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Eduardo Soares: 'en un gobierno sin justicia social es muy difícil que se puedan aplicar.'
Por Fuente: La Retaguardia -
Friday, Feb. 01, 2013 at 2:10 PM
(Por La Retaguardia, 27 de nero de 2013) El presidente de la Gremial de Abogados asegura que el Ejecutivo nacional reivindica solo las banderas que le son redituables. En este sentido, considera que el kirchnerismo ha mezclado y unificado los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, y que a su vez es el único gobierno desde la vuelta de la democracia que recibió una condena de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de una persona en Chubut.
“Se
viene peleando por estos derechos desde hace muchos años, en todo caso
este gobierno tomó algunas de sus banderas. Se puede reconocer que han
hecho una lectura correcta de la crisis a partir de 2001, sobre todo
Néstor Kirchner supo leer qué era lo que estaba pasando y qué respuesta
rápida se le podía dar. Una de estas respuestas tuvo que ver con el
tema Derechos Humanos. Se levantaron determinadas banderas, y al mismo
tiempo se taparon otras. Las que más se levantaron fueron las más
redituables, aquellas que tenían que ver casi exclusivamente con la
dictadura, que implicaba golpear a sus personeros que era gente que ya
estaba desprestigiada de todas formas, pegarle a Videla, Massera y
cualquiera de los personeros de la dictadura a partir de 2003 es
relativamente fácil. Los que además enfrentamos a Videla, Massera y
demás por todos los medios posibles, con todos los métodos habidos y
por haber nos fue un poco más difícil, y los que además peleamos y
reivindicamos por el tema de derechos humanos desde antes de 2003
fuimos muchos más que los propios dos presidentes y gran parte de su
gabinete, podríamos decir incluso que algunos integrantes del gabinete
de Néstor y Cristina no solo no reivindicaron los derechos humanos sino
que en algunos casos podrían estar ubicados en las antípodas, sobre
todo los que provienen del peronismo tradicional, los que estuvieron
con Duhalde, con Menem, montones de nombres que conocemos, como (los
senadores) Aníbal Fernández y Miguel Ángel Pichetto”, reflexiona
Soares y agrega: “la otra cuestión
tiene que ver con las características específicas de los derechos
humanos, porque si hablamos de delitos de lesa humanidad el camino se
nos acota porque solo cometen esos delitos aquellos que se valen o son
miembros del aparato del Estado para producir acciones contra la
sociedad civil. Otra cosa distinta son los derechos humanos porque son
más abarcativos, y ahí es donde aparecen en algunos casos derechos
protegidos constitucionalmente, derecho a la salud, la vivienda digna,
la alimentación, etc., de eso poco y nada se ha hecho durante todo este
tiempo, sino basta con leer las propias estadísticas de ellos”.
El titular de la Gremial de Abogados
explica que actualmente el diez por ciento más rico es hasta treinta y
tres veces más rico que el diez por ciento más pobre del país, lo que
demuestra que hay un altísimo porcentaje de argentinos con sus derechos
afectados. A su vez, en los últimos años se ha registrado la mayor
cantidad de asesinados en manos de las distintas policías y de muertos
como producto de acciones relacionadas con reclamos políticos y
sociales, a los que además se deben sumar casos de desaparecidos en
todo el territorio nacional.
“Varios de estos
hechos han merecido sanciones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) – informa Soares –. La gremial ha representado distintos
casos de desaparecidos, pero el más emblemático es el de Iván Torres en
Chubut, desaparecido en la comisaría primera en 2003, un caso gemelo al
de Luciano Arruga. Fue representado por la secretaria general de
nuestra asociación, Verónica Heredia. Por este caso, los estados
nacional y de Chubut tienen una condena de parte de la CIDH por
desaparición forzada de persona. Esto no lo tuvo ningún gobierno desde
el advenimiento de la democracia”.
Para Soares en los últimos dos años
se ha dado un franco retroceso en relación a los derechos humanos,
tanto desde lo que él denomina “punto de vista objetivo”, es decir
derechos protegidos constitucionalmente, como desde el “punto de vista
subjetivo”, en referencia a la cantidad de personas asesinadas, presas
y perseguidas: “en un gobierno sin
justicia social es muy difícil que se puedan aplicar derechos humanos,
porque siempre va a haber un qom que reclame y un señor feudal, llámese
Capitanich, Gioja o alguno de esos, que lo agarre a tiros, y un
gobierno que lo encubra y no actúe. Aparecen tres qom muertos, se
inicia una investigación y los que sobreviven a esa matanza son
enjuiciados y los autores del hecho no. En este mismo momento, hay seis
presos en Bariloche, que vivían en un (alto) nivel de miserabilidad,
hay mujeres de siete y ocho hijos, que las arrancaron de sus casas
delante de sus hijos, dejándolos tirados. Tenemos una compañera
interiorizándose en la causa, que de hecho también fue presa en algún
momento. Todo esto a caballo de una interna entre ellos, un intendente,
la presidenta y un senador. Estamos en el marco de un sistema donde hay
explotación del hombre por el hombre, yo no conozco un sistema más
perverso en la historia de la humanidad que el capitalismo, y no hay
variante que sea beneficiosa para el ser humano, porque siempre va a
haber un nivel alto de explotación y eso ya genera violación de
derechos humanos”, reflexionó Soares en su visita al estudio
Víctor Basterra de la La Retaguardia para participar en Sueños Posibles.
A modo de cierre, el abogado se
refirió a dos leyes emblemáticas del gobierno que afectan los derechos
humanos: la ley antiterrorista y la ley de ART: “la ley de ART es una ley antiobrera,
propatronal. La propia presidenta les dijo a los trabajadores en un
discurso por cadena nacional ´miren que a partir de ahora, el que
acepta una indemnización no puede ir a la justicia´. En cuanto a la ley
antiterrorista, tendríamos que dividir el texto específico de la norma,
cuando hablás con gente muy sincera de ellos (del gobierno), te dicen
que no tenían alternativa, que les rompía las pelotas el CIADI (Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que
el país quedaba aislado, pero te dicen que esta ley no se va a aplicar
nunca. De hecho es cierto que aún no ocurrió, aunque hubo un caso en
Catamarca donde un fiscal sí pidió la aplicación, por lo tanto ya hay
un antecedente. Esto es exactamente igual que con la ley de defensa de
la democracia, cuando el radicalismo la promovió, que agrava ciertos
delitos y la aplicó una sola vez contra los militantes del MTP
(Movimiento Todos por la Patria) en el caso de La Tablada, pero no
contra Rico o Seineldín. Acá pasa lo mismo, un delito de coacción,
pararse frente a un supermercado y pedir comida implica una pena que te
encuadra dentro de los límites de la no excarcelación. Reclamar algo
frente a un poder público es un delito gravísimo con la nueva ley
antiterrorista, sea cualquier instancia de poder. Entonces la
promulgación de la ley antiterrorista es un retroceso desde el punto de
vista de los derechos humanos y de las garantías constitucionales”.
http://www.laretaguardia.com.ar/