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Criminalización de la pobreza. Sobre la baja en la edad de imputabilidad
Por PRML - Saturday, Oct. 05, 2013 at 4:31 PM

A menos de dos meses de la derrota electoral sufrida por el kirchnerismo en todo el país, sumada a la ventaja que Massa le sacó a Insaurralde en Buenos Aires, y tras los cuestionamientos en materia de seguridad en esa provincia, el gobierno decidió maquillar con la derecha su gestión y fortalecer la lucha contra la “inseguridad” endureciendo su política en esa área.

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Sólo diez días después de las PASO el gobierno anunció un nuevo “Plan de Seguridad” y, en ese marco, reforzar el “Operativo Centinela” con la
incorporación de 4000 efectivos de la Gendarmería Nacional al territorio bonaerense.
Las tareas cumplidas por esta fuerza en las fronteras serían reemplazadas por personal del Ejército. Este cambio implicaría otro importante viraje: la incorporación de dicha fuerza en la “lucha” contra el
delito.
Por otra parte, además del aporte de la Gendarmería por parte del gobierno nacional, el gobernador Scioli tomó la determinación de desdoblar el ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense, dando marcha atrás con su propia decisión del año 2010. Ambos ministerios quedaron a cargo del ahora ex intendente de Ezeiza, el pistolero Alejandro Granados y de Ricardo Casal respectivamente. Al duro Casal se une el “Malevo” Granados, peronista histórico, menemista arrepentido y paracaidista K, que por más de 15 años vino gobernando el partido de Ezeiza. Conocido abanderado de la “mano dura”, en el año 1999 frustró
a los tiros un supuesto intento de asalto en su quinta de Tristán Suárez. Granados prometió “más de 100.000 hombres patrullando el Conurbano”, y Scioli respondió reintegrando a la calle al personal retirado
asignado a tareas administrativas. El gobernador también prometió instalar “comisarías móviles” para la prevención del delito.
Y como éramos pocos en el universo progresista, se sumó el candidato del Frente para la Victoria, que de paso con su caravana proselitista por San Martín, dijo que iba a presentar un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores, cambiando
el libreto kirchnerista de promover la campaña “contra
la violencia institucional” y la restitución de Derechos de niños, niñas y adolescentes. Si todo esto sucedió sólo por las PASO, una gran y millonaria encuesta a cielo abierto, qué hay que esperar para después
de octubre…

Pibe chorro

Las declaraciones de Insaurrlade respecto al plan de bajar la edad de imputabilidad de los menores abrieron un intenso debate sobre la punibilidad de los menores y la instauración de un régimen penal juvenil, pero las políticas de inclusión social para los jóvenes estuvieron ausentes en las discusiones.
Este falso debate está limitado a la visión restringida de
valorar la “inseguridad” al riesgo de ser víctima de un delito en la calle o en la casa, pero los defensores de esta postura olvidan que la seguridad incluye la confianza en que no serán amenazados nuestros bienes (no sólo los materiales) y en que podremos
acceder a nuestros derechos.
Olvidan, por ejemplo, la inseguridad vial, que causa más muerte que otros delitos, la inseguridad laboral vinculada a los accidentes de trabajo o enfermedades laborales por desidia de las patronales, la inseguridad alimentaria, sanitaria, educativa y tantos otros
derechos no garantizados desde el Estado a las familias
de nuestro pueblo. Ni hablar de que estos adalides de la justicia miren siquiera de costado los delitos cometidos por los grandes grupos económicos o por los funcionarios estatales.
Si bien los argumentos de “mano dura” no tienen hoy
día aceptable consenso, detrás de la idea de asegurar
los derechos de los jóvenes, los defensores de la baja de la edad de imputabilidad se pintan de progresismo y seriedad académica al expresar sus argumentos. Dicen que en otros países la edad de imputabilidad es más baja, pero si miramos el caso de Estados Unidos -cuya maquinaria penal permite que en algunos
estados se aplique la pena de muerte a niños desde los 14 años y a discapacitados mentales-no nos dicen que esto no les sirvió para mejorar sus índices de violencia ni las estadísticas criminales. TamSobre la baja en la edad de imputabilidad bién plantean que en estos tiempos es “más temprana” la maduración de los jóvenes. Esto puede ser cierto en algunos aspectos de la vida, pero en otros no parece serlo: veamos, por ejemplo, la tendencia a permanecer en la casa familiar hasta pasada la adolescencia. Sólo se analizan los aspectos “favorables” a la baja de edad de imputabilidad sin aceptar que sería más razonable que las personas sean penalmente responsables al tiempo que puedan ejercer plenamente todos sus derechos. Estas políticas oportunistas y efectistas, desplegadas por la derrota electoral sufrida, lo único que hacen es profundizar la idea de ligar la pobreza con el delito,
y apuntar a los jóvenes pobres como la suma de todos
los males. En este sentido, el gobierno de los “derechos humanos” nada tiene que envidiarle al macrismo si de criminalización de la pobreza se
trata.
Según un informe de la Oficina de Estadísticas de la
Procuración de la Suprema Corte del año 2012, sobre un total de 685.808 investigaciones, sólo 4,3% (29.550) corresponden a investigaciones tramitadas en el fuero penal juvenil, mientras que el 95,7
(656.258) son de personas mayores de edad.
La baja de edad de imputabilidad de los menores no tiene incidencia en la problemática del delito, y más allá de que las estadísticas oficiales lo demuestran, lo único que hace es estigmatizar a los jóvenes pobres en vez de que el Estado brinde soluciones para estos sectores. El Estado tiene la responsabilidad de
garantizar educación, salud y trabajo, y si de inseguridad hablamos, las barriadas más humildes son las que día a día viven estas situaciones y, sin embargo, es a ellos a quienes se les apunta cuando se toca el tema delito.
Este maquillaje aplicado por el gobierno nacional y secundado por el gobernador bonaerense (con visto bueno de Macri) posterior a la derrota electoral, desnuda el fracaso de las políticas de “inclusión”
del Estado. No le han solucionado ningún problema a los niños que vivieron previamente la inseguridad de la falta de salud, alimentos, educación y vivienda y que día a día se ven expuestos a situaciones de violencia. Las humildes barriadas también están expuestas al flagelo de la droga que atenta contra los pibes, una acción deliberada del Estado para financiar las cajas
negras de la policía, muchas veces cómplice de estos delitos, como se ve en Rosario, Córdoba y Buenos Aires.
Es que la lógica inherente al aparato represivo del Estado se enmascara en el sostén de la lucha contra la inseguridad, de la que también es cómplice. Pero aún desde esa lógica, saben que el derecho penal no es la solución de ningún problema y la intervención estatal sobre los niños debe hacerse con las garantías que el propio derecho penal establece, sin que eso implique la aplicación de penas.
Porque si la legislación penal vigente no les reconoce a los pibes de 14 años ninguna capacidad jurídica relevante, por qué habría de achacarles una de semejante peso como la de poder ser condenados penalmente.

PRML

PARTIDO REVOLUCIONARIO MARXISTA LENINISTA

http://www.prmlargentina.org

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Por PRML - Saturday, Oct. 05, 2013 at 4:31 PM

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