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¿PASO? ¡sí! ¿faso? ¡¡¡no!!!
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Aug. 09, 2013 at 11:30 AM

A pocos días de celebrarse en la Argentina las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que seleccionarán los candidatos para las elecciones legislativas de octubre, el Poder Legislativo uruguayo se dispone a legalizar la marihuana. Mientras tanto, en la Argentina, el tema está completamente ausente de la agenda de los precandidatos para las PASO del próximo 11 de agosto. Red Eco Alternativo

(Darío Schapochnik para Red Eco) Argentina- Con el impulso del presidente José Mujica, el Parlamento de Uruguay aprobará en los próximos días la ley que regula el cultivo, la producción, la comercialización y el consumo de la marihuana.
En la Argentina, la actual legislación en materia de estupefacientes (Ley 23.737) data de 1989 y, si bien fue objeto de algunas reformas, en lo sustancial se ha mantenido invariable.
Como es sabido, la principal crítica que ha recibido es por criminalizar a los consumidores, al prohibir que se guarden semillas, el cultivo, la tenencia, y hasta el consumo “con ostentación y trascendencia al público”.
Incluso, en el ya famoso caso “Arriola”, el 25 de agosto de 2009 la Corte Suprema ha declarado inconstitucional el artículo 14 de esta ley, que es el que considera delito la tenencia para consumo personal.
La ley 23.737 ha seguido a rajatabla la política de la ONU sobre drogas, expuesta en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, que tiene como objetivo declarado limitar la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos, exclusivamente.
Además, los organismos de la ONU sostienen y fomentan la imagen que vincula directamente a las drogas con la delincuencia. De hecho, la entidad que se encarga de la cuestión no es la Organización Mundial de la Salud, sino la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Nótese, también, que la Oficina es contra la Droga, y no sobre la Droga.
Las Directrices para la Cooperación y la Asistencia Técnica en la Esfera de la Prevención de la Delincuencia Urbana, del Consejo Económico y Social de la ONU, de 1995, aconsejan que “para que el plan de acción integrado para la prevención del delito sea amplio y eficaz, sus autores deberán definir la naturaleza y los tipos de problemas delictivos que se vayan a abordar, como el hurto, el robo, el robo con escalamiento, los ataques raciales, los delitos relacionados con las drogas, la delincuencia de menores y la posesión ilegal de armas de fuego, teniendo en cuenta todos los factores que puedan generar directa o indirectamente esos problemas o contribuir a ellos”.
Por otra parte, en el Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices para la prevención del delito, editado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2011, se señala que “la delincuencia organizada internacional a menudo se aprovecha de las estructuras e instituciones de gobierno débiles, y el aumento del tráfico de drogas, armas o personas puede empeorar en gran medida los niveles de delito y violencia”. Más adelante, se indica que “a nivel local, las deficiencias de la infraestructura y las autoridades fiscales y administrativas, las precarias condiciones de vivienda y vecindad, la falta de buenos servicios de educación y sanidad, el alto desempleo y el fácil acceso a las drogas o las armas pequeñas son elementos capaces de aumentar los riesgos”.
Ni el Consejo Económico y Social, ni la Oficina contra la Droga y el Delito, presentan un solo dato concreto que ejemplifique o avale sus afirmaciones.
El fallecido criminólogo italiano Alessandro Baratta, señalaba en 1988 que la política de drogas en nuestras sociedades parte de una imagen “inicial” basada en cuatro elementos:
a) vínculo necesario entre consumo y dependencia (así como la evolución necesaria de la dependencia de drogas livianas a la de drogas duras); b) la pertenencia de los adictos a una subcultura que no comparte el sentido de la realidad de la mayoría "normal"; c) el comportamiento asocial o delictivo de los adictos, que los aísla de la vida productiva y los inserta en carreras criminales; d) el estado física o psíquicamente patológico de los dependientes y la irreversibilidad de la dependencia.
Sin embargo, indica Baratta, esta imagen no corresponde a la realidad, y los elementos que la componen representan la excepción más bien que la regla, respecto de lo que ocurre cuando se consumen drogas ilícitas. Aún hoy, en una fase posterior a la "inicial", la gran mayoría de los consumidores de drogas ilícitas no son dependientes, no hacen parte de una subcultura desviada, no son asociales o delincuentes, no son enfermos (hay incomparablemente más enfermos y muertos por drogas permitidas, como tabaco y alcohol, que por drogas prohibidas); y, finalmente, la dependencia de las drogas es, desde el punto de vista clínico y social, curable.
En la Argentina, las últimas estadísticas oficiales (correspondientes a 2011) indican que las principales causas de muerte son las enfermedades del sistema circulatorio (96.494 defunciones), los tumores (60.526), las enfermedades del sistema respiratorio (49.885), y las causas externas como los accidentes de tránsito, el ahogamiento, el suicidio, y las agresiones (14.744); y las enfermedades infecciones y parasitarias (14.171). No se informan muertes por sobredosis.
Mientras tanto, como denunciaba en 2011 el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni en La Cuestión Criminal: “la pretendida guerra a la cocaína provocó 40.000 muertos en México en los últimos cuatro años, buena parte de ellos decapitados y castrados, cuando la cocaína hubiese demorado casi un siglo en cargarse la misma cantidad por efecto de sobredosis”.
Las razones de esta guerra las expuso en 1992 el entonces presidente de EE.UU., George Bush (padre): “La guerra contra las drogas es vital para la economía, la competitividad internacional y la seguridad de nuestro país”.

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