¡A proteger el Estado de derecho se ha dicho!
Por (reenvio) Laura Salomé Canteros - Sunday, Aug. 04, 2013 at 7:27 PM

La explotación y el abuso sexual se encuentran entre las peores formas de violencia contra niños y niñas. Con el objetivo de eliminar estas acciones, la cámara baja debate cuales son las modificaciones a hacer para aprobar (o no) la ley que tipifica el grooming o ciberacoso.

Convocada por la diputada porteña, Paula Bertol (PRO), se realizó en la tarde del jueves una audiencia pública para escuchar las voces de familiares de víctimas, representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos y legisladores/as, para debatir el proyecto de ley de penalización del grooming, o acción deliberada que realiza un adulto/a para ganarse la confianza de un/a menor a través de medios electrónicos con el objetivo de obtener concesiones de índole sexual.

La audiencia tuvo el objetivo de encontrar el delicado equilibrio entre la salvaguarda de la integridad física y psicológica de niños, niñas y adolescentes por un lado y la protección del Estado de derecho y las garantías individuales ya consagradas en la Constitución Nacional por el otro. Se da además, días después de que Rosa Castro, madre de una víctima de acoso, viajara desde Cipolletti, Río Negro, para encadenarse frente al Congreso de la Nación con el objetivo de denunciar públicamente la parálisis de año y medio del debate legislativo en la cámara baja.

Experiencias encontradas

Desde la Fundación Vía Libre, organismo dedicado a la difusión del conocimiento tecnológico, el desarrollo sustentable y los postulados del software libre, insisten en alertar sobre esta figura ya que el código penal actual protege adecuadamente a las y los menores de los delitos contra la integridad sexual, inclusive de los que se realizan a través de internet. “Nuestro trabajo de más de una década en relación a los derechos individuales y las tecnologías de información nos indica que el derecho penal es el último recurso que tiene el Estado para resolver algún problema cuando ya no queda otra herramienta”, indicó Enrique Chaparro, su presidente.

Chaparro además agregó que “crear figuras sin la certeza de que efectivamente éstas subsanan un hueco en la estructura presente del derecho es bastante problemático y es lo que está sucediendo aquí con la creación de una figura subjetiva basada en el medio comisivo. Sin elementos (materiales) objetivos, la única forma de probar este delito es mediante la confesión del imputado, con lo cual, la figura no solo es disparatada sino también ineficaz”. Y agregó: “Debemos legislar con prudencia independientemente de la razonabilidad de los reclamos provenientes de los sectores involucrados. Sabemos a ciencia cierta que aumentar la presión penal no disminuye los delitos y que poner presa a una persona que padece una psicopatología solo contribuye a agravarla”.

Por su parte, Eleonora Rabinovich, directora del área de libertad de expresión de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) dijo que desde que se empezó a debatir el proyecto en el Senado, la Asociación que integra se opuso, “no porque no tengamos en cuenta la gravedad social del grooming, sino porque consideramos que hay otras herramientas que el Estado debería estar implementando y que tienen que ver con la educación y la prevención a través de políticas públicas que no se están aplicando”. En ese sentido sostuvo que “lo único que estamos discutiendo acá es una herramienta penal, entonces hay que tener todos los cuidados para cuando se legisla penalmente, esto es, atender a la Constitución, porque lógicamente estamos en un Estado de derecho, y por eso pedimos que (este proyecto tal y como viene del Senado) no se apruebe”.

Alertó sobre legislar un mero contacto y dejar a probatoria la intención del acto y adviertió que “estamos introduciendo al código penal una figura que tiene muchísimos problemas de compatibilidad con la Constitución Nacional como lo es castigar un acto preparatorio. Debemos buscar una respuesta que sea adecuada y efectiva para mayor seguridad y que además sea constitucional. La propuesta del Senado no puede pasar (a recinto) porque es anticonstitucional”.

Rosa Castro, madre de una adolescente de 13 años víctima de abuso y una de las máximas impulsoras de la ley de grooming relató la terrible experiencia de su hija y puso cara al reclamo por una adecuada interpretación de las leyes. Es destacable mencionar que su historia no es diferente de los múltiples y lamentablemente cotidianos casos de violencia hacia mujeres y menores ya que cuenta no solo con el drama sino también con la indiferencia y el abuso de poder de parte de las instituciones hacia las víctimas al momento de emprender las denuncias penales en comisarías y fiscalías departamentales.

“El agresor es un conocido, hijo de mi jefe durante 11 años. El conocía a mi hija desde que tenía 2 años y hemos estado compartiendo reuniones. El conocía todo de mí, mis horarios y que yo trabajaba de noche. Siempre tuvo la idea de abusar de mi hija”. (…) “El fiscal nunca hizo allanamientos”. Sin embargo, los peritos pudieron levantar las evidencias. Antes “hubo todo un encubrimiento” y “cuando yo lo descubro (al agresor), luego de un año, la caratula fue ‘exhibiciones obscenas”. Castro explicó que su hija “había cumplido 13 años cuando este pedófilo se metió con ella. Pedro Fadelli, de 38 años camina en las calles de mi ciudad al lado de mi hija. Luchamos, lo llevamos a juicio y conseguimos una condena que da risa, un año en suspenso con cien horas anuales de tareas comunitarias y tratamiento psicológico”.

Transversalizar el enfoque de derechos humanos

El enfoque de género y de cuidados en los análisis integrales; el adecuado conocimiento del marco normativo y de los pactos internacionales con jerarquía constitucional que protegen contra todo tipo de violencias y abusos; el desarrollo de campañas de prevención y de adecuada educación sexual en las escuelas públicas; las interpretaciones amplias de los códigos; el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y operadores/as de ámbitos judiciales y el repudio social a los mensajes a través de medios masivos y publicidades que tienden a la temprana sexualización y exhibición de niñas y niños deberían ser opciones previas a cualquier penalización.

Las victimas de grooming esperan, en todo caso, a que operadores/as de justicia apliquen en forma adecuada la legislación en derechos humanos y en protección de la infancia y la adolescencia que están vigentes.

fuente http://www.marcha.org.ar/1/index.php/nacionales/92-generos/4068-a-proteger-el-estado-de-derecho-se-ha-dicho

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