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En 2013, justicia por Javier
Por ContraPunto / Tucumán - Thursday, Jan. 03, 2013 at 12:42 AM

30/12/2012 - EL JUICIO SE INICIARÍA EN EL PRIMER SEMESTRE

En 2013, justicia po...
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Como reacción a que apareciera nuevamente en la comunidad Darío Amín, imputado en la causa por el asesinato de Javier Chocobar, la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita y el Pueblo Lule movilizaron a Tribunales provinciales. Un repaso de lo sucedido desde octubre de 2009 a la actualidad, donde una trama de impunidades y desafíos se abre a la espera de un juicio oral que sentará un antecedente para la provincia en los conflictos por el territorio. Por ContraPunto – RNMA.
Para los Pueblos Originarios de la provincia de Tucumán, el año cerró con una movilización a tribunales provinciales, donde la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita y el Pueblo Lule convocaron a marchar a tribunales para pedir justicia por el asesinato de Javier Chocobar, comunero de la Comunidad Indígena de Chuschagasta asesinado el 12 de octubre de 2009 por el terrateniente Darío Amín, José Valdiviezo y “el niño” Gómez, dos parapolicías a su servicio.
Hace tres años estas personas llegaron a la comunidad con la que la familia Amín tiene conflictos desde hace 60 años por unas tierras que reclaman como suyas. Aduciendo un fallo a su favor (que existía pero que no se había notificado por vía judicial) en un juicio iniciado por la comunidad a la familia Chiarello, en donde se incluyó el conflicto de la explotación de una cantera de lajas a metros de la casa de la familia Chocobar. Ese día fueron a El Chorro (Trancas, al norte de la provincia) y atacaron con armas de fuego contra alrededor de 30 comuneros que defendían su territorio e impidieron su avance.
El saldo fue el asesinato de Javier Chocobar, quien murió desangrado por un tiro en su pierna, Andrés Mamaní fue herido de gravedad (aún hoy con secuelas físicas) y otros dos comuneros con heridas leves. El ataque es un hito más en una escalada de hostigamientos contra la comunidad por parte de la familia Amín, quienes aparecieron en 1959 en la zona. El principal conflicto actual es que los Chuschagasta exigen que el Estado les otorgue las tierras que fueron expropiadas por el mismo en el año 1973, de las cuales Amín sostiene que una porción son de su propiedad.

Libertad a la espera del juicio
Es de destacar que los imputados Amín, Valdiviezo y Gómez esperan libres el inicio del juicio oral después de un poco creíble “error” de la justicia en la etapa de instrucción, aprovechado por los abogados defensores. El proceso ya tiene más de 3 años de desarrollo, siendo el 2012 un año donde estuvieron dadas las condiciones para efectuarse el sorteo de la sala y puesta la fecha de inicio.
En su momento fue inentendible que hayan dejado sin prisión preventiva a Amín, quién ya tenía antecedentes propios y familiares de conflictos con la comunidad, y a dos ex policías vinculados con el grupo ilegal y delictivo denominado Comando Atila, encabezado del “Malevo” Ferreyra, siendo común que la preventiva se dicte para los delitos comunes.
Reafirmando esta presunción Darío Amín, su madre, empleados de él y -lo más grave- junto a la Gendarmería Nacional fueron el día 20 de Noviembre a El Chorro para iniciar la explotación de lajas. El hecho, ya de por sí inadmisible, se completa con que el propio imputado se metió acompañado por gendarmería a las casas de las familias argumentando un control para que no hubiese conflictos y burlándose de la familia y toda la comunidad hicieron un asado a metros del lugar del asesinato.
La justicia ni la gendarmería pueden desconocer que -además de las consideraciones políticas- la cantera es la escena de un crimen que no puede alterarse, con un proceso judicial abierto lo que fue remarcado en un pedido de Carlos Garmendia, abogado de Mamaní.

Las perspectivas
La movilización de la Unión Diaguita un mes después de que Amín apareciera nuevamente en la comunidad es un hecho importante luego de alrededor de un año en donde el reclamo por justicia en los hechos salió de la agenda política de la UNPD.
Más de 60 personas llegaron a la capital tucumana desde la Comunidad Indígena de Chuschagasta para acompañar a la familia Chocobar y a Hortensia, viuda de Javier. Junto a ellos participaron delegados de varias comunidades de la provincia, del Consejo de Participación Indígena, estudiantes, ONGs y organizaciones sociales. Con la complejidad de movilizar desde puntos tan diversos es una respuesta rápida y contundente, aunque aún no masiva.
Es un hecho político importante señalar y exigir ante la justicia por los derechos que asisten a los Pueblos Originarios y por el inmediato inicio del juicio oral contra los 3 asesinos, pero no puede dejarse de lado las implicaciones y el corporativismo con que actúa la justicia, el poder económico y el gobierno provincial en este conflicto.
Gobierno, justicia y poder económico en Tucumán son una gran familia unida, y como tal se defenderán para no tener un antecedente en su contra como sería que se juzgue a los imputados por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa y se apliquen las penas por igual. Si en un caso de alta repercusión y trascendencia como fue el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón, los jueces pudieron dictar la absolución a todos los imputados, es una luz de alerta para cuando se inicie el juicio por el caso Chocobar.
Es indispensable un accionar en conjunto entre las comunidades indígenas de la provincia, así como también es necesario convocar a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a que sumen esfuerzos en este caso. La marcha del 21 de diciembre fue otro paso importante.
En la plaza Yrigoyen, frente a Tribunales se escucharon a distintos referentes indígenas plantear los conflictos por los que atraviesan las comunidades. Desde casa de gobierno las respuestas siguen siendo mesas de diálogo donde lo que se plantea no trasciende lo meramente comunicativo.
El desafío será poner en la calle y en esas plazas el grito que se escuchó ese día: ¡Justicia por Javier!

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Foto: archivo ContraPunto

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