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Bosques nativos (I): el PEA y la profundización del modelo de deforestación
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Feb. 15, 2013 at 9:42 AM

(Primera Parte)Desde la falta de voluntad política, al modelo agropecuario intensivo que se manifiesta en el Plan Estratégico Agroalimentario, los desmontes en Argentina se acrecientan y alarman sobre la escasa preservación que se le da a los bosques nativos a costa de la profundización del monocultivo agroindustrial, sin remediar en la salud y padecimientos de las poblaciones afectadas.

(Luis Gauna - Red Eco)Argentina - A lo largo de los últimos días, el oficialismo se rasga las vestiduras ante el atentado que comete el gobierno de Mauricio Macri sobre los escasos espacios verdes que aún permanecen en pie ante las moles de hormigón y acero, para dar pie a las cuestionadas obras que acarrea el Metrobus. Aproximadamente 1400 árboles (217 serán removidos o “transplantados” a otros sectores) son los que se ven afectados por ésta obra del PRO; de ésta situación rebosa el repudio militante, periodístico y de activistas del “Modelo Nacional y Popular” contra el accionar del macrismo, acostumbrado a ir contra el espacio público porteño.
Pero así bien, la protesta se concentra en un margen poco habitual del kirchnerismo, el cual poco ha hecho en los últimos años para proteger los bosques nativos del territorio nacional , pese a la sanción de la Ley 26.331 y las herramientas que aportaba la misma para su protección. Tal y como hemos informado anteriormente * , la deforestación en el período comprendido desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos, los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de cada provincia, y el año 2011, exponen una pérdida de más de un millón de hectáreas de bosque nativo. Organizaciones no Gubernamentales como Guyra Paraguay, plantean más preocupaciones al informar que sólo en 2012, 153 mil hectáreas de Bosque Chaqueño fueron arrasadas sólo en el noroeste de la provincia de Córdoba, con un número de 23,3 hectáreas desmontadas por día.
“Lo más preocupante no es que el nivel de deforestación sea alto si no que se haya deforestado en las zonas que protege la ley. Lo más preocupante es que provincias como Salta o Santiago del Estero, por nombrar a las dos que serían más graves, se hayan autorizado desmontes en las zonas que ellos se habían comprometido en proteger” sostuvo Hernán Giardini, coordinador de Biodiversidad de la Organización Greenpeace, en diálogo con Red Eco . Es que, pese a lo que dicta la legislación pertinente, los desmontes se han realizado mayoritariamente en zonas de Categoría I “Roja”, de máxima protección por la cantidad de formaciones vegetales nativas y su función ecosistémica, y en zonas de categoría II “amarilla”, las cuales son susceptibles de un aprovechamiento sostenible y sustentable y son las que más se han desmontado. Todo bajo la autorización de los gobiernos provinciales (oficialistas), que bajo su legislación provincial, aprobó éstos desmontes violatorios para la normativa nacional.
“En Santiago del Estero no están haciendo audiencias públicas de los desmontes, por lo cual eso también es violatorio de la ley, y en el caso de Salta hay una cantidad importante de desmontes que fueron autorizados a la carrera antes de la sanción de la Ley por el gobernador Romero en el año 2007 que Urtubey no los revisó, no hizo ningún tipo de ajustes a esta cuestión (más de 400 mil hectáreas de las cuales la mayoría quedaron en zonas que la ley de Salta protegía) , con lo cual hay una contradicción: por un lado se determinó el servicio pero después el ordenamiento determinó que esas áreas se iban a proteger” remarca Giardini.
Así también, los fondos que el Gobierno Nacional dispone para que se lleven a cabo los monitoreos y controles contra los desmontes ilegales, aporta otro impedimento a la aplicación correcta de aquellas herramientas: el valor asignado corresponde al 0,3% del Presupuesto Nacional, sumado el 2% del total de las retenciones a las exportaciones agroganaderas y forestales; de acuerdo a ello, en 2013, se deberían destinar fondos por 2300 millones de pesos, pero la información que aporta el Presupuesto aprobado en el Congreso Nacional, confiere que sólo el 10% de dicho monto será destinado al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos. Algo cercano a 230 millones de pesos, los cuales también, no pueden constatarse de manera eficaz si están siendo rendidos y aplicados a la finalidad correspondiente. .
Así, la escala de responsabilidades en la defectuosa aplicación de la Ley de Bosques Nativos, incurre tanto en los niveles provinciales de Gobierno, como así también, en el Gobierno Nacional. “Una cosa es la voluntad política, que en algunas provincias falta aplicar la ley con todo el rigor, y otros casos correspondientes a Nación, en enviar los fondos ” enfatiza el coordinador de Greenpeace.

La dependencia del Modelo
“El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables” enunciaba el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata en oposición al horizonte extractivista y agroindustrial que el Gobierno de Cristina Kirchner propone con el PEA 2020.
El modelo agroexportador que se erige es una contradicción en sí misma con aquella Ley de Bosques que se votara en 2007, puesto que sin percatarse del total de hectáreas que cada provincia propiciaba para el desmonte y el cultivo, propone una expansión de la frontera agropecuaria a casi 10 millones de hectáreas, aumentando la superficie de 32 millones de hectáreas a 41 millones (un 60% más de hectáreas para la agricultura; un 45% más para la ganadería).
“El PEA no se hizo en ningún momento pensando en cuanto a las restricciones que imponía la ley de bosques y el resultado está claro: la expansión de 10 millones más de hectáreas de la frontera agropecuaria es indirectamente decir que va a haber más desmontes y seguramente algunos en zonas que la ley de bosques protege. En el mejor de los casos si se desmonta toda la Zona verde (zona propicia para la deforestación, de acuerdo a lo que expone la ley), después va a haber presión sobre las otras regiones en función de cumplir con ese PEA” manifiesta Giardini, a la vez que remarca que dicho Plan no es una meta a la que el país se tenga que sujetar obligatoriamente, pero que “va a depender mucho del contexto nacional , si el precio de los granos se mantiene en estos niveles, si el precio de la carne sigue en aumento a nivel global o no”.
Augusto Calandrelli, consejero superior por el claustro estudiantil de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata remarcaba en aquella ocasión que “el PEA no es una síntesis debatida con universidades ni con organizaciones de la agricultura familiar, sino que es una decisión de funcionarios del Gobierno”.
Con esto, queda enmarcado que de las exigencias del mercado mundial, se desprenderá el nivel de cuidado que recaiga sobre los bosques nativos, y por consecuente, del cumplimiento de la ley, más allá de la letra muerta.

Córdoba: del bosque a la Soja y la pelea contra las multinacionales.
La provincia de Córdoba, es uno de los pilares de la avanzada agropecuaria que propone el modelo oficialista y no son mera coincidencia las batallas y resistencias de localidades como Malvinas Argentinas y el Barrio Ituzaingó, contra el monopolio agrotóxico y transgénico que se manifiesta en empresas como Monsanto.
En cuanto al cumplimiento de la Ley de Bosques, Giardini señala que el problema radica en la inconstitucionalidad del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que legisló la provincia: ”Córdoba hizo un ordenamiento en el que permite los desmontes en la zona roja, permite desmontes en la zona amarilla, si llegan a encontrar minería se puede desmontar , hay una cantidad de cuestiones que son claramente violatorias del espíritu de la norma”
Ante ésta situación, la Corte Suprema será la encargada de decidir si el Ordenamiento votado por la legislatura cordobesa, pierde vigencia y vuelve a regir la moratoria que impide los desmontes en dicho territorio . Con este asunto, el Gobierno Nacional no asigna los fondos destinados a realizar los controles y precaución ante los desmontes en Córdoba, la misma situación en la que infiere la provincia de Corrientes. Tanto éstas dos provincias, como Formosa fueron cuestionados por organizaciones sociales e instituciones académicas por el incumplimiento de varios artículos y ejes de la Ley de Bosques, en desmedro de la preservación de la flora nativa.
“ El problema en Córdoba es que el ordenamiento fue propuesto por la Sociedad Rural de Córdoba , quién fue la que frenó el cambio a último momento en la legislatura con la presión que hicieron del ordenamiento que se había elaborado de forma participativa de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques de la que participaban un montón de organizaciones sociales, movimientos campesinos y las universidades “ afirma el coordinador de Greenpeace.
Ha de tenerse en cuenta que sólo 600 mil hectáreas de bosques nativos originales se mantienen en pie. Un 5% de lo que se tenía a principios de siglo pasado. El avance de la soja y la ganadería, y los incendios que azotan los bosques serranos, son las principales causas de ésta debacle.
El silencio oficial ante las muertes y enfermedades que produce el monocultivo, cada tanto se rompe, últimamente en manifestaciones masivas, como también en estudios que avalan la contaminación que apareja el 'progresismo' de éste sistema”.
Hace dos semanas, un equipo de docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba presentó un análisis de la situación sanitaria de Malvinas Argentinas, uno de los focos de resistencia contra la Multinacional Monsanto. En dicho documento, se califica de muy grave el escenario socio-ambiental de dicha ciudad, recomendando no someter a la población a efectos de contaminantes que intensifiquen el cuadro de vulnerabilidad. La exposición a los tóxicos que emana el polvo de cereal transgénico de los silos y otros tóxicos de la actividad de Monsanto, propiciarían a agravar la situación.
“La vulnerabilidad social y económica de la población es las más alta en la Provincia de Córdoba y la capacidad del Estado Municipal de responder a la demanda de enfermedad es mínima. Someter a esta población a un nuevo golpe en su salud ambiental, como el que generará una enorme planta de semillas transgénicas de Monsanto en su jurisdicción no es recomendable desde el punto de vista médico, y es intolerable desde el punto de vista social” denunciaron en el análisis interdisciplinario.

Los nuevos caminos del modelo en el horizonte
“Yo le comentaba —y la gente de Monsanto no lo sabía— que tenemos una Patagonia, en la cual algún productor argentino tiene producción, por ejemplo, forrajera y que uno lo puede observar en medio de la estepa patagónica los círculos que solamente con riego producen forraje de primerísima calidad. Y tenemos también agua en la Patagonia, porque cuando me tocó inaugurar, el otro día, una ampliación de un emprendimiento minero: Cerro Vanguardia, en mi provincia, lo habíamos inaugurado cuando Néstor era Gobernador y cuando otros eran los propietarios, ahora hay nuevos propietarios. Y han pasado de la minería a cielo abierto a minería en excavación y es justamente donde han encontrado en plena Patagonia ríos subterráneos. A ellos les causa problemas, pero a nosotros nos ha llenado de alegría, porque esto nos da la idea de que el elemento vital: agua, nos va a permitir extender la frontera agropecuaria” manifestaba con alegría y efusividad la presidenta Cristina Fernández en la reunión que tuvo con los directivos de Monsanto, allá por Junio, en Nueva York. Monsanto, la empresa que monopoliza los transgénicos en nuestro territorio, recibía la oferta de tierra y sus recursos hídricos en la Patagonia argentina, la promesa de producir y expandir el negociado de la multinacional denunciada en Córdoba y otras provincias por los daños a la salud de sus habitantes.
Pero como así también se vanagloriaba esa posibilidad, hay otros sectores naturales que ya han visto su transformación, en pos del monocultivo y la frontera agropecuaria. Uno de estos, es el caso de los humedales, a pocos días de celebrar su día internacional. La región del delta del Paraná representa el final del mosaico de humedales más grande del mundo, que se inicia en el Mato Grosso brasilero y culmina en el estuario del Río de la Plata. El mismo es una gigantesca llanura de inundación de 17 mil kilómetros cuadrados pero, a pesar de ser tan vastos e importantes, el Estado nacional sólo protege el 0,3 por ciento de los mismos. Consecuentemente, la legislación entrerriana busca el incremento del agro negocio, con leyes como la 10.902, que perseguía la finalidad de privatizar las islas fiscales, públicas, para que se monocultive por cien años arroz, bajo el control de una sociedad anónima. Si bien la ley no prosperó por la resistencia ciudadana, son preocupantes los casi 900 kilómetros de terraplenes ilegales que se apostan sobre la región.
La organización ambientalista “El Paraná No Se Toca” advirtió que hubo intentos de terraplenar para plantar soja y otros cultivos, con responsabilidad de productores ganaderos con tierras vecinas a Santa Fe, que pretenden afirmar sus campos mediante el cierre de las lagunas interiores, y la consolidación de esos espacios como tierras de pastoreo, “sacrificando de esta manera el humedal, la fauna, la pesca y toda la diversidad de especies que viven en él”.
Fuentes: Críticas al modelo extractivo - Página12

La instalacion de Monsanto es inviable socio-sanitariamente - ecoscordoba

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Reconocieron oficialmente el desmonte de más de un millón de hectáreas de bosque nativo
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Feb. 15, 2013 at 9:44 AM

La Secretaría de Ambiente de la Nación reveló en un informe la pérdida de más de un millón de hectáreas en los casi cuatro años de su estudio, comprendidos desde la sanción de la Ley 26.331 de Protección de Bosques Nativos a finales de 2007, los respectivos Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de cada provincia y el año 2011.

(Luis Gauna- Red Eco ) Argentina - Pese la legislación pertinente al cuidado y preservación de los Bosques Nativos en territorio argentino y a las múltiples denuncias realizadas por organizaciones campesinas, pueblos originarios, organizaciones no gubernamentales como así también ambientalistas, el informe “Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina” con fecha de Junio de 2012 , elaborado en la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) de la Dirección de Bosques de la Nación, advierte el crecimiento paulatino de los desmontes ilegales en el territorio nacional, con preponderancia en el Parque Chaqueño y la Selva Tucumano Boliviana.
De acuerdo a lo expuesto en el documento, las provincias donde más se avanzó con la deforestación son líderadas por Santiago del Estero con 453.551 hectáreas desmontadas, Salta con 236.246, Formosa con 129 mil y Chaco con 110 mil. En menor medida, pero importante con respecto al porcentaje desmontado, en San Luis se desmontaron 37 mil hectáreas, en Misiones 21 mil y en Tucumán 18 mil.
Los desmontes en zonas de categoría I “Roja”, las cuales requieren máxima protección, ya que corresponden a lugares con mayor cantidad de formaciones vegetales nativas y con función ecosistémica en su entorno, son liderados por las provincia de Salta y Santiago del Estero. En el período de casi 4 años que contempla el informe, en Salta se desmontaron 8080 hectáreas y 6719 hectáreas en territorio santiagueño. Los siguen Formosa con 898 hectáreas, San Luis con 298 y Jujuy con 201.
Las zonas de categoría II “amarilla”, aquellas susceptibles de un aprovechamiento sostenible y sustentable, son las que más han sufrido: con un total casi de 260 mil hectáreas desmontadas, Santiago del Estero figura con 195.001 hectáreas arrasadas, Salta con 31.749 y Chaco con 21.749, entre los tres primeros y que concentran casi la totalidad de las hectáreas pérdidas.
Este último dato avala un flaco cuidado hacia la flora nativa si tenemos en cuenta que en contraposición las tierras aptas para desmonte de la categoría III “Verde” (siempre y cuando se presenten los permisos y acuerdos correspondientes), éstas presentan cerca de 75 mil hectáreas menos desmontadas.
De las provincias más afectadas por los desmontes en el período analizado, Salta y Santiago del Estero exponen las fallas y violaciones a las prohibiciones que estipulaban el cese de los desmontes luego de la sanción de la Ley de Bosques, hasta que cada provincia conformara su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN):
*En Santiago del Estero se desmontaron 169 mil hectáreas del Parque Chaqueño entre 2007 y la conformación del OTBN en 2009.
*En Salta se desmontaron 109 mil hectáreas de Parque Chaqueño y 5 mil de la Selva Tucumano Boliviana hasta la conformación del OTBN a finales de 2008.
Del informe, se deduce que la superficie forestal que más se ha visto atacada ha sido la santiagueña llegando al 2,3% de terreno desmontado, seguido por Salta con 1,3% de terreno deforestado ,Córdoba con el 1,15%, Fórmosa con el 1,04% y el caso particular de San Luis, que muestra un porcentaje de 1,5% de tierras desmontadas, pero con una superficie de bosques mucho menor que el resto.

Avanzando con el modelo de sojización , agroindustrial y agrotóxico
El informe oficial es claro: “En las provincias analizadas los procesos de pérdida de superficie de bosque nativo fueron causados principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Las imágenes satelitales ponen de manifiesto la existencia de nuevos cultivos, que en varias oportunidades corresponden a soja”.
La frontera agropecuaria avanza sobre los bosques, amparándose en el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) que es llevado adelante por el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales con sus respectivos Programas y aplicaciones , contrastando “soberanía alimentaria” por sobre un modelo desigual a base de agrotóxico, desperdicio de recursos hídricos y de suelo, inversión predominantemente extranjera y beneficioso sólo a las grandes empresas y latifundistas, tal como lo denunciara en abril del año pasado el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
De los 32 millones de hectáreas cultivadas, el horizonte del PEA se vislumbra hacia los 41 millones y en la fase de desmonte de los bosques nativos, los pueblos originarios y el campesinado son actores improvistos para las avanzadas del empresariado del agro.
Un ejemplo notorio de ello es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE-Vía Campesina), quien hace frente a los empresarios del agro, que en sintonía con la justicia y las fuerzas parapoliciales intentan despojarlos de sus tierras, a costa de la vida de los comuneros del Movimiento, como fue el caso de Cristian Ferreyra en 2011 o Miguel Galván en 2012. Justamente, el informe oficial demuestra el liderazgo santiagueño en materia de desmonte.
Si bien los datos toman relevancia por ser el Gobierno Nacional quien acepta las fallas en cuanto al cumplimiento de la legislación, hay que tener en cuenta que en ningún lado del informe hace un enfoque autocrítico de la información que aporta, más aún, se sustenta en el tiempo próximo como una solución a los problemas actuales:
“Aunque se observa que el proceso de pérdida de bosques nativos continúa debe considerarse que la Ley Nº 26.331 no prohíbe los desmontes, sino que los regula, principalmente a través de la generación de los OTBN de cada provincia. Por otra parte, es importante tener en cuenta que los OTBN y sus normas asociadas son de reciente implementación, y dada la complejidad y la falta de antecedentes en el país de la implementación de este tipo de leyes de presupuestos mínimos que exigen una fuerte interacción entre organismos provinciales y nacionales, es esperable que los resultados de su aplicación no se vean de manera inmediata (…). Cuando las autoridades provinciales y nacional de aplicación de la ley cuenten con todas sus capacidades para poder encarar las distintas tareas que implican conducir un manejo forestal sustentable así como una fuerte acción de control de las actividades forestales en amplios territorios, los tiempos administrativos se adecuen a los requerimientos que este tipo de actividades amerita y que toda la comunidad haya tenido acceso a lo que la ley demanda y posibilidad de integrarse a ella, se comenzarán a ver los logros de la norma.”
Mientras el Gobierno se excusa, hay que manifestar que en diferentes puntos del país, en el 2012, se han profundizado los problemas que el informe susodicho expone.
De acuerdo a los estudios de la ONG Guyra Paraguay, al norte y oeste del territorio cordobés, entre marzo y noviembre se deforestaron 7.806 hectáreas de categoría I “roja”, las cuales deberían ser las mejor conservadas por los organismos provinciales competentes. La tasa anual de desmontes alcanzó las 23,3 hectáreas diarias del bosque nativo chaqueño, sin tener en cuenta los desmontes ilegales al sur de la provincia.
Tanto desde la Fundación Conservación y Desarrollo (Conydes) como desde el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la UNRC denunciaron los desmontes ilegales que se llevan a cabo en diferentes zonas del sur provincial.
La docente de la UNRC y presidenta de CONYDES, Evangelina Natale, advirtió que “toda la provincia” está afectada por esta problemática”.
“Las zonas serranas están siendo desmontadas para proyectos de urbanización y el norte de Córdoba para agricultura”. Así bien, los bosques de Río Cuarto y el sur cordobés también se ven afectadas por el avance de la frontera agrícola-ganadera.
De las 12 millones de hectáreas que a principios del siglo XX poseía Córdoba, sólo restan 600 mil, con el agravante de una tercera parte del territorio provincial desertificado o en vías de por la sobreexplotación agroganadera.
Del informe de Guyra Paraguay, se advierte que en 2012 153 mil hectáreas fueron arrasadas del Parque Chaqueño, a comparación de las 44 mil hectáreas desmontadas en 2011.
El territorio comprendido incluye las provincias de Chaco, Santiago del Estero (posicionándose como el sector con más desmontes, al igual que lo expuesto en el informe oficial), Córdoba, Formosa, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santa Fe y San Luis. El Parque Chaqueño o Gran Chaco, distribuye el 40% de su superficie en suelo argentino, mientras que el resto se emplaza sobre Paraguay, Brasil y Bolivia.
Así también, desde ésta avanzada, las topadoras también se han interpuesto ante los Derechos de los Pueblos Originarios, donde la resistencia de la etnia Qom y Wichi en Fórmosa y Chaco, son las más resonantes y violentas. En reclamo de sus tierras, históricamente vendidas a precio vil o directamente arrebatadas, las comunidades afrontan una lucha contra los gobiernos provinciales y los terratenientes, conllevando a cuestas el racismo imperante hacia los originarios por parte de los mismos, como así también la falta de acción, decisiones e involucración con las problemáticas por parte de los organismos estatales que deberían hacer cumplir los convenios internacionales y leyes nacionales. De igual forma, se podría tomar el caso de las comunidades de la Nación Diaguita, como la de Indio Colalao, quienes ante la avanzada sojera y la complicidad político-empresarial, resisten los violentos desalojos de sus tierras ancestrales, como el último, allá por julio del último año.
Sólo por mencionar algunos de los tantos conflictos, que el modelo agroexportador sojero y agroindustrial lleva a cuestas.
Actualmente, 23,6 millones de hectáreas argentinas se encuentran cultivadas con transgénicos: de la soja, el 50% de los cultivos se encuentra bajo dominio del 3% de productores. Encajando en la lógica “progresista”, la concentración empresarial beneficia a 12 de las 25 empresas con más rentabilidad a la hora de exportar, todas ellas vinculadas a la exportación de granos.
Argentina, es el tercer exportador a nivel mundial de Soja, después de Estados Unidos y Brasil. El mismo lugar en el podio ocupa como productor de transgénicos.

Fuentes:
Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo en el marco de la Ley Nº 26.331: (http://ambiente.gov.ar/?idarticulo=11709)
ONG Guyra Paraguay (http://www.guyra.org.py/)
Puntal.com.ar (http://www.puntal.com.ar/noticia_ed_anteriores.php?id=134275)

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