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El gobierno responde al "asunto indígena"
Por Comunicación Ambiental - Monday, Jun. 10, 2013 at 12:42 AM

A falta de Cristina, luego de la vigilia de 24 horas hecha en la Plaza de Mayo, hoy se dio por aludido Daniel Fernández. En notas brindadas a Página/12 y Telam, el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), se quejó de que Clarín y La Nación utilicen el tema para criticar al gobierno nacional. Pero al mismo tiempo acusó también a Félix Díaz de ser un "dirigente mediático". El mismo que sufre persecución a su familia por reclamar las tierras de su comunidad, reprimida en todo sentido por el gobierno de Formosa. Al mismo tiempo, luego de largos meses de dilación asegura ahora que el relevamiento de la Comunidad La Primavera comenzará en días, el 25 de junio. Y prometió también que se prorrogará la Ley por cuatro años más, un pedido hecho por las organizaciones, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

ANÁLISIS
Por Eduardo Soler

"Hay representantes muy mediáticos, como Félix Díaz, que parecieran arrogarse la representación de todas las comunidades en la Argentina", expresó el funcionario nacional, mostrando un gran desconocimiento de su asunto indígena. Justamente, en la Cumbre realizada la semana pasada, el qarashe qom fue uno de los dos elegidos para hablar en representación del Consejo Plurinacional Indígena, que agrupa a 15 pueblos originarios del país. La adjetivación como "mediático" resulta así un nuevo estigma que baja desde el Estado Nacional para identificar a aquel que se atreve a levantar la voz y acercarse hasta la Capital Federal para denunciar los atropellos a los pueblos originarios. Ayer en Radio Nacional Folklórica, Félix había dicho también que hay funcionarios del INAI que no son indígenas y por ello no pueden comprender el sufrimiento de su pueblo. Una gran sabiduría.

Otra frase que dejó Fernández a Página/12: "No se cuenta toda la verdad, como que en el Bicentenario, Cristina recibió a más de 400 referentes indígenas de todo el país, sin intermediario alguno". Esa misma ocasión, que sí fue resaltada por los medios comunitarios, es la que mejor explica que los indígenas no son ni "opositores" ni "oficialistas". "Queremos que nos traten como indígenas, como pueblos preexistentes", reiteran. Esa marcha histórica también la organizó el mismo Consejo Plurinacional Indígena. En el encuentro que mantuvieron, la mandataria actuó como si fuera una delegación que le iba a dejar una ofrenda, y no a dialogar sobre sus derechos. Ante los reclamos, la Presidente advirtió que "hay que ser inteligentes": si un territorio tiene petróleo, la única posibilidad es la explotación. Por ello la amta Argentina Paz Quiroga le respondió en la vigilia: "actuamos inteligentemente".

El titular del INAI argumentó que el relevamiento no avanza como es debido por un actor: "Empresas privadas que buscan extender sus cultivos de soja o mantener sus emprendimientos en minería". Es cierto que se trata de un factor a tener en cuenta. Sin embargo, para ampliar el debate, debe considerarse como justamente la política estatal alienta esta situación. En la presentación del Plan Estratégico Agroalimentario, la propia la Presidenta expuso como objetivo aumentar de 52 a 71 millones de toneladas la producción de soja. No es un misterio que el territorio sobre el que se avanza está en mano de campesinos e indígenas, que en muchos casos conviven con el bosque. La afirmación sobre "emprendimientos en minería" revela un cinismo particular, cuando la Secretaría de Minería es la principal agencia publicitaria de las corporaciones del sector. Y en el mismo sentido iba el llamado a la inteligencia. Para la Presidente, significa explotar el petróleo donde haya, sin importar el territorio.

Sobre el relevamiento, el funcionario del INAI dice también: "Actualmente estamos a mitad de camino, con 450 comunidades y 4,5 millones de hectáreas registradas". De acuerdo a la carta presentada por el Consejo Plurinacional Indígena, que también se basó en datos del INAI, se gastó el 76 por ciento del presupuesto y sólo fueron relevadas el 24 por ciento de las comunidades. Dice también el Daniel Fernández: "Cuando queremos implementar la ley, las provincias nos plantean el tema del federalismo, obligándonos permanentemente a negociar y acordar". La alianza con el gobierno de Insfran es más que clara, de protección y aval político. El funcionario avala también la reforma del Código Civil porque mejoraría la titularidad comunitaria de las tierras, mientras que los indígenas piden una ley especial para el articulado indígena y denuncian que no hubo participación.

La última pregunta de Página/12 hace referencia al Protocolo de Seguridad. Según el titular del INAI: "Es para articular la acción de la Gendarmería Nacional, para que no haya agresiones externas, con la policía provincial que ha abusado en la represión en algunas tierras. Es perfeccionar un mecanismo de protección que ya poseen estas comunidades". ¿Cuál será la calificación por el "abuso de represión" que hace la policía provincial? La reflexión nos retrotrae a los dichos de Pablo Pimentel, de la APDH de La Matanza: “Los derechos humanos se defienden o se violan, no puede haber un término medio". Sin embargo, Félix Díaz, el "dirigente mediático" según el funcionario nacional, sufrió recientemente nuevos ataques a sus familiares. Por eso incluso llegó a pensar en dejar su rol como qarashe (líder) que había sido otorgado en elecciones democráticas. No habló Fernández de los gobernadores destituyentes.

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“Hay que discutir en serio sobre el racismo”
Por Página 12 - Monday, Jun. 10, 2013 at 12:46 AM

REPORTAJE AL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, DANIEL FERNANDEZ<br><br>

Recorre la agenda de las demandas de los pueblos originarios y, frente a críticas que considera injustas, reivindica la ley de educación bilingüe, el relevamiento de tierras comunitarias, al que se oponen las sociedades rurales y las mineras, y la reforma del Código para consagrar derechos. También anticipa las iniciativas que llegarán próximamente al Congreso.

El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, sostiene que el kirchnerismo les ha dado mayor incorporación a la agenda política a las problemáticas indígenas que los gobiernos anteriores. La Ley de Relevamiento de Territorios –que se prorrogará en noviembre por cuatro años–, la Ley de Educación y la de medios son ejemplos “del accionar del gobierno nacional” para “defender los derechos constitucionales que hasta el 2007 no eran más que un adorno”. Defendió la reforma del Código Civil para “darles realidad a los derechos de la propiedad comunitaria al reconocer a la comunidad como sujeto de hecho y no a ONG u otros intermediarios”, y adelantó nuevas medidas legislativas que serán enviadas el Congreso.

–En materia de reconocimiento de los derechos indígenas, ¿qué rol cumple la ley 26.160, de Relevamiento de Territorios de los pueblos indígenas?

–Es una ley muy importante, sancionda en 2006 gracias a la entonces senadora Alicia Kirchner. Por primera vez en 200 años, el Estado nacional releva toda la ocupación indígena en la Argentina. Tiene dos aspectos fundamentales: uno es la emergencia frente a los violentos desalojos que tienen lugar en las tierras de las comunidades y por eso se incorporó la cláusula que le da una temporalidad de cuatro años; el otro es el relevamiento, que es un proceso complejo con muchos intereses en juego.

–¿Cómo se desarrolla la aplicación de la ley?

–El proceso actual es lento y contradictorio, porque los dueños se oponen. Las sociedades rurales han sido la principal oposición en los distritos. Empresas privadas que buscan extender sus cultivos de soja o mantener sus emprendimientos en minería. Actualmente estamos a mitad de camino, con 450 comunidades y 4,5 millones de hectáreas registradas. Relevar no es simplemente llenar una planilla, hay que marcar límites, hacer planos. Y no firmamos nada sin el aval de la comunidad.

–Desde la oposición han cuestionado que la ley vence en noviembre.

–Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández han impulsado sucesivas leyes que les dan operatividad a los derechos indígenas y no los dejan como meros adornos. No es sensato pensar que en noviembre vamos a dejar caer esta ley tan importante. Se va a prorrogar por otros cuatro años. Hay una oposición que habiendo sido gobierno entre el ’94 y el 2003, no implementó ninguna legislación pro indígena.

–¿Existen obstáculos legislativos o constitucionales?

–El gran problema es la contradicción legislativa. La Constitución de 1994 reconoce el derecho a la propiedad comunitaria, pero en su artículo 124 les otorga a las provincias el control de los recursos naturales, entre ellos el más importante, la tierra. Cuando queremos implementar la ley, las provincias nos plantean el tema del federalismo, obligándonos permanentemente a negociar y acordar. Aún así, son veinte las provincias donde hemos avanzado en el relevamiento, y se están por sumar Neuquén y Formosa. El 25 de junio empieza en La Primavera.

–¿Cómo se resuelve esta situación?

–La Presidenta ha elevado al Congreso el proyecto de reforma del Código Civil, fundamental para darles realidad a los derechos de la propiedad comunitaria al reconocer a la comunidad como sujeto de hecho y no a ONG u otros intermediarios. Además se va a resolver el problema jurisdiccional con las provincias permitiendo avanzar más rápido en el relevamiento.

–Viendo las manifestaciones en Plaza de Mayo, muchos sectores han planteado que el gobierno nacional no responde a la problemática.

–En el tema tierras, el gobierno nacional ha mostrado su preocupación y lanzado medidas importantes. La crítica es injusta, y más cuando sale de medios como Clarín y La Nación, que siempre han concebido a los pueblos originarios como un actor ajeno al país, y lo utilizan políticamente para pegarle al oficialismo. También lo hace la Iglesia. No se cuenta toda la verdad, como que en el Bicentenario, Cristina recibió a más de 400 referentes indígenas de todo el país, sin intermediario alguno.

–También los han sostenido referentes de la comunidad indígena...

–Hay representantes muy mediáticos, como Félix Díaz, que parecieran arrogarse la representación de todas las comunidades en la Argentina. El fue recibido recientemente por mí, por el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y por el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. No puede decir que el Estado los ignora, dejándolos desvalidos y sin protección. Díaz puede pensar como quiera, pero no cuestionar el accionar del Gobierno, que ha implementado leyes para defender derechos constitucionales que hasta 2007 no eran más que un adorno. Entre ellas, la nueva Ley de Educación que contempla la enseñanza bilingüe, o la nueva ley de medios, que les otorga derechos comunicaciones y plena participación en la Afsca. Inclusive en La Primavera, donde desde que empezó el conflicto se avanzó en hacer llegar el agua y construir viviendas. Se construyó un centro de atención médica de alta complejidad gracias a la gestión de la ministra Alicia Kirchner.

–¿Qué otros temas tiene hoy en la agenda el INAI?

–Antes que nada, vamos a renovar la Ley de Relevamiento, y luchar por la sanción de la Reforma del Código Civil. Si avanzamos en esto, pensamos implementar dos nuevas leyes. Una para reglamentar la figura de la propiedad comunitaria y facilitar el trámite de las expropiaciones. Luego vamos a modificar la ley que le da creación al INAI, con el fin de incorporar mecanismos de consulta y participación indígena.

–¿Son suficientes para responder a las problemáticas indígenas?

–Existe un tema cultural que el país entero debe abordar. Una profunda discusión sobre el racismo, que es muy fuerte en el interior, sobre todo en el norte argentino. Parte de esa batalla cultural tiene que ver con lo simbólico. Un ejemplo es la remoción del monumento a Colón que se quiere remover de las cercanías de la Casa Rosada, y reemplazarlo con la estatua de una mejor representante de la independencia mestiza, Juana Azurduy.

–Frente a las represiones en Formosa, ¿qué función cumple el Protocolo de Intervención de las fuerzas de seguridad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos demandó aplicar en la comunidad qom La Primavera?

–Es para articular la acción de la Gendarmería Nacional, para que no haya agresiones externas, con la policía provincial que ha abusado en la represión en algunas tierras. Es perfeccionar un mecanismo de protección que ya poseen estas comunidades.

Entrevista: Juan Manuel Frías.

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