Poder Judicial: Lo que los proyectos de “reforma” no dicen
Por ANRed - Friday, May. 10, 2013 at 8:41 PM

Las modificaciones propuestas por el kirchnerismo para el sistema judicial están lejos de poner en discusión el acceso a la Justicia de los sectores explotados de la Argentina. Más que cuestionar las dificultades en el acceso a la salud o a la vivienda –entre otros derechos esenciales ausentes en la debate–, se percibe, de parte del Gobierno, un intento por recuperar recursos económicos que precisa para afrontar el año electoral, y por impedir que el grupo Clarín continúe trabando la aplicación de la Ley de medios. Por Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega.

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El 4 de abril de este año, la Presidenta anunció un paquete de proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo Nacional y enviados al Congreso para su tratamiento. En él se enfatizan algunos enunciados simples: “justicia legítima para todos”, “participación para darle mayor legitimidad a uno de los tres poderes del Estado”, “modernización y agilización de la Justicia”, etc.

Sin embargo, frente a estas consignas, los seis proyectos enviados por el PEN no constituyen a grandes rasgos una propuesta superadora o, como se pretende discursivamente, una “democratización de la justicia”. Los ejes que se trazan no abordan más que aspectos formales de lo jurídico, ni siquiera encaran una reforma de fondo de la administración de la “justicia” en un sistema republicano de gobierno.

Quedan expuestas –sin embargo– algunas de las motivaciones políticas no explicitadas por el Ejecutivo, como recuperar recursos económicos necesarios para afrontar el año electoral e incidir en su pelea con el grupo de multimedios Clarín.

En este sentido, por dar un ejemplo, vemos que hacer una ley específica de medidas cautelares en juicios donde el Estado sea parte, puede pensarse como un límite a las grandes erogaciones que la caja de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) enfrenta por el cobro compulsivo de juicios previsionales a través de la traba de embargos judiciales. Pero, además, lejos de alentar el acceso a la Justicia de los sectores vulnerables que tanto declaman, obstaculizarán estrategias que dentro del sistema nos damos los/as abogados/as populares para garantizarlo.

La creación de un tribunal de Casación para el fuero Laboral y de la Seguridad Social también forma parte de una serie de medidas regresivas, que afectan los intereses de los/as trabajadores/as y que constituyen una continuidad con la recientemente sancionada Ley de ART.

Asimismo, habilitar una nueva instancia de apelación, lejos de agilizar la administración de Justicia, provocará una mayor dilación en los procesos judiciales por despido y una tendencia a la baja en los montos de los acuerdos prejudiciales, con lo cual se desconocerá el derecho de los/as trabajadores/as al cobro de indemnizaciones integrales en tiempos razonables.

Respecto de la polémica reforma del Consejo de la Magistratura, más allá de que es un aspecto en el que lo que se discute es mayor o menor “republicanismo”, podemos decir que el voto popular de los candidatos a miembros del Consejo, en cierto punto, hará más visible las adscripciones a tal o cual fuerza partidaria (las que, por supuesto, siempre existieron y existen). Pero no debemos ser ingenuos en este punto. Los futuros miembros saldrán del seno de las fuerzas partidarias que se vienen disputando los gobiernos de turno (siempre alejados de los/as de abajo) y, si tienen suficiente número, van a poder tomar decisiones de peso en la designación y remoción de jueces. Detrás de ese enfrentamiento hay, además, una disputa discursiva entre corporaciones por determinar qué es el Derecho. Por otra parte, no debe dejar de mencionarse el fallido intento del Gobierno en todo lo relativo al manejo de la caja, que en un principio pretendió trasladar de la Corte al Consejo, mostrando algunos límites en la embestida.

Por lo demás, entendemos que este paquete de leyes, al margen de gozar de una torpe técnica legislativa, incorpora algunas cuestiones tales como la transparencia en el acceso al Poder Judicial –aunque solamente en los cargos más bajos–, la publicidad de los fallos y la prohibición de aspirar a cargos para ex funcionarios/as jerárquicos/as de la dictadura cívico militar, que pueden leerse como un avance en términos “democráticos”, pero que de ninguna manera pueden presentarse a la sociedad como una verdadera reforma de la Justicia.

Algunas conclusiones

Como un problema repetido para quienes luchamos porque los/as trabajadores/as y el pueblo sean verdaderos/as protagonistas de sus destinos, advertimos –una vez más– una gran polarización de la discusión entre posiciones que no nos representan.

La retórica del kirchnerismo recurre al latiguillo de “reforma judicial y democratización de la justicia”, mientras que la oposición por derecha plantea que “la Justicia no se toca” o, incluso, un más burdo “no a la democratización de la Justicia”. Esta oposición se limitó a operar corporativamente en distintos estamentos y a hacer planteos de inconstitucionalidad de los proyectos, obstaculizando y cerrando el debate aún más de lo que ya lo había hecho el Gobierno con su votación en bloque y su desmesurado apuro.

Por su parte, nos causa una gran preocupación que sectores de la izquierda pertenecientes a un armado que ya nada tiene de progresista, se encuentren en la misma vereda que los sectores más rancios de la derecha de nuestro país, a metros de una carpa blanca que parece una burla a las históricas luchas de nuestros/as compañeros/as docentes.

Todas estas posiciones tienen en común el hecho de dar por sentado que están discutiendo “la Justicia” y una reforma estructural de ella. Humildemente, no compartimos ninguna de esas dos afirmaciones.

A nuestro modo de ver y como decíamos al principio, lo que se logró introducir fueron cambios que afectan apenas a la organización/administración de un poder del Estado, el Poder Judicial Nacional, donde –a diferencia de las justicias provinciales– se dirimen una mínima porción de los conflictos de la población.

El debate que se ha instalado no pone en discusión el acceso real a la justicia de los sectores explotados y oprimidos de nuestro país. No son parte de la “agenda” derechos tan esenciales como los relativos a la salud o el acceso a una vivienda digna. Ni el derecho a la protesta social, en el marco de crecientes procesos judiciales de criminalización de la misma.

Asimismo, esta reforma no tiene un solo eje pensado con perspectiva de género, en un poder del Estado que da sobradas muestras de violencia institucional hacia las mujeres en su interior, que se refleja en las víctimas de delitos sexuales y en el carácter patriarcal de las sentencias absolutorias a femicidas, violadores, abusadores y tratantes.

Insistimos en que este debate se da entre sectores que no nos representan. Por eso estamos convencidos de que nuestra tarea es apostar pacientemente a la organización política de los/as de abajo, y a construir más y más poder popular.

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