Luciano Arruga. Investigar a las víctimas y garantizar la libertad de los culpables
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Oct. 04, 2013 at 7:37 AM

La familia de Luciano Arruga denunció que la justicia intervino sus teléfonos entre abril de 2009 y fines de agosto de 2010, y pidió juicio político para dos de los funcionarios judiciales que llevaron adelante la causa por la desaparición del joven en estos casi cinco años de impunidad. Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Argentina – A comienzos de este año, y tras varios pedidos efectuados por la familia de Luciano Arruga, la justicia modificó la carátula de “averiguación de paradero” a la de “desaparición forzada”. Esto implicó que la causa pasara de la esfera de la justicia bonaerense a la federal, por lo que la fiscal Celia Cejas, al frente de la investigación desde marzo de 2009, debió enviar al Juzgado Federal de Morón toda la información recabada. Cejas lo hizo, luego de cinco meses de demora, e incluyó un legajo que hasta ese momento era secreto para las partes. Al darse a conocer, los abogados de la familia pudieron verificar que la fiscal había ordenado durante un año y cinco meses intervenciones en los teléfonos de Mónica Alegre, Vanesa Orieta y Marta Alegre; mamá, hermana y abuela de Luciano respectivamente; además del de Héctor Chapa, pareja de Marta. Estas medidas se llevaron adelante con la validación del entonces juez de la causa, Gustavo Banco.
La finalidad del pedido de la fiscal era, según argumentó, obtener “datos útiles tendientes a dar con el paradero” del joven desaparecido el 31 de enero de 2009 en el Destacamento policial de Lomas del Mirador. “Cuando leemos la causa, vemos la hipocresía de esta justicia – señaló Orieta durante la conferencia de prensa realizada ayer–, por un lado primero justifica la intervención de nuestros teléfonos para tener datos sobre Luciano y poder avanzar en la investigación, pero después en otro momento se habla de que ahora estarían protegiéndonos. El tema es que si nos querían proteger sería más lógico que nos avisaran que estábamos en peligro; igual no tenían por qué avisarnos, nosotros sabemos que estamos en peligro, recibimos amenazas desde el momento en que denunciamos la causa de Luciano. Lo prudente hubiese sido que la fiscal hablara con nosotros y, atenta a lo que le habríamos dicho y denunciado, pidiera al poder político que se nos brindaran las garantías y la seguridad. Esto no ocurrió. A mi mamá intentaron quemarle la casa, han pasado autos particulares preguntando por otros familiares, nos decían que averigüemos si estaban bien, nos han seguido. Nada de eso le importó a la fiscal, siguió escuchando nuestros teléfonos sin atender que estábamos siendo amenazados, sin avisarnos que estaban escuchando nuestras llamadas para cubrir nuestra seguridad. Después volvió a cambiar de parecer y volvió a la primera lógica, a la de volver a pedir una nueva prórroga para tener datos sobre la desaparición de Luciano. En las dos oportunidades en que ella marca que necesita investigar los teléfonos de la familia para ver si de esa forma podía obtener datos sobre Luciano lo que estaba haciendo era investigarnos porque sospechaba que teníamos un dato que no estaba depositado en la causa. Esta familia no tiene nada que decir con relación a la desaparición de Luciano, nosotras no secuestramos a Luciano el 31 de enero, no manejábamos el patrullero que lo secuestró, no lo torturamos en el Destacamento y no lo desaparecimos. Por lo tanto a nosotros no nos tienen que investigar, la justicia tiene que investigar a esos ocho policías que hoy ni siquiera están procesados”.
Los abogados de la familia Arruga y del Centro de Estudios Legales y Sociales presentaron ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios el pedido de juicio político del juez de Garantías de La Matanza, Banco; y de la fiscal Cejas por “no resguardar las garantías constitucionales de las víctimas y por revictimizar a la familia Arruga”.
En este sentido, Orieta afirmó: “como sociedad tenemos que entender que esto no está bien, esta no es la primera falta de respeto que sufre la familia y acá se han metido con nuestra intimidad. Se han metido en nuestra vida. Nos han tratado como sospechosos. Se investigaron nuestros teléfonos como se investigaron los teléfonos de los policías que desaparecieron a mi hermano. Estamos en el mismo lugar, y nosotros somos las víctimas. Sin embargo la justicia en ningún momento entendió o por lo menos, si no queremos hablar de todo el aparato judicial, hablemos de estos tres funcionarios”.
El tercer funcionario al que refiere Vanesa es Roxana Castelli, la primera fiscal que intervino en la causa. Sobre ella, la hermana de Luciano fue contundente: “estuvo durante 45 días, y durante esos 45 días yo fui a la fiscalía y siempre me atendieron en la mesa de entrada, se me daba un papel y un lápiz para que escribiera mi denuncia y justificara la reunión que me iba a dar la fiscal. En esos papeles yo trataba de explicarle que nuestra vida, la vida de mi familia corría riesgo y que necesitábamos reunirnos con ella de forma inmediata. Y le dejábamos entrever en esas líneas que estábamos haciendo una denuncia seria contra la policía bonaerense. Dos escritos por lo menos presenté en mesa de entrada. Nunca fui atendida por la fiscal, hasta que un día llegó un testigo que habla de que Luciano estuvo en el Destacamento el 31 de enero muy golpeado, prácticamente muerto y es ahí cuando la fiscal Castelli decide tomarme declaración con un policía del Destacamento de Lomas del Mirador a mis espaldas. Ese policía escucha mi denuncia y escucha que lo denuncio. ¿Qué protección me estaba dando la justicia a mí, a mi familia, con un policía que yo estaba denunciando a mis espaldas? En esa etapa perdimos a Luciano. Durante 45 días tuvieron la posibilidad de hacer lo que quisieron con el cuerpo de mi hermano, con las pruebas que estaban depositadas en el destacamento, en el patrullero donde levantaron a mi hermano y en el descampado Monte Dorrego donde meses después se encontrarían pruebas. Pruebas que por supuesto por el paso del tiempo ya no serían contundentes”.
“Ellos en sus diferentes instancias lo que hicieron fue no considerarnos nunca como víctimas, sino como responsables de la desaparición de Luciano – agregó Orieta respecto a los funcionarios judiciales –. A él lo criminalizaron por nuestra situación de clase porque nosotros venimos de un barrio pobre, un barrio humilde del conurbano bonaerense. Nos discriminan y creen que pueden hacer todas estas cosas dentro de un marco de impunidad porque creen al mismo tiempo, y tienen razón en un punto, que la sociedad no termina de entender la gravedad de estos hechos. Y en un punto tienen razón porque no es la única causa de desaparición forzada o de asesinatos en manos de la policía bonaerense o de otra fuerza de seguridad donde la justicia se comporta así con familias que vienen de un sector social humilde. Esto se va digitando de una manera sistemática, y las víctimas ocupamos un lugar de mierda. Somos tratados como una mierda. No tenemos derecho a saber qué pasó con nuestro familiar. (…) Mi mamá fue maltratada, a la mamá de un pibe que está desaparecido le faltaron al respeto. Se metieron con su intimidad, la juzgaron por pertenecer a un barrio pobre, la quisieron meter en el mismo lugar donde estaban ubicados ocho tipos que desaparecieron a mi hermano. La destrozaron psicológica y anímicamente, ¿y eso quién lo repara? Porque al mismo tiempo, mientras el poder judicial tiene estas prácticas y estas lógicas, el desamparo del poder político es eso, un desamparo, porque el poder político aquí está ausente.”.

Diez años sin Iván Torres
Lo primero que hizo Vanesa Orieta al comenzar la conferencia de prensa, que se desarrolló en la sede del CELS, fue recordar que se estaban cumpliendo diez años de la desaparición de Iván Torres en Chubut: “yo como miembro de esta sociedad tengo derecho a saber qué pasó con Iván Torres. Particularmente como hermana de Luciano y mi vieja como mamá de Luciano tiene derecho a saber qué pasó con Luciano. Con esto quiero decir que diez años con un caso, cinco con el otro nos tiene que primero llegar al corazón, porque en diez, cinco años pasan muchas cosas en la vida de una familia. Se pierde vida, se pierde disfrutar, tenemos una lucha constante. Nosotros nos negamos a naturalizar la desaparición, no queremos que sigan pasando los días, los meses, los años, y seguir hablando de Luciano como un desaparecido. Luciano no está porque no nos dicen dónde está, porque no sabemos qué pasó. Esto es también lo que hay que empezar a entender, para muchos nosotras somos dos mujeres luchadoras, una familia con un empuje bárbaro, pero a nosotros se nos está yendo la vida en esto”.
Ayer, 2 de octubre, se cumplieron diez años de la desaparición de Iván Eladio Torres Millacura a manos de efectivos de la Seccional Primera de Policía de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Fueron varios los testigos que vieron cómo el 2 de octubre de 2003, Torres era detenido junto a un amigo en la puerta de una heladería por efectivos de la policía, que lo llevaron a la comisaría primera. Luego, tres personas vieron cómo lo sacaban a Iván de la seccional. Desde entonces nada más se sabe de él. Al menos seis de los testigos de la causa por su desaparición, que llegó incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, murieron asesinados o producto de golpizas recibidas.
Al finalizar su intervención en la conferencia de prensa, Orieta afirmó en relación a su experiencia y la de los cientos, miles de personas que pasan por la misma situación de impunidad: “es totalmente inhumano que una familia tenga que salir a la calle y tenga que tomar medidas para poder avanzar en la causa judicial. Estamos acostumbrados a estos destratos y no solamente del poder judicial, sino del poder político también. Yo no tengo esperanzas de encontrar a mi hermano por cómo están dadas las cosas, pero ojalá que el nombre de mi hermano y que la lucha de la familia nos ayude como sociedad a superar grandes errores que estamos cometiendo y ojalá podamos avanzar en construir una sociedad realmente justa en la que estas cosas no ocurran más, en la que una desaparición no sea naturalizada, y en donde realmente se pueda trabajar en la reconstrucción de la memoria, respetando los derechos humanos todos los días. La memoria activa, la que recuerda lo que pasó y la que recuerda lo que sigue pasando porque no terminaron las torturas y las desapariciones con la dictadura. A nuestros pibes los están matando hoy en los barrios”.

Fuentes: CELS / Refugio de Bípedos

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