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Pronunciamiento a tres años de la masacre de El Alto
Por Multisectorial contra la represión Bariloche -
Wednesday, Jun. 26, 2013 at 12:41 AM
San Carlos de Bariloche, Río Negro, 17 de junio de 2013 | Pronunciamiento a tres años de la masacre de El Alto | Weretilneck ejerce la continuidad del modelo Saiz-Cufré
San Carlos de Bariloche, Río Negro, 17 de junio de 2013.
Pronunciamiento a tres años de la masacre de El Alto
Weretilneck ejerce la continuidad del modelo Saiz-Cufré
EL GOBIERNO DE RIO NEGRO CONSOLIDA LA IMPUNIDAD, DA PROTECCION A LOS CRIMENES DE LA POLICIA Y CONFUNDE LAS RAICES DEL ESTALLIDO SOCIAL Y LA ESPIRAL DE VIOLENCIA
El 17 de junio se cumplen tres años de los asesinatos de Diego, Sergio y Nino a manos de la policía de Río Negro y los funcionarios públicos en ejercicio del gobierno en ese momento. Ese día resultaron heridos más de 20 vecinos; se ensayaba un episodio de terrorismo de estado en el escenario de las calles y barrios populares.
La masacre de El Alto; el secuestro y desaparición de Daniel Solano en Choele Choel y los cinco presos políticos de Bariloche son, a nuestro juicio, experiencias traumáticas y dolorosas que prueban en Río Negro prácticas de terrorismo de estado en democracia. Prácticas que no finalizan en tanto se perpetúa el encubrimiento, la protección jurídica y política a los autores materiales e intelectuales de crímenes perpetrados por agentes estatales y funcionarios públicos. No finaliza porque intenta someternos a los sobrevivientes, a los familiares y al conjunto de la sociedad al reino de la impunidad, lucha simbólica y política sumamente desigual e injusta.
La policía encubrió a los asesinos desde el primer momento, limpiando la escena del crimen y los elementos intervinientes; dando una falsa versión a los medios de comunicación, intentando que los hechos tomen el camino de la falta de seguridad.
No fue un caso excepcional, sino parte de una práctica sistemática de la policía como institución. Las torturas en cárceles o comisarías y los casos de gatillo fácil son prácticas represivas propias del Estado, que tienen por objetivo el control social. Más que abuso de autoridad es la autoridad del abuso, la violencia hecha ley. Se busca por esos medios disciplinar y aleccionar a la gente de los barrios, imponiendo una cultura del terror y de la represión, evitando que aquellos que no están organizados se organicen. Estas prácticas van de la mano de la criminalización de la juventud y de la pobreza. La excusa de delincuencia es el pretexto policial siempre a mano a la hora de justificarse socialmente, argumento esgrimido impunemente por la policía y acríticamente por los medios de comunicación. La estigmatización de los sectores más pobres es otra herramienta que sostiene la fragmentación del tejido social.
Estas prácticas violatorias de los derechos humanos y de toda la legislación vigente en Argentina se extienden en el tiempo y por todo el territorio. Pese a la acumulación de testimonios, denuncias y documentos, todos los gobiernos y todos los poderes del estado niegan y convalidan la raíz estructural de la tortura dentro y fuera de las cárceles, las ejecuciones extrajudiciales, la persecución física y judicial de los sobrevivientes, la existencia de redes de poder económico y político que articulan negocios legales e ilegales de armas, drogas y trata de personas. Todas estas prácticas desarrolladas con participación activa y necesaria de agentes y dineros públicos son mucho más que “violencia institucional”, como se pretende maquillar con el lenguaje oficial.
Estas prácticas son una amenaza cotidiana para la vida de cientos de familias de los barrios más empobrecidos y despojados. Amenaza que no es un problema de (in)seguridad sino el modelo político en que los policías, los móviles y las armas del Estado tienen una presencia y un rol más activo que los agentes sanitarios, los promotores sociales, la inversión en educación.
Ernesto Paillalef, ministro de Desarrollo Social de la provincia, en enero de este año reconoció que en Bariloche existen entre 30.000 y 40.000 personas por debajo de la línea de pobreza en una población total de 113.000 habitantes, según las cifras oficiales de este año.
Nadie más del oficialismo se hizo eco del paisaje del hambre. Por el contrario, Miguel Pichetto, senador nacional justicialista estable desde el menemismo, en mayo insistió en que se instalen en forma permanente efectivos de Gendarmería para actividades de evidente control interior que están reñidas con la legislación vigente. Además, anunció que el gobernador Alberto Weretilneck comprometió el envió de mil (1000) policías más para Bariloche. La semana pasada, el jefe de la Unidad Regional Tercera Carlos Arias anunció que están por arribar 50 efectivos en estos días, de un total de 300 previstos para final de año. Sea cual fuere el número final de más policías entre nosotros, lo cierto es que confirma cual es la propuesta política e ideológica de este gobierno para una crisis profunda que incluye una espiral de violencia devoradora de vidas y de calidad de vida.
LA JUSTICIA Y SUS ESPEJOS El primer año posterior a la masacre de El Alto, la justicia ordinaria se dedicó a impulsar solamente la causa por la ejecución de Diego Boneffoi, para despegarla del reclamo colectivo por todos los hechos cometidos el 17 y 18 de junio especialmente. Se llegó a una sentencia muy beneficiosa para la corporación policial con una “historia oficial” bastante alejada de lo que conocemos como verdad de los hechos de la madrugada y la mañana del 17 de junio.
A pesar que desde el primer minuto el policía Sergio Colombil reconoció que asesinó al chico de 15 años, a dos años de condenado por ese homicidio, recién hace un mes el estado de Río Negro lo exoneró y convirtió en ex policía.
En estos últimos tres años seguimos con atención la actuación de la justicia en la circunscripción Bariloche en relación a:
- Las demoras y maniobras en el expediente de los homicidios de Sergio y Nino;
- la impunidad de las torturas y detención ilegal de Mario Cayún, de las decenas de heridos y encarcelados durante las razzias del 17 y 18 de junio;
- la persecución judicial contra Alejandra Riquelme –testigo presencial del asesinato de Sergio y miembro activa de los Familiares de Junio- por la pintada de protesta en el edificio de tribunales;
- la falta de procesamientos y de condenas en unos 25 casos de torturas y vejaciones, entre ellas los cometidos contra un joven sobreviviente de los hechos del 17 y un tío de Nino Carrasco;
- la criminalización del estallido social del 20 de diciembre, con 5 vecinos detenidos (presos políticos), decenas de allanamientos vejatorios y a pesar de la detención de más de una decena de vehículos que participaron en los hechos de Chango Mas, ninguno de sus propietarios fue detenido ni procesado, además de ningún policía preso por el intento de homicidio contra el adolescente de 15 años herido ese día;
- el falso motín y represión masiva contra los internos del Penal III la madrugada de Nochebuena y la consecuente muerte por lesiones graves del interno Carlos Báez;
- la protección e impunidad a las patotas armadas al servicio de las inmobiliarias contra los barrios y asentamientos populares;
- el nuevo aliento a la hipótesis del presunto suicidio en el caso del homicidio de Coco Garrido en la comisaría de El Bolsón;
- la paralización de los expedientes del homicidio de Jorge Pilquimán y el procesamiento en tiempo récord de dos presuntos autores materiales de los disparos mortales al sargento Churrarín el mes pasado.
Por lo que vivimos y padecemos no tenemos dudas de que esta justicia está al servicio de las clases dominantes y de los sectores económicos y políticos en ejercicio de los gobiernos, lo que la hojarasca del discurso “sobre las corporaciones” impide apreciar en sus alcances concretos.
A tres años de la pérdida irreparable de la vida de tres jóvenes bajo las balas de las fuerzas estatales, la justicia ordinaria garantiza en un mismo expediente tanto la impunidad del ex secretario de Seguridad, Víctor Cufré y la cúpula policial del pasado gobierno de Miguel Saiz, como la de los ejecutores materiales de los crímenes, intentos de homicidios, torturas, vejaciones y persecución.
Días pasados, el juez de instrucción Ricardo Calcagno se anticipó al cuestionamiento de rigor ante este aniversario y anunció oficialmente la incorporación de nueva pericia balística cuyos alcances concretos y utilización en manos de la defensa de los acusados y el propio poder judicial está por verse.
Por su parte, el fiscal Burgos –a punto de dejar este cargo y asumir como juez penal de primera instancia- anunció oficialmente que requirió al juez que se amplíe la declaración indagatoria a todos los imputados en las actuaciones por las que se investiga las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, medida de rigor en cualquier procedimiento penal.
A días de cumplirse los tres años de estos crímenes, la amplificación de estos anuncios por la prensa tienden a funcionar como distracción de la realidad de fondo del curso actual del expediente unificado de los homicidios, alentado expectativas en los familiares de las víctimas que no se sustentan en la realidad concreta del expediente, al menos de lo que conocemos nosotros a través de la querella.
Hace un año la Cámara en lo Penal de Bariloche revocó el procesamiento de la cúpula de seguridad imputada por el fiscal Burgos y la querella; nunca más se agregaron pruebas ni se reformuló el pedido de imputación por lo que estarían a punto de ser beneficiados por la prescripción el ex secretario de Seguridad ex comisario general Víctor Cufré; el ex jefe general de la policía Jorge Villanova y el ex jefe de la Regional III Argentino Hermosa, a menos que el fiscal Burgos lo haga en esta etapa.
Además, no nos consta que a la fecha se hayan identificado dos policías imputados en la requisitoria fiscal de diciembre de 2011. Así es que de los 17 policías imputados originalmente, en el estado actual de la causa estarían efectivamente comprometidos 14 policías, de los cuales solamente cuatro por el crimen de Sergio y ninguno por el de Nino.
Después de incorporada y analizada esta última pericia, debe esperarse la fecha de una ampliación de indagatoria y posterior procesamiento de:
- Delmiro Veroíza, ex comisario de la 28 de El Alto;
- Jorge Carrizo, ex subcomisario de la 28;
- Oficial principal Víctor Darío Pil;
- Subinspector Juan Domingo Millaqueo;
- Oficial ayudante Diego Churrarín;
- Sargento primero Fernando Gabriel Manquenao;
- Sargento ayudante Gustavo Osés;
- Sargento ayudante Cañupal;
- Sargento Pedro Altamirano;
- Sargento Javier Morán;
- Cabo primero Víctor Sobarzo; y,
- Cabo primero Marcos Rubén Epuñán.
La impunidad alimenta la espiral de violencia. Sin embargo, tanto el poder judicial como el Ejecutivo se alimentan tanto en la estrategia de mayor persecución a los sectores más desprotegidos del pueblo como en la de mayor presencia institucional armada en la calles.
Pero, la realidad se revela: a un par de cuadras donde la policía mató a Diego, Nino y Sergio el 17 de junio, el 20 de mayo pasado un joven dio muerte a balazos al cabo Luciano Churrarín que prestaba servicio en la comisaría Segunda del centro Cívico. Tanto Luciano Churrarín como su hermano Diego eran efectivos de la comisaría 28 e intervinieron en la represión y ataque masivo al barrio. Como recordamos Diego Churrarín está imputado por los homicidios de Sergio y Nino, pero a consecuencia de la muerte de su hermano sus superiores fueron sensibles y lo trasladaron a su lugar de origen.
En sólo 18 días la justicia ordinaria de Bariloche dictó el procesamiento para el autor material del homicidio del cabo Churrarín; en 3 años, la misma justicia, en la misma jurisdicción, nos ofrece impunidad y persecución para las víctimas y los sobrevivientes. La misma justicia que no fue capaz siquiera de respetar el cerámico que colocamos en memoria de Diego, Sergio y Nino en el interior del edificio, así como no tolera la justa rabia del que pintó “policía asesina” en sus paredes.
Hoy la Multisectorial contra la Represión y la impunidad de Bariloche acompaña a las familias en la querella y toda acción de reclamo. Insistimos en la importancia de estar organizados ante estas situaciones, entendiendo que sólo la unidad de los de abajo combate el atropello de las instituciones y el Estado. No sólo luchamos por Diego, Sergio y Nino sino para que estos hechos no se repitan más. La movilización popular es nuestra herramienta para evitar que estos casos de terrorismo de estado se resuelvan como quiere el sistema: causas trabadas y/o cajoneadas; policías asesinos y sus cómplices encubridores impunes.
A tres años de los asesinatos del Alto de Bariloche seguimos sin conocer las caras de los asesinos que mataron a nuestros pibes. Exigimos conocerlas para que las conozca también la sociedad y así dar un claro mensaje de no a la impunidad. Si bien la condena al cabo Colombil habla de una victoria parcial de la lucha popular, seguiremos movilizados hasta que los policías asesinos y todos los cómplices sean condenados; continuaremos la lucha por la conciencia para que se deje de naturalizar en los barrios la violencia del estado, buscando que las muertes no se olviden y se haga justicia real y popular.
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA AHORA Y SIEMPRE
FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE JUNIO DE 2010
MULTISECTORIAL CONTRA LA REPRESION Y LA IMPUNIDAD DE BARILOCHE
Adhieren a la marcha y al reclamo
Asociación Gremial de Abogados de la Argentina
Pastoral Carcelaria de bariloche
Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores
Rubén Marigo, integrante de la APDH local y de ex letrado de Karina Riquelme
MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores)
Campaña represión a la vista: correpi, bandera negra, corriente estudiantes del pueblo.