Quiénes son y qué
hicieron Ramón Angel Frías y Daniel Alejo Paredes, los máximos
funcionarios de Seguridad de la provincia. Aprietes, amenazas,
desapariciones, homicidios y la defensa a ultranza del Código de
Faltas, que permite la persecución ideológica.
Jueves,
07 de febrero de 2013 - Por Tomás Eliaschev - Revista Veintitres
El reciente nombramiento de Ramón Ángel
Frías al frente de la policía cordobesa trajo a la primera plana de los
medios nacionales el debate sobre cuánto se adecuaron a los
tiempos democráticos las fuerzas de seguridad y en qué medida siguen
manejándose con la lógica del terrorismo de Estado. La decisión de
poner a Frías en el cargo fue tomada a fines del año pasado por el
ministro de Seguridad provincial, Daniel Alejo Paredes, el ex jefe
policial elegido por José Manuel de la Sota para hacerse cargo de un
eje que es parte esencial de su proyecto presidencial. De esta manera,
el gobernador de la provincia mediterránea busca perfilarse como un
hombre de mano dura, planteando como principal política empoderar cada
vez más a la policía, que todavía no puede despegarse de sus lazos con
la dictadura, que se constatan día a día, ante la catarata de denuncias
de amenazas, apremios, torturas y hasta desapariciones. Las víctimas,
preferentemente jóvenes.
Detrás de la dupla Paredes-Frías hay
una fuerza con comisarías denunciadas por extorsiones y también por
“fabricar” cifras, es decir, producir detenciones arbitrarias con tal
de llenar un mínimo por turno. Todo sea para satisfacer las ansias de
más seguridad, una seguridad que en Córdoba –y en todo el país– se
muerde la cola: a más policías con más poderes, pareciera haber mayor
inseguridad. La policía de Córdoba tiene más de 20 mil efectivos. Si se
toma la cantidad de policías per cápita, la fuerza cordobesa es una de
las más numerosas del país. Según informó el gobierno provincial, hay
un efectivo cada 168 personas; en las provincias de Santa Fe, Mendoza y
Buenos Aires esa relación es de 188, 205 y 273 habitantes por cada
agente, respectivamente.
No bien fue nombrado, Frías quedó en
el centro de la polémica. Pesaba en su contra una denuncia, de 2009,
por amenazar al por entonces comisario Julio Giménez, querellante y
testigo en una causa de derechos humanos. Giménez sostiene que Frías le
dijo “vas a tener el mismo fin que tu papá”. Se refería a Alberto César
Giménez, que era secretario general del gremio de Pasteleros y fue
asesinado en febrero de 1976, según todo indica por el Comando
Libertadores de América, organización parapolicial. Giménez, que en ese
entonces tenía 11 años, entró a la policía para esclarecer el crimen.
Pero desde hace tres años recibe amenazas y todo tipo de inconvenientes
administrativos. El último apriete que sufrió, según denunció, se
produjo apenas unas horas después de que Frías quedara a cargo de toda
la policía cordobesa en reemplazo de Sergio Comugnaro. Fue el 28 de
diciembre último. Unas horas después, unas motos policiales siguieron a
Giménez hasta su casa, donde vive con su mujer y su hijo de 9 años.
Apenas pudo hacerlo, el ex comisario amenazado efectuó la denuncia en
la Justicia.
Ante el poco eco que dice haber
encontrado con las autoridades locales, el ex policía viajó el pasado
miércoles 6 de febrero a Buenos Aires junto a su abogado, Hugo Vaca
Narvaja, para entrevistarse con el ministro de Justicia, Julio Alak, y
el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda. “Frías está
investigado en la Justicia federal y lo ascienden a jefe de policía. En
Córdoba, la policía trabaja con los mismos métodos de la época de plomo
de la represión. Sólo que son más diplomáticos. Siento pena, si a mí me
hacen esto de apretarme, sabiendo que soy policía, ¿qué le queda al
ciudadano común?”, se preguntó Giménez en diálogo con esta revista,
instantes antes de entrar a hablar con los funcionarios nacionales. El
tema cobró relevancia luego de la publicación de una nota de Guillermo
Posadas, en la edición cordobesa de Veintitrés, que a su vez levantó el
diario Tiempo Argentino, en la que Giménez responsabilizó al gobernador
provincial por su seguridad. “¿Cómo puede ser que De la Sota desconozca
el tema? Comprendo que tiene una apretada agenda laboral y asuntos más
importantes que el mío, pero nadie me llamó de su parte para
interesarse. Lo hago responsable de cualquier cosas que me pase a mí o
a mi familia”, advierte Giménez, que conoce muy bien a quienes están al
frente de la seguridad en Córdoba. “A Paredes lo conozco bien. Fuimos
compañeros de promoción, hermanos de camada. En 2007, cuando asume, nos
cita a todos los integrantes de la promoción, uno por uno, a ver qué
necesitábamos. Le dije que había denunciado el asesinato de mi padre en
la fiscalía, como crimen de lesa humanidad. Le dije que quería que se
entere por mi boca, yo no sabía de su vínculo con Yanicelli. Me abrazó
y me dio un beso, el beso de Judas. Me dijo: ‘No te hagas problema, en
lo que te pueda dar una mano te la voy a dar’”.
Carlos “Tucán” Yanicelli era policía,
actualmente se encuentra detenido por el rol que jugó en la dictadura
como integrante de la D2, la dirección de investigaciones de la policía
cordobesa, que funcionó como centro clandestino de detención.
El ministro Paredes nació el 3 de
marzo de 1963. Siendo oficial principal, fue parte de la brigada de
Yanicelli. Constituyeron un vínculo perdurable: el “Tucán” es padrino
del hijo más grande de Paredes, que prefiere mostrar en público su
costado cosmopolita. De la mano de la politóloga Alejandra Monteoliva,
consultora de la gobernación cordobesa, forma parte de la Asociación
Colombiana de Criminología. Según asegura en su currículum, hizo sus
especializaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la
Policía Nacional Francesa y la Policía de Israel, “promovido por la
industria militar israelí”, según dice el CV, donde asegura que hizo un
curso SWAT en Nueva Laredo, Texas, entre otros entrenamientos. Fue jefe
del Equipo Táctico Especial Recomendado (E.T.E.R.) de 2001 a 2007 y
jefe de la División Antisecuestro entre 2004 y 2006. Llegó a jefe de la
policía cordobesa en 2007 hasta 2011, cuando De la Sota lo nombró
ministro.
Para Hugo Vaca Narvaja, abogado de
derechos humanos, los vínculos entre la policía del presente con la del
pasado dictatorial son evidentes. Según recordó, durante el terrorismo
de Estado “todo militante que detenían, todo supuesto delincuente
subversivo, pasaba por el D2, donde lo tenían una semana o diez días
torturándolo”. Y agregó que “en el año ’94 Luis Urquiza, que era
policía, fue secuestrado y torturado y se tuvo que exiliar, denunció
que quienes lo habían torturado habían sido sus compañeros en la
policía. Se lo comunicó al hoy diputado nacional Oscar Aguad, que era
ministro de Gobierno, quien le ofreció seguridad. A Urquiza luego lo
amenazaron y se tuvo que ir a Dinamarca”.
Vaca Narvaja confirmó que Carlos
“Tucán” Yanicelli era integrante del D2 y fue instructor de la escuela
de policía. “Durante el gobierno de Mestre llegó a número 3 de la
policía provincial. En el juicio a Videla le dieron cadena perpetua, se
lo identifica como uno de los que llevaban y torturaban a la gente. Por
eso la trascendencia del tema cuando Frías amenaza a Giménez y le dice
‘dejate de joder con eso del D2’. Frías es hijo de un policía que actuó
en la misma época que actuaba Yanicelli. No sabemos si el padre de
Frías tuvo alguna conexión o no con el D2, lo estamos investigando”,
relató el abogado.
A través de su currículum se puede
saber que Frías es técnico superior en Seguridad y concluyó las
carreras de Abogacía en la Universidad de Córdoba y la Licenciatura en
Seguridad en Villa María. Nació el 1 de junio de 1961 y fue titular de
las seccionales 6ª y 7ª de 2001 a 2004, jefe del Comando de Acción
Preventiva 2005, jefe de la Departamental Punilla nombrado en 2007
hasta 2009, cuando fue ascendido a comisario general y designado
integrante del Estado Mayor Policial y director general de
Departamentales Sur. Luego se desempeñó como director general de
Seguridad Capital en 2012. En su trayectoria, Frías tuvo una serie de
causas penales que prescribieron, pero que aún generan dudas. Fue
acusado de extorsión, de lesiones culposas e incluso fue sospechoso de
dos homicidios. Sin embargo, las investigaciones no prosperaron y nadie
pudo demostrarle nada.
Hasta el momento, su mayor exposición
mediática había sido en oportunidad de dirigir la represión contra la
marcha de estatales, el año pasado, donde los manifestantes y
legisladores opositores denunciaron que la policía actuó de manera
desproporcionada. También es conocido por sus declaraciones en defensa
del Código de Faltas, una normativa muy criticada en la provincia por
los defensores de los derechos humanos que sostienen que criminaliza a
la juventud, ya que son quienes sufren en carne propia la aplicación de
esa normativa. Las últimas cifras, de 2010, indican que el total de
detenciones por el Código de Faltas informadas por los distintos
departamentos de la provincia ascienden a 54.223. Un 44% son jóvenes de
entre 18 y 25 años; 8% de entre 26 y 35; más de 45 años, el 17,4%; de
36 a 45 años, el 8,7%; y menores de 18 años, el 5,2%. De acuerdo con la
Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, en Córdoba, “cada
10 minutos se llevan a un pibe detenido por el Código de Faltas”.
Viviana Alegre, madre de Facundo
Rivera Alegre, que tenía 19 años y está desaparecido desde el 19 de
febrero de 2012, no tiene dudas: “A mi hijo lo desapareció la policía y
del gobierno provincial nunca me ayudaron en nada, hasta me quisieron
silenciar”, dijo la madre en conversación con esta revista. Su repudio
al nombramiento de Frías es rotundo: “Con él va a ser peor, es un
amante del Código de Faltas, que le da autoridad a la policía para
comportarse como juez, la jefatura policial hace que cada policía
detenga por lo menos a 10 personas”. La madre también denuncia que la
policía y el gobierno quieren aplicar el Código de Faltas en las
manifestaciones sociales. Sin embargo, no se deja amedrentar y anunció
que el primer aniversario de la desaparición de su hijo realizarán una
marcha y festival para denunciar el caso, que tiene muchas semejanzas
con el caso Luciano Arruga en la provincia de Buenos Aires.
A partir de lo que denuncia Alegre
sobre la exigencia de un mínimo de detenciones por día que se les hace
a los policías, se produjo uno de los casos de jefes sospechados por su
mal proceder. El comisario Pablo Márquez, que era jefe de División del
Comando de Acción Preventiva, es investigado por abuso de autoridad a
raíz de una denuncia efectuada por una policía que lo acusó de ordenar
detenciones arbitrarias para elevar las estadísticas policiales, más
allá de si los detenidos hubieran cometido o no contravenciones o
delitos. La denunciante fue amenazada de muerte. La investigación
judicial sigue, pero se sospecha que esto es una práctica extendida a
toda la fuerza.
En diálogo con esta revista, el
referente provincial del Movimiento Evita, Ricardo Vissani, que estuvo
en el D2 detenido, exigió “la inmediata renuncia de Frías”. Para el
dirigente, el Código de Faltas es “medieval”. El Movimiento Evita
denunció un brutal caso de abuso policial hacia militantes juveniles de
la organización. Sucedió el pasado 26 de enero, cuando unos jóvenes que
venían de “Jornadas Solidarias” por sus compañeros baleados en Bº Nuevo
Alberdi, Rosario (ver recuadro), uno de 19 años y dos menores, iban en
taxi al Barrio Comercial. Fueron interceptados por un control policial.
Al ver sus remeras, los arrojaron violentamente al piso, los apuntaron
con armas largas y revisaron todas sus pertenencias, al tiempo que los
amenazaban diciéndoles “ustedes son todos terroristas, los conocemos
bien, sabemos dónde viven, si queremos los hacemos desaparecer”.
Visanni llamó a que “se terminen los nexos que mantuvieron
lamentablemente los dos gobiernos radicales y los peronistas entre
comillas que gobernaron hasta ahora la provincia”.
En el Informe 2012 de la Coordinadora
Anti Represiva de Córdoba se puntualiza que “los gobernantes otorgan
más poder a las fuerzas de seguridad, cobra mayor evidencia la
connivencia entre los agentes policiales y sus cúpulas de mando, con el
crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas para la
explotación laboral y sexual y demás entornos y actividades delictivas.
La Policía de la Provincia de Córdoba promueve la actividad delictiva”.
Lucrecia Fernández, integrante de dicho organismo de derechos humanos y
del Frente Popular Darío Santillán, planteó que “hay una política de De
la Sota de poner cuatro policías por cuadra y llenar todo de cámaras”.
Respecto de cómo funciona el polémico Código de Faltas, Fernández
recordó que a Alegre “lo detenían constantemente, por portación de
cara” y ahora no investigan porque “no quieren que (la investigación)
vaya más allá y se destape todo lo que realmente pasó”.
Fernández, en sintonía con la madre
de Facundo Alegre, planteó que “hay un plan sistemático de aumentar la
represión, al Código de Faltas se le suma la Ley Antiterrorista,
persiguen a quienes se movilizan, como sucede con quienes protestan
contra Monsanto y sus fumigaciones. La violencia policial es contra los
jóvenes pobres y también contra los de las universidades, adonde la
policía ingresa violando la autonomía universitaria”. La militante dijo
que reciben “cada vez más denuncias de casos de abusos policiales.
Detienen mucho a artesanos, sobre todo si son extranjeros. Les pegan,
los dejan incomunicados. Hay mucha tortura. La policía siempre dice que
hubo ‘resistencia a la autoridad’. Si se escucha lo que dice De la Sota
es claro, habla todo el tiempo de ‘seguridad’, va a recrudecer la
represión”.
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