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Negociación salarial 2013: Los trabajadores frente a la inflación
Por Observatorio del Derecho Social de la CTA -
Saturday, May. 25, 2013 at 5:54 AM
Lunes 20 de mayo de 2013 | La discusión salarial constituye una de las principales dimensiones donde se dirime, en la Argentina de hoy, la puja entre el capital y el trabajo. Durante la última década las organizaciones sindicales impulsaron conflictos de diversa intensidad para recomponer los niveles del salario real, que luego de la salida de la convertibilidad, en el año 2002, habían alcanzado sus mínimos históricos.
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A partir del año 2007 la puja distributiva se vio crecientemente afectada por la reaparición de la inflación, que constituye una de las herramientas utilizadas por los empleadores para maximizar así su tasa de ganancia.
Desde entonces, los trabajadores se han visto forzados a reclamar incrementos salariales crecientes no sólo como forma de incrementar el salario real, sino también para evitar su depreciación por efecto de la inflación.
En este sentido, el ingreso real del conjunto de los ocupados se encuentra apenas por encima -un 2,3%- de los niveles existentes en el cuarto trimestre de 2001. Sin embargo, aquí se esconden profundas divergencias sectoriales. Mientras los trabajadores registrados del sector privado han experimentado un crecimiento del 26% en términos reales, los trabajadores no registrados están un 3,9% por encima, y los trabajadores del sector público han perdido un 37,7% con relación al último trimestre de 2001.
Si se considera la evolución de salario de los trabajadores registrados, es central observar el resultado de las negociaciones salariales anuales que se vienen desarrollando, al menos desde el año 2006. Nuevamente, aquí también se presentan fuertes disparidades sectoriales.
En efecto, mientras los salarios de convenio de los trabajadores del transporte automotor de cargas (“camioneros”) y de la industria de la alimentación tuvieron fuertes incrementos en términos reales (el 29% y el 14% respectivamente), en otras actividades como el transporte automotor de pasajeros y la industria textil se experimentaron retrocesos de diversa magnitud (8% y 3,5% respectivamente). Más aún, en la industria metalúrgica, que en los últimos tiempos ha tenido un protagonismo creciente en el movimiento sindical, el salario de convenio en el año 2012 era levemente inferior al percibido en el año 2006 (un 1,5% menos).
Este año, al igual que el año anterior, el cierre de las paritarias se prolongó en el tiempo, y fue acompañado por un incremento en los conflictos por rama de actividad.
En este contexto, las negociaciones salariales llevadas adelante en los primeros meses del año establecieron aumentos de entre el 23% y el 28,5% anual, con un piso del 22% correspondiente a la paritaria nacional docente que, cabe destacar, no fue aceptado por los sindicatos del sector y fue impuesto por la parte empleadora.
Dentro de estas negociaciones se destacan las correspondientes a los trabajadores de entidades civiles y deportivas, que obtuvieron un aumento del 28,5%, y de la industria aceitera, que negociaron un incremento de hasta un 25%. Asimismo, también resultaron novedosos los acuerdos celebrados en el sector de energía eléctrica (luz y fuerza) y en la educación universitaria, donde se pactaron aumentos que extendieron los períodos hasta 18 y 16 meses respectivamente.
Cabe destacar que estos aumentos quedaron por encima de la pauta inicial, que intentó fijar un techo a las negociaciones salariales en una franja que iba entre el 20% y el 22% anual.
Finalmente, la ronda salarial correspondiente a este año tuvo su cierre simbólico el pasado miércoles, en un acto donde se presentaron los resultados de las negociaciones correspondientes a las organizaciones sindicales que representan a una gran parte de los trabajadores registrados.
Estos acuerdos alcanzan a los trabajadores de la industria metalúrgica, del comercio, de la administración pública, ferroviarios, encargados de edificios, bancarios y de agua y saneamiento. En su gran mayoría, establecieron incrementos anuales en el orden del 24%, aunque para dar cuenta de su real impacto será necesario analizar la manera en la que se hacen efectivos (en particular, su pago en cuotas), y los adicionales que habitualmente se tratan en las actas correspondientes.
Estos porcentajes de incremento salarial se encuentran en línea con los niveles de inflación registrados durante el año 2012, ubicados en torno al 24% anual. En otras palabras, apenas alcanzarán para compensar la inflación pasada, y en algunos casos implicarán caídas del salario de convenio en términos reales.
La situación parece más grave aún en aquellas negociaciones que establecieron períodos de negociación más prolongados (agua y saneamiento y luz y fuerza por 18 meses, y docentes universitarios por 16 meses), ya que la pauta de incremento salarial para los primeros meses del 2014 es muy inferior al ritmo actual de evolución de la inflación. En tales actividades, de no mediar una fuerte desaceleración de los aumentos de precios, es de esperar una caída muy significativa del salario de convenio real durante el primer semestre del año 2014 para estas actividades.
La dificultad de impulsar incrementos significativos del salario real de los trabajadores a través de la negociación colectiva se vincula con la persistencia de una estructura salarial profundamente inequitativa. En efecto, mientras las ganancias patronales se han ubicado en niveles altísimos a lo largo de la última década, los salarios del conjunto de los trabajadores apenas han logrado recuperar la caída experimentada entre los años 2001 y 2003.
En tal sentido, si se considera al conjunto de los ocupados, es decir, considerando a los trabajadores no registrados, los del sector público y los cuentapropistas, el ingreso promedio ascendía al cuarto trimestre de 2012 a la suma de $ 3.837 mensuales, y el 90% del total percibía un ingreso inferior a $ 7.000 mensuales.
La situación de precariedad salarial de los trabajadores puede apreciarse a partir de contrastar dichos niveles de ingresos con el costo de la canasta básica para una familia tipo, que fue estimado por la Junta Interna de ATE– INDEC en la suma de $ 7.006 para enero de 2013.
En otras palabras, 9 de cada 10 ocupados no alcanza a cubrir, con su ingreso mensual, el costo de una canasta básica de bienes y servicios. Se trata de la lógica contracara de la avidez de las patronales por incrementar sus niveles de ganancia.
Fuente: Observatorio del Derecho Social de la CTA
www.agenciacta.org/spip.php?article8500