Seis presos recibieron a Veintitrés en la
cárcel de Villa María para relatar las penurias que sufren. Además,
denuncian que el juicio estuvo plagado de irregularidades y que la
sentencia tuvo por finalidad “tapar la mafia judicial de la ciudad”. El
apoyo de Osvaldo Bayer.
Miércoles
03 de octubre de 2012. Por Guillermo Posada
Somos chivos expiatorios de una
justicia cordobesa que quiso tapar con nuestra condena la mafia de los
tribunales. No es casual que el fiscal, en su alegato, haya pedido una
sentencia ‘ejemplificadora’ para el pueblo de Corral de Bustos”.
El abogado Víctor Barbero inicia su
relato rodeado de otros cinco presos, en un locutorio de la cárcel
provincial del Villa María. Se trata de una habitación con una mesa y
sillas a su alrededor, una ventana con vidrio fijo permite que los
guardias penitenciarios oteen cada tanto lo que sucede en el interior.
Ellos son la respuesta judicial a la pueblada y el incendio de los
tribunales de la ciudad del sur de la provincia, ubicada a 15
kilómetros del límite con Santa Fe.
Junto a Barbero, sentenciado a siete años, se amontonan para contar sus
penurias Néstor Pasquini (periodista y dueño de la FM Show de Corral de
Bustos), también sentenciado a siete años junto al letrado por
“instigadores” del incendio; Rubén Omar Astudillo (maestro confitero);
Juan José Guayanes (repartidor de bebidas), con penas de cinco años
como coautores penalmente responsables de los delitos de daño
calificado e incendio; Juan Marcelo Farías (jornalero), y Horacio
Esteban Guayanes (albañil), condenados como “responsables del delito de
incendio”, con otros cinco años de prisión efectiva.
“Necesitamos que se conozca esta injusticia que sufrimos –dice
Pasquini, cuyo caso fue denunciado por la organización Reporteros Sin
Fronteras–, este juicio fue la vendetta del Poder Judicial cordobés
contra el pueblo de Corral de Bustos, por los reclamos de justicia, y
nosotros los perejiles que les quedamos a mano”.
Pasquini fuma un cigarrillo Colorado tras otro, Astudillo apoya los
codos sobre las rodillas, a veces se pasa las manos por la cabeza,
Farías abre los ojos y cruza sus brazos, los Guayanes, tío y sobrino,
se mantienen más alejados, en una punta de la habitación, expectantes.
Conforman parte de los 2.000 vecinos que aquel 4 de diciembre de 2006
gritaron su bronca en la plaza central del pueblo ante los tribunales
rebasados de sospechas de corrupción, impericia y desidia que en igual
grado colmaron la paciencia de la comunidad y terminaron apedreando el
edificio judicial.
Esa pueblada nació en el cortejo fúnebre que acompañó los restos de la
niña Ariana Sabache, de tres años, que apareció muerta a golpes y
violada por su padrastro Néstor Mercado, conocido patotero del barrio
IPV. La abuela de Ariana había recurrido varias veces a la Justicia,
anunciando que la tragedia se cernía sobre la niña pero nunca logró una
intervención que protegiera a la víctima. Y eso fue lo que sacó de las
casillas al pueblo, más allá que el fiscal Raúl Moll ya hubiera
ordenado la detención de Mercado y su hermano César el día del funeral.
Además, el caso de Ariana era el último de una lista de 18 crímenes sin
resolver en Corral de Bustos.
La multitud reclamó, reunida en la plaza, que el juez a cargo de la
causa de la muerte de la niña, Jorge Omar Farías, saliera a dar
explicaciones. Se designó a Barbero y a Raúl Alberto Ruggeri, hermano
del reconocido jugador de fútbol, para que plantearan las quejas de los
presentes al magistrado, pero Farías se negó. También Ruggeri
terminaría detenido, aunque fue posteriormente liberado.
“Entramos y ya no quedaba ninguno de los empleados adentro, sólo el
juez y algunos pocos funcionarios. Al resto ya los habían sacado
a las 9 de la mañana cuando la movilización empezó a las 10.
Abandonamos el edificio y vimos que empezó a salir humo. Posteriormente
dos testigos que entraron al edificio vieron al juez echando
expedientes al fuego, las estanterías están tiradas al suelo. Estamos
convencidos de que el fuego empezó desde adentro. Fueron ellos quienes
aprovecharon la situación para quemar todo porque estaban muy sucios”,
cuenta Barbero.
Las sospechas sobre la Justicia se confirmaron cuando años después el
jury de enjuiciamiento destituyó al fiscal Moll por mal desempeño, no
sólo en el caso de Ariana sino en otras causas sin esclarecer. Por su
parte, el juez sustituto Farías fue amonestado y rebajado al cargo de
secretario de un juzgado de Control en la ciudad de Oliva.
El vocal de Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Luis Rubio, se
instaló por largas semanas para organizar la investigación “dada la
gravedad institucional del caso”.
¿Causa armada? “Esta
causa estuvo planificada desde el principio. Entre el día 4 de
diciembre al 20 no se produjo ninguna detención, teniendo en cuenta que
se trata de un pueblo donde nos conocemos todos y que todos estuvimos
en la plaza a cara descubierta. ¿Por qué tardaron tantos días, dada la
magnitud de los hechos? Salieron a detener a 45 vecinos al voleo
y terminaron imputando a 34”, cuenta Juan Farías.
Las detenciones llevaron a que el
pueblo se mantenga movilizado, organizado por CTA de Villa María que
convocó asambleas periódicas, actos y caravanas durante dos años, hasta
lograr que uno a uno fueran liberados los detenidos, aunque la causa
siguiera abierta (Ver “La policía amenazaba a la gente en las marchas”).
Si bien la imputación inicial del fiscal Viramonte fue “Fabricación y/o
tenencia de bombas y o materiales capaces de estragos, 189 bis del
Código Penal”, el fiscal cambió la carátula porque se trata de un
delito de orden federal que escapa a la jurisdicción de la provincia.
Cuando los acusados reclamaron que la causa pasara a la justicia
federal, el TSJ negó la competencia, a pesar que el fiscal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba, Alberto Lozada, otorgó la razón al
planteo de la defensa del caso respecto de que el delito pertenece a la
Justicia Federal, y por lo tanto no debía ser juzgada en el fuero
provincial.
Francisco Lavisse, abogado de Barbero,
criticó todo el proceso de instrucción y dijo a Veintitrés que la
Justicia provincial “imputó por un delito federal y los tuvo detenidos
por más de un año, después los sobreseyó, pero los mantuvo en la causa
sin haber sido indagados por los nuevos delitos que después les
imputaron. Así llegaron a juicio”.
Además, el letrado afirmó que hubo
imputados y testigos coaccionados a declarar de modo especial o a
cambiar su declaración con amedrentamientos físicos y psicológicos. “Se
condenó por expresar la opinión, sin que haya existido ni una sola
palabra incitando a quemar, romper, herir, tirar piedras ni ninguna
acción delictiva. Para colmo la acusación del fiscal de Cámara se basó
en prueba falsa e inexistente, sin que la Cámara haya dispuesto medida
alguna en tal sentido. Detrás del fiscal todavía se puede observar la
política trabajando, por eso denunciamos penalmente al fiscal Telmo
López Lema y pedimos su Jury de enjuiciamiento”.
Triángulo de las Bermudas
cordobés. La creación de los tribunales de Corral de Bustos
obedeció a la cantidad de delitos que se producían en la zona que
conforma un territorio conformado por dicha localidad, la comuna de
Arias y la ciudad santafesina de Venado Tuerto. “Es reconocida la zona
por el robo de camiones por piratas del asfalto, las denuncias de
pistas clandestinas donde avionetas traen droga, la cantidad de casos
de homicidios sin esclarecer y los despojos de propiedades”, cuenta
Pasquini.
Además, la complicidad de la policía provincial con los delitos está en
boca de todos. Un mes antes de la pueblada, el adolescente de 15 años
Hernán Farías apareció muerto en la salida de la ciudad, en apariencia
ahorcado desde la rama de un árbol pero con las piernas recogidas.
Dicen que el chico actuaba como delivery de drogas y que la policía
estaría involucrada en el crimen. Su padrastro, Hugo Dobba, reclamó
insistentemente la autopsia del cuerpo sin que obtuviera ningún
resultado.
“Dobba fue detenido en tribunales,
acusado de participar en la pueblada, cuando se encontraba exigiendo la
autopsia”, dice Juan Farías, que conoce bien el caso porque el joven
era su primo y acusa a un sargento de la policía de apellido Martín de
estar involucrado en la muerte. “Ese mismo Martín es quien encontró una
botella de plástico que la Justicia dice que utilizada como bomba
molotov para iniciar el incendio”, agrega.
Barbero sonríe con ironía: “Por eso
les dije a los del tribunal que si esa era la prueba que tenían del
incendio que me pasen la fórmula para hacerme millonario. Lo cierto es
que no tenían ningún material probatorio para explicar cómo se inició
el fuego, tampoco hubo ninguno de los 208 testigos que pasaron por el
juicio que señalara a quien presuntamente inició el fuego, tampoco se
realizaron peritajes en el edificio, con participación de peritos de
parte de las defensas”.
“Imaginate que el incendio fue el
cuatro y el cinco estaban los camiones de basura de la municipalidad
limpiando el lugar. ¡Al otro día! Eso no se podría haber hecho si
querían investigar en serio”, afirma uno de los Guayanes desde el fondo
del locutorio.
La destrucción de la prueba incluyó la
demolición del edificio aun antes de iniciado el juicio, por lo que no
hubo una reconstrucción de los hechos a la hora de juzgar a los
imputados. “Ese edificio era alquilado así que a los tres años lo
voltearon e indemnizaron al propietario con 650 mil pesos cuando no
valía más de 400 mil. Fue otro negociado relacionado con esta causa”,
suma Barbero.
La desaparición de elementos incluyó
una grabación del canal de televisión local que tenía registro completo
de los hechos. “Resulta que esa grabación se mandó de Corral de Bustos
a Marcos Juárez, donde el fiscal que instruyó la investigación, Carlos
Viramonte, iba a recibirla. Pero parece que se rompió en el camino y
nunca se puedo utilizar como prueba. Ahí estaba claro que el humo
empezó a salir del edificio antes de que la gente rompiera las puertas,
hecho que demostraba cabalmente que el fuego empezó desde adentro y no,
como terminó diciendo la Justicia, a causa de la movilización”, dice
Pasquini.
Para dar un ejemplo de cómo las
detenciones e imputaciones carecieron de un criterio jurídico, los
presos cuentan el caso de un camionero llamado Héctor Romani. “Él fue
uno de los detenidos. Se comió 12 días preso hasta que pudo demostrar
que ese día no estaba en Corral del Bustos y lo liberaron. Por su
trabajo, estaba en el puerto de General Alvear descargando granos. No
lo querían largar, así que les llevó las cartas de porte que se les
entrega a los camiones cuando entran a un puerto. Ni así le aceptaban
su inocencia, por eso tuvo que traer a ocho camioneros que testificaron
que ese día estuvieron con él en el puerto. ¿Por qué lo
detuvieron? En realidad, Romani le había metido una denuncia al juez
Farías por una resolución del magistrado, por otra causa en la disputa
de tenencia de sus hijos con su ex mujer. La excusa fue que en realidad
buscaban a un tal Romano, no Romani”, cuenta Pasquini.
Dicen los condenados que la Justicia
de Corral de Bustos aprovechó para cobrarse antiguas facturas
pendientes. Al periodista, porque denunciaba la corrupción en su radio;
a Barbero, por sus críticas a la falta de acción y a la corrupción en
tribunales. Ambos fueron condenados como instigadores. Al resto por
participar de la movilización.
“Acá lo cierto es que la Sagrada
Familia judicial cordobesa quiso dar un fuerte mensaje sobre su poder
incuestionable. Criminalizaron la protesta social y nosotros pagamos el
pato, en un juicio viciado de nulidad. Somos presos políticos de un
sistema judicial corrupto e impune”, concluye Pasquini. Su situación
fue denunciada a nivel internacional y su abogado llevó el caso a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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“La policía amenazaba a la gente en las marchas”
Oscar Mengarelli, secretario general de la CTA Córdoba, fue de los
primeros que se acercó a Corral de Bustos para llevar la solidaridad y
aportar a la organización de las manifestaciones. Con otros militantes
de la central sindical, participó en las manifestaciones para pedir
justicia. “La gente fue creyendo en su propia organización, y asumió
que debían estar en la calle. Esto duró dos años y se logró que todos
los detenidos recuperen la libertad. Lamentablemente la gente creyó que
serían todos sobreseídos y cuando el poder advirtió que la gente se
tranquilizó, volvió a la carga y elevó a juicio la causa. Y terminó con
las condenas”, dijo el dirigente.
Mengarelli coincide en que los condenados “son presos políticos porque
se movilizaron para reclamar justicia y por recriminarle a la policía y
al poder judicial. Pasaban cosas en el pueblo inadmisibles y estaban
cuestionando el andamiaje del Poder Judicial de forma muy contundente.
Por eso la Sagrada Familia judicial impuso sentencias ejemplificadoras.
No les demostraron ningún delito a los que hoy siguen presos, que
salieron en medio de una pueblada, por eso la movilización fue
representativa de una bronca de larga data que había en el pueblo”.
Y agregó: “Durante las marchas la policía amenazaba a la gente
para que no participe, hubo un intento de meter miedo. Apretaron todo
lo que pudieron”.
En octubre del 2010 la CTA presentó en la justicia federal de Bell
Ville una denuncia por torturas a dos jóvenes testigos sufridas en
dependencias policiales para que firmen declaraciones que incriminaban
a los acusados. La fiscalía, a cargo de Mercedes Pérez de Sorribes,
desestimó la denuncia porque “los hechos se habían producido en una
comisaría” y consideró que debía juzgarse en la Justicia ordinaria, una
enormidad dado que los casos de tortura se juzgan en el fuero federal.
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Opinión
Una obligación moral
Por Osvaldo Bayer
He dedicado mi vida a los estudios
históricos en el esclarecimiento de las injusticias y en reivindicar a
los perseguidos por una sociedad injusta. Por todos aquellos que sufren
de la violencia de los que ejercen el poder sin tener en cuenta los
valores y la defensa de la libertad y de los derechos humanos de todos
por igual. El episodio de Corral de Bustos tendría que haber movilizado
a todo el país. Ya mismo todos los partidos políticos tienen que formar
una comisión investigadora tanto provincial como nacional, las
legislaturas y el mismo Congreso de la Nación tendría que intervenir en
la investigación a fondo de todo un proceso llamado judicial pleno de
sombras, preguntas e inconsistencias. La Corte Suprema de la Nación no
debería permitir que se siga teniendo entre rejas a ciudadanos que no
han cometido ningún delito sino que ejercieron su derecho a la protesta
garantizado en toda democracia. Y hasta tanto no se lleven a cabo esas
investigaciones dar plena libertad a los injustamente detenidos. No
podemos repetir los tiempos en que las dictaduras ejercían el poder
sólo en provecho propio faltando a todas las normas de ética. El
gobierno de Córdoba no debe callar sino también nombrar por sí misma
una comisión investigadora integrada por diversos representantes de la
sociedad sana del país. Esperemos esto, si no, Corral de Bustos pasará
a la historia como la tragedia de un lugar donde dominó la codicia, la
injusticia y la corrupción. Esperemos y luchemos por la Verdad.
Revista Veintitres
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