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Intimidaciones y amenazas de desalojos a familias de la Comunidad Ava Guaraní Iäkä Jembei
Por Jacinto Aceri / ENOTPO -
Monday, Jun. 03, 2013 at 12:57 PM
jacintoaceri@yahoo.com.ar
Miércoles, 28 de mayo de 2013 / Equipo de Comunicadores del ENOTPO
Autoridades y familias de la comunidad ava guaraní Iäkä Jembei (Orilla del Arroyo), que se encuentra sobre las veras del Rio Lavallén, en el Departamento Santa Bárbara, a 90 km de la capital San Salvador de Jujuy, se convocaron en la tarde de este martes en el patio del mburuvicha (autoridad comunitaria), Néstor Velásquez, para tratar los continuos actos de intimidaciones y amenazas de desalojos a familias de la comunidad por parte del administrador de la firma Francini.
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Foto: Familias ava guaraní reunida en la tarde en el patio de la autoridad comunitaria
En la reunión, participaron y acompañaron los delegados del pueblo Guaraní en el Consejo de Participación Indígenas (CPI); referentes del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO); territoriales de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas (DADI); y representantes programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.
En la reunión, los presentes revelaron que existe una lista de familias que están señalados para que sean desalojados de la comunidad, puesto que ya no tienen una relación de dependencia laboral con el terrateniente. Afirmaron que el representante de la firma informó a varias familias que por orden del terrateniente deben abandonar el lugar de residencia porque allí está previsto construir un taller mecánico para la empresa.
“Esta situación se viene sufriendo desde hace mucho tiempo. Antes, en esta zona vivían muchos hermanos guaraníes. Y llegó un momento en que el encargado informó a la gente que los que no trabajaban más en la finca debían abandonar el lugar donde viven”, informó Néstor Velásquez. Además, manifestó que esta arbitrariedad se da porque el terrateniente, en su momento, cuando aún mantenía una relación laboral con los amenazados, les construyó viviendas para cada uno. Hoy, lo que se pretende es quitarles esas casas porque ya no se encuentran trabajando para la finca.
La comunidad se encuentra asentada en una superficie de cinco (5) hectáreas, en el que viven 25 familias y otras tanto que es de uso tradicional para la caza y la pesca. Desde 2008 se inició el trámite para la obtención de la personería jurídica, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, sin embargo, hasta la actualidad, no se tiene respuesta favorable desde las instancias competente para la obtención de este documento. De igual manera, se efectuaron el relevamiento territorial a la comunidad, pero tampoco hay, hasta la actualidad, alguna resolución desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sobre la misma.
Esta situación mantiene a las familias en un estado de incertidumbre e inseguridad, por lo que solicitaron a los representantes de las instituciones visitantes mayor acompañamiento en sus demandas. Consideraron que se deben generar condiciones para tratar de solucionar el problema que aqueja a las familias y garantizar el Derecho a la Propiedad Comunitaria. En este sentido, se convocó a una asamblea comunitaria para el próximo domingo 02 de junio, en el que se hará extensiva la invitación a las demás autoridades comunitarias del pueblo guaraní de la región.