Conflicto en Chile: ¿los mapuches son culpables?
Por Infobae - Sunday, Jan. 20, 2013 at 11:59 PM

19-01-13 / La seguidilla de atentados en La Araucanía les fue atribuida, aunque niegan la autoría. Infobae indagó sobre su supuesta responsabilidad y los orígenes del enfrentamiento con el Estado

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La región de La Araucanía se convirtió en noticia en las últimas semanas por una serie de episodios violentos, incluido el asesinato de un matrimonio de empresarios agrícolas, que condujo a una crisis política en Chile y que dejó en evidencia el reclamo pendiente de la comunidad mapuche.

La madrugada del viernes 4 de enero, un grupo de personas prendieron fuego una casa en la que se encontraban Werner Luchsinger, de 75 años, y Vivian Mackay, de 69. Murieron calcinados. El asesinato coincidía con el aniversario del fallecimiento de Matías Catrileo, un joven mapuche de 23 años alcanzado por las balas de Carabineros durante una manifestación en 2008.

Si se cerraban los cabos sueltos, parecía que había sido una venganza, dado que los Luchsinger vivían en tierras que, ancestralmente, habían pertenecido al pueblo mapuche. El clan familiar había ocupado el terreno en 1883, con la expansión del Estado chileno sobre la frontera indígena.

En los días siguientes, hubo otros incendios en La Araucanía contra propiedades de “hombres blancos”. Se continuó señalando a los mapuches como responsables. Sin embargo, ningún grupo –ni siquiera los más extremistas como la Coordinadora Arauco Malleco- se atribuyeron la autoría de los ataques.

“Es muy extraño lo que está pasando en La Araucanía. Es algo raro porque la CAM, que es una de las organizaciones mapuches más radicalizadas, ha desmentido su participación en esto. Ninguna otra organización se ha atribuido los atentados y la brutalidad no corresponde a las estrategias de los líderes mapuches”, sostuvo el profesor de Historia de la Universidad de Southampton, Jorge Pinto.

¿Quiénes fueron, entonces, los victimarios? De acuerdo con la fiscalía de La Araucanía hay pruebas suficientes que demuestran que los culpables son los mapuches, acusados de tener incluso vínculos con las FARC. No se dieron detalles de la investigación y los intentos de Infobae América para hablar con el fiscal Francisco Ljubetic fueron vanos.

Desde el Gobierno, niegan que se esté responsabilizando a la comunidad indígena. “Este tipo de acciones no son del pueblo mapuche. Está relacionada con un grupo muy menor, muy pequeño, pero que desarrolla acciones extremistas”, había afirmado el ministro de Interior, Andrés Chadwick, días atrás.

“El Gobierno de Piñera nunca ha dicho que la comunidad mapuche sea la responsable, sino que hay un grupo de personas, que no sabemos quiénes son, que actúan con una lógica terrorista. Se está buscando a los culpables y se sigue investigando”, aseguró el diputado de la Unión Democrática Independiente (UDI), Gonzalo Arenas, a Infobae América.

En ese sentido, Arenas defiende la postura de Piñera al aplicar la Ley Antiterrorista para esclarecer los hechos, así como en urgir al Congreso en la aprobación de la Ley Antiencapuchados para que no haya manifestantes con la cara cubierta. “Va a servir para encontrar a los autores, porque es una herramienta concreta. Pero está claro que no es una política permanente”, indicó.

“Estas leyes no sirven para nada, solo ayudarán a agudizar más el conflicto. Con la Ley Antiencapuchados, lo que se quiere es criminalizar los movimientos sociales y estudiantiles”, acusó Claudio Barrientos, director de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales.

“El caso del matrimonio quemado vivo en Vilcún no ha sido investigado a fondo, ni se han dado a conocer todas las aristas del hecho. No se pueden tomar en serio investigaciones policiales que ocurren en un contexto de falta de garantías de los derechos básicos de las personas”, agregó.

Por su parte, el director del Programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21, Domingo Namuncurá, manifestó que la Ley Antiterrorista fue concebida para reprimir a los opositores al dictador Augusto Pinochet y que “es una ley que ha sido insistentemente cuestionada por la comunidad internacional y la nacional”.

Mientras se dirime quién tiene la culpa, las investigaciones van y vienen en sus hipótesis y recaen las acusaciones sobre el Gobierno de Piñera por aplicar selectivamente la Ley Antiterrorista, los mapuches se reagrupan y reorganizan sus reclamos históricos.

Esta semana, se realizó una cumbre, en la que más de medio millar de representantes indígenas designaron a sus propias autoridades en la región de La Araucanía. "La sociedad chilena tiene que pedirle perdón al pueblo mapuche como un punto de partida para establecer una relación justa, firme y duradera", expresó el vocero Aucán Huilcamán, revelando que hay una cuenta histórica pendiente.

¿Cómo comenzó el conflicto con los mapuches en Chile?

La situación actual en Chile es, valga la redundancia, histórica. Pero para comprender lo que sucede en la región de La Araucanía no es necesario remontarse a la época de la colonia, cuando los españoles se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los mapuches que habitaban en la zona en pleno siglo XVI.

El conflicto, en buena medida, se entiende a partir del proceso de formación, expansión y consolidación del Estado chileno. Hacia 1880, con la Pacificación de La Araucanía fueron ocupadas las tierras de la comunidad indígena.

Entre 1883 y 1929, tuvo lugar el proceso de Radicación Indígena, durante el cual los pueblos “fueron reducidos a pequeñas porciones de tierras ocupadas por clanes familiares, mientras que todo aquello que no fuera entendido como terrenos indígenas se consideró del Estado y fue entregado a colonos”, según explicó Claudio Barrientos.

En la década del 30, el Gobierno de Chile institucionalizó las nuevas propiedades de la región de La Araucanía mediante la Ley de Propiedad Austral, lo que generó enfrentamientos con los indígenas. De esta forma, se entiende que el reclamo de los mapuches por la recuperación de los terrenos que consideran ancestrales lleve más de cien años sin resolución.

Si bien hubo intentos de conciliación, todavía no fue posible poner un punto final al conflicto. Barrientos señala que, durante la presidencia del socialista Salvador Allende, se impulsó una reforma agraria que intentó restituir determinadas tierras indígenas. La dictadura de Augusto Pinochet, en 1974, dio marcha atrás con tales concesiones.

“Pinochet intentó solucionar el problema del acceso a la tierra de la población mapuche ofreciendo títulos de dominio sobre pequeñas porciones individuales de tierra, que no hicieron más que disolver el concepto de propiedad comunal y colectiva para pauperizar a las familias indígenas en minifundios”, añadió el historiador.

Al regreso de la democracia, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, de la Concertación de centro-izquierda, accedieron a un reparto de terrenos, pero en el contexto de la multinacionalización de la economía no fue posible garantizarles a los indígenas un libre acceso a los recursos naturales.

Ningún mandatario chileno, fuera de la tendencia política que fuera, logró darle una respuesta satisfactoria a la comunidad mapuche, que mantiene en pie sus pedidos. Estos son los antecedentes que conducen al estado actual del conflicto en el marco de la presidencia de Sebastián Piñera.

La relación de los mapuches con Piñera

Al decidir la manera de actuar tras los episodios violentos en La Araucanía, con la aplicación de la Ley Antiterrorista y la exigencia de la aprobación de la Ley Antiencapuchados, Sebastián Piñera fue fuertemente criticado por la oposición, acusado de no resolver el conflicto de fondo.

No obstante, la relación de Piñera no necesariamente ha sido mala con los mapuches. “El Gobierno ha hecho cosas muy importantes y ha mejorado los vínculos. Ha creado el Área de Desarrollo Indígena y tiene un compromiso”, defendió el diputado Gonzalo Arenas.

“Piñera, a diferencia de Lagos y Bachelet ha tratado de aplicar el convenio 169” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concede el académico Claudio Barrientos, aunque advierte que “ha fracasado en la implementación de los mecanismos de consulta que éste requiere para su ejecución”.

“Tampoco hay voluntad de escuchar todas las demandas y cuestionamientos de la totalidad de los grupos indígenas, ya sean no movilizados, como movilizados o en conflicto”, criticó Barrientos.

Aún así, el que el asesinato de los Luchsinger haya sido motivo de la aplicación de la Ley Antiterrorista, a diferencia del de Matías Catrileo, conduce a que Piñera sea acusado de “criminalizar” a los mapuches.

La situación en La Araucanía, donde vive la mayor comunidad indígena del país, se mantiene todavía en las portadas de los diarios chilenos, pero fundamentalmente en la agenda del Gobierno, que se propone dar con los culpables del atentado con el matrimonio agricultor antes de que comience la campaña presidencial para las elecciones de noviembre de 2013.

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