Julio López
está desaparecido
hace 6423 días
versión para imprimir - envía este articulo por e-mail

Denuncia penal por las detenciones en Educación
Por Diario Diagonales - Monday, May. 20, 2013 at 3:44 PM
http://diagonales.infonews.com/nota-197735-Presentan-denuncia-penal-por-las-detenciones-en-Educacion-.html

VIERNES 17 DE MAYO DE 2013 - Presentan denuncia penal por las detenciones en Educación. / Lo hicieron ATE y la Comisión por la Memoria. Plantean que hubo abuso de autoridad, violación de los deberes del funcionario públicos y amenazas. Apuntan a la actuación “violenta” de policías de civil.

Presentan denuncia penal por las detenciones en Educación

Política / Lo hicieron ATE y la Comisión por la Memoria. Plantean que hubo abuso de autoridad, violación de los deberes del funcionario públicos y amenazas. Apuntan a la actuación “violenta” de policías de civil.

17.05.2013


La mesa directiva de ATE La Plata presentó la denuncia por las detenciones

Por Pablo Spinelli
spinellipa@gmail.com

“Abuso de autoridad”, “violación de los deberes de los funcionarios públicos” y “amenazas”, son los delitos por los cuales el gremio de los estatales ATE y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), pidieron que se investigue a los funcionarios responsables de los dos operativos en los que fueron detenidos cinco trabajadores (cuatro de ellos delegados de la Junta Interna) de la Dirección General de Cultura y Eduación (DGCyE).

La denuncia penal fue confirmada este viernes, en una conferencia de prensa dada por ambos instituciones, en la que se manifestó la preocupación por las “irregularidades” cometidas en esos operativos. Ambos ocurrieron durante la mañana del martes, y fueron llevados a cabo con personal de civil que se movilizó en vehículos sin identificar.

En uno de ellos fue detenido el trabajador Marcelo Ardeti, y en el otro los delegados de la Junta Interna, Miguel Ciappina, Alejandro Sánchez Moreno, Silvia Ábalos Valdez y María Inés Uro. Todos estuvieron presos hasta el día siguiente a la tarde, acusado del presunto delito de “coacción agravada”, supuestamente cometido contra funcionarios de la cartera educativa el 31 de octubre de 2012, durante la firma del acta acuerdo que puso fin al episodio de la toma del edificio de la cartera educativa.

La denuncia. En la denuncia, ATE y la CPM plantean que “la no identificación previa de los delegados lleva a pensar que hubo inteligencia sobre ellos, resulta importante que se pueda establecer con claridad quién la ordenó, y las diferentes responsabilidades en el asunto”.

En la denuncia se establece el vínculo entre el modo en que se realizaron las detenciones con la dirección de Escuelas a cargo de Nora de Lucía. Mencionan la reunión previa que cuatro de los detenidos tuvieron con el director provincial de Negociaciones Colectivas de la DGCyE, Daniel Montes de Oca, y la presencia en el lugar de la detención de al menos un agente de custodia del edificio de 13 entre 56 y 57.

Mencionan entonces “el evidente seguimiento formalizado por el personal de custodia de la Directora General de Escuelas, desde la salida de la reunión, en la sede Ministerial, hasta la intersección (11 y 57), donde acaecen los hechos”. Y concluyen que “ello hace a un accionar conjunto de las fuerzas policiales y la ligazón inescindible con las autoridades de la Dirección General de Escuelas”.

Los hechos. Según narran en la denuncia, al salir de esa reunión en el edificio central de la DGEyC, los trabajadores fueron abordados en la esquina de 11 y 57 “intempestiva y violentamente” por entre 15 a 20 personas de civil, quienes los habrían empujado contra la vidriera de un local que se encuentra desocupado y contra la pared de casas existentes en el lugar. “Manteniéndolos contra dichas estructuras, golpeándolos contra ellas, empujándolos, ordenándoles que miraran siempre hacia abajo y efectuándoles diferentes amenazas”, denunciaron.

Y plantean como “llamativo” que en ningún momento les preguntaron los nombres o apellidos, así como tampoco les solicitaron ningún tipo de identificación. Los “agresores” tampoco se identificaron como policías, no les exhibieron orden de detención, ni efectuaron ningún acto que indicara que se trataba de una detención. En síntesis: Valdez, Sánchez Moreno, Ciappina y Uro creyeron que se trataba de un robo o de un secuestro.

Fue en ese momento que advirtieron la presencia del personal policial de custodia de la DGCyE, el cual antes había sido visto en la puerta del despacho donde se reunieron con Montes de Oca. Ese agente no sólo desoyó los pedidos de intermediación, sino que además los “insultó” y los “amenazó” y “escupió”. Según relatan, ese agente les gritó: “Yo soy cana, ahora aguántatela si te da la nafta, ya sé donde viven, vamos a romper sus casas y vamos por sus hijos”.

Es en el momento en que identifican participando de forma activa al custodio de Nora De Lucía, que los delegados de ATE, toman cierta conciencia, más no realidad de la factible participación de autoridad.

Luego fueron subidos a tres autos particulares, uno de ellos sin identificar. Las dos mujeres en un uno y los dos hombre en sendos vehículos, y conducidos a la DDI (61 entre 12 y 13). Paralelamente, el quinto detenido, Marcelo Ardeti, sufría una detención similar en la Torre I, la cual quedó registrada en video.

Los fundamentos. Para los denunciantes, esas irregularidades están previstas y sancionadas por nuestro Código Penal. “No basta para legitimar el accionar policial que existiera una orden dada por autoridad competente, sino que a la vez, quienes la ejecuten, deben cumplir con todas las formalidades que hacen a los derechos de quienes deben sufrir la detención dispuesta”, dicen, y agregan: “Se puede perder la libertad, pero ello deberá acontecer privilegiando a la persona hasta sus últimas consecuencias y no cosificándola”.

Un párrafo de la presentación sintetiza su espíritu: “La forma de detención ilegal, sin explicarle a las personas por qué estaban sufriendo una privación de su libertad, así como tampoco informarles a dónde los llevaban, procediendo hombres de civil en autos particulares, uno de ellos sin identificación, dota a la situación de suma gravedad, ya que se asemeja más a un secuestro que a una detención. Ello sin duda rememora otras épocas nefastas vividas por nuestra nación, allá en la década del 70, cuando asolo la dictadura militar y las fuerzas policiales ejecutaban actos como los descriptos”.

La presentación fue formalizada por Oscar De Isassi, secretario general de ATE; Hugo Blasco, secretario de derechos Humanos de la CTA, y Alejandro Mosquera, Secretario Ejecutivo, de la CPM, con el patrocinio abogado del Marcelo Ponce Nuñez.

agrega un comentario