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Dos actividades para visualizar la represión: Sala Alberdi y Chaco
Por Nicolás Fucci ((i)) - Thursday, Apr. 11, 2013 at 11:33 AM

rganziaciones sociales se movilizaron en el día de ayer hasta la Casa de la Provincia de Chaco para exigir el desprocesamiento de dirigentes sociales imputados luego de una represión a una manifestación docente y denunciar la represión en ese distrito. Mientras que la RNMA y abogados de organizaciones antirepresivas de derechos humanos brindaron una conferencia de prensa para informar sobre la presentación de la querella por los heridos con bala de plomo en la represión por la Sala Alberdi.

Organziaciones sociales (el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, el Partido Revolucionario Marxista-Leninista, la CUBA-MTR, las Asambleas del Pueblo, la Tendencia Piquetera Revolucionaria, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente de Organizaciones de Base entre otras) se movilizaron en el día de ayer desde la Plaza Congreso hasta la Casa de la Provincia de Chaco para  exigir el desprocesamiento de dirigentes sociales imputados luego de una represión a una manifestación docente y denunciar la represión en ese distrito. Prácticamente en ese mismo y en un edificio contiguo, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y abogados de organizaciones antirepresivas de derechos humanos brindaron una conferencia de prensa para informar sobre la presentación de la querella por los heridos con bala de plomo en la represión por la Sala Alberdi.

Coincidieron en denunciar  el aumento de la represión y la persecución a la protesta social, que se da en tondos los distritos sin importar quién gobierne y la necesaria complicidad de los medios masivos.

Desde la RNMA presentaron un video elaborado a partir de materiales de medios alternativos e integrantes de la asamblea de la Sala Alberdi donde se muestra cómo fueron heridos los dos periodistas, Esteban Ruffa de la agencia ANRed y Germán Darío de Los Santos de DTL: según lo que mostraron y el análisis que hacen de las imágenes fueron alcanzados por una misma bala que salió de un arma de un policía.

“Si nosotros que somos medios alternativos podemos mostrar esto, calculo que los expertos van a poder determinar con más exactitud y con mejores herramientas quien disparó y qué responsabilidad le cabe a cada uno de ellos”, señaló De Los Santos, refiriéndose a la presentación como querellantes ante la Fiscalía nº7, del Juzgado de Instrucción nº 38, en la causa penal que investiga los hechos del 12 de Marzo, la cual no sólo apunta a quién o quienes efectuaron el disparo sino también a la cúpula de la Policía Metropolitana, los ministros Guillermo Montenegro y Hernán Lombardi y el Jefe de Gobierno Mauricio Macri.

Sobre el por qué de la movilización, desde una de las organizaciones  convocantes reafirmaron: “En el territorio tenemos una consigna: nos tocan a uno nos tocan a todos”.

 

Represión y persecución

            Desde hace siete semanas, cuando debieron comenzar las clases, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Educación del Chaco (Sitech) y otras organizaciones gremiales se encuentran en un conflicto salarial reclamando un incremento del 30 por ciento.

El pasado cinco de abril realizaron una movilización a la Legislatura -donde iba a ser interpelado el ministro de Educación, Sergio Soto-  en contra del cierre por decreto de las paritarias, pero fueron reprimidos por la policía; el 21 de marzo ya habían sufrido otro ataque en un corte de ruta.

Tras los hechos, el ministro Soto y el subsecretario de Seguridad Pública, Mauro Flores, realizaron una presentación pidiendo el procesamiento de varios manifestantes. Si bien no hubo detenidos, a partir de filmaciones o por ser identificados por la policía hay 17 personas con causa penal.

Oscar Kuperman, de CUBA-MTR, reveló que, sin embargo, todos ellos son reconocidos dirigentes de organizaciones sociales de la provincia: “En esa lista están todos los que luchan contra el gobierno de (Jorge) Capitanich por el hambre, la desocupación, la vivienda o el salario digno”.

Viviana Toro,  Eduardo Mijno, Damián Kuris, Rosa Quiróz de Sánchez, Alejandro Bustos y Juan Carlos López, (integrantes del Sitrech) y Aldo García, Walter Obes, Abel Galeano, Amílcar Soto, Rubén Altamiranda, Nadia y Sergio González Toro (pertenecientes a organizaciones sociales, estudiantes y sindicales) fueron denunciados penalmente.
Se llegó al punto de imputar a personas que no estaban participando de la protesta, como el periodista Amilcar Soto, que en ese momento estaba camino al bautismo de su hija, pero que fue acusado como instigador de la actividad en la Legislatura por el Ministro.

En la conferencia de prensa, Martín Alderete, de la Coordinadora Atirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP) explicó: “Como en innumerables hechos donde se reprime groseramente, donde hay heridos en incluso muertos,  se intenta justificar esa represión con el armado de causas penales, donde se utiliza un “combo” donde se los acusa de daños, lesiones y resistencia a la autoridad, sin ningún tipo de fundamentos”

Se refería a los ocho imputados en causas relacionadas al  conflicto de la Sala Alberdi (que ya se había intentado judicializar en otras oportunidades): cuatro detenidos durante el desalojo de la Plaza Seca, a quienes les abrieron contravenciones y cuatro procesados con causa penal, por usurpación, aquellos que estaban resistiendo en el sexto piso.
Aldereterecordó que ya hubo una causa por usurpación durante los dos años y medio de Toma y Autogestión, pero que esta fue archivada.

“Que no quede registro fílmico”
          

Pero mientras que en Chaco el objetivo del accionar represivo fueron los dirigentes, en el desalojo al acampe, según la lectura de los organismos de derechos humanos, se apuntó a quienes estaban cubriendo la represión, con el objetivo que no queden pruebas de cómo sucedió.

En este sentido, María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció: “Este es un hecho repetido: los que reciben las heridas más graves, los que son heridos con balas de plomo son trabajadores de prensa independientes. La orden, y esto es lo que esperamos probar en esta causa penal, era que no quedasen registros gráficos ni filmados de lo que estaba sucediendo y de la forma en que se estaba llevando adelante el operativo”.

Y lo relación con el asesinato de Mariano Ferreyra, donde un grupo de la patota de la Unión Ferroviaria tenía por objetivo apartar a las cámaras de televisión, y tratar de impedir que se filmara el ataque.

El relato de los dos periodistas reafirmó este punto, pues coincidieron en explicar que en los instantes previos a ser heridos estaban registrando la represión y que el tiempo en que tardó el policía en disparar, desde el momento en que saca el arma, tiene que significar que estaba apuntando.

Germán Darío de Los Santos, de DTL, recordó: “Estaba haciendo tomas, Me doy cuenta que un integrante de la Metropolitana estaba por disparar y cuando intento correr recibo el disparo. Siento el impacto y escapo como puedo hacia Paraná. A mí me dieron en la pierna izquierda, muy cerca de la arteria femoral, o sea que muy probablemente podría haber sido otro caso fatal de parte de la policía”.

Mientras que Esteban Ruffa de la agencia ANRed comentó: “Cuando la policía empieza a avanzar por Corrientes, me cruzo enfrente hago dos fotos y cuando me estoy yendo, recibo por detrás, desde el cordón policial, un impacto de bala de plomo debajo de la rodilla, que queda impactado en la tibia, comprometiendo la pierna y, de ahora en más, problemas para caminar, que no sé cómo evolucionará”.

En esa represión también fue herido con bala de plomo un joven de la Biblioteca Los Libros de las Esquina –organización que decidió no presentarse como querellante -; más de 100 personas fueron alcanzadas por balas de goma.

Por otro lado, una joven sufrió una fuerte herida en el cráneo. Bárbara Rodriguez recordó que estaba en la esquina de Montevideo y Corrientes, a cinco metros de la infantería que avanzaba, cuando recibió un golpe muy fuerte impacto en el costado derecho de la cabeza. Aún no saben qué la golpeo, pero los médicos le dijeron que una bala de goma sólo puede generar ese daño desde muy corta distancia, por lo que manejan esa teoría o el rebote de una bala de plomo.     En ese momento se desvaneció y sufrió convulsiones; aun hoy continúa con secuelas: debe tomar medicación para evitar las convulsiones y no tiene sensibilidad en las yemas de dos dedos de la mano.  

Gobierne quien gobierne, la represión como única respuesta

Por otro lado coincidieron en señalar que ninguno de los dos casos son hechos aislados.

En la conferencia en el Bauen, María del Carmen Verdú marcó la necesidad de que la querella penal y las diferentes actividades de visualización sean parte de la denuncia pública que cotidianamente hacen  respecto del conjunto de las políticas represivas del Estado.

En este sentido, explicó que no se presenta la querella porque se quiera ver a alguno de los policías que disparó procesado o preso, sino porque se está denunciando que lo que sucedió es parte de una  política de represión selectiva sobre los sectores organizados de la sociedad, la cual no distingue si se trata del gobierno nacional, provincial o municipal.
En lo que refiere a la persecución a dirigentes del Sitech y otras organizaciones, Kuperman explicó que hace mucho que vienen denunciando como en la provincia se desarrolla lo que caracterizó como un sistema de terror: torturas en comisaría, detenciones ilegales, autos circulando en los barrios el día previo a una manifestación o estacionados en la puerta de militantes,  quita de planes sociales a quienes se movilizan, etc.

Y dio como ejemplo el operativo que hay dentro del Hospital Perrando, en Resistencia, donde desde que entrás a pedir un turno hasta que vas a la sala donde te atiende el médico atravezas muchísimos controles; “hay más efectivos de seguridad que médicos”, sintetizó.

En el caso de la Sala Alberdi, entienden que la represión fue el clímax de un clima de constante persecución.

Por eso es que De Los Santos reafirmó: “No quiero entrar en la cuestión del loquito que disparó, porque sabemos que alguien les compra las armas, y alguien les da una orden”.

Por otro lado, Verdú denunció que tal represión, realizada en la Capital Federal (donde se ubica la Casa Rosada), necesariamente tiene que contar con el aval del gobierno nacional; recordando además que ese día, al igual que en la posterior represión del 24 de marzo, la policía federal  instaló perímetro de seguridad que imposibilitó que la gente se acerque al lugar.

Los medios apuntan, la policía dispara

Otro punto de coincidencia fue la crítica a la actuación de los medios, que no se agota en el simple ocultamiento.

En el caso de Chaco, Kuperman señaló que por un lado existe todo un sector de medios oficialistas, como por ejemplo el diario Norte, que responden al gobernador y ocultan este tipo de hechos, como sucedió con la represión al corte de ruta realizado por docentes el  pasado 21 de marzo.
Pero que por otro lado hay una persecución a quienes denuncian: “La prensa independiente  tiene límites, si vos sacas la nota de la represión a los docentes yo te saco la licencia de la radio. Están muy amenazados”.

En el caso de los heridos de bala de plomo de Capital Federal la situación fue diferente porque en un primer momento sí se le dio visibilidad a lo que sucedió, pero desde la Correpi reflexionaron que por un lado, las notas que se hicieron el primer y segundo día presentaban la noticia adjetivando el hecho como algo insólito o increíble, por lo que se reafirmó la tesis del “loquito suelto”, desresponsabilizando al Estado. 

Pero además denunciaron cómo rápidamente la noticia fue perdiendo lugar en los diarios: “Es notable como un episodio de tal envergadura, con dos trabajadores de prensa heridos con balas de plomo, una tercera persona herida con bala de plomo, una joven con una fractura de parietal y 100 heridos con bala de goma haya desaparecido de los medios. Eso tampoco es casual”.

De los Santos, de DTL,  recordó como durante todo el acampe los medios realizaron una campaña de estigmatización llegando a decir que en el lugar se escondían facas. En aquellos días, desde la asamblea del acampe denunciaban que esas notas tenían por objetivo  justificar una futura represión.

Ramiro Geber, del Colectivo popular por los derechos humanos (COPODH) resumió: “El estado siempre da la misma respuesta a las luchas populares: la represiva, gobierne quien gobierne. Macri en la ciudad, Cristina, De la Rúa en el 19 y 20 de diciembre. Han pasado muchos gobiernos, y la única política que se ha mantenido es la represiva. Se han incrementado las víctimas de gatillo fácil y la represión policial e institucional. Van por todos y cada uno de los luchadores populares, ejerciendo en forma sistemática la persecución y la criminalización de la protesta. Lo de hoy nos da muestra que nuestra tarea y deber como organizaciones antirrepresivas es no dejar que se naturalice la respuesta represiva como la única respuesta por parte del Estado”.

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