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Distrito central. Las disputas al interior del PJ en la Provincia de Buenos Aires
Por Valeria Sleiman (Razón y Revolución) -
Saturday, Mar. 23, 2013 at 2:21 AM
El corazón del capitalismo y de la política en Argentina, el Gran Buenos Aires, ya no es territorio seguro para el kirchnerismo. Los saqueos, Scioli, Massa y las protestas obreras, entre otras variables, amenazan la preponderancia de Cristina en una provincia clave. Vea cómo el oficialismo intenta recuperar terreno y cuáles son los límites a su iniciativa.
La provincia de Buenos Aires fue históricamente un espacio vital para la estabilidad del gobierno nacional. Quien domina el aparato de la provincia, se asegura un gran porcentaje de apoyo en las elecciones y, por ende, un respaldo territorial. Desde esa provincia, se pergeñaron las caídas de los dos presidentes argentinos: con Cafiero, la de Alfonsín; con Ruckauf, la de De la Rúa (por no hablar de la guerra entre Menem y Duhalde en los ’90). Los saqueos acaecidos durante el pasado diciembre demostraron que la provincia se ha convertido en una región díscola, más aun con la polémica que se desató respecto de los fondos asignados a los municipios. Un debate que alcanza a los intendentes, pero también a los gobernadores. A partir de la crisis fiscal que atraviesa la provincia de Buenos Aires a fines del 2012, y por la que Scioli solicitó ayuda económica al gobierno nacional, el gobernador planteó otra estrategia para el 2013: rediscutir la coparticipación (provincial) para lograr así contar con más presupuesto.
La disección
En diciembre pasado, Cristina Kirchner pronunció un discurso en el que llamó la atención sobre un entramado no kirchnerista en torno a las figuras de Scioli y Massa. Afirmó que acentuaron sus gestos de autonomía, sin llegar a la ruptura total como fue el caso de De la Sota y Moyano. Con el comienzo de la actividad legislativa del 2013, se aprobó un DNU, que le permite al gobierno nacional asignar partidas presupuestarias directamente a los municipios, sin la intermediación de los gobernadores [1]. De hecho, a través del decreto 2609/12 se modificó la asignación presupuestaria de ese año y se utilizó el mecanismo que contempla el decreto para enviar 6 mil millones de pesos a los municipios. De ese monto, 4.500 millones fueron aportados por el ANSES y 1.479 millones por el BCRA [2]. Los considerandos del decreto apuntan a que la falta de una rápida respuesta a los requerimientos presupuestarios pondría en riesgo a algunas jurisdicciones, que verían parado su funcionamiento. La responsabilidad es puesta en los gobiernos provinciales estarían gastando un 16% más de lo que recaudan, por lo que difícilmente podrían asistir a sus intendencias. El bloque oficialista apoyó el decreto. El radicalismo cuestionó el uso discrecional de fondos que hace el gobierno para cooptar a los intendentes, dudando del proyecto. Argumentan que la iniciativa surgió en momentos en que varios gobernadores reclamaban cambios en la distribución de los fondos de coparticipación federal.
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