arma de fuego. Tras cuatro meses de prisión preventivas, el juicio se inició y se demostró que había sido víctima de una causa armada. Ante las contradicciones de los uniformados, la fiscal desistió de presentar acusaciones contra Goñi, y fue absuelto por el Tribunal Nº1.

En el mismo juicio, el Defensor General Ozafrain que llevó el caso de Goñi, demostró que la policía había actuado con arbitrariedad y la fiscal señaló en sus fundamentos que “los funcionarios policiales actuaron notoriamente con exceso de sus facultades”. Para demostrar la gravedad de lo sucedido agregó que “proceder de está forma entorna arbitraria la actuación policial y por ende violatoria de las garantías individuales, fundamentales, con rango constitucional, propias de un estado de derecho como el nuestro”.

El Poder Ejecutivo y Legislativo sostienen que esta ley disminuirá la circulación de armas. Desde los organismos de Derechos Humanos, descreen que una reforma al Código Procesal Penal traiga soluciones mágicas. Exigen una política estructural para el desarme que ataque las redes delictivas que trafican armas a la par que pronostican que esta ley sólo agravará la crisis carcelaria. En 60 cárceles y alcaldías con 18600 plazas, hay 27991 detenidos y a esto se le suma que un 65% de personas privadas de su libertad se encuentran sin condena, es decir, inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Un dato más y también sumamente alarmante es el de “los Goñis”. Con esta legislación, la policía cuenta con una mayor facilidad para multiplicar los casos como el del limpiavidrios.

Legislaciones violadas

Roberto Cipriano, Director del Comité Contra la Tortura de la CPM,  afirmó que “seguramente va a ser declarada inconstitucional por los jueces, pero hasta que se efectivice y llegue a la corte, van a pasar varios años en las que se va a utilizar esta figura y se va a provocar un impacto negativo en el sistema penal”. En sus tres artículos la ley viola no sólo la Constitución Nacional, sino también diversos tratados internacionales.

En concreto, los artículos 14 y 18 de la Constitución Nacional establecen el derecho a gozar de la libertad personal mientras se lleva a cabo el proceso. El artículo 18 establece en este sentido que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. La reforma al Código Procesal Penal pretende vulnerar este derecho que manda que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, al privar de su libertad a personas sin condena, una práctica hoy habitual al punto de que el 65% de los detenidos no tenga una condena firme. Este mismo mandato es emanado por los  artículos 7, 8 y 9 de la Convención Americana sobre  Derechos Humanos y 9 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. En este sentido, en un informe realizado en el 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que ningún delito es inexcarcelabre.

Desde la CPM también se ha señalado que “la nueva redacción del art. 171 lesiona indefectiblemente el principio de  igualdad (art. 16 CN y art. 11 C. Pcial.), pues quien es imputado por haber cometido un delito mediante la tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, de intentar eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control, se verá privado del derecho de estar sometido a proceso en Libertad”.

A su vez, en el mismo documento, la CPM señaló que la nueva legislación viola otro derecho fundamental al aplicarse a procesos en curso. En este sentido afirma “ que el principio de irretroactividad de la ley penal tiene carácter constitucional, de modo que ésta debe entenderse como aplicable a hechos que tengan lugar sólo después de su vigencia, con la excepción de la ley penal más benigna”.

La reforma también afecta los derechos de los niños y niñas, violando el artículo 37b de la Convención de los Derechos del Niño, y el artículo 43 de la ley de Responsabilidad Penal Juvenil 13634. Esto se produce en tanto que la CDN sostiene que la detención “se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”.  La reforma implicaría que el encierro se convierte en la norma, y no la excepción.

Qué se dijo
Gudio Lorenzino -Diputado sciolista-:
No estamos de acuerdo con meterle bala a los delincuentes, ni somos mano dura. Somos gente que queremos que los delincuentes estén presos y que no salgan”
Daniel Scioli – Gobernador de la Provincia de Buenos Aires-:
La mayor frustración de un policía se da cuando después de un arduo trabajo un delincuente entra por una puerta y sale por la otra

Ricardo Casal – Ministro de Justicia y Seguridad-:
El Estado, además de las políticas estructurales, debe decidir acciones punitivas y precautorias”

Alberto De Fazio –Senador Sciolita-:
No consideramos que sea necesaria ninguna audiencia pública, legislan los legisladores, no podemos estar sometiendo cada proyecto a estas audiencias”
Marcelo Saín – Diputado de Nuevo Encuentro-: “Cuando el kirchnerismo vote esta ley, Scioli va a poder decir: ‘A mí me está acompañando la política de mano dura, todo el gobierno en su conjunto, todo el oficialismo en su conjunto Roberto Cipriano – Comité Contra la Tortura: Es una falacia decir que esta ley va a traer más seguridad en los términos en que un sector plantea (…)el problema es estructural en el sistema penal, en las fuerzas de seguridad que no están pensadas para la persecución del delito complejo, al contrario, con una connivencia muy importante con las redes de delito organizadas”. Horacio Verbitsky – Centro de Estudios Legales y Sociales –:No es el camino de restricción cada vez mayor por la vía de aumento de pena, ni restricción de garantías procesales, ni limitaciones de este tipo”

María Isabel Gainza – Senadora de la Coalición Cívica: “Vamos a dejar en manos de la policía bonaerense tan cuestionada por todos nosotros, que le digan al juez que esta persona intentó eludirla. Si quieren hacer un desarme de armas hay que apuntar contra los que las venden.  Me parece una pésima herramienta, que lo único que va a hacer llenar las cárceles de pobres y vulnerables y no de los verdaderos delincuentes”.

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