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Policías violadores. Si esto no es femicidio...
Por Agencia Brutus Fans club -
Monday, Aug. 05, 2013 at 9:29 PM
reenvio
Seis policías federales y un agente penitenciario fueron procesados, acusados de haber violado en dependencias públicas a dos hermanas que vivían en la calle, una de las cuales quedó embarazada y tuvo un bebé de uno de los represores
La medida dictada caratula "abuso sexual agravado por acceso carnal y por ser cometido por personal de seguridad en cumplimiento de sus funciones", que tiene una pena de 8 a 20 años de cárcel.
Sin embargo y pese a la gravedad de los hechos, la jueza de instrucción Vilma López decidió alegremente que los imputados continúen en libertad.
De forma insólita, la magistrada consideró que no hay peligro de fuga y por eso decidió que los acusados no vayan a la cárcel, en tanto, dictó el sobreseimiento para un efectivo de la PFA y otro de la Macripolitana implicados.
La investigación, impulsada por el fiscal Fernando Fiszer, determinó que los abusos se cometieron entre 2009 y 2011, cuando las hermanas, de 13 y 15 años, viajaban en tren hacia la Capital Federal desde el conurbano.
Un grupo de policías,que serían más de veinte, captó a las chicas y las sometió a continuas violaciones, las cuales se cometieron en diferentes reparticiones, especialmente en la Policía Montada, ubicada en Cavia 3302 de la Capital Federal. De acuerdo con allanamientos realizados, los abusos también se cometieron en el Cuerpo de Policía de Tránsito, la División San Martín del Ferrocarril y una pensión de cadetes de la PFA situado en la avenida Warnes.
Según contaron las víctimas, que reciben contención en el marco del Programa de Asistencia y Patrocinio de la Defensoría General de la Nación, los policias violadores les daban algunos pesos y un poco de comida.
A veces las obligaban a quedarse varios días en los destacamentos para saciar el apetito sexual de las guardias cambiantes. También sufrieron violaciones en automóviles de la fuerza, donde les colocaban o tapaban con uniformes para que pasaran inadvertidas. Una fuente explicó que "la jueza también sospecha que empleados del ferrocarril San Martín pudieron estar implicados en el hecho", por lo que ordenó se extraigan testimonios para investigarlos.
Los abusos llegaron a su fin cuando un policía de la Montada invitó a otro a encontrarse con las hermanas, le dio un teléfono de ellas y éste aceptó, pero habló con las víctimas y las convenció de concurrir a la Justicia a realizar la denuncia.
Asi de a poco las adolescentes comenzaron a contar su odisea, a relatar cómo los policías se las pasaban entre ellos y describieron los lugares adonde eran llevadas, por lo cual la jueza López ordenó allanamientos y verificó que los sitios eran tal cual los habían descripto las hermanas.
La mayor de las chicas contó que tenía dos hijos guachos y en el marco del expediente se determinó que uno de los niños es hijo de uno de los policías.
En principio fue dificultoso para los investigadores identificar a los uniformados que habían cometido los abusos, porque las menores los conocían sólo por sus apellidos y había varios con el mismo.
A esto se sumó que el primer fiscal de la causa (adicto a la corporación policial) había pedido su archivo, pero desde la Procuración General de la Nación asignaron el expediente a Fiszer, quien logró avanzar en la pesquisa e identificar a siete policías, que fueron detenidos y pasados a disponibilidad el 14 de marzo pasado.Finalmente pudo comprobarse que las chicas eran obligadas a prostituirse en "circuito cerrado" ya que los abusos siempre eran cometidos por miembros de la fuerza y en sus instalaciones.
La red policial de explotación sexual
Por ABFC -
Monday, Aug. 05, 2013 at 9:57 PM
reenvio
Como dije en la nota de pié, el Ministerio de Seguridad desplazó a ocho policías acusados de integrar un grupo donde se pasaban unos a otros a dos hermanitas (y vaya a saber cuantas más) de una villa bonaerense para abusar de ellas.
Veinte integrantes de la Policía Federal fueron investigados por reducir a la esclavitud sexual, violación, corrupción de menores y otros delitos gravísimos a dos hermanas con las que supuestamente mantenían relaciones en una pensión, en oficinas de terminales de ferrocarril y en el propio cuartel de la Policía Montada, en Palermo.
La causa judicial se puso en marcha a fines de 2011, pero recién avanzó a paso firme en los últimos meses,
La historia de la denuncia comenzó cuando un suboficial de la Montada le ofrece a otro una chiquita para mantener relaciones sexuales, dándole un teléfono para que se comunicara. En vez de aceptar la oferta sexual, este uniformado toma contacto con la menor, que era una chica de la calle y empieza a conversar con ella para decidirla a denunciar los hechos..
De ese diálogo surgieron los datos escalofriantes que llevaron al policía –que por entonces revistaba en Plaza de Mayo– a presentarse a la Justicia con las dos nenas. En principio, se estima que los uniformados empezaron a abusar de las niñas en 2008 o 2009, aunque la investigación todavía está en curso.
Por lo "delicado" del caso no trascendió cómo se inició la trama. En principio, las chiquitas llegaban en tren desde su vivienda en el conurbano y parece que los uniformados empezaron a abusar de su situación de indigencia con unos pesos o comida. Las relaciones al principio se mantenían en la pensión o en alguna estación de tren. El paso siguiente fue que se las empezaron a pasar unos a otros.
De acuerdo con lo denunciado ante la fiscalía, distintos suboficiales mantenían relaciones sexuales con ellas en una pensión en la que vivían varios de los policías, en alguna oficina de estaciones de tren y en el propio cuartel de la Montada.
Los datos del expediente se mantienen en secreto, En su declaración, la hermana menor que quedo embarazada dijo no saber cuál de los uniformados era el padre.
Según parece, también participó del delito un guarda de tren, que sería el único imputado que no es parte de la fuerza.
Para el Código Penal argentino, el mantener relaciones con una chica menor de 13 años constituye el delito de violación, así haya existido consentimiento, por cuanto se considera que se abusa de la niñez inconsciente de la chica y que a esa edad no es válido su consentimiento. Si tenía más de 13 a la edad del abuso, seguramente el delito será corrupción de menores, pero en todos los casos será agravado por tratarse de personal de supuestas fuerzas de seguridad. La jueza tendrá que ver si además hubo privación ilegal de la libertad.
El policía que hizo la denuncia llevó a la mayor de las hermanas a vivir a casa de su propia madre, mientras que la menor terminó en un instituto bajo la órbita del defensor de Menores en lo Civil Atilio Alvarez. Por entonces la chiquita estaba embarazada por segunda vez y se podría haber tomado la decisión de realizar un aborto –por el origen delictivo del embarazo–, pero se impidió cualquier acción para impedir que una chica de 15 tuviera su segundo hijo producto de relaciones abusivas.
Según los trascendidos, el uniformado que ayudó a las hermanas a salir del infierno, está hoy en difícil situación dentro de la fuerza, por las tensiones con los denunciados y los que todavía están sin identificar.
Durante toda la primera etapa de la investigación, el fiscal consideró que se trataba de “cuestiones sociales” y hasta tuvo el caradurismo de archivar la causa. Para colmo, se trataba de un expediente NN porque no se conocían los nombres de los uniformados abusadores.
Recién cuando fue desplazado ese primer fiscal e intervino Fiszer y un defensor de Menores bajo la órbita de Stella Maris Martínez, el expediente empezó a tomar verdadero ritmo, con la intervención posterior de la jueza Vilma López. Uno de los problemas era que las chicas no conocían los nombres exactos de los abusadores. Por ejemplo, mencionaban un apellido, pero en la Policía Federal revistaban decenas de hombres con ese mismo apellido, y en la Montada había más de uno. O sea que la identificación requirió de un trabajo arduo, que ni siquiera está terminado. De los aproximadamente veinte implicados, están identificados ocho, que son los que figuran como desplazados de la Federal en el orden del día del 14 de marzo: un sargento, un cabo primero, dos cabos y cuatro agentes. La mayoría ya no está en la Montada, pero se rastreó que al momento de los hechos estaban en ese destino, donde se consumaron los abusos.
Hay otro aspecto oscuro que todavía está por verse: la responsabilidad de los jefes de la Montada. Por ahora no surgen evidencias contra los superiores, pero se trata de una investigación abierta en la que, para colmo, se perdió muchísimo tiempo.