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Siempre con la misma cantinela: las acusaciones a través de los gobiernos
Por Leónidas Ceruti - Friday, Jan. 11, 2013 at 3:57 AM

SIEMPRE CON LA MISMA CANTINELA: LAS ACUSACIONES A TRAVES DE LOS GOBIERNOS

Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina

Durante y luego de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2012, desde Juan Manuel Abal Medina, Sergio Berni, hasta Yasky, Depetris y D´Elia, compitieron a ver cual lanzaba la acusación más dura, impactante y mejor direccionada. Y luego de una semana de silencio, siempre desde el púlpito, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se sumó al coro señalando “un manual de operaciones políticas para el saqueo” y responsabilizó a organizaciones sindicales y políticas. Señaló también que sectores del PJ participaron en situaciones similares que vivió el país en 1989 y 2001. Se había completado el coro.

Al escucharlos y verlos, la memoria hace click, y uno recorre declaraciones de muchos funcionarios de distintas épocas, en vísperas y luego de huelgas, manifestaciones y grandes acontecimientos protagonizados por los trabajadores y el pueblo. Siempre las mismas acusaciones, y siempre hacia los mismos sectores.

Es el mismo libreto, con algunos cambios semánticos, pero el concepto es el mismo: descalificar, denunciar, desprestigiar, desmerecer, difamar, reprobar, excluir, inhabilitar, vaciar de contenido, etc.

Secretario de Seguridad Sergio Berni

Vamos a hacer un breve repaso de algunas de esas expresiones, leyes, proyectos, de ministros, presidentes, legisladores, jefes de policías; como del contexto en que se dieron. Así veremos desde opiniones ridículas, otras más cuidadas, leyes redactadas con desprecio hacia los trabajadores, discursos con impunidad para desacreditar.

En 1890, semanas antes de lo que sería el primer 1° de Mayo, cuando el reclamo central era por las 8 horas de trabajo, en Rosario, se reunían anarquistas y socialistas en el bar La Bastilla. La policía que vigilaba a quienes asistían a las tertulias, en uno de sus informes al gobernador, advirtió y trato de ridiculizarlos con estas palabras, “que se habían incrementado las reuniones de los gringos extravagantes que usan corbata negra y moño volador”. El día previo al gran acto fue detenida la militante anarquista y feminista Virginia Bolten, por distribuir el manifiesto del Comité Internacional de Buenos Aires, y el sumario policial destacó “que fue demorada una peligrosa agitadora por distribuir propaganda anarquista ante los trabajadores de la Refinería Argentina, atentando contra el orden social existente”.

Manifestación obrera por las ocho horas

La clase obrera continuó con sus reclamos y su organización. Protagonizó huelgas, paros generales, manifestaciones, y fueron surgiendo sindicatos de distintos oficios. Las clases dominantes respondieron con represión, muertes, estado de sitio, y declaraciones de acusaciones y amenazas hacia los que luchaban. Fue en esas circunstancias cuando el Congreso aprobó la primera ley especial para reprimir al movimiento obrero: la Ley de Residencia (ley 4144), que autorizaba a expulsar del país a cualquier “extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”. Ya en 1899 el senador Miguel Cané, famoso autor de “Juvenilla”, había proyectado una ley de represión y expulsión de los extranjeros “rebeldes”, pero fueron los sucesos de 1902 los que impulsaron al General Roca a presentar a ambas cámaras, el proyecto que en pocas horas obtuvo la sanción favorable, el 22 de noviembre de ese año. El senador Pérez informante del oficialismo, sostuvo que “la finalidad de la ley era de evitar que ciertos elementos extraños vengan a perturbar el orden público, a comprometer la seguridad nacional, y salvar a la sociedad de esos estallidos anárquicos que comprometen tan graves intereses en un país debidamente constituido”. Fueron cientos los inmigrantes deportados producto de que su “conducta comprometía la seguridad nacional o perturbaba el orden político”. Fue necesario que pasaran más de cincuenta años para que sea derogada, lo que ocurrió en el año 1958.

Joaquín Penina

Pasaron muchos años donde los trabajadores siguieron luchando. Consiguieron las 8 horas, las primeras leyes laborales, pero también la represión asesinó a asalariados, y encarceló a muchos. Tras el golpe de 1930, se declaró el estado de sitio y la ley marcial. En Rosario se procedió a clausurar los sindicatos obreros. En forma arbitraria fue detenido el obrero Joaquín Penina, quien sin proceso previo fue fusilado. El policial informó que “en las últimas horas de anoche 3 hombres de ideas avanzadas -comunistas o anarquistas- a quien se sorprendió pegando carteles o llevándolos en su bolsillos, en los que se incitaban a combatir al actual gobierno de la Nación, por medio de ataques al Ejército, fueron fusilados en la costa del Paraná, en las inmediaciones del Saladillo, haciéndose cargo de la inhumación de los cadáveres la misma autoridad. La jefatura ha dispuesto que en estos casos no se darán a conocer los nombres de los ejecutados”.

Luego en 1932, en la 33ª sesión ordinaria del Senado realizada el 1° de septiembre de 1932, Sánchez Sorondo había presentado dos proyectos de ley. Uno sobre “Asociaciones gremiales y patronales”, para regular las relaciones entre obreros y patrones, que, entre otras disposiciones, obligaba a todos los obreros a tener un carnet con sus antecedentes personales y laborales, fijaba las condiciones para que pudiera existir un sindicato y para la declaración de una huelga, y creaba “jurados paritarios”. El segundo sobre “Represión de actividades comunistas”, que fundó en “la defensa en la paz, del conglomerado social, el conjunto de leyes y de procedimientos administrativos que todo país bien organizado debe adoptar para cuidar de su tranquilidad (...) dentro de una civilización de la que participa y a la que colabora” frente al “(...) comunismo, el anarquismo, el sindicalismo, fuerzas que aspiran por distintos procedimientos a arrasar con el orden social existente, por su organización internacional, por su poder doctrinario y financiero, por sus métodos que lo mismo emplean el libro, el folleto, el discurso, la tribuna, la bomba, el revólver o el puñal, y sobre todo por la aparición en el escenario mundial de un estado poderoso, que ha oficializado, centralizado y financiado la propaganda subversiva y que hoy tiene en jaque económicamente a la civilización occidental, constituyen un peligro formidable contra el cual tenemos urgentemente que defendernos”. La fundamentación fue acompañada de un “cuadro de las organizaciones obreras de la República Argentina”, donde “están las de tendencia netamente revolucionaria y las otras que no lo son todavía, pero que se encuentran en la zona de contagio”; la lista abarcaba a anarquistas, sindicalistas, comunistas y socialistas, incluyendo a la C.G.T. Girados ambos proyectos a las respectivas comisiones, el Poder Ejecutivo los incluyó, bajo el título de Ley de Defensa Social, en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Y Sánchez Sorondo reiteró la urgencia de su tratamiento: “Porque (...) cruzamos una hora peligrosa que ve conmovidas las garantías fundamentales de la vida de relación. En el orden político, por la amenaza constante de perturbar la paz, que proclama como único medio de resolver sus dificultades internas, un partido que se dice responsable, y que lo es en realidad, pero responsable de la situación angustiosa en que se debate la Nación (“La huelga general política de 1932: descripción de los inicios de un ciclo en la historia de la clase obrera argentina”, de Nicolás Iñigo Carrera).

El tiempo siguió corriendo. “La libertadora” luego de bombardear Plaza de Mayo, procedió a ilegalizar y perseguir a los trabajadores, proscribiendo dirigentes y atacando las comisiones internas. Fue sucedida por la presidencia de Frondizi. El 16 de marzo de 1960, el ministro de Interior Alfredo Vitólo, manifestaba que "los tribunales castrenses pueden declarar zona de guerra y la autoridad militar puede tomar determinaciones serias y graves cuando la situación lo requiera". En esa ocasión, agregó además que "los responsables de la agitación eran los peronistas y comunistas especialmente". En verdad, lo que sucedía era que los trabajadores se habían puesto en pie de lucha contra el plan económico diseñado por el superministro de Economía de ese entonces, el capitán ingeniero Álvaro Alsogaray.

Álvaro Alsogaray

El 1º de Mayo de 1960, ante el Congreso, Frondizi, analizó la situación del movimiento obrero y su relación con el gobierno nacional. Luego de señalar el principal lugar en la sociedad de la organización sindical y con el objetivo de la normalización de la vida sindical el Congreso había sancionado la Ley de Asociaciones Profesionales, destacó que “En lugar de canalizar sus esfuerzos a la normalización de los sindicatos, ciertos dirigentes obreros respondiendo a consignas políticas extra sindicales, cometiendo el error de lanzar a los trabajadores a huelgas y movimientos de diverso carácter. Algunos tuvieron franca fisonomía insurreccional con el evidente objetivo de perturbar el funcionamiento normal de las instituciones y crear el clima para un golpe de estado. Otros, se basan en reclamos económicos, sabiendo que el país no está en condiciones de satisfacerlos. Al quebrar la disciplina del trabajo se socavaron también gravemente las fuentes que provenían a la economía familiar. Tales conflictos gremiales significaron en 1959 una pérdida de 5000 millones de pesos en jornales y una merma en la actividad económica de 27 mil millones de pesos”. (21)

En los años 60, la Universidad había sobresalido por la excelencia académica y las investigaciones, pero fue acusada por la politización de los claustros de profesores y estudiantes, el excesivo presupuesto, y fue bautizada como “la cueva bolchevique”. El viernes 29 de julio de 1966, el gobierno del golpista y dictador Gral. Juan C. Onganía, a través del decreto ley 16912 anulaba el gobierno tripartito y subordinaba a las autoridades de las Universidades, al Ministerio de Educación. Luego vendría la “Noche de los bastones largos” con la represión para docentes y estudiantes en la Universidad de Buenos Aires. Renunciaron 1400 docentes, y el The New York Times, en un editorial titulado “Terror en la Argentina”, Onganía, era comparado con Hitler. El interventor, Luís Botet, declaro “Hay algo que es superior a la enseñanza, a la ciencia, a la investigación, a la renuncia de 100 profesores, ese algo es el principio de autoridad”.

La lucha de los estudiantes universitarios se extendió por todas las universidades del país. En las horas posteriores de aquel 7 de septiembre de 1966 cuando fue asesinado por la policía en Córdoba el estudiante-obrero Santiago Pampillón, el Secretario de Prensa del gobierno nacional declaraba "(...) "el gobierno dispone de instrumentos legales y de fuerza para proceder. Y comienza a hacerlo con toda decisión. De lo que no dispone más es de paciencia." Y finalizaba subrayando "la resolución del gobierno de obrar con la energía que requiere el deber de contener el desorden que se ha provocado. Lamenta las víctimas en la policía (que no las había) y las víctimas de los provocadores. Y lamenta las víctimas que vendrán, porque a partir de ahora no se admitirá ese desorden."

Héctor Quagliaro

Al año siguiente, 1968, surgió la CGT de los Argentinos. La delegación de Rosario eligió como secretario general, a Héctor Quagliaro, y se organizó un acto para el primero de mayo, que fue el más importante del movimiento obrero en ese año. Ese día, en Rosario, el clima en la ciudad era de tensión, que se puso de manifiesto en las primeras horas de la tarde, al apostarse una fuerte vigilancia policial en la zona céntrica y especialmente en la Plaza Pringles, lugar elegido para la concentración.

Ante la imposibilidad de concretar el acto, se decidió realizarlo en el interior del local de la central obrera. Fue así que en el patio se concentraron los presentes y se improvisó una tribuna que ocuparon varios oradores. La policía había rodeado el local de la CGT de los Argentinos. Luego de varias negociaciones entre los sindicalistas y la policía, se llegó a un acuerdo, por el cual los obreros y políticos comenzaron a abandonar el local, siendo conducidos a la seccional quinta para su identificación y posterior puesta en libertad.

Posteriormente, al ser sancionado el Jefe de Policía por el juez del trabajo, justificó en un comunicado tragicómico su accionar “que tras ser debidamente identificadas las personas que se hallaban en el interior de la central obrera local, se estableció que todas ellas no representaban al gremialismo en sí, sino que entre las mismas estaban numerosos elementos endilgados e integrantes de activas células y fracciones extremistas y políticas como ser, Lisandro Viale, ex diputado provincial de la ex Ucri, participa de la comisión de solidaridad de la Revolución Cubana, integrante del llamado frente por un plan mínimo y de una formula única (pantalla del PC) habiendo viajado a Cuba (…), Luís Pujals, ex dirigente del ex Partido de los Trabajadores, izquierda línea Pekín,….(…) Héctor Caballero activo dirigente del movimiento estudiantil, izquierdista, conocido agitador estudiantil, (…) Miguel Díaz, dirigente del ex Partido Comunista, fue candidato a concejal de aquella agrupación, (..) Mario Aguirre, político gremial, Eduardo Zanella, asesor letrado de la CGT, activo dirigente estudiantil del movimiento juvenil peronista (…) Héctor Quagliaro, político gremial, (sigue la lista), todos los cuales evidentemente persiguen fines totalmente opuestos a la fecha y con los fines de perturbar la tranquilidad, el orden y confundir a la ciudadanía como lo prueban los panfletos arrojados en la oportunidad”.

El 69 fue el año de los AZOS: Rosariazo-Cordobazo-Rosariazo. En los días previos y durante el Primer Rosariazo, fueron asesinados dos estudiantes Bello y Blanco. El Ministro del Interior, Borda, expresó el mensaje de siempre tras una manifestación y la posterior represión: "Resulta así muy claro que el clima de violencia ha sido provocado por elementos de extrema izquierda y por algunos políticos, que en estos días se han mostrado particularmente activos. No ha faltado tampoco algún dirigente gremial que, interesado más en satisfacer sus ambiciones personales que en el auténtico bien de los trabajadores, intenta aprovechar las circunstancias para inducirlos a servir a sus menguados propósitos."

Junta Militar genocida

Luego del golpe del 76, fue designado como Ministro de Trabajo, Llamil Reston, quien todos los 1° de Mayo daba encendidos discursos. En uno de ellos, defendió las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, la reglamentación del derecho de huelga, que se hallaba suspendido, la Ley de Asociaciones Profesionales y la intervención de la CGT. Finalmente dejó en claro cuál era la política para cualquier oposición en las fábricas a la dictadura al afirmar que “Con relación a la actividad de la subversión en el ámbito fabril se sabe que ella intenta desarrollar una intensa y activa campaña de terrorismo e intimidación a nivel del sector laboral. Los objetivos de esa campaña son: la destrucción de la Nación, la paralización del aparato productor, la instauración de una dictadura marxista y la negación del ser nacional. Para combatir y destruir a la subversión hay que conocer su modo de actuar: adoctrinamiento individual y de grupos para la conquista de base obreras, colocándose a la cabeza de falsas reivindicaciones, creación de conflictos artificiales para logra el enfrentamiento con dirigentes empresarios y el desprestigio de los auténticos dirigentes obreros, el sabotaje a la producción, la intimidación, secuestro y asesinato de obreros y empresarios que se opongan a sus fines. Ejecutores de ese accionar son agentes infiltrados y activistas perfectamente diferenciales de los verdaderos delegados que ejercen la representación gremial de sus mandantes. Frente a ese accionar, el gobierno y las FFAA han comprometido sus medios y su máximo esfuerzo para garantizar la libertad de trabajo, la seguridad familiar e individual de empresarios y trabajadores y el aniquilamiento de enemigo de todos “.

Hacia 1979, en el tradicional mensaje a los trabajadores, Reston, hizo referencia al paro de actividades que hacía pocos días se había realizado, afirmando que “el gobierno y el pueblo están dispuestos a consolidar los objetivos alcanzados por encima de intereses mezquinos, sectoriales o individuales, cuya acción perjudica al conjunto de la Nación”. Dejando un observación para los sindicalistas, que “debían asumir sus responsabilidades, cumpliendo con sus deberes y derechos”, finalizando con una nueva advertencia: “En esta dura prueba que la Nación debió afrontar, hemos ganado la paz y la seguridad. No debemos olvidar que nuestros enemigos aunque derrotados, están presentes y se manifiestan de diversa manera. Contra ellos debemos estar prevenidos y no dejar de mirar el rumbo(...);ya que el Proceso de Reorganización Nacional aún no concluido su misión y la gran labor de todos ha sido que impere un orden social y para lograrlo el gobierno tiene comprometida toda su voluntad y energía”.

Saúl Ubaldini

Ya en democracia, el movimiento obrero resistió las políticas económicas del presidente Alfonsín con una serie de paros. En vísperas de la huelga general, en 1985, el presidente aprovechó un viaje al sur del país para inaugurar dos plantas industriales, para lanzar un ataque verbal visceral y frontal contra la CGT: "Los problemas que agobian a Argentina no vamos a resolverlos con llorones que se ponen frente al pueblo para decirle que hay que cambiar la economía o que el Gobierno se vaya. Alcanzaremos la solución de nuestros problemas aunque algunos mantequitas estén llorando y quejosos". (alusión personal al secretario de la CGT, Saúl Ubaldini).

Con los años, Menem y sus ministros, harían escuela en las descalificaciones y acusaciones a aquellos que enfrentaban sus políticas de hambre y exclusión. La lista es larga, pero tomemos como ejemplo, las declaraciones luego de la huelga general del 14 de agosto de 1997, convocada por la CTA y el MTA.

Menem, como bastonero de un discurso extremadamente homogéneo de todos los hombres del Gobierno, y con un eje electoral claro, acusó a los opositores de la "autoría intelectual" de los hechos de violencia producidos durante el paro general, convocado por el sindicalismo opositor. En un encendido discurso hecho en la ciudad chaqueña de Las Breñas, sostuvo sobre los dirigentes, que "muchos de ellos son los responsables de los hechos de violencia; fueron los autores intelectuales de todo lo que pasó". Acusó a quienes apoyaron el paro de "dañar la paz, la democracia, al pueblo argentino, y le hacen daño a la imagen argentina en el mundo".

Carlos Saúl Menem e Isaac Rojas

A partir de esos incidentes, el Gobierno nacional caracterizó el paro como "el menos exitoso y el más violento de la historia". Menem sostuvo que los opositores políticos "hablan de paz y ayer apoyaron el paro del sector de los violentos; han apoyado la violencia que desataron a lo largo y a lo ancho del país, y esta no es la forma de hacer política".

"Esto es obra de la oposición, no del Gobierno", sentenció Menem como una consigna de campaña, antes de sostener que "no queremos más salvajes, ni dañinos ni encapuchados, porque no son más que cobardes que no quieren dar la cara".

Con el mismo tono de campaña del discurso presidencial, los ministros Corach y Caro Figueroa, el de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, y el secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, insistieron en atribuir a los convocantes del paro y a la oposición de la responsabilidad de los enfrentamientos producidos durante la huelga. Mientras que en el Senado, dos operadores importantes del gobierno, Eduardo Bauzá y Eduardo Menem, presentaron en conjunto un proyecto de declaración destinado a repudiar los incidentes, y a "exhortar" a los partidos políticos a "condenar estas manifestaciones".

El presidente Fernando de la Rúa y sus ministros llevaron al paroxismo las declaraciones ante cada paro y acciones de protesta. Basta este ejemplo. Luego del paro del 9 de junio de 2000, el presidente hizo una enfática defensa del rumbo económico del Gobierno y cargó contra los dirigentes sindicales. "Durante estos diez años las cúpulas sindicales fueron cómplices silenciosos del abandono y la desprotección de los trabajadores", dijo para desvirtuar el sentido del paro general, desconociendo la resistencia de muchas organizaciones sindicales a las políticas de Menem-Cavallo.

Domingo Cavallo y Fernando de la Rúa

El jefe del Estado, pese a que el Gobierno había dejado trascender que convocaría al "diálogo social" para concertar soluciones para la crisis entre todos los sectores, no vaciló en cargar contra los convocantes a la huelga. Reiteró que "hacerle un paro al país no ayuda al país; llamar a la rebelión fiscal perjudica a los que menos tienen". Y añadió que "no es bueno que se utilice el sufrimiento y la impaciencia de la gente para defender intereses sectoriales". Luego en un discurso para todo el país, anunciaba medidas de ajuste para los trabajadores: "Entonces, la decisión difícil. Tuve que reducir los salarios más altos de los empleados del Estado nacional. Esto no significa que se le haya rebajado el salario a todo el pueblo, como algunos quieren hacerlo parecer. Se pidió este esfuerzo, que es transitorio, sólo a los empleados del Estado, de un Estado quebrado y al que hemos arrastrado históricamente como un lastre que nos ha impedido ponernos de pie y al que estamos empezando a transformar en un Estado fuerte y sano, que nos posibilite políticas activas, económicas y sociales. (..)Estas medidas apuntan a cambiar esta historia de desilusión y fracaso económico. He tomado medidas drásticas de ahorro y duelen, lo sé. Me duele a mí tomarlas. ¿Pero alguien puede pensar que las hubiera tomado si no hubiese estado convencido de que traerían buenos resultados en el futuro, si no supiese que esto es lo que debemos hacer para que nuestro querido país comience a crecer de una buena vez? El futuro me dará la razón”. La respuesta la tuvo con el pueblo en las calles en diciembre de 2001.

Y en los últimos años, se ven fantasmas en cada esquina, y hacia ellos van los dardos. Cristina Fernández de Kirchner, desde hace varios meses, se ha dedicado a atacar a los trabajadores, a sus formas de protesta y reclamos. Mientras tanto, tolera los negociados de las mineras, banqueros, multinacionales del agro y popes de la UIA, entre otros.

Como siempre desde el atril y en su rol de hacer “docencia”, recomendó y sugirió “Les pido que cuando protestemos lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda circular y llegue a la escuela, al trabajo, para que pueda llegar”. Su exhortación estuvo dirigida a los grupos sindicales y sociales para que revisen los métodos de protesta. Pidió “no complicar la vida a la gente”, ni violar la ley ni utilizar métodos violentos.

Posteriormente, cargó duro contra los trabajadores de los subterráneos, cuando los criticó por sus "actitudes egoístas, insolidarias, impropias" por negarse a recargar las tarjetas SUBE. Los trabajadores sostuvieron que, dada la elevada ubicación del dispositivo de carga, les provoca tendinitis. "Vi a mi viejo trabajar en el colectivo, tenía que sacar boleto por boleto. Laburó toda su vida y nunca tuvo tendinitis de nada. ¡La pucha! Lo que pasa es que era más difícil hacerse el revolucionario porque no había gobiernos democráticos", afirmó para desacreditar los argumentos del reclamo laboral. Y en otro pasaje pidió: "Pensemos un minuto no sólo en nosotros mismos, en pensamientos de tipo corporativo. Estos de la tendinitis son a los que les reconocimos la libertad sindical. Les pido a todos los argentinos que tienen responsabilidades, que trabajan, que estudian, que están arriba de un arado, que pensemos un minuto no sólo en nosotros mismos, son actitudes egoístas, insolidarias, impropias".

Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Tomada

Dos meses después, el turno para las críticas fue para los gremios aeronáuticos y sus trabajadores. En un encendido discurso en el que “lloró tres veces, rió otras tantas y recordó a su marido”, Cristina K criticó duramente a dichos gremios, a los que acusó de "cínicos", les enrostró los aumentos de sueldo que habían tenido desde que el Estado se hizo cargo de Aerolíneas Argentinas y los exhortó a trabajar.

Las críticas no sólo fueron para los gremios en conflicto, como el de los mecánicos, y el de los pilotos, también hubo una referencia a Hugo Moyano, por haber bloqueado desde Camioneros a la empresa Gate Gourmet, encargada del catering a bordo, que se vio obligada a paralizar la actividad y amenazó con irse del país. Con ironía, Cristina se quejó de que los sindicatos esgrimían "colitis" para no trabajar, y advirtió que "estas cosas de boicot encubierto nos hacen perder millones de dólares. El último conflicto nos hizo perder 20 millones de dólares".

Siguió con su parlamento y fue entonces cuando elevó el tono de voz y la emprendió contra los constantes paros aeronáuticos: "La cuestión no es enfrentar a nadie, la cuestión es convencerlos de que trabajen. Estoy vieja para las declaraciones de amor. Lo que les pido es que trabajen".

Molesta, muy molesta, Cristina mostró todo su enojo por los conflictos gremiales. Lo que siguió fueron lágrimas, se le quebró la voz y dijo que "Me duele que te cuenten que en un vuelo de United o de American no habían podido subir el catering y el piloto dijo por altavoz a todo los pasajeros que la culpa de que no le dieran comida era del Estado argentino. Sentí mucha vergüenza". Y continuó: "Más que una falta de cooperación, hay un ejercicio de cinismo inadmisible". Hacia el final, largó su última advertencia: "El día que esto se acabe, a los primeros que se van a llevar puestos es a los trabajadores. Yo voy a seguir viviendo y comiendo pero se van a llevar puesto a los trabajadores".

Posteriormente, en medio del discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa, en diciembre de 2011, envió un duro mensaje a los sectores sindicales: “Alguien me dijo que parece ser que en la Constitución peronista de Sampay no estaba el derecho de huelga. ¿Podrá ser posible? Ah, no había conflictos con Perón. O sea que cuando estaba Perón no había derecho a huelga, digo por los que lo reivindican a Perón y nos critican a nosotros. El derecho de huelga, que es un derecho que asiste a todos los trabajadores por imperio de la Constitución reformada. Hay derecho de huelga, pero no de chantaje ni de extorsión".

Además, hizo referencia al conflicto docente y petrolero que se generó ese año en Santa Cruz, y se refirió al nivel de ingresos de esos sectores. "Curiosamente el sector docente cobra el salario más alto de la República Argentina. Y de la actividad privada, el de los petroleros es uno de los más importantes junto con el minero. Esa huelga que se prolongó por meses, en la que por primera vez sectores docentes tomaron yacimientos, le significó al país una pérdida por día de más de u$s 10 millones y, todo el conflicto, más de $ 800 millones de pesos", aseveró.

Lo que se pretende condicionar es el derecho de huelga. Luego vendrían las declaraciones para poner topes a las paritarias.

Todo continuó con el inicio de clases complicado por paros docentes en muchas provincias. Cristina K aprovechó la apertura de sesiones en el Congreso para criticar a los docentes con una dureza inédita. Después de lamentarse por no haber podido garantizar el inicio de clases en todo el país, disparó: “Con trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, con jornadas laborales de 4 horas y 3 meses de vacaciones, cómo es posible que sólo tengamos que hablar de salarios y no hablemos de los pibes que no tienen clases”. Además, aseguró que los niveles de ausentismo entre los docentes son “preocupantes”. Esta embestida llegó en medio de los conflictos que impidieron el inicio normal de las clases en siete provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Chaco, Misiones y Entre Ríos. Consideró suficiente el aumento del 20% ofrecido a nivel nacional. “Creo que han quedado atrapados en una lógica de otro país, la lógica de la Carpa Blanca”, sostuvo.

Estos meses varia cosas se han vuelto a repetir. Así vimos la movilización de la Gendarmería para enfrentar a los huelguistas, militarizar el conflicto entre los camioneros y los empresarios del transporte. Debemos sumar los pronunciamientos antiobreros de ministros, diputados y funcionarios del gobierno nacional y la judicialización de la protesta

Y las agresiones siguieron cuando, CFK, descalificó el paro del 20 N, e hizo mención a determinados hechos históricos de la clase obrera, con varios errores: origen de los piquetes, las huelgas, represión en Villa Constitución, etc.

Los ataques a los trabajadores continuaran, ya que la presidenta se ha decidido a ser complaciente y socia con el capital y sus intereses.

Ante esos planteos “Marchemos, gritemos, protestemos... Que cuando se escriba la historia de este tiempo que nos tocó vivir, se sepa que no estuvimos de acuerdo...” (Raúl González Tuñón).

Leónidas Noni Ceruti, historiador.

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