Amenaza de desalojo en San Felipe, dpto. Figueroa, Sgo. del Estero
Por Silvia Graciela Sosa - Monday, Sep. 02, 2013 at 12:05 AM
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La comunidad campesino-indigena tonokote Yaku Muchuna, de la localidad de San Felipe, Dpto.Figueroa, prov. de Santiago del Estero, está siendo amenazada por una empresa con desalojarlos de su tierra.

SAN FELIPE, 01 SEPTIEMBRE DE 2013

A LAS INSTITUCIONES, COMUNIDADES EN GENERAL Y ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

SU DESPACHO

De nuestra mayor consideración:
Los que suscribimos la presente, -pobladores de la Comunidad campesina-indígena tonokote "Yaku Muchuna" de la localidad de San Felipe, en el departamento Figueroa, provincia de Santiago del Estero-, tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el propósito de PONER EN SU CONOCIMIENTO la crítica situación que estamos atravesando como comunidad campesina-indígena, por la usurpación de un importante sector de nuestro territorio por parte de una empresa denominada MIJOVI S. R. L., propiedad de la familia Sarquíz, empresa que ha sido beneficiada con la construcción de muchas obras publicas en nuestra Provincia.

A continuación, pasamos a detallarles la sucesión de los hechos:
El día 4 de junio se hizo presente en nuestra localidad personal de la empresa antes citada con una topadora y dos casillas, dispuestos a realizar la tarea de desmonte, hecho que no demoró en comenzar, buscando despojarnos así de nuestro principal medio de subsistencia. Ante nuestra urgente intervención en el terreno para defender lo que nos pertenece históricamente, el encargado manifiesta estar contratado y niega dar información al respecto. Por tal motivo, radicamos la denuncia en la Sub- Comisaría de Bandera Bajada e intervenimos 21 familias de la comunidad en el lugar del hecho para frenar el desmonte. Dicha empresa ingresó y tomó posesión en nuestro territorio con el consentimiento de la CAMACHEJ Teresa P. Suarez y utilizó a sus hijos Rubén Alberto Suarez (como encargado) y Yunes Mansilla y a su sobrino Santiago Soria como desraizadores. Mientras que otro poblador Sergio Mirando hace de “campana” y nexo de comunicación informando a los usurpadores los movimientos de la comunidad.
El día 12 de junio se lleva a cabo una Asamblea Pública en el lugar con la presencia del Comité de Emergencia, dependiente de Jefatura de Gabinete de la provincia y se toma la decisión de no declinar nuestros derechos posesorios.
La respuesta de la Empresa no se hizo esperar ya que el 28 de junio se apersonó en el lugar del conflicto el Juez de Crimen de 3º Nominación Dr. Darío Alarcón, junto a la comitiva de Criminalística de la Policía de la Provincia; de este modo, buscando amedrentarnos. En el momento de su presencia dicho juez nos manifiesta verbalmente que el monte quedaba bajo una medida de "no innovar", es decir, nadie podía tocar el monte. Sin embargo, esto no se respetó y tampoco nunca nos llegaron las correspondientes notificaciones de dicha medida. A partir de ese momento personal policial comenzó a custodiar la topadora y las casillas que se encontraban en el lugar.
Entre las medidas resueltas sobre el asunto por el Juez mencionado, se encuentra la del 12 de julio que nos prohíbe el acercamiento al personal de la empresa usurpadora y a nuestro propio territorio, el cual está siendo ocupado por la comunidad y la empresa en distintos sectores del lote. Esto era una clara respuesta favorable a una denuncia que había interpuesto la Sra. Nelly Haydeé Montenegro, de la firma NETTI S. A. en contra de los pobladores del paraje. Así también, el día 17 de agosto veintiún personas de la comunidad -entre ellas una niña de 12 años y un joven discapacitado con retardo madurativo-, somos notificadas para prestar declaración indagatoria ante el Juzgado del Dr. Alarcón, imputadas en el delito de uso de armas en contra de la firma antes citada. Mientras sucedían los hechos que les narramos, la empresa hizo reiterados intentos de continuar con sus trabajos, la última vez contó con el apoyo del Subjefe de apellido García y oficial David Taboada y tres agentes (Isaac Teves, Yoni Amado y Ricardo domiciliado en la localidad de El Cruce) de la Sub-Comisaría de Bandera Bajada, quienes mostraron la clara intención de facilitar estos objetivos, aduciendo órdenes verbales del Juez Alarcón. Para nuestro mayor asombro, el juez que interviene en la causa no es competente para tomar el caso y decidir en conflictos de tierra, por lo cual a quien le corresponde intervenir y resolver este asunto es al juez civil.
Nuestra resistencia sigue indeclinable ante los acontecimientos coercitivos señalados y a la fecha nos encontramos recurriendo a un abogado particular y a los organismos competentes encargados de velar por los Derechos de todos (Sub- Secretaría de DD. HH., Delegación local del INAI - Oficina de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas) y -por medio de esta carta- a Uds. Para informarles y compartir la crítica y triste situación que estamos viviendo.
Por todo lo antes señalado, SOLICITAMOS su apoyo incondicional ante este atropello a nuestra comunidad y territorio, en la cual nos sentimos asediados por empresarios ávidos de sacar provecho de nuestro monte, como es nuestro caso y el de la vecina localidad de Caspi Corral (departamento Figueroa) también avasallada por esta misma empresa MIJOVI S.R.L.
Sin otro motivo en particular, y poniendo a conocimiento de la sociedad en general sin distinción de banderas, clases y privilegios para que no continúen sucediendo estos tipos de hechos, saludamos a Uds. con atenta y distinguida consideración.

Comunidad campesina-indígena tonokote "yaku muchuna".

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