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Denuncian abandonos en hospitales psiquiátricos de Córdoba
Por Mesa Permanente de Salud Mental y DDHH -
Friday, Apr. 12, 2013 at 11:44 AM
Frente a la reiterada aparición en los medios de prensa de imágenes y testimonios que dan cuenta de la situación que se vive en algunos de los Hospitales Psiquiátricos de la Provincia de Córdoba, la Mesa Permanente de Salud Mental y DDHH se ve en la obligación de volver a señalar el nivel de abandono en el que se encuentra el sector público de la salud mental provincial.
Hemos dicho al respecto, en otras oportunidades, que este estado de cosas, que no puede ser banalizado ni naturalizado, no es producto de la casualidad sino que es debido a políticas sectoriales que, desde hace veinte años por lo menos, han desfinanciado y vaciado al campo público de la salud mental.
La reciente sanción de la Ley Provincial de Salud Mental Nº 9848 generó una expectativa de transformación en muchos de los actores del sector. Sin embargo, a casi tres años de su sanción, no se han tomado las decisiones políticas necesarias para avanzar en el cambio estructural que la ley ordena. Ofende a la ciudadanía el pobre argumento esgrimido por los funcionarios sanitarios provinciales que, para justificar los escasos avances logrados en el mejoramiento del sector, acuden a señalar la complejidad de los problemas y la necesidad de contar con más tiempo para abordarlos. Argumentos insostenibles en el marco de una gestión provincial que se jacta de su continuidad de casi 14 años al frente del gobierno.
La situación planteada adquiere mayor gravedad aún, porque no se trata simplemente de las dificultades del ejecutivo para prestar un servicio público de calidad, sino de su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de personas y grupos especialmente vulnerables.
Además, tal como lo afirma Juan Méndez, Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Marzo, 2013) las formas de abusos denunciadas, dentro de los contextos de asistencia a la salud, alcanzan “el carácter de malos tratos equivalentes a la tortura o a los tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Agrega también que es obligación de los Estados “regular, controlar y supervisar las prácticas de asistencia a la salud a fin de poder prevenir los malos tratos bajo cualquier pretexto, así como identificar las políticas que promueven estas prácticas y crean espacios carentes de protección”.
Dicho lo anterior, no pueden existir motivos para perpetuar en el tiempo situaciones como las denunciadas ya que implican, no sólo, una flagrante desatención en los servicios de salud, sino claramente, un brutal avasallamiento de la condición y la dignidad humana.
Abril 2013