Pedimos la anulación de estudios privados que benefician a empresarios inmobiliarios
Por Mdp Punta Querandí - Saturday, Dec. 29, 2012 at 6:49 PM
movimientoendefensadelapacha@gmail.com

El Movimiento en Defensa de la Pacha solicitó al Instituto Cultural Bonaerense reevaluar la “concesión” otorgada a un equipo de arqueólogos que desde hace cuatro años realiza excavaciones y prospecciones con el financiamiento de algunas desarrolladoras de barrios privados en el Gran Buenos Aires. Planteamos que dichos especialistas “no están cumpliendo con las normas nacionales, internacionales y códigos de ética de la comunidad arqueológica en lo que respecta a los derechos indígenas y de los pobladores locales”.

El empresario Jorge O'Reilly, en la campaña de rescate del sitio Punta Querandí.
Foto: Ignacio Smith, 3 de diciembre de 2008.

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El escrito fue presentado el jueves 27 de diciembre en la ciudad de La Plata, y fue acompañado por dos importantes materiales: un peritaje antropológico realizado por Morita Carrasco sobre el sitio Punta Querandí y un documento del Observatorio de los Derechos Indígenas y Campesinos, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, firmado por el decano y arqueólogo Rafael Curtoni.


Paraje Punta Canal - Dique Luján (Tigre)
Jueves 27 de diciembre de 2012

Fernando Oliva, Coordinador del Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico
Marián Farías Gómez, Directora de Patrimonio Cultural
Instituto Cultural Bonaerense

De nuestra mayor consideración:

Somos una organización que nuclea a integrantes de pueblos indígenas, ambientalistas, educadores y vecinos que defendemos Punta Querandí y otros sitios arqueológicos de la zona norte del Gran Buenos Aires, así como el patrimonio natural que está desapareciendo por los emprendimientos inmobiliarios.

Nos dirigimos a Ud. para solicitar la anulación de las aprobaciones efectuadas a los estudios privados llevados a cabo por el equipo de arqueólogos de Daniel Loponte para las empresas EIDICO y Vial Tosca. También para manifestar nuestro pedido de que sea reevaluada la concesión otorgada a estos especialistas, por no estar cumpliendo con las normas nacionales, internacionales y códigos de ética de la comunidad arqueológica en lo que respecta a los derechos indígenas y de los pobladores locales.

En diciembre de 2008, el equipo dirigido por Loponte realizó una campaña de rescate en el sitio Punta Querandí que se extendió sólo 10 días, y concluyeron “liberar” el terreno al propietario para ejecutar el emprendimiento. Los estudios fueron encargados por Jorge O’Reilly, directivo de la empresa EIDICO, responsable de la edificación del Complejo Villa Nueva.

A pesar de nuestros reclamos como integrantes de distintos pueblos indígenas que consideramos el lugar sagrado y como pobladores locales interesados en el resguardo de nuestro patrimonio histórico y cultural, nuestra opinión ha sido ninguneada e incluso nos hemos visto amedrentados con intimidaciones legales por parte de Daniel Loponte quien nos acusó de “calumnias e injurias”.

En el 2009, este mismo equipo de arqueólogos realizó un estudio de impacto arqueológico sobre diversas parcelas donde se desarrollan los emprendimientos San Gabriel, San Rafael, Vila Marina y Bahía Porto Terra, en casi 200 hectáreas. El resultado de dicho estudio determinó la inexistencia de restos arqueológicos, exceptuando el sitio Rancho Largo, el cual ya había sido detectado previamente por el aviso de un poblador.

Con respecto al “Informe de la campaña de rescate en el sitio Punta Canal”, adjuntamos para su conocimiento un peritaje antropológico llevado a cabo por la especialista Morita Carrasco entre mayo de 2011 y diciembre de 2012. En dicho peritaje Carrasco evalúa que “la autoridad competente de aplicación de la Ley 25.743 - Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico - debería prima faccie haber rechazado la opinión vertida en el Informe por falta de pruebas y resolver, en contrario, la preservación del sitio para que se lleven a cabo nuevas investigaciones”.

Morita Carrasco destaca que “la adopción de una decisión inadecuada puede llevar a que el Estado sea denunciado por la violación de los derechos indígenas”. Así mismo, recomienda informar a los pueblos indígenas, sobre hallazgos y pedidos de campañas de rescate arqueológico, y sobre proyectos de exploración y excavación arqueológicos.

Por otro lado, anexamos el documento del Observatorio de los Derechos Indígenas y Campesinos, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires. Allí se cuestiona: “las evaluaciones arqueológicas realizadas a la fecha y consideradas concluyentes, son insuficientes y limitadas para dar cuenta cabalmente de las casi 200 hectáreas que comprende el área”.

Con la firma del Decano y Arqueólogo Rafael Curtoni, el Observatorio expresa: “llama la atención que el organismo provincial de autorización y control de los estudios de impacto arqueológico haya aprobado los informes técnicos en noviembre de 2011, es decir, mucho tiempo después del inicio de las obras privadas, cuando por el contrario es requisito indispensable contar con los informes aprobados y avalados por autoridad competente antes del comienzo de los trabajos”.

El Observatorio destaca que “una amplia superficie del área posee recursos patrimoniales, arqueológicos y culturales de relevancia, que ameritan estudios de evaluaciones de impacto pormenorizados, intensivos y detallados, a la par del necesario involucramiento en los mismos de los pobladores locales interesados en la problemática”.

A su vez, manifiesta su “preocupación por la permanencia de los conflictos (...) teniendo en cuenta que el lugar es considerado sagrado por los pueblos originarios de la zona y porque no se han respetado diversas normativas internacionales y nacionales que preestablecen el acuerdo previo, libre e informado de los pobladores locales ante cualquier tipo de emprendimientos que los involucren”.

Por último, el Observatorio llamó a las autoridades municipales y provinciales a hacer “respetar y cumplir las leyes nacionales y los acuerdos internacionales a los que nuestro país suscribe, teniendo en cuenta los derechos que asisten a los pobladores locales, vecinos y representantes de los pueblos originarios de Punta Querandí (Dique Luján, partido de Tigre)”.

Es inadmisible que los profesiones que tienen la concesión de la investigación y resguardo del patrimonio arqueológico por parte del Estado provincial, trabajen para los intereses de las empresas privadas y no articulen, no den participación ni brinden información. Tal es así que hemos tenido conocimiento de la existencia del sitio ancestral ubicado dentro del Country San Matías cuando la noticia fue tapa del diario Clarín, cuatro meses después de su hallazgo.

Nos encontramos hoy con que los mismos que actúan bajo el amparo de entidades públicas (CONICET, INAPL, Centro de Registro), realizan estudios financiados por las desarrolladoras inmobiliarias que, en la zona antes mencionada, mantienen un duro conflicto con las organizaciones indígenas y con los pobladores locales, a quienes han atacado e incluso amenazado de muerte a través de matones (hecho investigado por la Fiscalía de Benavídez).

Remarcamos que las actitudes de Daniel Loponte y su equipo merecieron dos “escraches” por parte del Movimiento en Defensa de la Pacha, así como el repudio de los 14 delegados del Consejo Indígena de la Provincia de Buenos Aires (órgano reconocido en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense). A su vez, su proyecto de ley provincial de patrimonio arqueológico también generó un inmediato rechazo, como lo muestra el artículo periodístico de Página/12 que adjuntamos, por no contemplar la participación indígena.

Con todos estos antecedentes, vemos imprescindible que se reevalúe si el equipo a cargo de la protección del patrimonio arqueológico es el más idóneo, no sólo en términos de sus saberes científicos sino también en lo que a su formación ética respecta, para seguir desarrollando tan importante tarea.

Recordamos, como dijo Morita Carrasco en relación al conflicto de Punta Querandí, que “una adopción de una decisión inadecuada puede llevar a que el Estado sea denunciado por la violación de los derechos indígenas”.

Sin más, saludamos atentamente.

Movimiento en Defensa de la Pacha

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