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Denuncia penal presentada por El Birri contra José Corral y funcionarios
Por Centro Cultural y Social El Birri - Monday, Feb. 25, 2013 at 9:23 AM
programacionbirri@gmail.com

Comunicado de prensa

En primer lugar, desmentimos declaraciones hechas por funcionarios municipales en las que se afirma que El Birri ha dialogado con el municipio el jueves 21 del corriente, momento en que se entregó el petitorio en el contexto de la movilización hacia la Municipalidad de Santa Fe. El Birri no ha mantenido ninguna conversación formal y reafirma su posición enmarcada en los puntos del petitorio, en los cuales se exige, al Poder Ejecutivo municipal, la derogación de la resolución municipal Nº 0008/2013 y la renuncia de los tres funcionarios responsables del operativo -Sebastián Montenote, Fernando Carlos Sosa y  Sergio Trevisani-, como condición mínima para iniciar cualquier proceso de conversación.
Así mismo y en tal sentido, queremos seguir confiando en el Estado como garante de nuestras libertades. Queremos creer que el derecho penal no existe sólo para perseguir a los pobres y confiamos en que la ley puede ser, alguna vez, pareja para todos. Entendiendo que vivimos en un Estado republicano y federal, en el que los poderes deben gozar de independencia y los gobiernos municipales no pueden intervenir en cuestiones propias del gobierno provincial -como el caso de su fuerza policial-, es que el día viernes 22 de febrero, una semana después de los violentos y vergonzosos hechos que ya son de público conocimiento, la Asociación Civil Centro Cultural y Social El Birri presentó ante la Fiscalía Nº 5 de Santa Fe la correspondiente demanda penal, con la finalidad de que se investigue lo sucedido y se determine la responsabilidad penal de quienes intervinieron en los hechos.
En dicha demanda se denuncia el accionar del Intendente de la Ciudad de Santa Fe, José M. Corral; del Secretario General de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Pereira; del Coordinador de Distrito Suroeste, Sergio O. Trevisani; del Subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Rubén S. Montenotte; y del Coordinador de Seguridad Municipal, Fernando C. Sosa.
Todos ellos participaron, junto a personas de identidad desconocida, de la comisión de los delitos de Abuso de Autoridad (Art. 248 del Código Penal), Usurpación (Art. 181 inc. 1 del Código Penal) y Daño Calificado sobre monumento histórico (Art. 184 inc. 5 del Código Penal).
Más que clara surge la responsabilidad de los señores Trevisani, Montenotte y Sosa quienes, según surge indubitablemente de las pruebas audiovisuales que se adjuntaron a la presentación, se encontraban presentes en la sede de El Birri el día de los hechos. Fueron ellos quienes, muñidos y alentados por la irracional, ilegal e inconstitucional resolución municipal Nº 0008/2013, procedieron a engañar a compañeros de la Asociación para que abandonen su lugar de trabajo y a, con el apoyo y la complicidad de la Policía de la Provincia de Santa Fe, golpearlos y arrestarlos si se negaban a hacerlo, para luego ingresar ilegalmente al edificio.
La particular gravedad de los hechos acaecidos el Viernes 15 de febrero del corriente está dada no sólo por la violencia con la que fue llevada a cabo la usurpación; ni exclusivamente por la finalidad de bien público a la que se encontraba destinado el inmueble antes de su usurpación -y a la que se encuentra destinado luego de su recuperación por parte de la Asociación-; tampoco por la innegable importancia arquitectónica, patrimonial y cultural que tiene edificio dañado, el cual es un monumento histórico provincial según ley 11.153 y forma parte del patrimonio cultural de la ciudad de Santa Fe según ordenanza municipal Nº 10.115.; ni siquiera por el hecho de que quienes fueron golpeados y detenidos son jóvenes que trabajan ad honorem diariamente por y para la cultura del barrio San Lorenzo y toda la ciudad de Santa Fe, cumpliendo un rol social imprescindible. La verdadera gravedad está dada por el hecho de que el despojo no fue realizado por particulares, sino que fue llevado a cabo por el Estado, con matones contratados para ello, conduciéndose con la arrogancia, violencia e impunidad que caracterizó al accionar del Estado en la época más oscura de nuestra historia, desconociendo principios básicos consagrados por la Carta Magna y constitutivos de nuestra Nación, como el federalismo y el republicanismo.
Conociendo, además, que la conducta denunciada no constituye un acto aislado, sino que forma parte de una política sistemática de criminalización de las organizaciones sociales por parte del gobierno municipal -tal como también lo evidencian los recientes desalojos de Playa Norte, Bajo Judiciales y de la Vecinal de Barranquitas, en los que se repiten los violentos e intempestivos modus operandi de estos personajes demandados-, El Birri denuncia penalmente tal accionar, esperando una oportuna intervención de la Justicia para que el Estado vuelva a la senda de legalidad que nunca debería haber abandonado.





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