Discriminación, chocolate por la noticia
Por Facundo Moya - Wednesday, May. 08, 2013 at 2:18 AM
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La noticia sobre un caso de discriminación a chicos con síndrome de Down en un boliche de Nueva Córdoba nos lleva a hablar de un problema social que va más allá del caso aislado.

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En los últimos días tomó trascendencia nacional un hecho de discriminación aberrante sucedido en la ciudad de Córdoba que sacudió a la opinión pública: a un grupo de jóvenes con síndrome de Down les fue denegada la entrada a un boliche de Nueva Córdoba.
Como todos los meses, en el marco de actividades de esparcimiento realizadas por el Grupo Amistad, los jóvenes concurrieron esta vez al boliche Miix (ex Social) en la calle Larrañaga, previa confección de una lista con los nombres de todos los que allí se apersonaron, y habiendo llegado dentro del horario pactado junto a su coordinador Hernán Páez, se les prohibió el ingreso.
En el contexto de la violencia que la situación ya implica, una de las personas que les negó el ingreso refirió como motivo que en caso de sucederle algo a los chicos, no iban a contar con la cobertura del seguro, según el mismo Hernán Páez relató luego.
Una de la jóvenes allí discriminada, Noelia Garela, docente de 27 años, relataba también los hechos en medio del dolor que causa una situación así: “Es la primera vez que nos pasa…Todos mis compañeros se sintieron discriminados... Es la primera vez que nos discriminan en un boliche.”
Luego, cuando el caso tomó vuelo propio tanto en los medios como en las redes sociales, los dueños del local recurrieron nuevamente a la cobardía, aludiendo entonces que no se habían dado cuenta que los jóvenes tenía síndrome de Down, y que la capacidad del boliche no permitía el ingreso de más personas.
Ante los hechos aquí resumidos, tanto la Municipalidad de Córdoba como el gobierno de la Provincia y el Inadi tomaron cartas en el asunto, con el compromiso de investigar hasta las últimas consecuencias a los fines de llegar a la verdad y sancionar con todo el peso de la ley a quien sea responsable de esta situación.

Una de tantas.
Hasta aquí el relato de los hechos, la crónica de un accionar deleznable, la desazón de los jóvenes que sufrieron tal accionar, la denuncia pública, la bronca y la condena social.
Sin embargo sería ciego –o el menos miope- de nuestra parte quedarnos sólo con este relato, con la bronca, la indignación, la condena social y nada más. Sería un poco hipócrita por parte de la sociedad, sería un poco irresponsable por parte de los medios.
Todos sabemos que los hechos de discriminación en este tipo de lugares son corrientes, cotidianos, habituales, que forman parte de la idiosincrasia de los mismos. Lo sabemos porque lo hemos vivido en carne propia, o porque conocemos algún relato cercano, o simplemente porque estamos al tanto de que denuncias de este tipo son frecuentes en el Inadi. Afortunadamente también son crecientes, ya que cada vez más personas discriminadas se animan a hacerlo público y a poner estos hechos en manos de las autoridades encargadas de ello ya sea en forma personal y formal, como así también vía telefónica o por correo electrónico.
“No se puede ingresar con ropa/zapatillas deportiva”, “está agotada la capacidad”, “no das con el perfil del lugar” son algunas de las excusas frecuentes que esgrimen los corpulentos agentes del orden nocturno cordobés. La realidad es otra, la realidad es que se manejan con ciertos estándares de belleza, étnicos y culturales. Lo hacen impunemente y todos lo sabemos. Y si todos lo sabemos y no hacemos nada es porque de alguna manera estamos cómodos como sociedad frente a esta situación.
Todos sabemos que no se trata de capacidad ni de ropa deportiva, sabemos bien que se trata de ser gordo, de ser feo, de ser discapacitado, de ser negro, de ser cuartetero, de ser boliviano, de ser “diferente” –como si no lo fuéramos todos-, y sin embargo no nos indignamos hasta que pasa algo así, algo que nos toca en lo más hondo como sociedad, algo totalmente despreciable, pero que sólo es el producto de lo que cotidianamente sucede y vemos. Es lo habitual, pero bajo la lupa.
Cuando hablamos de discriminación hablamos de la ruptura del principio de igualdad, y no importa si se trata de un cromosoma de más, de menos, del color de piel, de la vestimenta, del peinado o de la orientación sexual.
Entonces, como sociedad debemos interrogarnos acerca de qué es lo que realmente nos molestó acerca de este caso. Si se trata de la ruptura de la igualdad, debiéramos ser más abarcativos con respecto a nuestro enojo y poder ver más allá de lo que nos muestran los medios. Hoy terminó la función y la carpa mediática ya se desarmó y se fue a otra parte. Durante tres días fue tema de conversación en el trabajo, en clases, en el bar, ¿y después? Después nada, los boliches siguen abriendo sus puertas y discriminando semana a semana, y las denuncias no son menos que antes, y mientras tanto crece la fractura social que genera este tipo de políticas, legitimadas por una sociedad que a veces mira para otro lado y por un gobierno que fomenta, enmarca legalmente y participa activamente de actos discriminatorios.

Gobiernos comprometidos con la discriminación
Tras los hechos mencionados, tanto el gobierno municipal como el provincial públicamente tomaron medidas. La Municipalidad de Córdoba, mediante el subsecretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, José Fernández afirmó que dará curso a una investigación a los fines de esclarecer lo sucedido y de castigar duramente a los responsables en caso de constatar los hechos. El gobierno de la Provincia por su parte, se constituyó como querellante presentando formalmente la denuncia ante el Inadi, a los mismos fines.
Sin embargo resulta un tanto contradictorio por parte de ambos. Del lado de la municipalidad, tenemos a un gobierno que evocando el “orden” como paradigma de acción, toma medidas cuanto menos arbitrarias sino autoritarias. La última de ellas, al menos la de mayor resonancia mediática, consistió en la aprobación de la ordenanza que prohíbe –sí, prohíbe, no regula, prohíbe- el uso de cierto número de medios de transporte alternativos como los rollers y patinetas, entre otros, sin un relevamiento previo de la cantidad de personas que utilizan estos medios como transporte o esparcimiento, sin un estudio del impacto del uso de los mismos, o de su prohibición, y sin sentarse a dialogar con los sectores que se ven afectados por la medida.
La pregunta que surge y queda al criterio de cada uno es si en este tipo de medidas no se trata de un acto de discriminación hacia una “minoría”. El tema parece lejano cuando se lo piensa en contraste con las situaciones de discriminación planteadas anteriormente, pero no tanto cuando nos adentramos en la realidad de cualquier ciudadano que adopta un artefacto alternativo y no contaminante como medio de transporte y que desde ahora podrá ser sancionado y su medio de locomoción confiscado por la autoridad civil.
Por otra parte tenemos al Gobierno Provincial, del cual sólo basta mencionar su famoso e inconstitucional Código de Faltas, arma de discriminación masiva que legitima la detención por “portación de rostro” mediante la figura del merodeo, lo cual afecta a miles de jóvenes de ciertos sectores, dando por resultado un acceso selectivo a la zona céntrica y a ciertas zonas residenciales y una cantidad importante de detenciones y abusos.
Esa es otra historia de discriminación que todos conocemos y vemos todos los días frente a la cual por algún motivo también permanecemos en una ciega pasividad.
Quizás sea hora de que como sociedad en general y como ciudadanos en particular, abramos los ojos y ampliemos nuestro concepto de discriminación y lo problematicemos, para que forme parte de la agenda cotidiana de debate y no sea un mero momento de indignación que quede en la nada mediática y política, mientras estos gobiernos que poco hacen para mitigar la discriminación se rasguen las vestiduras en torno a un caso aislado.

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