Se trata de la historia de una comunidad Mapuche que, desde hace 10 años, vive y sufre una situación de conflicto con la empresa petrolera Norte estadounidense Apache. Por las politicas de los estados tanto provincial y nacional, estos habitantes ancestrales no cuentan con títulos de propiedad comunitaria sobre el territorio donde siempre han vivido.

Al culminar los alegatos, los jueces hicieron una serie de preguntas al Estado, a los abogados de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgando plazo de un mes -hasta el 29 de junio próximo- para responder por escrito estos requerimientos. La estigmatización, el uso de testigos sin rostro, la vulneración de garantía procesales y la aplicación selectiva de la Ley Antiterrorista, estuvieron en el centro de las alegaciones.

El fiscal jefe de La Araucanía, Francisco Ljubetic, pidió la pena de presidio perpetuo calificado para el Machi Celestino Córdova Tránsito, quien fue encarcelado ante las presiones políticas y empresariales tras la muerte de la pareja de latifundistas Luchsinger-Mckay.

Representantes del Pueblo Mapuche pidieron este jueves a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordene al Estado chileno la derogación de la ley antiterrorista, que aseguran ha sido usada de manera discriminatoria para aplacar las demandas historicas y criminalizar a las comunidades, organizaciones y luchadores Mapuche. También demandaron la investigación y sanción a los agentes del Estado, fiscales, jueces y personal del Ministerio del Interior que intervinieron en dichos procesos.