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Córdoba en llamas
Por Movimiento Enrique Barros - Monday, Sep. 16, 2013 at 10:42 PM

Hace ya una semana las sierras de Córdoba vienen sufriendo un voraz incendio que ha arrasado más de 50 mil hectáreas de monte, destrozando flora, fauna y viviendas. Las altas temperaturas y el viento avivaron las llamas de una problemática con raíces económicas y políticas, que intentan velarse descargando culpas sobre los caprichos de la naturaleza y la negligencia de algún poblador de la zona. Desde la semana pasada, la Policía de la Provincia está bajo la mirada del país, cuando se hizo público que el jefe de la división Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, y otros oficiales de la repartición, estaban siendo investigados judicialmente por probados vínculos con el narcotráfico. Este miércoles 18 de septiembre a las 19 se realizará una manifestación en la ex Plaza Velez Sarsfield, frente al Patio Olmos.

Córdoba en llamas...
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Reproducimos:

La planificación urbana de las sierras, orientada según los intereses económicos de las grandes inmobiliarias en detrimento de las economías regionales; la extensión indiscrimidada de la frontera agrícola-ganadera, favorecida por la Ley de Bosques provincial e inscripta en el Plan Agroalimentario 2020 impulsado por el gobierno nacional; y el negocio de los aserraderos, que reemplazan la flora autóctona por especies más útiles para las empresas pero más dañinas para el medio ambiente y las poblaciones (como pinos, que absorben más agua y son altamente inflamables); constituyen elementos ineludibles para comprender la dimensión de los incendios, que no podrían explicarse sino por el desmonte, el déficit hídrico y la desertificación que la soja y el desarrollismo inmobiliario – dos caras de una misma moneda - ha profundizado a lo largo y ancho de nuestra provincia. El Gobierno de De La Sota, además de priorizar en su política los intereses de lxs empresarixs que destrozan todo a su paso, tampoco puede dar cuenta sobre el destino de los millonarios fondos “para luchar contra los incendios”, recaudados mediante impuestos al conjunto del pueblo cordobés en los últimos diez años, al ponerse de manifiesto la precaria situación de lxs bomberxs de la provincia.

Dirigentes de todos los colores intentan sacar tajada de la situación. Sin embargo, todos los grupos políticos gobernantes, desde el delasotismo al kirchnerismo, omiten referirse a las hondas razones de este flagelo social. Esto es porque unos y otros defienden los intereses del desarrollismo inmobiliario y acuerdan con el modelo extractivo que está convirtiendo a Córdoba en un verdadero desierto, secando, desmontando y desalojando cuanto encuentra a su paso, siempre en nombre del progreso y el desarrollo, que no es más que el crecimiento de la ganancia de un puñado de empresarios a costa de la calidad de vida del pueblo trabajador. La lucha contra la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas nos recuerda que cuando se trata de defender los intereses estratégicos de lxs poderosxs todos los gobiernos, peronistas, progresistas, radicales, cierran filas y olvidan sus disputas intestinas.

Pero no es éste el único incendio que el Gobierno de De La Sota no puede apagar por estas horas. Desde la semana pasada, la Policía de la Provincia está bajo la mirada del país, cuando se hizo público que el jefe de la división Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, y otros oficiales de la repartición, estaban siendo investigados judicialmente por probados vínculos con el narcotráfico. El supuesto suicidio de uno de los policías involucrados en la causa luego de hacerse pública, el inédito allanamiento de la Central de Policía y la posterior detención de Sosa y otros oficiales implicados, puso a la defensiva al Gobierno de la Provincia, que pocos días después tuvo que desplazar nada más y nada menos que al Jefe de Policía Ramón Frías y al Ministro de Seguridad Alejo Paredes, dos cuadros fundamentales del delasotismo y la política represiva del estado provincial.

Los vínculos de la policía con el narcotráfico develan la hipocresía de las políticas “anti-drogas” que criminalizan la tenencia, el consumo personal y el menudeo, mientras liberan la actividad de los grandes narcotraficantes. Pero además muestra el verdadero rostro de las fuerzas represivas del estado: lejos de ofrecer seguridad, son fuerzas al servicio de la opresión del pueblo trabajador. Normativas como la ley contra el narcotráfico, la ley contra la trata y el código de faltas en la provincia, o la ley antiterrorista –y la más reciente discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad- a nivel nacional, encubren bajo el discurso de la “seguridad” herramientas fuertemente represivas. Estas normativas, junto con el aumento de personal policial en las calles, como el flamante Departamento de Ocupación Territorial (DOT) lanzado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia para vigilar los barrios humildes de Córdoba, no atacan a las grandes redes delictivas, como lo demuestra el involucramiento de estas fuerzas en todo tipo de mafias vinculadas al narcotráfico, las redes de trata, el robo de autos, etc. Estas políticas de "seguridad" están dirigidas, en cambio, contra la juventud, los sectores populares y lxs luchadorxs, para domesticar a los grupos sociales potencialmente conflictivos y disciplinar a quienes nos organizamos contra este sistema de hambre, miseria y explotación. La desaparición de Facundo Rivera Alegre, los desalojos compulsivos como en Villa La Maternidad, y la persecución política a lxs luchadorxs, como en Piedra Blanca o Volkswagen, dejan en claro que el Gobierno y la Policía defienden los intereses de los de arriba, intentando aplacar el abajo que se mueve por trabajo, vivienda, salud, educación. La solución al problema de la seguridad pasa precisamente por cambiar este sistema que engendra desigualdades sociales, trabajo precario, desempleo, marginación, violencia e inseguridad en todos los aspectos de nuestras vidas.

Los incendios en las sierras y el escándalo de los “narcopolicías” están minando la legitimidad de un gobierno que tras quince años en el poder de la provincia parecía blindado ante cualquier conflicto social, con el poder de la represión y el favor de los grandes medios de comunicación de la provincia. Un poder y un control social que De La Sota ha venido utilizando como trampolín para la carrera presidencial, ofreciendo a la derecha el ejemplo de una provincia controlada por el agronegocio y silenciada con sangre y fuego. La movilización que diversos sectores de la sociedad cordobesa están convocando para este miércoles constituye, por eso, un momento de importancia, un hecho político de derivaciones impredecibles, que las organizaciones independientes de la izquierda y el campo popular debemos saber comprender en su magnitud. Ante esta coyuntura es importante hacerse presente e intervenir de manera unitaria, para que la bronca y la desesperanza del pueblo expresada en las calles sea capitalizada y orientada hacia las luchas sociales de lxs de abajo, guiadxs por la historia combativa del pueblo cordobés – no la que ilumina el faro del progreso cordobesista, ni la que ilustra el progresismo universitario, sino la historia obstinada y subterranea del topo que socava los cimientos de la vieja sociedad y sale a la luz con nuestra resistencia y rebeldía.

¡FUERA DE LA SOTA!

¡DEROGACIÓN DE LAS LEYES REPRESIVAS PROVINCIALES Y NACIONALES! (CÓDIGO DE FALTAS, LEY CONTRA LA TRATA, LEY ANTIDROGAS, LEY ANTITERRORISTA)

¡BASTA DE PERSEGUIR A LXS QUE LUCHAN!

¡APARICIÓN CON VIDA DE FACUNDO RIVERA ALEGRE!

¡FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS!

¡FUERA MONSANTO DE CÓRDOBA, ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA!

¡BASTA DE DESMONTE! ¡DEROGACIÓN DE LA LEY DE BOSQUES, POR UNA LEY QUE PROTEJA EL BOSQUE NATIVO!

¡BASTA DE CHIVOS EXPIATORIOS, CASTIGO A LOS VERDADEROS RESPONSABLES DE LOS INCENDIOS!

¡NO MÁS DESALOJOS! ¡TIERRA PARA VIVIR!

Movimiento Enrique Barros

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