Discusión en le Senado de la Nación sobre Chevrón
Por APCA - Tuesday, Aug. 13, 2013 at 2:04 PM
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LO que se habla en el Sebnado sobre CVHevron Fracking e Ypf

Chevron + régimen d tierras pueblos originarios + cierre d pozos petroleros



S.-2.935/13 y S.-2.934/13

CONVOCATORIA AL SECRETARIO DE ENERGÍA

MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día 411 a 461, inclusive, dictámenes producidos por la Comisión de Acuerdos… Sr. Giustiniani. – Pido la palabra. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani. Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito preferencia para dos proyectos, uno de comunicación y otro de resolución. El proyecto de resolución, contenido en el expediente S.-2.935/13, para el que pido preferencia con despacho de comisión, se refiere a la convocatoria del secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, y del presidente de YPF, Miguel Galuccio, a un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a fin de que brinden informes respecto de los términos, condiciones, alcances e implicancias económicas y ambientales del acuerdo suscripto entre YPF y la empresa transnacional Chevron para explotar hidrocarburos no convencionales en la cuenca del Neuquén. El expediente S.-2.934/13 es un proyecto de comunicación, para el que también pido preferencia con despacho de comisión, por el que se solicita al Poder Ejecutivo que a través de los organismos pertinentes se sirva remitir el texto del acuerdo suscripto entre YPF y la empresa transnacional Chevron para explotar hidrocarburos no convencionales en la cuenca del Neuquén, así como de cualquier otra norma, contrato o acuerdo complementario que implique obligaciones para el Estado Nacional con relación a la citada empresa. En el día de hoy hemos ingresado, junto con otros senadoras y senadores, un pedido de sesión especial, de acuerdo a lo que el Reglamento pide, para abordar el tema del acuerdo entre YPF y la empresa Chevron y los decretos respectivos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente: sabemos que el gobierno nacional le otorgó a la empresa Chevron, sin licitación y de manera directa, un área de 395 kilómetros cuadrados, que es dos veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para explotar petróleo y gas no convencional en la formación conocida como Vaca Muerta en el Neuquén, que es la tercera reserva del mundo. Sabemos que le otorgó el área mencionada por 35 años, es decir, una longitud de tiempo que compromete al actual gobierno y a nueve gobiernos sucesivos más. Y sabemos que la “2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 31 de julio de 2013 Sesión especial Pág. 8 Dirección General de Taquígrafos

empresa comenzará la explotación de esta área sin ningún informe previo de impacto ambiental ni consulta a los habitantes de la zona como prevé la Constitución Nacional. También sabemos que la fractura hidráulica o fracking es un método de explotación de gas y petróleo no convencional que es cuestionado hoy en muchos lugares del mundo por la inmensa cantidad de agua que necesita y la contaminación que producen los químicos que utiliza. Y sabemos que la empresa fue condenada por la justicia de Ecuador a pagar 19 mil millones de dólares por la contaminación ambiental que produjo la empresa Chevron-Texaco en el Amazonia, donde vive viven pueblos originarios. Además sabemos que la empresa Chevron no pagará retenciones a la exportación, no liquidará los dólares obtenidos de la venta del petróleo y gas que extraiga del yacimiento de Vaca Muerta y se le garantiza un eventual precio interno igual al internacional. Y sabemos que ante posibles controversias le otorga, insólitamente, jurisdicción a los tribunales de Francia. Pido permiso para leer la nota del diario Página/12 del domingo 28 de julio donde el CEO de YPF, el ingeniero Miguel Galuccio, señala lo siguiente: “Hacia los mercados tenemos un montón de reglas a cumplir, como manejar la información de manera confidencial y el manejo de esa información con los accionistas. Entiendo la ansiedad que hubo, pero tenemos reglas y tenemos que ser fieles a eso para evitar problemas legales”. Es decir que Miguel Galuccio reconoce que hay compromisos secretos que el país no conoce. El Congreso de la Nación debe conocer absolutamente todo y por eso estamos pidiendo que se remita el acuerdo entre YPF y la empresa Chevron al Congreso de la Nación Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto. Sr. Pichetto. – Señor presidente: a los fines de ordenar este pedido de preferencia, que no está fijado en el marco de esta sesión, si hay otras voces sobre este mismo tema, le pedimos que le dé la palabra a cada uno de los senadores y luego nos otorgue el respectivo cierre. Sr. Presidente. – Muy bien. Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro. Sra. Estenssoro. – Señor presidente: en el mismo sentido que el senador Giustiniani, solicito preferencia para el proyecto contenido en el expediente S.-3.873/12. Se trata de un proyecto de comunicación que presenté el 29 de octubre del año pasado, por el que se solicita al Poder Ejecutivo que remita informes al Senado de la Nación sobre la explotación de gas y petróleo a través del sistema de fractura hidráulica o fracking, y que nos brinde todo un detalle de las explotaciones en curso, de las exploraciones y también sobre cuál es la normativa en que se está encuadrando esta actividad, porque es nueva y porque como ya se ha dicho, si bien estamos de acuerdo en que esa tecnología se desarrolle en la Argentina, tenemos que tomar todas las precauciones para el cuidado del medio ambiente, ya que incluso los países que la utilizan, como Estados Unidos, tienen varios estados que han suspendido su uso, hasta tanto haya un informe medio ambiental, ya que están esperando que la agencia de Energía y también la de Medio Ambiente elaboren dicho informe por los daños que ya ha causado. Así mismo, hay países como Canadá que también utilizan dicho sistema y en el cual varias de sus provincias lo han suspendido, y países como Francia –que va a ser, como se ha dicho, la jurisdicción que dirima eventuales conflictos entre YPF y Chevron– que también han prohibido el fracking, porque es una tecnología que produce un gran daño ambiental y que se debe utilizar con sumo cuidado. “2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 31 de julio de 2013 Sesión especial Pág. 9 Dirección General de Taquígrafos

Por eso, creo que cualquier acuerdo entre YPF y Chevron, o con cualquier otra empresa que utilice este sistema, debe estar desarrollado en un encuadre que por un lado promueva el desarrollo, pero no la destrucción del medio ambiente. Entonces, quiero pedir una preferencia para este proyecto, el cual no hemos podido tratar en la comisión por falta de quórum, pero que ahora es sumamente urgente, en vistas del acuerdo celebrado con Chevron. Por otra parte, también hemos pedido ya en junio de este año que vinieran tanto el ingeniero Galuccio como el secretario Cameron para explicar por qué, habiendo transcurrido más de un año desde que fue sancionada la ley de soberanía hidrocarburífera, la producción de gas y de petróleo de YPF y de la Nación sigue cayendo. Queremos que concurran lo antes posible. Así que pedimos al senador Pichetto que por su intermedio –lo hemos conversado en la reunión de labor parlamentaria–se tomen todas las medidas necesarias para que concurran los responsables del área a informar al Senado de la Nación, como corresponde, sobre la mala evolución del sector. Y también pedimos que se traiga el contrato con Chevron. En este sentido, me parece que hay algo muy llamativo, por cuanto Galuccio es un funcionario que está al frente de una empresa que se maneja por derecho privado, pero que es una empresa estatal, que ha sido reestatizada. Entonces, las leyes del mercado no pueden estar por encima de las leyes de nuestra Constitución y del derecho de los ciudadanos a saber cómo se maneja una empresa que pertenece al Estado argentino. El Estado en la Argentina se tiene que ajustar también a la Constitución y a las leyes de transparencia que exigen las normas de nuestro país. Entonces, él tiene que venir a informar. Y los senadores tenemos que conocer el detalle de esos contratos, que no pueden ser, de ninguna manera, secretos. Por ello, solicitamos al senador Pichetto, quien se ha comprometido a realizar estas diligencias, que por favor comprometa a estos funcionarios para que vengan a informar a este Senado de la Nación sobre estas cuestiones. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Sanz. Sr. Sanz. – Señor presidente: voy a abonar, brevemente, el pedido de preferencia formulado por el señor senador Giustiniani vinculado con el decreto 929. Además del pedido de preferencia en sí, que es un pedido en todo caso de celeridad temporal, en el caso del decreto 929 el Congreso tiene una obligación inexcusable de tratarlo. Y quiero detenerme en este sentido, porque probablemente tengamos una interpretación diferente a la del Poder Ejecutivo, el cual a esta altura –hoy, 31 de julio– ha incumplido con un mandato legal, consistente en enviar este decreto al Parlamento para su tratamiento. Este es un decreto de facultades delegadas. O sea, está incluido dentro de las previsiones de la ley 26.122, que sancionó este Congreso y que establece una comisión bicameral permanente y que luego los recintos de ambas cámaras tienen que tratar tres tipos de decretos. Es decir, los DNU o decretos de necesidad y urgencia; los decretos de vetos, parciales y totales; y los decretos de facultades delegadas.

El decreto 929, por el que se crea el régimen de promoción de inversiones para la explotación de hidrocarburos, es uno de los decretos que mencionó el senador Giustiniani en su pedido de preferencia. Es un decreto de facultades delegadas. Lo dice la propia “2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 31 de julio de 2013 Sesión especial Pág. 10 Dirección General de Taquígrafos

fundamentación cuando, al final, como cualquier decreto, establece cuáles son los antecedentes jurídicos que lo respaldan. Habla del Código Aduanero, ley 22.415, de la ley 17.319, que es la ley de hidrocarburos –allí no habría problemas–, y de la ley 25.561; y éste es el punto. Esta es la ley de emergencia original, que se sancionó en 2002 y que luego ha tenido sucesivas prórrogas. Actualmente es la que rige, con su última prórroga en 2011. Cuando el Poder Ejecutivo funda un decreto, tanto en el Código Aduanero, como en la ley de emergencia, está ejerciendo facultades que le pertenecen al Congreso y que, en virtud de estas leyes, le han sido delegadas. Obviamente, esta es la importancia que tiene este decreto, que estipula nada más y nada menos que un régimen de promoción de inversiones en el tiempo, dirigido a captar inversiones. Y además de la confianza económica o política que puede tener una medida de gobierno, lo que tiene que tener un decreto de esta naturaleza, que genera derechos, obligaciones, atribuciones fiscales y compromisos del Estado, es legalidad. En este caso, debo mencionar que el Poder Ejecutivo probablemente no interprete esto de la misma manera que nosotros, porque en la parte resolutiva, cuando normalmente dicta un decreto de esta naturaleza, dice: Punto 3 o punto 4, al final, gírese al Congreso de la Nación para su tratamiento. En este caso no lo dice. Han pasado los diez días hábiles que establece la ley 26.122, y el jefe de Gabinete de Ministros no lo remitió a la Comisión Bicameral. Quiero que reflexionemos sobre este punto, porque más allá de lo que nosotros pensemos sobre el decreto y las diferencias que podamos tener acerca de él, esto invalida el decreto per se, pues no cumple con la norma de legalidad, que es su tratamiento por el Congreso. Insisto, el propio gobierno, al fundarlo en el Código Aduanero y en la ley de emergencia, lo está fundando en facultades delegadas por este Congreso. Por lo tanto, me sumo al pedido de preferencia del senador Giustiniani y agrego la obligatoriedad de que este Senado trate el decreto 929. Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero. Sra. Escudero. – Señor presidente: también quiero sumarme al pedido del senador Giustiniani. La ley de administración financiera establece que todas las sociedades con participación estatal mayoritaria deben ser controladas por la SIGEN y la AGN. A pesar de ello, cuando se aprobó la ley 26.741 en este Congreso, se estableció expresamente que YPF no quedaría bajo el control de la SIGEN ni de la AGN. Pero eso no significa que no quede bajo el control del Congreso de la Nación. Fíjense que, en el momento del debate, yo voté en general la expropiación del 51 por ciento de las acciones. Pero, en particular, me opuse rotundamente a ese artículo 15 que establecía que quedaba fuera del control de la Auditoría General de la Nación. Ahora bien, aunque se aceptara que quede fuera del control de la Auditoría General de la Nación, de ninguna manera se puede aceptar que quede fuera del control del Congreso, porque precisamente la razón que justificó la expropiación de ese 51 por ciento fue que YPF y los recursos debían volver al control del pueblo argentino. Entonces, ahora le decimos al Congreso de la Nación, donde reside la representación del pueblo argentino: Ah, no, ustedes no pueden conocer lo que hicimos porque hay cláusulas secretas. Eso es absolutamente incomprensible en nuestro sistema constitucional. “2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 31 de julio de 2013 Sesión especial Pág. 11 Dirección General de Taquígrafos

Fíjense que YPF ha pedido la inversión al pueblo argentino; ha recibido 750 millones de pesos por parte de 35 mil ahorristas. Es decir, hay que conocer lo que se firmó con Chevron, porque tenemos la obligación de proteger a los pequeños inversionistas argentinos. También se aprobó en este Congreso, hace poco tiempo, la nueva ley del mercado de valores. Entonces, si esta es una empresa que cotiza en Bolsa, y si esta empresa firma convenios secretos que nadie puede conocer, bueno, está en riesgo la situación de los accionistas. Entonces, propongo que la Comisión Nacional de Valores intervenga la empresa YPF para conocer qué es lo que se ha firmado. O sea, es el absurdo del absurdo. Aquí parece que ya no cumplimos con la Constitución ni con las leyes, sino que nos ajustamos e interpretamos según la conveniencia. Esto es absolutamente inconcebible; y atenta contra toda la garantía de derechos que se considere que hay cláusulas secretas en el convenio firmado. Y también quiero hacer una pequeña referencia al tema ambiental, porque no es menor. Me parece muy bien lo que aquí se sostiene: que la tecnología que se va a utilizar y el impacto en lo ambiental tienen que ser discutidos, debatidos y conocidos profundamente en este Congreso. Lo que vemos es un cambio en la política ambiental del gobierno nacional. Ahora parece que hemos entrado en una etapa medio desaprensiva, porque lo que era al principio una política ambiental muy cuidadosa, ahora aparece absolutamente desaprensiva. Tenemos los casos de Famatina, de Esquel, del Noroeste de San Juan y también uno en mi provincia. Sr. Pichetto. – Son temas provinciales. No tiene que ver con lo nacional. Sra. Escudero. – Nosotros tenemos una ley nacional que establece los impactos ambientales mínimos. Una ley de presupuestos mínimos ambientales. Por ello, el Congreso tiene la competencia para analizarlo. Y quiero traer a colación esta política desaprensiva porque en mi provincia hay un reclamo por la instalación de una planta de nitrato de amonio. Desde junio le estamos solicitando una reunión al secretario de Medio Ambiente de la Nación para escuchar cuáles son los peligros que puede haber ya que van a contaminar las aguas del río Juramento y del río Pasaje. Y esas son aguas interjurisdiccionales: salen de la provincia de Salta, cruzan la provincia de Santiago del Estero y llegan a Santa Fe para desembocar en el río Paraná. Esta planta de nitrato de amonio va a contaminar esas aguas en una zona que es absolutamente biodiversa, muy rica en flora y en fauna. No obstante, el secretario de Medio Ambiente me contestó diciendo que le pida una reunión al secretario de Minería. En consecuencia, esa es la política desaprensiva con el medio ambiente que lleva adelante el actual secretario de Medio Ambiente. Por esas razones, me sumo al pedido de preferencia del senador Giustiniani. Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Montero. Sra. Montero. – Señor presidente: yo quiero dar un paso un poco más allá a lo que han planteado. Aunque la mayoría legislativa irá dándole curso a estos decretos, no quiero prescindir de nuestra responsabilidad de legislar en esta materia. En ese sentido, si bien ha planteado el senador Sanz el procedimiento que deberíamos adoptar, en caso de que esto avanzara, por supuesto, queremos que aparezca el acuerdo con Chevron.

Realmente es lamentable lo que sucede. Por eso, voy a dar un paso más allá, porque junto con otros senadores también de zonas petroleras hemos presentado un proyecto de ley para la derogación del decreto 929 y también del decreto 1.277, porque creemos que se “2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 31 de julio de 2013 Sesión especial Pág. 12 Dirección General de Taquígrafos

están arrogando las facultades de las provincias sobre el dominio de los recursos originarios. Esto no lo podemos dejar pasar por alto acá, en el seno del Congreso de la Nación, donde estamos los representantes de las provincias. Por supuesto que estos pedidos deben hacerlos los gobernadores, pero tenemos un federalismo bastante diluido últimamente con la acción de los gobernadores sometidos por las cajas. En verdad, ya hemos planteado al gobernador de nuestra provincia, vía carta documento así como vía fiscalía de Estado, que se reclame y que se deroguen estos decretos, así como manifestamos su inconstitucionalidad. No obstante, cabe también nuestra responsabilidad como legisladores pedir el tratamiento. Por eso, solicito preferencia para los expedientes S.- 2.938 y S.- 2.937 a fin de que, por favor, abordemos estos temas; es decir, cuál es la situación de la provincia después de que se sancionó en el 94 el artículo 124, con la reforma constitucional, y después en 2006, cuando sancionamos la "ley corta"que faculta a las provincias a hacer los actos licitatorios, a decidir por las empresas, las inversiones y las regalías. A esto último están facultadas en este momento. Pero resulta que por el decreto 1.277 se crea una comisión de “inexpertos” −Kicillof, Moreno y Cameron−, encargada de decidir acerca de un plan de inversiones que todavía no sabemos de qué se trata, un plan estratégico e hidrocarburífero que no sabemos de qué versa porque ni siquiera está publicado en la página web correspondiente. Además, sus miembros se arrogan facultades sancionatorias si las empresas no cumplen un plan de inversiones. Por lo tanto, me pregunto para qué están las provincias; ¿están pintadas las provincias? Considero que es fundamental tratar estas iniciativas. Si vamos a hacer de esta práctica un procedimiento común, es decir pasar por decreto las facultades de las provincias y del Congreso, al menos demos ese debate, y en serio. O sea, con todos los instrumentos de discusión puestos en la mesa, porque lo que se está impulsando ahora es un avasallamiento a las facultades del Congreso y de las provincias, frente a la ceguera −por decirlo de alguna manera− de los gobernadores de provincia que aspiran a sus reelecciones sin saber, o tener en cuenta, la situación actual de YPF. Por ejemplo, desde que se produjo la estatización, en mi provincia la producción de hidrocarburos ha caído un 8,8 por ciento, y el 3,3 por ciento la producción en destilería. Este dato no es menor, porque YPF tiene el 67 por ciento de la producción de la provincia; tiene 27 áreas de un total de 32 en explotación. En consecuencia, es muy importante el peso relativo de YPF no solo en la producción de hidrocarburos y en su industria, sino también en la economía de la provincia. Cuando discutimos este tema en comisión, dije que si se caía YPF, se llevaba puesta la economía hidrocarburífera de la provincia y también la economía provincial. Por ende, creo que merecemos que se dé ese debate en el Congreso de la Nación. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá. Sr. Rodríguez Saá. − Señor presidente: por ser un bien muy apreciado, el petróleo ha generado numerosas guerras en el mundo. En muchos casos, se han producido guerras por el dominio de las áreas petroleras.

La Argentina tiene una larga historia en esta materia. Los contratos con la California, firmados en su último tramo de gobierno por el general Juan Domingo Perón, fueron y son todavía discutidos en todos los ámbitos, incluso, dentro del peronismo. En cuanto a la política de autoabastecimiento de Arturo Frondizi, los llamados "contratos petroleros" que firmó fueron tan polémicos que el presidente Arturo UmbertoIllia los “2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 31 de julio de 2013 Sesión especial Pág. 13 Dirección General de Taquígrafos

anuló. Cada una de estas situaciones produjeron consecuencias económicas para el pueblo argentino. En primer lugar, debo mencionar el mal manejo de YPF, debido a miles de trabajadores con sueldos muy importantes, en muchos casos, sin tareas que cumplir. Se trató de un desmanejo enorme que ocasionó un estallido que, finalmente, fue pagado por los trabajadores y el pueblo argentino. Ahora estamos tratando la inversión de Chevron. Como la señora presidenta se ha quejado, tal vez con razón, de que muchos reclamamos inversiones, pero cuando las hay, las cuestionamos, debo decir que nosotros no nos ponemos en ese lugar. Nosotros queremos que haya inversiones, pero consideramos que el pedido de informes y el resto de lo que se ha reclamado aquí son muy justos. Para poder determinar si la inversión es conveniente al interés nacional, tenemos que conocer las condiciones y los términos de ese acuerdo. En primer lugar, debemos colocarlo en el marco legal. No puede haber una promoción o perdón del pago de los impuestos si no hay una ley que así lo autorice. Hagamos las cosas bien. En segundo lugar, que puedan manejarse con el dólar y salirse del régimen de las retenciones también requiere una ley. Eso no se puede hacer mediante un decreto. Y cuando se trate esa ley, se discutirá si esos términos son los adecuados para el interés nacional. El Parlamento debe defender el interés nacional. Tenemos derecho a saber de qué se trata. Ya en 1810 el pueblo argentino quería saber de qué se trataba, y ahora también se quiere saber de qué se trata. Según los trascendidos periodísticos, ya que aún no se conoce el acuerdo, habría una nueva prórroga de jurisdicción; cuestión que pido que se tome en serio. La prórroga de jurisdicción en la renegociación de la deuda que se hizo de acuerdo a las leyes y tribunales de Nueva York le significan al país –no al gobierno– un duro dolor de cabeza. En efecto, los fallos de Griesa traerían graves inconvenientes para la Argentina. No digo que esto sea justo o injusto sino que prorrogar la jurisdicción pone las decisiones fuera de la esfera de nuestra soberanía. Y quienes hacen eso deberán hacerse cargo de semejante acto trascendente que, desde mi punto de vista, afecta la soberanía nacional. En el contrato al que hacemos referencia, nuevamente, se vuelven a elegir las leyes del Estado de Nueva York. Según el convenio, la relación entre las partes está regida por las leyes de Nueva York y no de la Argentina. Sin embargo, hay una variante, que tal vez sea una cortina de humo, que indica que el juez que va a resolver cualquier disputa será la Cámara de Comercio Internacional con sede en Francia, la CCI, y no el CIADI, tribunal donde la Argentina tiene numerosos pleitos. Por lo menos, tenemos derecho a saber de qué se trata y cuáles son las consecuencias para luego no echarle la culpa a no sé quién sino al responsable concreto de por qué y cuándo se hace esto. Por último, podrá haber o no cláusulas secretas –pienso que no debería haberlas–, pero si existen no deben serlo para el Parlamento argentino. Tenemos derecho a conocerlas, aunque sea en el ámbito del secreto, para aceptarlas o no, si correspondiere.

Entonces, me parece que es de estricta justicia y, a la vez, una saludable práctica que vengan a dar explicaciones los funcionarios, que hagan llegar los convenios firmados y que se nos brinde toda la información ya que, como alguien dijo, se trata de contratos que “2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 31 de julio de 2013 Sesión especial Pág. 14 Dirección General de Taquígrafos

van a durar treinta y cinco años. Es decir, un tiempo que trasciende al actual gobierno, al próximo, al siguiente y a nuestros hijos y nietos; o sea, a las próximas generaciones. Por estas razones, tenemos la obligación de ser responsables en lo que hacemos. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Lores. Sr. Lores. – Señor presidente: quiero hacer una acotación. La Comisión de Energía, Minería y Combustibles, que presido, no ha tenido quórum en las últimas cuatro convocatorias. Muchos de los proyectos mencionados en el transcurso de esta sesión están en la comisión a la espera de su tratamiento cuando tengamos quórum. En estas cuatro reuniones frustradas ni siquiera hemos alcanzado un tercio de presencia de los senadores para poder considerar los proyectos entrados como dice el Reglamento de la Cámara. En el día de ayer tuvimos una reunión frustrada y éramos tres senadores: estaba la senadora Estenssoro, el senador Martínez y yo, y en la anterior reunión estuvieron los senadores Pérsico, Martínez, González y yo. Esto se viene repitiendo desde el año pasado. Hubo cuatro reuniones consecutivas de la Comisión de Minería en la que ni siquiera tenemos la presencia de un tercio de los senadores para considerar estos proyectos. Se han acumulado proyectos de ley, proyectos que cuentan con la sanción de la Cámara de Diputados, proyectos de declaración y proyectos de comunicación que están a la espera de que en algún momento tengamos éxito con la convocatoria de nuestra comisión y logremos tener el quórum para que muchos de estos proyectos para los cuales se está pidiendo preferencia obtengan el dictamen que se está solicitando. El proyecto al que hizo mención la senadora Estenssoro entró en octubre del año pasado, y no lo hemos podido tratar porque –insisto– la comisión se ha reunido varias veces y no hemos logrado quórum. Gracias, señor presidente. Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Morandini. Sra. Morandini. – Es para fortalecer los pedidos y enmarcarlos dentro de algo que a veces eludimos y que elude este Senado, que es el derecho de la sociedad a ser informada, el acceso a la información pública como un derecho humano fundamental, porque no se trata solamente de la obligación que tienen de publicitar los actos de gobierno sino de que haya transparencia en la administración pública. Uno tiene que recordar siempre el decreto del presidente Kirchner en el año 2003, el 1.172, de acceso a la información pública. Fíjese cuál era su título: “Mejora de la calidad de la democracia y sus instituciones”; de modo que aquel decreto lo que venía a decirnos hace 10 años es que es fundamental acceder a la información pública como derecho de la ciudadanía, no a la información que quiere el poder. Ni siquiera hemos podido convertir ese decreto en ley; entonces, tendríamos que inferir claramente que eso venía a mejorar la calidad de la democracia pero lo que estamos haciendo 10 años después al invocar el secreto es poniendo en riesgo la concepción de una democracia moderna basada en derechos humanos y, sobre todo, el derecho de la sociedad a ser informada. Porque muchas veces se cancelan los debates echándoles la culpa a los medios, pero la realidad es que el insumo fundamental de la prensa no es sólo la libertad, ya que si no hay información y –lo que es más grave– se reivindica el secreto como una práctica de gobierno, lo que se está hiriendo profundamente es a una prensa responsable, porque entonces no queda otro camino que seguir trabajando con el rumor. “2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 31 de julio de 2013 Sesión especial Pág. 15 Dirección General de Taquígrafos

De modo tal que también me gustaría en este debate, para fortalecer los pedidos que se han hecho desde todos los argumentos que se han dado, insistir con este argumento fundamental de que el secreto es incompatible con una democracia que debe garantizar derechos humanos, y el derecho no sólo a expresarse sino el derecho fundamental que tiene la ciudadanía a tener información, y por eso no se le puede negar información a aquellos que representamos a la ciudadanía. Sr. Presidente. – Entramos en los tres últimos oradores en este debate. Tiene la palabra el señor senador Fernández. Sr. Fernández.− Muchas gracias, presidente. Me parece que la discusión que hemos escuchado hasta este momento ha tenido expresiones de todo color y de todas características basándose en la SIGEN, pasando por la Auditoría General de la Nación, en el reclamo de conocer el secreto aunque sea en secreto, en la definición de que el secreto forma parte de un derecho humano que se está violando y en un montón de cosas que –y perdón por la calificación ampulosa– no tienen nada que ver con la realidad. Se plantea la situación –y no lo creo inocente– como si estuviéramos hablando de una sociedad anónima en el marco de la ley 19.550, Sección VI, que habla específicamente de sociedades anónimas con capital mayoritario. Pareciera ser esto: se toma como que el 51 por ciento es un capital… Sr. Presidente. – La senadora Morandini le pide una interrupción… Sr. Fernández.- No, si cada uno ya se expresó. Sr. Presidente. – No se la concede, señora senadora. Sr. Fernández. – Digo que volvemos a la misma situación y voy a explicar por qué todo el análisis que se hizo hasta este momento es incorrecto. Por tener el 51 por ciento en manos del Estado se toma como que es una sociedad de las definidas con este nombre específico en la Sección VI de la ley 19.550, que son sociedades anónimas con capital estatal mayoritario cuando, en realidad, esta no es de ese tipo sino que es una sociedad de la Sección V de la ley 19.550: una sociedad anónima y punto. Entonces, todas las expresiones que escuchamos, las ofensas porque no están ni la SIGEN, ni la Auditoría General de la Nación, ni porque lo secreto no se hace conocer aunque sea secreto y porque genera un incumplimiento como derecho humano porque no se hace conocer una información, no tienen razón de ser. En verdad, estamos hablando de una sociedad privada, de una sociedad anónima que, circunstancialmente, integra el Estado en parte –pero no es una sociedad conforme los artículos 308 en adelante, sección VI, de la ley 19.550, de las denominadas sociedades anónimas con capital estatal mayoritario–, con lo cual todo lo que se dijo está invalidado.

Ahora bien, me gustaría hacer una reflexión con respecto a lo que sucede adentro porque hay varias preguntas que se dejaron vertidas pero a las que no se dio respuesta y, por ahí, puede parecer que tienen razón. Cuando estamos hablando de este acuerdo lo que se plantea específicamente es que de los 12 mil kilómetros cuadrados que tiene la zona concedida a YPF en esta provincia solamente se ponen en riesgo 20; o sea, 20 kilómetros cuadrados de un total de 12 mil. Por eso se desembolsan 1.240 millones de dólares y el knowhow para trabajar sobre este punto en forma específica. Cumplida la primera parte de Vaca Muerta vamos a seguir avanzando al año siguiente con una posibilidad cierta de discutir ahí sí lo que planteaba el señor senador Giustiniani acerca de los 395 kilómetros cuadrados a partir del segundo año. Porque el primer año son sólo 20 kilómetros cuadrados “2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 31 de julio de 2013 Sesión especial Pág. 16 Dirección General de Taquígrafos

para las pruebas de un total de 13 mil kilómetros cuadrados. En el segundo año se van a hacer los 1.500 pozos en el marco de los 395 kilómetros cuadrados de Vaca Muerta; ese será el segundo paso que involucrará una inversión de 16 mil millones de dólares –50 por ciento y 50 por ciento–. No se trata de una privatización, sino que es una asociación; o sea, asociarse para hacer una tarea determinadacon el aporte del knowhow por parte de la empresa y la tarea específica por parte del Estado. Es el Estado el que va a explotar con el knowhow del otro: o sea que el que explota es el Estado. No es una privatización ni cosa que se le parezca. Estas son discusiones que se están dando en el mundo con distintos colores. Por ejemplo, Estados Unidos, que hace uso específicamente de esta tarea del shaleoil y del shale gas, tiene una situación geográfica absolutamente distinta e indeseable con respecto a la que tiene la Argentina. Voy a dar un ejemplo bien gráfico: en Pensilvania el shale se encuentra a muy pocos metros de profundidad –500 o 600 metros–, con lo cual el problema es que se empieza a mezclar con la napa de agua, que es la dificultad más severa que están teniendo. En el caso de Texas el problema es que encuentran las perforaciones de shale prácticamente pegadas a la ciudad, con lo cual la situación es indeseada. No es el caso de Vaca Muerta, donde estamos hablando de perforaciones a más de 2.000 metros de profundidad, lejos de cualquier ciudad y sin ningún tipo de riesgo de conectarse uno con otro, con lo cual es una situación absolutamente clara y sin ningún tipo de complicaciones de esta característica. Desde el punto de vista del manejo del agua, en Neuquén el 1 por ciento del caudal del Limay y del Neuquén se utilizaría para esto. Es más o menos el 1 por ciento de lo que utiliza la ciudad de Neuquén en el marco de los acuíferos. O sea que no va a haber complicaciones de ningún tipo. Hablan de los aditivos. ¿Saben qué aditivos se utilizan, señor presidente? El cloruro de sodio, que está en la sal de mesa. Las sales de borato, que se utilizan para la fabricación de cosméticos y son de uso humano. El carbonato de potasio o de sodio, que se utiliza para la elaboración de detergentes y es de uso humano. La goma guar se utiliza hasta en la elaboración de los helados, y el alcohol isopropílico es utilizado en desodorantes. Esto quiere decir que todos los aditivos que se utilizan son el 0,5 por ciento de la aplicación del agua. La totalidad, el 99,5 por ciento, es agua de inyección para permitir y garantizar, una vez perforada la roca madre, la salida del gas o del petróleo shale en esas condiciones, sin ningún tipo de complicaciones. ¿Cómo no nos va a importar, si después de China, que tiene 36 millones de metros cúbicos, y Estados Unidos, que cuenta con 26 millones de metros cúbicos, se supone o se entiende que las reservas en la Argentina son de 23,5 millones de metros cúbicos? Las reservas actuales de gas convencional en nuestro país son de 0,5 billones de metros cúbicos. Estamos hablando de una diferencia superlativa respecto de lo que hay. Y con relación al petróleo, donde las reservas son de 2.500 millones de barriles, la totalidad de lo que significaría el shale es 25.000 millones de barriles. Estamos hablando de una explotación fenomenal que va en camino de lo que se discutió en este Parlamento y se aprobó por amplia mayoría cuando se expropió el 51 por ciento de YPF en búsqueda del autoabastecimiento, que es lo que dejamos fijado específicamente en esa ley.Esto es lo que me interesaba aclarar. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Fuentes.

Sr. Fuentes. – Señor presidente: voy a tratar de ser, dentro de lo que me moviliza el tema, “2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 31 de julio de 2013 Sesión especial Pág. 17 Dirección General de Taquígrafos

lo más respetuoso posible con la frase: “sabemos, sabemos, sabemos, sabemos”. Porque el repaso de las cuestiones enunciadas, evidentemente, demuestra que no sabemos nada. Entonces, ¿por qué mezclar de la manera que se lo está haciendo cuestiones tan diversas? Se enfoca el federalismo. Quiero recordar a aquellos que declaman por federalismo que el yacimiento es propiedad de la provincia del Neuquén, primera cuestión; y que quien tiene la concesión de ese yacimiento es la empresa YPF. Además, el convenio entre la provincia soberana del yacimiento y la empresa que tiene la concesión es objeto de remisión, y a partir de las 18 y 30 horas de mañana, comenzará a tratarse en el ámbito constitucional donde debe hacerse, que es la Legislatura de la provincia del Neuquén.Esa es la primera cuestión, para no seguir confundiendo tantas situaciones. En segundo lugar, el decreto de promoción de inversiones 629… No voy a dar interrupciones. El decreto de promoción de inversiones 629 –esto fue motivo de fundamentación cuando fui miembro informante al tratarse esa ley– establece un régimen de promoción, donde a toda empresa que tenga un área concesionada con la explotación… Yo no lo interrumpí, senador… Sr. Giustiniani. – Es el decreto 929, no el 629. Sr. Fuentes. – Es el 929/13. Perdóneme, senador, los nervios... Régimen de promoción: toda empresa que tiene un área concesionada con producción convencional o no convencional, en la medida que invierta una suma superior a los mil millones durante cinco años, tendrá como derecho, recién al quinto año, la posibilidad de eximir un 20 por ciento de lo que se extraiga de la aplicación de las retenciones, que es una potestad no coparticipable del gobierno nacional. Además de eso –dado que esto ha generado trasnochados nacionalismos–, no solamente el 80 por ciento era el mercado interno; el 20 por ciento, de libre disponibilidad, el gobierno tiene la posibilidad de optar por ese 20 por ciento para comprarlo a los precios internacionales. El convenio que se celebra entre Chevron e YPF es entre dos empresas, una de las cuales tiene un área concesionada. Entonces, se comienza a dimensionar lo que se llaman clusters de explotación y producción de hidrocarburos, con un método no convencional, en un área experimentalmente reducida, con una ventaja fundamental, porque se trata de transferencia de tecnología y no es dólar papel. Los costos de Chevron, después de una experiencia de aciertos y errores principalmente de perforación horizontal, la cual YPF no tiene porque perfora, con buena experiencia, verticalmente, son la mitad de los costos de YPF. Segundo, la conformación geomorfológica, en lo que se llama el grosor de la roca madre y la distancia entre napas freáticas y reservorio hidrocarburífero genera razonablemente un marco de seguridad. Pero yo quiero entrar a otra cuestión, que creo que está en el fondo acá porque, si no, no se pueden confundir tantas cosas a la vez. Cuando se tomó la decisión soberana de recuperar YPF, se puso en distinción algo elemental, que es lo que marca quiénes son los grandes y quiénes son los pequeños en la política.

Cuando Perón sale ante un mundo de posguerra y presupone que la demanda central de un continente devastado, con hambre, serían los granos, los cereales, los alimentos, prepara a la Nación camino a esa respuesta: astilleros, flota fluvial, empresa marítima del Estado, instituto argentino para el intercambio, monopolio del comercio exterior, Junta Reguladora de Granos. Es decir que esa demanda creciente de esa materia generara “2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 31 de julio de 2013 Sesión especial Pág. 18 Dirección General de Taquígrafos

excedentes que, en vez de ser aprovechados por los de siempre, fueran aprovechados por el Estado para poder redistribuirlos. Cuando esa lógica imperial cambia, Postdam Yalta pero fundamentalmente Teherán, cuando la cuestión pasa de los cereales a los hidrocarburos, es evidente que tenemos la necesidad de generar la empresa nacional de hidrocarburos que nos posicione en ese juego, que se agrava en la medida en que todos somos concientes de que cada vez... Es decir, esos intereses, esa razón imperial en cada área donde hay reservas estratégicas tiene una hipótesis de conflicto en desarrollo o está instalada. No hablemos de Medio Oriente. Por eso me reía cuando hablaban de que Chevron tiene malos antecedentes. ¡Ah, no, si el resto de las petroleras son la Madre Teresa, son asociaciones de beneficencia que pasean por el mundo cuidando el medio ambiente, generando el bienestar de los pueblos! ¿O nos olvidamos de Halliburton –Cheney, vicepresidente– invadiendo Irak para apropiarse del petróleo? Bien decía el senador Rodríguez Saá “el petróleo mueve guerras”. En esa lógica, en Latinoamérica, Cuenca Andina, hipótesis de conflicto: narcotráfico; Cuenca del Orinoco, hipótesis de conflicto: las FARC; acuífero guaraní: fuente de conflicto, el terrorismo en la Triple Frontera. Y nos olvidamos del Atlántico Sur; islas Malvinas, donde la cuestión se desplaza, paulatinamente, de la pesca a lo que es la explotación de los recursos del subsuelo marino. Y ahí es donde la Argentina tomó la decisión soberana de recuperar una herramienta estratégica, que es YPF, para poder plantearse de cara al escenario de futuro que viene. Eso es la diferencia entre políticas en serio y oposiciones fundadas únicamente en un juego de prevención electoral. Entonces, en esta cuestión, qué casualidad que desde el primer momento que la Nación tomó la decisión soberana, cuando la presidenta mandó a este Congreso la Ley de Expropiación, toda la estrategia de Repsol, los sectores del capital perjudicado –no vamos a hablar de lo que hicieron con YPF–, iniciaron acciones legales en todas las Bolsas del mundo y amenazaron a todas las empresas, porque la estrategia consistía en que la expropiación de YPF debía fracasar, que YPF debía caerse, que YPF debía quebrar. ¡Entonces se planteó acá mismo que YPF estaba aislada, que no había inversiones, que la crisis energética, que los 15 mil millones de dólares de importación de combustible, que qué hace el Estado! ¡Cuando el Estado, en ese escenario, toma la decisión de facilitar con una ley –no otorga ni concesiones ni prorroga; es la provincia de Neuquén la que lo hace– en función del convenio de YPF: 25 millones de dólares por un lado, 40 millones por el otro y una serie de inversiones…! Sabe la provincia y deberá discutir si lo aprueba o no lo aprueba. En ese momento, coincidentemente, candidatos a senadores, en este caso de la Unión Cívica Radical, específicamente, el candidato Inaudi, cuando los abogados de Repsol presentan acciones ante el CIADI y ante tribunales por el acuerdo, él presenta cautelares. Es evidente, y esto con todo respeto dicho, senador Sanz, cuando usted bien dijo en su análisis de cómo era el proceso electoral, que para poder ganar las elecciones era necesario que la economía no mejorara... Sr. Sanz. – No lo dije así... Sr. Fuentes. – Entonces, en este esquema, es evidente que a nadie que esté desde esa lógica le resulta favorable pensar que YPF se recupera.

En un mundo de intereses poderosísimos en ese juego, donde el resto de las empresas está de brazos cruzados, a la espera del resultado de esta inversión, la provincia del Neuquén celebra un convenio con YPF, propietaria del yacimiento; es decir, celebra un “2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 31 de julio de 2013 Sesión especial Pág. 19 Dirección General de Taquígrafos

convenio con la empresa que tiene la titularidad de la concesión de explotación. Esta empresa celebra un convenio con otra empresa, con la que se asocia para esa explotación en un sistema no tradicional. Esta empresa trae tecnología y dólares, amparado, eso sí, en un decreto nacional de promoción de inversiones. En el marco de la ley de soberanía hidrocarburífera, la presidenta dicta un decreto que dice que es necesario incorporar tecnología e inversiones. ¿Cómo las facilita este decreto? El Estado nacional renuncia a los cinco años –a los cinco años– a que la inversión se haga, únicamente de gravar el 20 por ciento de lo que se exporte en función de lo extraído: 20 por ciento. Antes se aplaudía cuando se llevaban todo si querían. ¿De qué estamos hablando? ¿Nos pone mal que YPF haya logrado un socio? ¿Nos pone mal que YPF demuestre ante el mundo que no está aislada? Entonces, ahora está la preocupación de la senadora por Mendoza por las concesiones del Neuquén. Me hubiera gustado, senadora, que tuviera esa preocupación cuando Puesto Hernández envenenó simultáneamente las aguas compartidas del río Colorado, porque durante décadas no hicieron las inversiones mínimas, que eran las plantas de tratamiento. Una cuestión elemental: una pileta de hormigón de decantación. Tiraban los metales pesados y el agua escurre al río. Recién cuando la razón económica justificó que ese agua se tratara para reinyectarla, en su provincia, en el yacimiento Bayo, recién se hicieron las obras. Entonces, hay una súbita preocupación por el federalismo, cuando es una atribución de la provincia del Neuquén, en función de que es propietaria del yacimiento, determinar si le conviene o no concesionar el área. La cuestión del acuerdo Chevron-YPF. Es un acuerdo en el marco de dos empresas que se asocian con un interés común, que es fomentar esa explotación experimental para conformar lo que se llaman clusters, que son zonas muy grandes, que deben tener una estructura de inversión en conjunto, los reparos ambientales, el grosor de la roca madre, que es único en el mundo, como lo señaló claramente el senador Fernández: a qué distancia está el reservorio hidrocarburífero de la napa freática. Y lo fundamental, el agua, y hay leyes que rigen esto. Para la explotación, se toma agua de río. Se requiere infraestructura de transporte para llevar agua de río al yacimiento y devolverla en condiciones de ser tratada. La potestad ambiental siempre fue de la provincia. La Nación coordina o fija estándares. Y ni hablemos de los daños que se han provocado y los pasivos con el sistema. El otro día, apareció un periodista cómico que tiene un programa de televisión filmando los daños y perjuicios que ha generado el petróleo a lo largo de décadas. Esta es la discusión: conozco más de uno que tiene una vocación de ecologista puro que parece que vive en un equilibrio en el Amazonas pero al primer día que le falta un litro de nafta patea el surtidor o cuando le cortan la luz sale a hacer cacerolazos a la calle. Esa es la discusión. ¿Vamos a desarrollar los recursos? ¿Hasta dónde? ¿Con qué costo? ¿Quién se hace cargo de la reparación? Pero no se venga acá a invocar cuestiones federales cuando le corresponde a mi provincia determinar si ese convenio es o no conveniente.

Si estamos anunciando a todos lados que tenemos la nueva Arabia Saudita, es legítimo que los habitantes de la Argentina se desplacen a mi provincia a radicarse para buscar trabajo y mejor futuro. Esto implica hospitales, caminos, escuelas, viviendas. Entonces, la Nación, independientemente que de que se apruebe o no este convenio, celebró un convenio con la provincia para efectivizar en dos años –estuvo Abel Fatala en Neuquén y lo recibimos con la senadora Parrilli– más de mil millones de pesos para obras de “2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 31 de julio de 2013 Sesión especial Pág. 20 Dirección General de Taquígrafos

infraestructura. El colegio aerotécnico, el tema del cambio de la matriz. Vamos a discutir otro día cuál es la matriz extractiva que queremos los neuquinos. Todo este tipo de inversiones en un triángulo donde va a estar el peso de la producción, conformado por Rincón de los Sauces, Buta Ranquil y la localidad de Añelo. Tres cuestiones distintas: convenio de la Nación con la provincia del Neuquén: mil millones para poder amortiguar y compensar el recurso. Convenio entre Chevron e YPF, una asociación con fines de explotar un yacimiento. Y, fundamentalmente, lo va a resolver la provincia, propietaria del yacimiento, por una ley que va a dictar la Legislatura estableciendo si prorroga o si no prorroga. Es una decisión soberana de la provincia del Neuquén y eso es federalismo. Sr. Presidente. – Senador Pichetto… Sr. Sanz. – He sido aludido. Pido la palabra. Sr. Presidente. – Ha sido aludido el senador Sanz. Sr. Pichetto. – Le cedo la palabra y luego cierro. Sr. Presidente. – Usted cierra el debate, pero ha sido aludido el senador Sanz. Sr. Sanz. – Señor presidente: voy a utilizar un minuto para la cuestión personal, porque quiero referirme a la cuestión que acaba de plantear del radicalismo del Neuquén, que es lo que más me importa. Respecto de la cuestión personal, muchas veces escuché las críticas respecto de mis dichos o no dichos, las escuché de todo el oficialismo y de usted también, señor presidente, pero nunca me preocupé porque no les había dado entidad. Sin embargo, en el caso del senador Fuentes sí me preocupa. Solamente digo que el que quiera saber qué es lo que dije tiene el video completo, no el de TELAM. Hay dos maneras de interpretar lo que dije: de mala fe y de buena fe. Espero que se interprete de buena fe. El que lo haga de mala fe, que se haga cargo de su propia mala fe. La segunda cuestión es el tema del radicalismo del Neuquén. Al respecto, reivindico el derecho del radicalismo en la persona de Marcelo Inaudi, que efectivamente es candidato a senador como también lo es quien acaba de hacer uso de la palabra, a quien en todo caso le comprenderían las generales de que está haciendo campaña. No voy a utilizar eso. Todos estamos en campaña porque somos políticos y el radicalismo del Neuquén y el candidato a senador Marcelo Inaudi tienen todo el derecho del mundo de recurrir a la justicia, como también podríamos hacerlo nosotros. Pero hoy venimos a recurrir a nuestra herramienta válida que es la de pretender conocer, mediante pedidos de informes o de preferencia, convenios respecto de los cuales todavía nada se sabe. La Legislatura del Neuquén va a tratar desde hoy o mañana, como dicen, el convenio entre YPF y el gobierno del Neuquén, pero no se sabe nada del convenio entre YPF y la empresa Chevron. Y el motivo de la medida cautelar y la presentación del radicalismo del Neuquén es sobre el convenio que no va a tratar la Legislatura del Neuquén. Les asiste el mismo derecho que tenemos hoy de saber aquí: allá con una medida cautelar judicial y aquí pidiendo una preferencia. Lo cierto es que, como dice el gaucho en su verso, “el poncho no aparece”. No aparece el convenio entre YPF y Chevron. Nos ahorraríamos todas estas palabras si el convenio estuviera a la luz del día y pudiéramos saber qué es lo que dice. Sra.Montero. – Pido la palabra. Sr. Pichetto. – No, está cerrada la lista de oradores. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto. “2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 31 de julio de 2013 Sesión especial Pág. 21 Dirección General de Taquígrafos

Sr.Pichetto. – Además, el Reglamento establece que son cinco minutos y aquí hubo casi un debate. Sr.Presidente. – Respecto de los tiempos, déjeme manejarlos que venimos bien. Sr. Pichetto. – Usted los manejó con criterio, dejando hablar. Digo lo siguiente: casi hicimos un abordaje sobre el tema de fondo cuando, en realidad, había un planteo de preferencia sobre algunas cuestiones que los senadores plantearon. Al respecto, le vamos hacer llegar al Poder Ejecutivo estos temas y vamos a analizar y a formalizar oportunamente una respuesta. Quiero decir algunas cosas que se dicen y después se repiten en los medios. Precisamente, me acaban de informar de la dirección de YPF que llevamos dos trimestres consecutivos de crecimiento en la producción de petróleo y de gas. Este es un dato que pido que corroboren aquellos que ven todo negro, todo mal y creen que hacemos todo mal. Así como en algún momento hubo una declinación, producto inclusive de un acomodamiento del proceso directivo de la nueva conducción de YPF, en este momento, la empresa está recuperando los niveles de producción tanto en petróleo como en gas. Una reflexión desde lo político, desde la mirada que uno tiene como protagonista de la política en la región patagónica, en donde es muy vital este recurso, pero también es muy vital para el país porque tiene que ver con el destino de la Argentina. Sila Argentina no encuentra el camino del autoabastecimiento, indudablemente las posibilidades de desarrollo van a ser limitadas. Entonces, estos temas tienen que ser abordados por parlamentos realmente responsables que tengan en cuenta siempre la mirada nacional y no la mirada pequeña, sectorial o partidaria. La definición de esta cuestión debe ser asumida con el máximo nivel de responsabilidad. Aquí aparece de nuevo el abordaje ambiental. Por supuesto que todos queremos cuidar el medio ambiente. Aquí hemos votado la Ley de Bosques y muchas provincias no la han cumplido porque han dejado avanzar la carrera de la soja sin límite. Entonces, no vengamos a predicar el tema ambiental cuando no cumplen, ni siquiera, con las obligaciones dentro del territorio de la provincia. Como no quiero abrir un debate personal esta tarde, me voy a limitar a decir esto como un concepto general, no lo voy a particularizar, pero todos sabemos para dónde fue el corrimiento de la soja. Pongamos las cosas en su justo lugar: nos preocupa a todos el medio ambiente pero también nos preocupa que el país recupere la capacidad energética y minera. Algún día, este Congreso también tiene que dar un debate sobre el tema de la minería. Y planteo el desafió en serio porque países como Canadá, que defienden el medio ambiente, que son modelos especiales de medio ambiente, tienen minería y desarrollan el oro y la plata, uno de los principales ingresos del producto bruto de su país. Y también hacen frackingy petróleo. Entonces, si queremos ser un país limitado, pobre, con gente pobre que no tenga destino, no hagamos nada. Porque todo contamina. Había una vieja canción de la década del 70 según la cual todo era ilegal, inmoral o engordaba. Digo esto con humor. Pero acá todo contamina. Cuando uno enciende un fósforo, contamina. Entonces, cuidado con este tema. Nos preocupa el medio ambiente y tenemos que elaborar una ley de presupuestos mínimos en este Congreso y trabajar al respecto. Pero no limitemos las posibilidades de la Argentina frente a este gran desafío que significa la alternativa de desarrollo de la zona más rica, más potente y más importante que tiene el país. Esto es lo que quería manifestar. “2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 31 de julio de 2013 Sesión especial Pág. 22 Dirección General de Taquígrafos

Voy a realizar la consulta respectiva frente a los requerimientos de visitas de los secretarios. Me parece que un espacio… Sr. Sanz. – ¿Y cuál es la opinión sobre el decreto? Sr. Pichetto. – Voy a analizar el decreto; no lo tengo aquí. Voy a analizarlo y consultar el tema. Pero no vamos a habilitar el tratamiento sobre tablas de este asunto. Creo que este es el comienzo de un debate importante, pero en este momento, me limito a decir que voy a hacer las consultas respectivas, porque a este tema también hay que darle un marco de discusión seria y responsable, en el ámbito de la comisión respectiva, con una actitud, una mirada y una visión que tengan en cuenta los intereses nacionales. Y en ese sentido, le pedimos a la prensa argentina que tenga como ejemplo a la prensa brasileña, la cual critica al gobierno, lo cuestiona e incluso lo denuncia, pero en los temas nacionales, juega al lado de su país. Sr. Giustiniani. – Señor presidente…. Sr. Presidente. – Por favor, senador, no se va a habilitar el tratamiento. Se va a poner a votación… Sr. Giustiniani. – Pido la palabra para una aclaración.

– Varios señores senadores hablan a la vez.



Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani. Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero efectuar una aclaración al presidente del bloque oficialista. Lo que se pidió respecto de los tres expedientes es una preferencia con despacho comisión. No se pidió el tratamiento sobre tablas. O sea, para los expedientes 2.935, 2.934 y 3.873 se pidió una preferencia, con despacho comisión, para que las comisiones aborden este debate. Así que estamos pidiendo esa votación. Me parece negativo que el bloque oficialista vote en contra de un pedido de preferencia con despacho. Reitero: no estamos pidiendo habilitación sobre tablas. Sr. Pichetto. – Nos oponemos al tratamiento sobre tablas. Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia, con dictamen de comisión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia con despacho.





S.-1.766/12

RÉGIMEN FEDERAL DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL ACCESO

A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA RURAL

MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Escudero. – Pido la palabra. Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero. Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero solicitar una preferencia con dictamen de comisión para el expediente S.-1.766/12, proyecto de ley sobre Régimen Federal de Protección y Fomento del Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural por parte de los pequeños productores agropecuarios que habitan zonas rurales en todo el territorio argentino. Recientemente, el jefe del bloque oficialista hablaba de la expansión de la soja, de los problemas que se generan con la deforestación y, por supuesto, hacía referencia a mi provincia. La provincia de Salta, luego de la Ley de Bosques, dictó su ordenamiento territorial, pintó de colores, y resulta que ahora parece que hay un mecanismo por el cual algunos empresarios al amarillo lo convierten en verde después de pasar no sé por dónde y sigue la deforestación. Ahora que tuve tiempo para recorrer mi provincia en horas de la noche, vemos camiones cargados con rollos de madera y, obviamente, todo sucede a la noche, cuando no hay control.

Pero esto genera otra situación de injusticia muy grande. A partir de la ley 26.160, tuvimos una gran expectativa de que finalmente se avanzaría en los relevamientos para la transferencia de la tierra a las comunidades indígenas. Lo que veo cuando recorro la provincia es que hemos dormido a las comunidades en sus reclamos, nada se hizo, y lo que sí avanza en estos años es la deforestación y los alambrados. Allí donde antes no había “2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 31 de julio de 2013 Sesión especial Pág. 28 Dirección General de Taquígrafos

alambrados y los indígenas circulaban, hoy hay alambrados y los indígenas quedan en predios cada vez más pequeños, lo que les impide el ejercicio de sus derechos humanos. Hay un documento reciente de ENDEPA, de la Pastoral Aborigen, que da cuenta de los informes del INAI, de dónde se ha gastado el dinero en estos 6 años de vigencia de la ley. Se gastaron 60 millones de pesos en 6 años para hacer los relevamientos. Se utilizaron 23 millones de pesos para hacer los pocos relevamientos que se hicieron, que significa más o menos el 12 por ciento del total de los relevamientos que debían hacerse, y 22 millones de pesos fueron girados a la Universidad de Lanús por asesoramiento técnico. Señor presidente: 22 millones se fueron a la Universidad de Lanús, no sabemos a pagar qué, y a cambio de eso, vemos las comunidades cada vez más reducidas frente al avance de la frontera agropecuaria. Por eso, señor presidente, junto con esta situación de las comunidades indígenas, hay otro colectivo que es el de los pequeños criollos, pequeños productores…

– Murmullos en el recinto.



Sr. Presidente.– Por favor, les pido si podemos mantener el silencio durante la exposición. Les agradezco. Sra. Escudero. – Hay pequeños productores rurales que no son comunidades indígenas, que son los famosos puesteros que, en un régimen de tolerancia, existían con sus pequeños animales y sus cercos y que actualmente, con la expansión de la frontera agropecuaria, son víctimas de desalojos y, muchas veces, de desalojos forzosos. Lo que estoy planteando, señor presidente, es una preferencia con despacho de comisión de este proyecto que tiende a otorgar la propiedad de la tierra a estos pequeños puesteros que llevan más de 10 años viviendo en esa tierra y trabajando en ella pero sin tener la propiedad. También pido que se convoque al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a la Comisión para que rinda cuentas de cómo se gastaron esos 60 millones de pesos del fondo para los relevamientos, quién cobró esos 22 millones de pesos que se desviaron a través de la Universidad de Lanús para supuesto asesoramiento técnico y por qué en la provincia de Salta, donde hay 383 comunidades indígenas para relevar, solamente se relevaron 10. Señor presidente: hubo el 2 por ciento de ejecución en mi provincia, en donde está la mayor cantidad de comunidades indígenas y, sin embargo, el 80 por ciento del presupuesto ejecutado, la mitad desviado en asesoramiento técnico a la Universidad de Lanús. Señor presidente: pido que se cite al presidente del INAI a la Comisión de Población y Desarrollo para que rinda cuentas de la ejecución de estos fondos, porque si continuara a ese ritmo de ejecución, harían falta 80 años para terminar el relevamiento de las comunidades indigentes. Así que, por las razones expuestas, pido la citación al presidente del INAI y la preferencia con despacho de comisión del expediente 1.766/12. Sra. Morandini. – Pido la palabra. Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Morandini.

Sra. Morandini. – En este mismo sentido, y un poco para informar a los colegas en este Senado, quiero decir que he citado al presidente del INAI más de una vez como presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo. Tengo también en mis manos y he distribuido entre todos los integrantes de la comisión el documento de la Pastoral al que hace referencia la senadora por Salta y no sólo no ha venido el presidente sino que ni siquiera ha “2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813” 31 de julio de 2013 Sesión especial Pág. 29 Dirección General de Taquígrafos

tenido la cortesía institucional de responder a la insistencia para que confirme o niegue su presencia. De modo que también voy a reiterar aquí la frustración que significa convocar a la comisión, porque no sólo no vienen los funcionarios sino que tampoco hay quórum y siempre somos dos o tres senadores. La citación al presidente del INAI ya la hemos hecho en tres oportunidades. Entonces, hay que reiterarla para que finalmente venga a dar cuenta de lo que describió la senadora por Salta como denuncia de la Pastoral. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto. Sr. Pichetto. – Con dictamen de comisión nunca hemos negado el tratamiento de este tema. Primero, antes de convocar a alguien vamos a analizar el tema en comisión. Siempre hemos tenido una actitud positiva con todo lo que significa la tierra de los pueblos originarios; tema sobre el cual hemos votado oportunamente la prórroga. O sea que no tenemos ningún tipo de inconveniente, pero siempre con despacho de comisión. Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia con despacho de comisión. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

– Se practica la votación.



Sr. Presidente. – Aprobado. Senador Pichetto: quedó pendiente la votación propuesta por el senador PetcoffNaidenoff. Como ahora sabe que no tiene dictamen, él propone una preferencia. Sr. Pichetto. – Emitamos el dictamen y después fijemos un día en la agenda. Lo he dicho en el momento en que le contesté al senador. Sr. Presidente. – Entonces, no necesita votación. 9

S.-1.758/12 y S.-3.700/12

RÉGIMEN DE PROMOCIÒN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES Y SELLADO DE POZOS PETROLEROS

MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. López. – Pido la palabra. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador López. Sr. López. – Señor presidente: quiero plantear dos mociones de preferencia con dictamen para la próxima sesión ordinaria. Una,vinculada con el expediente S.-1.758/12 sobre un proyecto que modifica el régimen de promoción de la producción de biocombustibles. Una iniciativa que tuvo origen en nuestro bloque en su anterior integración, cuando todavía estaba el senador José Martínez. Este proyecto volvimos a presentarlo con la senadora Díaz el año pasado y representa una de las medidas dentro de esa batería de iniciativas que necesitamos para ir resolviendo el déficit energético, propio de un país que crece, de una economía que recupera industria, trabajo e inclusión social. De la reglamentación y puesta en práctica de la ley surge que los estándares del biocombustible, pensado básicamente en un estándar de calidad para exportación, solamente pueden ser cumplidos por grandes cerealeras, cuando en realidad hay muchos pequeños y medianos productores que pueden producir ese combustible, aunque no en esa calidad, para el mercado interno o, inclusive, para el autoconsumo.

– Ocupa la Presidencia la presidenta provisional del H. Senado, senadora Beatriz Rokjes de Alperovich.

“2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constitu

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Enlace versi{on completa
Por APCA - Tuesday, Aug. 13, 2013 at 2:05 PM

fragmento de la versiòn taquigràfica. la versiòn completa està en http://www.senado.gov.ar/web/taqui/cuerpo1.php

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