Criminalización de la protesta en Jujuy
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Mar. 01, 2013 at 9:40 AM

Esta mañana, diez dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa fueron citados a declarar en el Juzgado de San Pedro acusados de instigación a cometer delito, atentado y resistencia a la autoridad y daños calificados, en el marco de la jornada de represión del 28 de julio de 2011. Los luchadores sociales se negaron a prestar declaración ya que no se les permitió acceder al expediente de la causa.

(Red Eco) Jujuy - En la madrugada del 28 de julio de 2011, un operativo policial reprimió a un grupo de familias que tomaba un predio de la empresa Ledesma, ubicado en la zona de El Triángulo, luego de que ésta no cumpliera con su compromiso de ceder parte de sus hectáreas. La represión duró horas y dejó como saldo cuatro personas muertas y más de sesenta heridas.
ledesma.jpgLa investigación por los asesinatos de Ariel Farfan, Félix Reyes y Juan Velázquez, que participaban de la ocupación, no ha avanzado. En tanto, por el crimen del policía Alejandro Farfan fueron detenidos dos hombres, a quienes las agrupaciones sociales calificaron como “perejiles”.
La causa que sí progresó fue la que la jueza Carolina Pérez Rojas le abrió a diez dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa que encabezaron la toma, y por la que esta mañana fueron citados a indagatoria en el juzgado de San Pedro. En este marco, se negaron a declarar porque no se les permitió ver el expediente. Además, su abogada, Mariana Vargas verificó la existencia de diversas incongruencias en las acusaciones. Así lo explicó a las radios Capoma y La Retaguardia, que realizaron una transmisión especial para la Red Nacional de Medios Alternativos: “cómo puede ser que se acuse de resistencia a la autoridad si en la misma causa están acusados los policías por haber actuado ilegalmente por lo menos desde las nueve y media de la mañana, hora en la que había una suspensión de desalojo y siguieron actuando. O sea, es una autoridad que actúa ilegalmente y resulta que se acusa a los que enfrentaron eso, con licencia de autoridad no se llega a configurar el delito. Y lo mismo con la instigación a cometer delitos; el atropello con el que vino la fuerza represiva a desalojar lo que ocasionó fue una respuesta espontánea de los que estaban ahí y del conjunto del pueblo, por lo tanto no se puede plantear que hubo una instigación. Esto es una cortina de humo en un expediente en el que en realidad lo que está claro es que se cerró la impunidad sobre los crímenes que es lo que tenemos que lograr que sí se resuelva”.
Varios jefes policiales fueron imputados por desobediencia judicial porque, tal como lo explica Vargas, a las 9.30 del 28 de julio, la jueza ordenó que se suspendiera el desalojo, pedido que las fuerzas de “seguridad” no respetaron, por lo que continuaron con la represión. “Esos jefes también tienen que responder por los crímenes porque lo que está probado en el expediente es que las balas de plomo que mataron a los chicos e hirieron a otros venían a las 12.30 de un pelotón que seguía al lado de la infantería disparando al lugar en el que murieron los jóvenes”, agregó Vargas.
Algunos de los efectivos que estuvieron a cargo de la represión fueron incluso ascendidos en sus cargos. Tal es el caso del jefe del operativo, Fabián Sosa, que actualmente es el segundo jefe de la policía, o el entonces jefe regional de Libertador que ahora es jefe regional de Humahuaca.
Afuera de la sede judicial, una numerosa movilización esperaba a los dirigentes para luego realizar un acto en el que se escuchó la palabra de representantes de distintos gremios y agrupaciones sociales, como ATE Jujuy, CTA Jujuy, Madres de Plaza de Mayo, Cristina Jalil, CCC Tucumán, Sindicato de Trabajadores del Azúcar de Ledesma, entre otros. También habló Kike Mosquera, referente de la CCC Jujuy y uno de los dirigentes citados: “A un año y siete meses en lugar de estar exigiéndole a la Justicia que todos los responsables estén presos, nos están queriendo enjuiciar, criminalizar a nosotros que hemos sido las víctimas de esta represión. No hay un solo policía o jefe de policía procesado por el asesinato de los jóvenes. Ahí está el ex gobernador (Walter) Barrionuevo calentando una silla en el Senado de la Nación, el ex ministro (de gobierno provincial Pablo) La Villa pavoneándose por la ciudad de San Salvador, y ahí está la empresa Ledesma que es el otro responsable. Es claro que hay una política nacional de procesar a todo aquel que luche, reclame, pero también está la política provincial de proteger al operativo policial. Premian por reprimir. Está también el revanchismo de Ledesma, que presiona y compra a jueces y fiscales. La justicia de San Pedro tendría que tener el logo de Ledesma. Yo vi cómo un abogado de Ledesma presionaba a la jueza Pérez Rojas para que nos impute por usurpación. Tenemos orgullo por la solidaridad que hemos recibido a lo largo y ancho del país. Estamos orgullosos de pelear contra Ledesma, de haberles sacado tierras, no le tenemos miedo a la Justicia, vamos a seguir hablando, a seguir luchando, y no tenemos miedo de caer presos porque hemos luchado por nuestras tierras, y hemos hecho camino porque necesitamos que en todo el país se democratice la tierra, para empezar a vivir en un país liberado, en una patria distinta”.
Fuente: La Retaguardia

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