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"El modelo no es compatible con la vida indígena"
Por reenvío agencia walsh - Thursday, Jan. 31, 2013 at 10:02 AM

(AW) Un balance sobre el conflicto que atravesó a los pueblos originarios durante 2012 y lo que esperan para este año. La lucha eterna por la tierra y los obstáculos en el largo camino por justicia, tierra y respeto de los derechos adquiridos.

ENTREVISTA A JORGE NAHUEL, REFERENTE MAPUCHE
Por Fabián Chiaramello


Jorge Nahuel: Referente mapuche. Integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén y miembro del Consejo Plurinacional Indígena. Ex director de Pueblos Originarios en la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El modelo económico argentino está basado en la industria extractiva: la megaminería, los hidrocarburos y los agronegocios. Esta política choca con la vida de los pueblos originarios y se va profundizando cada día más.

Durante el 2012, la lucha de los indígenas argentinos se vio manchada de sangre, pero la eterna resistencia sigue siendo fuerte, se hace cada vez más visible y suma voces. "Tenemos un Estado que está promoviendo toda una política económica basada en la industria extractiva y sojera y eso impacta directamente en la vida de los pueblos indígenas. El conflicto fundamental es en torno a la tierra, a los recursos naturales", dejó en claro Jorge Nahuel, miembro de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) y del Consejo Plurinacional Indígena (CPI). La lucha es por la tierra, es por la vida para los pueblos ancestrales.

Un eje muy importante de la lucha de los pueblos originarios es la falta de aplicación de los derechos ya consagrados en la Constitución Nacional, en la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en otras leyes como la Nº 26.160 y su prórroga, y la Ley Nº 26.554, que frena los desalojos hasta 2013 e insta al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a realizar un relevamiento de tierras.

Desde su vigencia, los desalojos nunca pararon y los relevamientos se realizaron casi con nulidad. Varias organizaciones y movimientos ligados a los pueblos originarios y campesinos están trabajando para la aprobación de la "Ley Cristian Ferreyra", que frena los desalojos por cinco años. En Santa Fe, el Senado aprobó otra ley que frena los desalojos en la provincia. "El marco jurídico que los pueblos indígenas tenemos en Argentina es excepcional, lo envidian los pueblos originarios de los países que nos rodean", afirmó Nahuel.

¿El problema es que no se respetan los derechos ganados a través de la histórica lucha de los pueblos originarios?

El marco jurídico se convierte en letra muerta cuando prevalece el interés de los grupos multinacionales que tienen en la mira a todos los recursos naturales de la región. Es un error promover nuevas leyes, que se apliquen las que ya están vigentes. Un código minero tiene más poder hoy que un artículo constitucional que protege los derechos indígenas. ¿Por qué tiene más poder ese código, que es un simple instrumento, que un principio constitucional? Porque no hay voluntad política de aplicar los derechos indígenas, porque confrontan con toda esta parafernalia de la muerte que es la industria extractiva. Nosotros creemos que no hay políticas soberanas, no hay política nacional y popular porque se está destruyendo lo que realmente nos da garantía y sustentabilidad al pueblo argentino en general. Cuando termine todo este saqueo, va a dejar detrás de sí un cementerio en los territorios. Esto hace que sea un discurso muy vacío el que se promueve desde la política nacional.

¿La Ley Antiterrorista es parte de ese aparato que protege el saqueo de los recursos naturales?

Para nosotros la amenaza más rotunda, más que la propia ley, es la voluntad política del gobierno de sostener una matriz económica basada en la explotación de los recursos naturales y eso no se va a modificar. No hay ninguna intención de buscar y explorar formas alternativas de energías. Están yendo a lo más fácil, a lo que les asegura la caja. Es como condenar la industria sojera que es a todas luces una industria nociva y el Estado lo sabe, pero es la que le garantiza la caja para un año que va a ser electoral y ellos necesitan tener efectivo para desarrollar esa política de comprar voluntades y de manipular la pobreza. Va a ser difícil volver atrás una decisión política como la que han sostenido. La industria sojera se va a expandir.

Pero el Estado no es el único que hace caja...

Obviamente que le deja una importante caja al Estado, pero le deja una enorme fortuna a los grupos que están promoviendo esta industria sojera, a los pooles. Tenemos una absoluta desesperanza de que eso se vaya a modificar en el corto plazo, no obstante los pueblos indígenas tenemos la enorme obligación de no claudicar en nuestra demanda ni en nuestros principios porque está en juego la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra cultura.

Si no hay esperanza a corto plazo, ¿para qué se preparan?

Va a ser un año de muchas luchas y vamos a estar preparados para lo peor a partir de las muestras que ha dado el gobierno de que a toda demanda de derechos responde con represión y criminalización. A nosotros no nos están judicializando la protesta ni la demanda, a nosotros nos criminalizan por ejercer nuestros derechos. Tenemos un marco jurídico que nos da absoluta legalidad para poder impedir que sigan destruyendo todo a nuestro alrededor y, sin embargo, por defender nuestro hábitat, nuestra forma de vida, nos condenan, nos procesan, nos encarcelan y nos matan en la ruta a plena luz del día. Como ha ocurrido con esta decena de muertos que tenemos registrados en los últimos tres años, producto de la profundización de este modelo. Son muertos sin nombre ni apellido que están buscando justicia, por los que no hay ningún responsable condenado.

¿Quiénes son los responsables de esos atropellos?

Los Estados provinciales. Son los que hoy ostentan la propiedad de los recursos naturales y son los que en defensa de este modelo, de los grupos económicos aliados, reprimen a los pueblos indígenas para que no haya resistencia. Y ahí hay una complicidad absoluta y una responsabilidad de parte del gobierno nacional porque son sus aliados políticos principales. Todas las provincias que sostienen su economía en base a la destrucción de la naturaleza y que están totalmente amparados y apadrinados por el gobierno.

¿Cómo es el acceso a la Justicia para los pueblos originarios?

Cuando nosotros hablamos del Estado nacional no estamos hablando sólo del Ejecutivo. Hablamos del Poder Legislativo, que cada legislación que surge es para favorecer a estos grupos económicos, que es el que avala interviniendo o no para seguir consolidando ese poder económico contra la vida de los pueblos indígenas. Es una acción de toda una institucionalidad que representa el Estado, que es el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, que no tienen la menor intención de modificar esta relación de abuso de poder y de impunidad.

La reforma del Código Civil es un claro ejemplo de eso...

La reforma está hecha para seguir favoreciendo a los grupos de poder. Los sectores que siempre hemos estado excluidos de la vida institucional no vamos a tener ninguna incorporación de los derechos de fondo. Por eso estamos resistiéndonos a que se reforme ese código y así lo están haciendo numerosos grupos que están afectados por esta decisión política. Es una profundización del modelo con instrumentos jurídicos acordes para que el que reaccione tenga que pagar su precio. Es una locura en el marco de un gobierno que se jacta de tener como bandera los derechos humanos, la justicia social o la igualdad. Es una verdadera burla.

¿Qué función cumple el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas?

El INAI no cumple ninguna función porque no tiene ninguna entidad. Es una institución absolutamente devaluada que está en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, donde se visualiza a los pueblos indígenas desde un enfoque de pobreza, cuando nosotros lo que queremos es un enfoque de derechos, no de que se nos vea como pobres que necesitamos asistencialismo, que necesitamos planes de emergencia. En ese marco es una institución inoperante, inadecuada, que va en contra de lo que es el marco normativo que se ha aprobado en las últimas décadas. Fue una ley que tuvo su utilidad cuando fue aprobada en el ‘89, pero hoy es una institución absolutamente devaluada. La política indígena debería tener rango ministerial y no depender de la política de desarrollo social del Estado. Los pueblos indígenas tenemos que estar dentro de una institucionalidad enmarcada en los derechos humanos, no es un tema de pobreza.

Además, como ya lo han denunciado, divide las aguas.

El INAI hace un trabajo de unidad básica, utiliza punteros comprados. Hasta ha comprado voluntades indígenas y los envía a atomizar el movimiento indígena, a fragmentarlo, a quebrarlo, utilizando y manipulando la pobreza. Actúa desde la pobreza, hace un trabajo muy miserable que es propio de una política que no pretende que el derecho avance.

Todos somos Félix Díaz

La lucha de la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh de Formosa, conocida como La Primavera, se hizo visible a partir de la sangre derramada durante un corte de ruta que la comunidad realizaba para reclamar lo que le pertenece: su tierra. En 2012 el pueblo Qom volvió a sufrir otros atropellos y sumó más muerte. Su líder elegido, Félix Díaz, recibió numerosos reconocimientos por su lucha, entre ellos un Honoris Causa y varios reconocimientos nacionales e internacionales. Además, finalizó el 2012 en un seminario, llevando la voz de su pueblo a México, en las tierras de los rebeldes zapatistas, Chiapas.

¿El reconocimiento a Félix es en vano al no verse plasmada aún su lucha en logros para la comunidad?

La figura de Félix ya trasciende al pueblo Qom, es una figura que simboliza el abuso de poder y la impunidad de parte de los Estados. El hecho de que haya un reconocimiento de su lucha, de su figura, es también un reconocimiento a los pueblos indígenas que estamos padeciendo esa situación. Por eso no deja de ser una buena noticia cada premio, cada distinción. Estamos todos muy felices y sabemos que es una contribución muy fuerte la que está haciendo a la causa indígena en general.

El rol de los medios de comunicación a lo largo de la historia en relación con los pueblos originarios ha sido siempre de complicidad con el olvido, la discriminación y la invisibilización.

¿Qué papel juegan en este momento los grandes medios en la lucha indígena?

El conflicto está invisibilizado. Los medios que están en manos del gobierno buscan ocultar y lo que muestran es una realidad de una dirigencia indígena obsecuente, resignada y vencida, que aplaude la política de subsidios, de asistencialismo. Y a los pueblos que están resistiendo se los mantiene ocultos. Por otro lado, los medios que están en manos del poder hegemónico y tradicional muestran a los pueblos indígenas pero como una instrumentalización, como un uso ante una lucha que tienen contra el gobierno nacional. No hay un interés genuino porque esos grupos a la larga se encuentran ligados a los enemigos históricos de los pueblos indígenas. Un ejemplo es el caso Monsanto, que tiene entre sus accionistas al Grupo Clarín y, por eso, el impacto fatal que está generando Monsanto y toda su política ligada a la soja es un tema tabú, que no aparece en los medios. Entonces, ni por izquierda ni por derecha estamos siendo respetados y considerados en lo que pretendemos para nuestro futuro inmediato.

¿Qué efecto tiene el Plan Estratégico Agroalimentario presentado por la presidenta en 2011 en la vida indígena?

Es un plan al servicio de las empresas ligadas al agronegocio y la exportación de granos. Estamos dando de comer a los chanchos de oriente cuando acá existen todavía saqueos de supermercados porque hay pobreza y una carencia absoluta. Los pueblos originarios tienen índices de enfermedades y de pestes que eran y son desconocidas y, sin embargo, están instaladas en la región indígena. Muchos de ellos están ligados al hambre y a la pobreza. Nada de eso lo viene a resolver un plan como el que anunció con bombo y platillo la presidenta y que tenía entre su público aplaudidor a todos los empresarios ligados al agronegocio.

La llegada del fracking de la mano de YPF y Chevron

Para el referente mapuche, Nahuel, el 2012 terminó con un anuncio que tiene una carga de muerte y destrucción: la llegada del fracking, la tecnología que se aplica para extraer shale gas que es cuestionada y rechazada en todo el mundo y que va a explorar y explotar aún más el territorio nacional.

¿Es otro conflicto más que se suma a la resistencia?

Cuando ya era imposible la convivencia con la explotación del petróleo y gas convencional, llega esto que es "no convencional", que tiene otro tipo de técnica, de tecnología y que impacta de manera aún más profunda porque va a afectar el recurso agua. Así que el año termina con una situación realmente fatal para los pueblos indígenas y no hay perspectiva, no hay señales de que eso vaya a cambiar. Por el contrario, van a tratar de profundizar esa política que han creado en relación a las multinacionales y va a vaciar de contenido toda esa política que el Estado promueve de soberanía energética, de una política o un modelo nacional y popular. Se convierte todo en un slogan o contenido vacío, porque en el fondo sigue prevaleciendo el interés de las multinacionales por la región.

Y el tratado es nada menos que con Chevron...

Así es. Uno de los principales accionistas de esta empresa norteamericana es David Rockefeller, un símbolo de la patria financiera. Es una muestra del rumbo o la prioridad del modelo económico.

¿Cuáles son las perspectivas para el 2013?

Va a ser un año intenso para los pueblos indígenas porque no hay ninguna perspectiva de que este modelo vaya a tener algún viraje. Al contrario, se va a profundizar. Es un año electoral y la mirada del gobierno está muy ligada a los tiempos electorales y para eso necesitan plata fresca. Eso lo va a proveer con los recursos naturales, ya sea a través de la industria extractiva o de la industria sojera. Por tal razón, se están firmando convenios con las multinacionales para profundizar la explotación.

Según el referente mapuche, Jorge Nahuel, para enfrentar esta dura realidad, la lucha debe enfocarse en visibilizar el conflicto, poner en discusión estos temas y despertar a la población, sumar voces. Además, dijo que debe articularse con otras luchas, junto a los trabajadores, a diferentes movimientos, a todo el pueblo.

"El modelo no es compatible con la vida de los pueblos originarios, por el contrario, ese modelo de depredación y destrucción confronta directamente con lo que los indígenas vienen promoviendo: una vida basada en el respeto y la armonía con el entorno natural que siempre nos rodeó y que queremos preservar", finalizó Nahuel.

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