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'Una década de participación indígena en la construcción de las políticas públicas'
Por Fuente: Daniel Fernández - Sunday, Jun. 23, 2013 at 10:44 PM

Año 6. Edición número 265. Domingo 16 de junio de 2013

Por Daniel Fernández. Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
politica@miradasalsur.com
Opinión.

En este proceso de construcción intercultural, podemos destacar el desarrollo de dos instancias de Participación y Representación Indígena a nivel nacional: el Consejo de Participación Indígena (CPI) y el Enotpo (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios).
A partir del año 2003, el Gobierno Nacional asume como política de Estado la participación de los Pueblos Originarios, con el fin de entablar un diálogo intercultural que posibilite la construcción conjunta de políticas públicas. Es así que en el marco de la gestión del presidente Néstor Kirchner y a fin de iniciar un proceso de construcción de la consulta y participación entre el Estado Nacional y los Pueblos Originarios, se crea el Consejo de Participación Indígena (CPI) en el ámbito del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El Consejo de Participación Indígena (CPI) está conformado por dos o cinco representantes, dependiendo de la densidad de comunidades, elegidos en asambleas, por las Autoridades de las Comunidades, en la jurisdicción de cada provincia según sus pautas tradicionales. Su funcionamiento es eminentemente de carácter colectivo, lo que está fundado en valores ancestrales de las comunidades. El INAI realiza la convocatoria a todas las comunidades (en forma articulada con las Organizaciones Territoriales de Pueblos Indígenas registradas en el Registro Nacional de comunidades indigenas y el organismo provincial competente) y participa como veedor de las mismas.
Las Asambleas de elección de representantes del CPI deben respetar los mecanismos propios que cada Pueblo posee para la elección de sus representantes. Es la Asamblea la que considera la incorporación de las comunidades no inscriptas en los registros nacionales o provinciales que el INAI haya convocado. Sólo la autoridad máxima de cada comunidad tiene la potestad de elegir a los representantes del CPI. La duración del mandato de cada uno de los representantes elegidos es de tres años, contados desde la fecha del acta de elección. Las Comunidades Convocadas a elecciones de representantes en todo el país fueron 1267, de las cuales participaron en las elecciones de representantes al CPI 1117, llegando al 89% de los registros .Actualmente, el Consejo de Participación Indígena está integrado por 120 representantes de comunidades indígenas pertenecientes a 33 Pueblos Indígenas. Asimismo, se conformó la Mesa Nacional del CPI, compuesta por 25 representantes.
El 1º de noviembre de 2006, la Cámara de Diputados sancionó la Ley Nº 26.160 de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, que prohibió los desalojos durante cuatro años y ordenó relevar las tierras que ocupan los Pueblos Originarios. Esta Ley de Emergencia fue prorrogada en noviembre de 2009 hasta noviembre de 2013 (Ley Nº 26.554). Con las leyes Nº 26.160 y Nº 26.554 se comienza a dar cumplimiento a la obligación establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado mediante la Ley Nº 24.071, que establece que “los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”. Actualmente se está ejecutando en 20 provincias del país, llegando a 459 comunidades relevadas, lo que significa un total de 4.258.053 hectáreas. Asimismo, desde el año 2008- 2009 a la fecha, se ha dado un salto organizativo de los Pueblos Indígenas a nivel nacional constituyéndose el Enotpo, Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, como un espacio de construcción y de articulación política de las organizaciones de 31 Pueblos Originarios en Argentina. A principios del año 2009, en el marco de los foros propiciados por el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Enotpo y sus comunicadores realizaron cinco encuentros nacionales en los que desarrollaron una Propuesta de Inclusión del Derecho a la Comunicación con Identidad en el mencionado anteproyecto. La propuesta fue presentada en el Congreso Nacional el 30 de junio de 2009, logrando incluir en el proyecto oficial la categoría de Pueblos Indígenas en tanto sujetos de derecho, conforme al derecho vigente.
En función de avanzar en la regularización dominial de las tierras comunitarias indígenas, la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández, dictó el Decreto PEN 700 –con fecha mayo de 2010– donde se explicita la instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena. Dicho Decreto creó la Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena, que estuvo integrada por representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de los gobiernos provinciales nominados por las máximas autoridades, de los Pueblos Indígenas propuestos por las Organizaciones Territoriales Indígenas (Enotpo) y del Consejo de Participación Indígena (CPI). La misma alcanzó su objetivo principal al elevar al Poder Ejecutivo Nacional una Propuesta normativa para instrumentar un procedimiento que efectivice la garantía constitucional del reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria indígena, precisando su naturaleza jurídica y características. En la actualidad, hay 4.500.000 hectáreas con titulo comunitario .
Durante el año 2012, se ha participado del debate por la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial, que fijará las nuevas normas que regirán la vida de los argentinos. En el debate de la normativa, que reconoce el régimen de propiedad comunitaria de los Pueblos Originarios por primera vez en 203 años de Patria, han participado 431 representantes indígenas .
Si bien la reforma constitucional de 1994 reconoce derechos a los Pueblos Indígenas y su preexistencia étnica y cultural, fue recién a partir de 2003 que se instrumentaron medidas efectivas para hacerlos operativos.
Es cierto que existe una deuda histórica profunda con las distintas culturas originarias, que no sólo comprende al Estado nacional sino a la sociedad en su conjunto, es necesario terminar con el racismo y con las distintas formas de discriminación, consolidadas mediante la invisibilización y la monoculturalidad impuestas por minorías dominantes que representaron un modelo de Estado que negaba nuestra identidad nacional y latinoamericana.

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