24 DE MARZO HIJOS LA PLATA
Por HIJOS LA PLATA - Friday, Mar. 15, 2013 at 4:31 PM
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DOCUMENTO HIJOS LA PLATA A 37 AÑOS DEL GOLPE

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A 37 años del Golpe de Estado
DIEZ AÑOS DE JUSTICIA A CUENTAGOTAS

Este 24 de marzo nos encuentra en una coyuntura compleja: 10 años de anuladas las leyes de impunidad gracias a la lucha de todo el pueblo, que son a la vez 10 años de gobiernos kirchneristas que no han resuelto las cuestiones de fondo referidas a la impunidad de ayer y de hoy en los crímenes de Estado.
La política de Juicio y Castigo sólo ha posibilitado que 360 represores del Terror de Estado sean condenados en 7 años de juicios, y que sólo una quinta parte de los jóvenes apropiados en esos años recuperen su verdadera identidad.
A poco de cumplirse 30 años de finalizada la dictadura las libertades democráticas siguen siendo avasalladas por los sucesivos gobiernos constitucionales, y en estas 3 décadas se registraron más de 3.800 casos de gatillo fácil, más de 200 casos de personas desaparecidas por razones políticas y sociales y más 80 personas asesinadas en represiones abiertas a manifestaciones populares.
El ajuste producto de la crisis económica aumenta la conflictividad social, que a su vez acentúa la criminalización de la protesta y la judicialización de los conflictos. Así lo prueban los más de 5.000 compañeros procesados por luchar y la reciente confirmación del espionaje que Gendarmería despliega sobre las organizaciones del campo popular para armarles causas por reclamar sus derechos.

A 37 años del golpe el Estado argentino sólo efectivizó 89 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 90 juicios estuvieron procesados 474 imputados (algunos represores en varias causas), donde hubo 427 condenas sobre 360 represores, 42 absoluciones y 4 muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 2151 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 23% del total de los 1.900 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 19% de ese número de procesados fue condenado.
Si bien en comparación con lo realizado en la década del ’80 la cantidad de condenados en este último tiempo es 11 veces superior en la mitad del tiempo, comparando los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 360 condenados siguen representando, a 10 años de anuladas las leyes, menos de 1 represor condenado por CCD. Esto marca claramente que la pretensión punitiva lejos está de representar la dimensión real del Terrorismo de Estado.
Pero además, esta situación de impunidad demuestra que en una década se perdió gran parte de la posibilidad de hacer justicia, ya que si comparamos los datos de represores condenados con los de represores muertos antes que la justicia llegue a condenarlos, la balanza sigue equilibrada en la impunidad: son 320 genocidas muertos impunes contra 360 condenados.
Por eso, ese 19% de condenados sobre procesados es menos auspicioso que los datos defendidos como avances desde los sectores oficiales y sus medios de desinformación. En efecto, está en curso una maniobra para destacar el supuesto “salto cualitativo en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad” que alumbraría una nueva etapa de “megajuicios”. Contra esa afirmación habría que recordar que 17 de los 24 juicios de 2012 tuvieron entre 1 y 5 imputados y sólo 6 de ellos juzgaron a 10 o más represores, es decir que hubo tres veces más “mini-juicios” que “mega-juicios”. Pero como sabemos, en la era de la comunicación la Verdad es siempre una construcción. Y si analizamos la cantidad de absoluciones sobre condenas, veremos que 2012 fue el año que mayor cantidad de condenas tuvo (127), pero también fue el año con mayor cantidad de absoluciones (18) y muertos impunes en juicio (3).
Seis años y medio de impunidad, silencio oficial y estancamiento de la investigación en la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, y cuatro años de impunidad y el intencionado desvío de la causa hacia la teoría de un homicidio común en ocasión de robo en el caso de Silvia Suppo, son sólo dos ejemplos de las condiciones en que los sobrevivientes y familiares se ven obligados a participar de los juicios, y una muestra de que la protección a los testigos es sólo una manifestación de buena voluntad de parte del Estado, mientras se sostiene la misma estructura corrupta y asesina en sus fuerzas de seguridad.
Más aún cuando sabemos que hay más de 60 represores prófugos, que casi la mitad de los genocidas imputados en todo el país gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, que les permite pasearse tranquilos aunque estén condenados, como el partero de la ESMA Héctor Magnacco, o planificar cualquier estrategia de desquite si las causas avanzan.

En estos años el recorrido de la política de Restitución de la identidad de los hijos de desaparecidos apropiados nos presentó un camino sinuoso y paradójico. Si bien hubo 108 restituciones de identidad y 55 militares, policías, médicos y civiles condenados específicamente por el delito de supresión de identidad, retención y ocultamiento de los menores, queda pendiente dilucidar la participación histórica y la responsabilidad penal de los integrantes de la Iglesia Católica, verdaderos agentes de inteligencia del plan criminal como Jorge Bergoglio, Emilio Graselli y tantos otros que eran agentes de inteligencia de los represores sobre los familiares que buscaban a sus hijas y a sus nietos.
Y continúa irresuelta la responsabilidad de la mayoría de los jueces y médicos policiales en la entrega de los niños. Porque está claro que la apropiación de niños no sólo se puede investigar por denuncias de particulares, sino también examinando las huellas de ese delito en los registros de las Secretarías de niñez, Registros civiles, hospitales, clínicas y cementerios.
Por otro lado, en el camino de aquellos jóvenes que llegan a realizarse las pruebas científicas para determinar su identidad, estamos ante el paradójico hecho de la construcción de nuevas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, ya que cuando el análisis genético arroja un resultado negativo previsible, debido a que las muestras obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) es de sólo 200 patrones familiares, la mayoría de los jueces terminan archivando el caso y no continúan con la búsqueda de la identidad.
Hay tareas de política de Estado en este tema que continúan pendientes, como la falta de un cruce informativo y la inexplicable existencia en dos bancos distintos en el EAFF y en el BNDG: uno con la información se los restos de desaparecidos identificados y de familiares (en un banco mucho más numeroso que el BNDG), y por el otro, de la información genética que reconstruye a cada madre y/o padre desaparecido que han sido informados.
Porque a esta altura no es un impedimento técnico la implementación de un sistema informático especializado en crímenes de lesa humanidad, que vincule entre sí los hechos, las pruebas, los imputados, los procesados, las víctimas identificadas y no identificadas.
En estos 10 años venimos denunciando la continuidad de la práctica del gatillo fácil y la desaparición de personas de parte de las fuerzas represivas del Estado como una herramienta necesaria de los sectores dominantes para seguir imponiendo sus objetivos.
Los casos de Andrés Nuñez en 1990, Miguel Bru en 1993 y Jorge Julio López en 2006 sintetizan dos décadas de reconversión de aquella mecánica de la desaparición, hacia el actual disciplinamiento social de todo aquel que no sea cómplice del esquema mafioso de explotación: Luciano Arruga por no querer robar para la policía, Facundo Rivera por no aceptar la arbitrariedad de las razzias en los barrios, Daniel Solano y Mario Golemba por ser referentes gremiales, y con ello, enemigos automáticos del poder feudal de las zonas rurales.
Pero para entender esto hay que insistir en que estos no son casos aislados, ni “excesos”: así lo prueban los más de 3.800 asesinados en el gatillo fácil y las más de 200 personas desaparecidas a casi 30 años desde concluida la dictadura. No es un dato menor que el blanco sea siempre el joven, el pobre, el morocho, aquel que es construido mediáticamente como elemento “inútil” para el sistema, pero que a su vez representa el sector convocado generacionalmente a transformarlo.

La criminalización de las luchas de nuestros pueblos originarios por sus tierras, y de los sectores que se resisten a la economía saqueadora y destructora de nuestros recursos naturales es el símbolo del modelo de exclusión y privilegios que representa el actual gobierno.

A 10 años de la asunción de Néstor Kirchner, y ya atravesando el segundo mandato de Cristina Fernández, afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado, porque la criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares. Denunciamos por eso que este gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en los hechos descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social del presente. Al día de hoy solamente hay cerca de 1400 genocidas procesados, y más de 4000 luchadores criminalizados. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes.
En los últimos años existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores, cuestionando conquistas como el derecho a la huelga y a la movilización popular.
Para esto, a lo largo de estos casi 30 años de terminada la dictadura, los diferentes gobiernos constitucionales han perfeccionado la selectividad del aparato represivo, haciendo uso de diferentes herramientas como la “Ley anti-terrorista” reformada en 2011, por la que cualquier militante o activista puede ser acusado de terrorista por participar de medidas de lucha reclamando trabajo digno, salud, vivienda, educación, etc. O bien con la militarización de los barrios pobres de la todas las grandes ciudades, mediante los operativos de la misma Gendarmería que debió renovar su cúpula tras el escándalo que significó el Proyecto X de espionaje sobre las organizaciones populares en lucha, y que terminan sumándose a las tareas de persecución, amedrentamiento y a participar de todos los grandes negociados que ya controlan las policías provinciales.
Mientras esto sucede en las calles argentinas, en los depositarios de muertos vivos llamadas cárceles, el 70 % de los detenidos por delitos comunes son en su mayoría pobres y excluidos, que se hallan sin sentencia firme, sufriendo torturas y traslados constantes, viviendo en condiciones infrahumanas y siendo ejemplo de la falacia del discurso de reinserción social.
Esta es la verdadera “justicia” que reina en nuestro país, la que se supone que debe ser de orden igualitario y común a todos los hombres y mujeres del territorio, y no es más que una justicia burguesa y recortada, muy eficaz para los de abajo y para los que luchan y resisten, pero muy lenta o generalmente inexistente para los poderosos de siempre, que no son más que los que mantienen al pueblo en condiciones de hambre y opresión.

Por todo esto, para arrancar al movimiento de Derechos Humanos de su crisis de obsecuencia actual hay que retomar las tareas que lo erigieron como un actor independiente y crítico del Estado violador de derechos. Entre ellas, no sólo la continuidad de la lucha por el Juicio y Castigo a todos los genocidas, sino principalmente la denuncia de las violaciones de DDHH de hoy, el combate contra la criminalización de la pobreza y la judicialización de la protesta, el apoyo a todas las luchas de los trabajadores y el desenmascaramiento de las estrategias de las víctimas-devenidos-en-funcionarios que intentan imponer una versión pasteurizada de la lucha de los compañeros de ayer y de los desafíos de hoy, con su defensa acrítica de la justicia a cuentagotas, su silencio sobre la represión actual, y sus museos, placas y baldosas de la desmemoria.
Si recuperamos nuestras verdaderas tareas volveremos a ser un vigoroso brazo que golpee donde más duele: señalando hasta el hartazgo que el Estado capitalista fue y es el único violador universal de los Derechos Humanos.

HIJOS LA PLATA

www.hijosprensa.blogspot.com

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