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Sobre la negociación salarial 2013
Por Sergio Arelovich - Thursday, Jan. 17, 2013 at 9:41 PM

Comienza el año 2013 y con él las primeras negociaciones entre trabajadores y empresarios en torno del tema salarial. Para el caso de los convenios nacionales, fuera de la órbita de las jurisdicciones públicas provinciales y municipales, la autoridad de aplicación será – en casi todos los casos – el Ministerio de Trabajo. Este homologará o vetará los acuerdos. Hay una estrategia gubernamental no pública de fijación de topes de aumentos emparentados con la tasa de corte de las obligaciones negociables que recientemente colocó YPF, es decir un 19% aproximadamente. Los gremios en general aspiran a tasas de incremento mayores, similares o mayores a la inflación presunta, la cual luce por encima de las mediciones de INDEC en materia de precios minoristas. Es previsible que las empresas tomen alineación con la estrategia gubernamental en defensa de sus tasas de ganancia. No hay destino cierto en el proceso ni en su desenlace pero sí es imaginable una multiplicación de las tensiones porque además de tratarse de un año electoral, el crecimiento de la economía ha perdido dinamismo, las finanzas públicas no exhiben mayoritariamente situaciones de superávit y el proceso inflacionario no se detiene. Este informe tiene por objeto compartir reflexiones sobre el estado de situación existentes en los diferentes escenarios de disputa salarial.

Sobre la negociación...
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El proceso inflacionario trae aparejada la necesidad de acordar periódicamente aumentos en el salario nominal de los trabajadores. Estos acuerdos suelen lograrse en las negociaciones paritarias que tienen lugar entre los trabajadores representados por sus sindicatos y los empresarios representados por las distintas cámaras empresariales. El Ministerio de Trabajo participa como árbitro de estas negociaciones, homologando o no los acuerdos alcanzados entre las partes.

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Para analizar la situación salarial en un contexto inflacionario tenemos que empezar por distinguir el salario nominal del salario real. El primero es el monto, medido en pesos, que gana un trabajador. El segundo es el poder adquisitivo que tiene ese trabajador, es decir, el total de bienes y servicios que va a recibir a cambio de su trabajo. Para poder mantener este poder adquisitivo es necesario que el salario nominal acompañe el ritmo de incremento de los precios. En este primer nivel de análisis, las paritarias tienen un efecto directo sobre el nivel de vida del trabajador y su familia.

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Desde el punto de vista del empresario individual el salario es un costo. Su perspectiva consiste en tomar el total de ingresos, restarle todos los egresos (costos), y así obtener la ganancia neta que finalmente quedará en sus manos. Pero desde el punto de vista del conjunto de la economía el salario no es un costo sino un ingreso. Un ingreso que, además, se vuelca prácticamente en su totalidad a la demanda de consumo.

Si el salario nominal se incrementa por encima de la inflación, mejorarán las condiciones de vida del trabajador y su familia, incrementando la demanda interna de bienes y servicios. Si el salario nominal crece por debajo de la inflación, ocurrirá lo contrario. En el primer caso tendremos un incentivo al crecimiento económico y la generación de empleo, mientras que en el segundo caso el crecimiento y la generación de empleo se verán restringidos. El resultado de las paritarias tiene un efecto directo sobre el nivel de actividad económica.

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El producto anual de una economía, el total de bienes y servicios producidos, tiene su contrapartida monetaria que son los ingresos: centralmente, los salarios de los trabajadores y las ganancias empresarias. La distribución del ingreso entre trabajadores y empresarios dará lugar a la distribución del producto (bienes y servicios) entre los distintos miembros de la sociedad. La inflación reduce la parte que se llevan los trabajadores mientras que los aumentos salariales incrementan esa parte. Es decir que las paritarias también tienen un efecto redistributivo entre el trabajo y el capital.

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Los empresarios privados no son los únicos empleadores de la economía, una parte importante de los trabajadores argentinos trabaja en alguna de las jurisdicciones estatales. El conjunto de las administraciones públicas provinciales, municipales y comunales han ingresado en un escenario de visibles restricciones presupuestarias y esto se manifestó principalmente en el diferimiento o cancelación de ciertas obras públicas y en un control más agudo de su gasto de funcionamiento.

Entre las 24 jurisdicciones provinciales, incluyendo la CABA, hay 1,8 millones de trabajadores, mayoritariamente en el área de docencia, seguridad y salud. A este número deberíamos incorporar los trabajadores de municipios y comunas. La frágil situación presupuestaria de las provincias, que aparece como un elemento exógeno a la discusión paritaria, se traduce en la existencia de un tope fáctico de incremento salarial.

Las paritarias tendrán también un efecto sobre la situación fiscal de las provincias y potenciarán varias discusiones simultáneas preexistentes tales como las propuestas de reformas pendientes en los gravámenes provinciales, municipales y comunales; el régimen de coparticipación federal de impuestos; las diferencias remunerativas entre las distintas jurisdicciones, etc.

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Otro elemento que aparece distorsionando el actual proceso paritario tiene que ver con la desactualización del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. El congelamiento del impuesto en el año 2012 implicó que el tributo comience a recaer cada vez más sobre salarios con menor poder adquisitivo. Por su parte, los salarios que pudieron recomponerse al ritmo de la inflación debieron pagar un mayor volumen de dinero en concepto de este impuesto. Esto terminó afectando el salario real del trabajador.

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Vinculado al problema anterior, la heterogeneidad salarial en la Argentina aparece como otro elemento que afecta el proceso paritario. En primer lugar, debemos considerar dos grandes grupos de trabajadores: los que tienen la posibilidad de discutir abiertamente en paritarias no sólo sus salarios sino también sus condiciones laborales, y los trabajadores no registrados, un 34,5% del total de los ocupados, que no tienen la posibilidad de negociar organizadamente con los empresarios. Según los datos de la EPH, los ocupados plenos registrados perciben en promedio un ingreso un 83% por encima del ingreso medio de los ocupados plenos no registrados.

La segunda diferenciación que puede hacerse es dentro del grupo de los registrados. Entre estos, hay ciertos sindicatos que tienen mejores posibilidades de negociación que otros. Sea porque los trabajadores tienen mayor capacidad de presión (caso de transporte), porque pertenecen a los sectores económicos más rentables (bancarios, petroleros, mineros), por una mayor y más efectiva actividad sindical, o por una combinación de estas razones. Según datos del Ministerio de Trabajo, tomando en cuenta sólo algunos convenios colectivos, el ranking de los salarios medios presentaba en diciembre de 2011 en el extremo superior a los trabajadores de Bancos Privados Nacionales (ADEBA), con un salario conformado promedio de 7.921 pesos, y en el extremo inferior a un conjunto de trabajadores de diversas ramas de actividad con salarios inferiores a los 4.000 pesos: Aluminio (UOM), Textiles, Construcción y el salario inferior de Maestranza que apenas pasó la barrera de los 3.000 pesos ($ 3.096).

Esto nos lleva a la discusión respecto de cómo podemos diferenciar salarios “altos” de salarios “bajos”, dada la gran disparidad reinante. Cuando se suele preguntar “cómo puede un camionero ganar más que un docente” o “por qué un bancario gana el doble que un obrero de la construcción” y luego se agrega “y encima hace paro” se pierden de vista las condiciones en las cuales se negocian sus salarios. Tal vez se debería volver a poner en el centro de la escena cuál es el salario que garantice un piso de condiciones de vida como una referencia para poder diferenciar entre niveles salariales.

Puede tomarse como ejemplo el caso de las negociaciones llevadas a cabo por la Federación Aceitera y Desmotadores de Algodón, que persigue un salario inicial acorde a un salario mínimo de acuerdo a una canasta de bienes y servicios de una familia tipo con cálculos basados en la Encuesta de Gastos de los Hogares. Esto le permitió lograr un salario básico inicial de $6.200 en enero de 2012.

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Por último, el Estado no sólo participa de las paritarias como árbitro para el caso del empleo privado, o como empleador para el caso de los trabajadores estatales, sino que también lo hace como una referencia central a la hora de proveer la información necesaria para la discusión salarial. Cuál es el índice de inflación a tener en cuenta a la hora de actualizar el poder de compra del salario? Cuánto cuesta acceder a una canasta de bienes y servicios que garantice un nivel de vida digno para el trabajador y su familia? Sólo el Estado, a través de sus instituciones, es capaz de responder estas preguntas. Si no lo hace de un modo transparente, la pérdida de credibilidad en estas instituciones aporta un nuevo elemento de distorsión a la negociación entre trabajadores y empleadores que deberán buscar otras referencias para la discusión salarial.

Rosario, 14 de enero de 2013

Economistas del Centro de Estudios y Asesoramiento Laboral (CEAL)


Foto: Indymedia Rosario

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