La Ruta Nacional 40 de la violencia policial
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Aug. 09, 2013 at 9:29 AM

Jóvenes jujeños protegidos por un habeas corpus fueron nuevamente detenidos y golpeados por la policía de la localidad de San Pedro; en tanto en el sur del país, se denunció la existencia de una brigada “parapolicial” que en la comisaría octava de Choele Choel se dedicaba a garantizar la impunidad de los efectivos. Las denuncias por violencia y persecución policial también se trasladan a Catamarca. Red Eco Alternativo

(Red Eco) Argentina – El fin de semana pasado, un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos realizó en el Barrio 9 de julio de la localidad jujeña de San Pedro un taller sobre cómo actuar ante una detención. Durante toda la tarde, patrulleros de la zona rodearon permanentemente el lugar. Una vez finalizada la actividad, los policías detuvieron a dos jóvenes protegidos por el habeas corpus colectivo presentado en mayo y del que hizo lugar la justicia provincial un mes después. Frente a esta situación, las organizaciones acercaron el habeas a los efectivos que respondieron a los tiros y llevándose a los adolescentes a la comisaría 26, para luego ser derivarlos a un hospital. Como consecuencia de los golpes recibidos, uno de los jóvenes debió quedar internado.
Otro joven denunció haber sido detenido ilegalmente el sábado anterior. Sergio Ontivero tuvo un supuesto problema a la salida de un boliche con un policía de civil, al que rápidamente se sumaron uniformados. Lo cargaron dentro de una camioneta y lo llevaron a la comisaría, donde lo esposaron, lo pusieron boca abajo, le tiraron agua para luego comenzar a pegarle. Cuando reclamó llamar a un abogado, recibió a modo de respuesta únicamente risas y burlas. Aunque luego de ser liberado le recomendaron que haga la denuncia en la comisaría, él se negó por temor a represalias, por lo que se acercó a los tribunales locales.
Según advierten organismos de derechos humanos de la zona es común que la policía acuse a los jóvenes detenidos de delitos que no cometieron y de los que no tienen prueba alguna. Sin embargo, a través de simulacros de fusilamiento o el uso de picana los obligan a firmar papeles donde se hacen cargo de los hechos por los que se los acusa. Las víctimas saben que es la única forma de detener las torturas, por lo que generalmente terminan firmando.
Obviamente este no es un modus operandi propio de Jujuy. La violencia policial se extiende a lo largo de todo el país, dirigida especialmente a los jóvenes que menos recursos económicos y oportunidades tienen.
La Multisectorial contra la Represión e Impunidad Policial de Río Negro denunció que cada fin de semana toma conocimiento de violentos allanamientos y ataques a los chicos del barrio Anaí Mapu por parte de la policía local. “Mientras el gobierno de Río Negro celebra la incorporación de más personal de seguridad y mayor equipamiento, se cierran programas de promoción familiar, lo que demuestra una clara política represiva por parte del ejecutivo provincial. En lugar de dar contención a lxs chicxs y familias de los barrios, con escasos o nulos accesos al sistema público de educación, de salud, de recreación o de deportes, se les deja en la calle y persigue culpabilizándolos/as. La violencia a la que son sometidos no se limita a la calle, también son estigmatizadxs y maltratadxs en el hospital, en la fiscalía, en las comisarías y en el acceso al trabajo. Estos hechos no son aislados sino que forman parte de un contexto represivo hacia los jóvenes y sectores populares. (…) Ante la situación de vulnerabilidad y violencia que se vive en el barrio Anaí Mapú, la respuesta del gobierno fue su militarización aumentando el personal policial y elevando el Destacamento al rango de Subcomisaría, como si ellas fueran respuestas serias a la problemática social”, manifestaron desde la Multisectorial a través de un comunicado.
Entre los casos que mencionan se encuentra el de Daniel Solano. Justamente esta mañana, los abogados de la familia de este joven salteño, miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta que viajó a Río Negro para trabajar en forma temporaria en la cosecha de manzanas y que se encuentra desaparecido desde noviembre de 2011, denunciaron la existencia de una brigada “parapolicial” que funcionó en la Comisaría Octava de Choele Choel con el objetivo de encubrir y garantizar la propia impunidad de los policías y empresarios involucrados en el caso. Cabe recordar que Solano trabajaba en el establecimiento de la multinacional Expofrut, a través de la empresa tercerizadora Agro Cosecha SRL, y que fue visto por última vez mientras era sacado del boliche Macuba, de Choele Choel, por la policía de esta comisaría.
Los querellantes responsabilizan por lo sucedido tanto a los efectivos como a la empresa. Según explicó Sergio Heredia, abogado de la familia, Solano iba a reclamar el pago completo de su sueldo, ya que había descubierto que Agro Cosecha se quedaba con parte de su dinero. Esta brigada “parapolicial” no solo actuó en el caso de Solano, sino también en el de otros trabajadores desaparecidos en la misma zona: Pedro Cabaña Cubas y Héctor Villagrán.
Los querellantes también señalaron a la justicia por cruzarse de brazos y dejar hacer. Una acusación similar se hizo los últimos días en Catamarca. La semana pasada efectivos de la policía provincial allanaron violentamente y sin orden judicial la casa de Rosa Yapura. Tras ingresar rompiendo puertas y ventanas y golpear a todos los presentes se llevaron a uno de sus hijos acusándolo de haber robado “poxiram”. No es la primera vez que Yapura sufre la violencia policial. Nelson Molas, otro de sus hijos, iba a declarar como testigo en una denuncia contra un policía que abusó de un menor en la alcaidía de Catamarca, pero antes de que llegara a declarar fue detenido por averiguación de actividades y medios de vida por 17 días. Según denunciaron desde Correpi, a Molas lo torturaron hasta matarlo y tiraron su cuerpo en el calabozo junto a otros tres menores y les prendieron fuego para ocultar el crimen: “Esto es lo que verdaderamente sucedió en aquél día fatídico donde murieron ‘los chicos de la Alcaidía’”.
“En Catamarca esos fiscales tienen nombres, son los fiscales de Delitos Especiales que desvirtuarán las investigaciones y cajonearán las denuncias en contra de sus protegidos los policías: Los fiscales Marcelo Sago, Miguel Mauvecín, Sebastián Lípari, entre otros, son los principales encubridores del accionar delictivo de las fuerzas policiales”, afirmaron desde Correpi.
Aunque cada fuerza policial puede tener su particularidad, hay algo común en todo el país, su principal destino de agresión son siempre los jóvenes con menos recursos, y para este fin cuenta con la complicidad de la justicia y el poder político que miran para otro lado.
Fuentes: Correpi / Anred / Agencia Walsh / Radio Pueblo

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