En San Ignacio, segunda ciudad turística de Misiones, la Entidad Binacional Yacyretá lleva a cabo un exitoso plan de exterminio económico, social y cultural que afecta a 13 comunidades mbya guaraní. Desalojos, destrucción de formas de vida tradicionales y estafas, a la orden del día. Un documento oficial revela la existencia 103 niños desnutridos en estas comunidades afectadas por la represa, que nunca fueron resarcidas.

Por Sergio Alvez (*)

"Todo el mundo sabe lo que es el Genocidio. Pero poco se ha hablado del etnocidio, mecanismo de desarraigo cultural que hoy azota la mayor parte del mundo. Sus víctimas: los pueblos, las culturas, la especificidad étnica, en provecho de un mundo artificial y homogéneo La defensa de la Causa de los Pueblos exige, como acto previo, señalar al enemigo; el enemigo, en esta dinámica, es el etnocidio" (José Javier Esparza).

1. "En el municipio de San Ignacio existen 13 comunidades aborígenes, distribuidas en diferentes zonas, aledañas al pueblo y en las colonias: Pindoy Ty, Kaatimy, Tava Mini, Ychongy, Kokuorey, Ivy Poty II, Takuaral, Mbokajatay, Jataí Miní, Chapay, Andresito, Ychongy Poty y Kotu Piry. La gran mayoría de estas familias, viven en situación precaria, viviendas deficientes (chozas), sin servicios de agua potable y luz eléctrica. Así también, varias de ellas no perciben las asignación familiar por hijo, ni el Plan Mamá, por no contar con documento nacional de identidad.

Un trabajo conjunto entre el municipio y Salud Pública llevó a la visita de un médico a las aldeas tres veces por semana, donde se realizan diferentes controles, mediante los cuales se llegó a la detección de casos de desnutrición y bajo peso, principalmente en niños de 0 a 5 años, de los cuales solo uno es beneficiario del Programa de Recuperación Hambre Cero".

(Fragmento del Informe social sobre Comunidades Aborígenes, documento de la Municipalidad de San Ignacio, con fecha 27 de febrero de 2013).

2. Conocida mundialmente por las Reducciones Jesuíticas –segundo atractivo turístico de la provincia de Misiones luego de las Cataratas del Iguazú-, la localidad de San Ignacio fue una de las ciudades afectadas por las inundaciones de la represa Yacyretá. Sus poblaciones ribereñas, casi 80 mil personas en distintos puntos costeros de la provincia, fueron vilmente estafadas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY): se les expropiaron tierras y se los desalojó con violencia, sin pagar los resarcimientos estipulados. Se estima según un documento oficial del Banco Interamericano de Desarrollo – financista de la represa- que un 92% de los afectados por la represa no contaban con título de propiedad al momento de ser sujetas a expropiación. Esto facilitó y facilita el vapuleo legal por parte de la EBY a la hora de desconocer los resarcimientos. Así y con la venia de los Estados provincial y el nacional, se viene cumplimentando un plan de exterminio social y cultural que ya alcanzó a pescadores, junqueros, oleros, pequeños agricultores y comunidades aborígenes.

En San Ignacio, Yacyretá dejó bajo agua 2300 hectáreas fértiles y de enorme riqueza biológica. Las comunidades mbya fueron privadas del acceso al río –fuente fundamental de subsistencia y trascendencia cultural– y al monte costero. "Se inundaron tierras sin relevamientos previos, dejando bajo agua para siempre un montón de hierbas medicinales que desde siempre utilizamos los guaraníes. Ahora no podemos pescar, ni subsistir de la caza menor que hacíamos, vivíamos en armonía con la naturaleza, manteníamos el modo de vida de nuestros antepasados, pero con Yacyretá eso se terminó para siempre, arrasaron con todo y no nos reconocen nada" resume Itatí Brizuela, miembro de la comunidad Chapay.

"Ninguna de las comunidades de San Ignacio que fueron afectadas por la represa fue debidamente compensada e indemnizada por la EBY. Hay comunidades como Katy Piry y Pindoty a las que le han sacado mucha tierra y perdieron mucho de sus recursos, y otras que fueron afectadas en menor medida, pero sin embargo nunca se ha podido lograr que la EBY reconozca el daño realizado" aporta el director de Caciques y Pueblos Originarios de la Municipalidad de San Ignacio, Benjamín Benitez, quien es además cacique de la comunidad Ychongy, enclavada en la zona de Puerto Nuevo.

Bertolino Ortega es cacique de la comunidad Pindoty, ubicada en cercanías del Puerto Nuevo. En esta aldea persisten 8 familias, que hoy subsisten de la venta de artesanías. "Somos afectados directos por Yacyretá porque el agua se tragó nuestro territorio y el río cambió para siempre. Hoy ya no podemos pescar, se eliminaron las zonas donde conseguíamos nuestros yuyos ancestrales para medicina, cambió todo, está todo contaminado, pero la EBY nunca nos quiso reconocer nada, ellos son poderosos y se abusan de las comunidades" lamentó Bertolino.

Foto comunidad Yatay mini

"Llevamos varios años reclamando, junto a otras comunidades, hemos estado en la calle con nuestro reclamo, pero no hay forma de pelear con la EBY, ellos tienen todo comprado, hasta la Justicia" agregó.

Sobre el uso del río Paraná, que históricamente fue parte intrínseca de la vida de los mbya, el cacique Ortega señaló: "Acá nosotros teníamos salida al río, nos bañábamos, vivíamos de la pesca, conocíamos el río perfectamente, era un río limpio, sano. Hoy ya no es un río, está todo contaminado, no se pesca en esta zona como antes y es muy peligroso meterse al agua. Ya hubo varios ahogados por pescar o intentar nada en el río, que por culpa de Yacyretá es una trampa mortal".

Elías Gomez, habitante del barrio El Progreso y padre de dos niños que murieron ahogados el 11 de octubre de 2012, señala: "Todos nos criamos en el río. Desde gurices mis hijos iban al río. Pero ahora esto ya no es un río. Mis hijos se ahogaron en el embalse, que está hecho un peligro total, (lo de la EBY) no hicieron ninguno de los trabajos que tenían que haber hecho, está todo así lleno de palos, convirtieron lo que era una costa tranquila en una trampa para humanos. Acá lo que la EBY hizo fue contratar gente, muchos de ellos conocido míos, que en canoa iban hasta los árboles que quedaron inundados, cortaban con motosierras las ramas y las dejaban en el agua, todo el embalse está lleno de peligros ahora. Esta era una zona de olerías, y la EBY no mandó a tapar un solo pocito, se inundó todo así como estaba, sacaron a la gente sin avisar y mandaron el agua, mucha gente perdió toda su producción por la forma en que se manejaron. Son asesinos".

3 .Artículo 1º: Declárese en el municipio de San Ignacio en estado de Emergencia Social y Ocupacional a los trabajadores y comunidades mbya dedicadas a la pesca, la extracción de piedras laja, de pajas, tacuara y fabricación artesanal de olerías, y cualesquiera otros pobladores, cuyo sustento dependa del comportamiento de las aguas del río Paraná y sus afluentes. La situación de extrema necesidad por la que atraviesan las poblaciones ribereñas del río Paraná y el arroyo Yabebiry, como consecuencia de la elevación de la cota para el funcionamiento de la represa Yacyretá. Hace necesaria la creación de un grupo de trabajo para contrarrestar esta grave crisis socio económica.

Artículo 4ª: Iníciense las acciones legales tendientes a la reparación total de los daños y perjuicios ocasionados al municipio de San Ignacio como consecuencia de la variación del comportamiento del río debido a la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá.

(Fragmento de la Ordenanza 04/99 del Honorable Concejo Deliberante de San Ignacio con fecha 4 de agosto de 1999.)

A 14 años de la ordenanza, la EBY no reparó ni resarció a las poblaciones afectadas. En tanto, la Municipalidad de San Ignacio viene reclamándole a la EBY obras y recursos por más de 40 millones de pesos para revertir en parte los severos daños sociales, ambientales y sanitarios ocasionados).

Las comunidades mbya que fueron afectadas por la mega represa Yacyretá, corren la misma suerte que el resto de las decenas de miles de familias afectadas: sufrieron además el desamparo estatal.

Es que a pesar de que los atropellos están a la vista y de que existen denuncias y evidencias que determinan que la EBY no ha compensado debidamente a las poblaciones afectadas, éstas se ven absolutamente indefensas, a partir de la decisión política de un Estado provincial que prefirió mirar para otro lado y no salir a defender a sus habitantes de los avasallamientos de la Binacional.

Así, asistimos constantemente a episodios en los que con nitidez se refleja la violación de derechos a la que son sometidos miles de misioneros que litigan con la EBY. El posicionamiento del gobierno ante estos casos, siempre estuvo del lado del poderío de la Binacional, dejando solos y abandonados a los afectados, en este largo camino de impunidad que parece inacabable.

4. Hay que caminar por un trillo angosto, de tierra, que conduce a la entrada de Chapay, una de las 13 comunidades mbya afectadas por Yacyretá. Luego empiezan a verse las chozas de tacuara, con techo de paja; entre plantas de curupí y el aroma que emana el monte que aún subsiste. La selva en San Ignacio, que inspiró la narrativa de Horacio Quiroga y garantizó la existencia de generaciones de aborígenes, hoy luce herida de muerte. Los efectos de Yacyretá y el avance del monocultivo y la extranjerización de tierras, amenazan con dejar poco y nada de monte en pie. "Nosotros vivíamos en la costa del río, la comunidad se llamaba Litoral. Mi hermano era el cacique. Un día vino gendarmería, con muchas camionetas y armas, nos sacaron a la fuerza, nos dejaron en la calle, quemaron algunas casas, y después quedó todo bajo agua. Así fue que nos vinimos para acá. Ahora estamos luchando para que la EBY nos reconozca ese daño irreparable" dice Juan Brizuela, cacique de Chapay.

Aquí en San Ignacio, la transnacional chilena Alto Paraná S.A, posee 7.250 hectáreas. En vastos territorios donde antes había monte, hoy se avista el desierto verde de los pinos que alimentan a la papelera que la compañía chilena posee en el norte de la provincia. "Recuerdo muy bien como era todo cuando era niño. Duele mucho ver lo que ha sucedido" dice Germán Acosta, de 28 años, cacique de la comunidad mbya Tava Miry, del Puerto Viejo, situada a menos de un kilómetro del río muerto. Esta aldea, donde moran hoy unas 10 familias afectadas por la EBY, está ubicada sobre una altura que permite observar claramente los pinares de Alto Paraná. Con la vista hacia esa postal del monocultivo, Germán recuerda que "eso ahí donde está el pinar era todo monte, todo virgen. Tiraron todo abajo para plantar eso. Así se fue perdiendo mucho monte y después Yacyretá nos sacó más monte y nos quitó el río".

La EBY, Alto Paraná S.A y un estado funcional a estas dos corporaciones, consiguieron materializar el etnocidio de pobladores ribereños y comunidades mbya. Dora Schmiedel, fue concejal de San Ignacio entre 2003 y 2007 por el Frente Renovador de la Concordia. Además, fue promotora territorial del Ministerio de Desarrollo de la Nación entre 2005 y 2011. Desde esta última función, se abocó recorrer los barrios y comunidades mbya con el objetivo de formar comisiones barriales. "Hice relevamientos en todo San Ignacio. Conocí perfectamente las necesidades de cada lugar, incluyendo de las comunidades afectadas por Yacyretá. Elevé todos los informes a Desarrollo Social de la Nación, donde reflejaba que falta agua potable, que no tienen títulos, que hay desnutrición infantil. Nunca hasta ahora, me contestaron. Me cansé de reclamar y hasta ahora no hay respuesta, por eso me fui y lamentablemente todo sigue igual, la crisis social se mantiene", cuenta Dora.

5. "Se deja constancia del seguimiento a través de 6 meses, de los niños de las comunidades originarias de San Ignacio, en la cual se constata la desnutrición presente, que repercute en la salud de estos niños, que serían propensos a sufrir diferentes patologías como gastroenteritis, bronquiolitis, dermatitis, afectaciones neurológicas, que terminan afectando sus primeros años de aprendizaje y crecimiento…" (fragmento documento firmado por el director del hospital de San Ignacio, Carlos Villanueva, por la doctora Myriam Piriz y por tres agentes sanitarios: Rosa María, Mariela Acosya y Andrea Stuth, con fecha 27 de febrero de 2013).

El documento antes citado, viene anexado a un listado de 103 nombres que corresponde a niños de las 13 comunidades mbya de San Ignacio, sus edades y grados de desnutrición. El detalle refleja que en la comunidad Takuaral, hay 4 niños desnutridos, tres de ellos con desnutrición severa. En Mbokajatay hay 15 niños desnutridos, 5 de ellos con desnutrición severa. En Yatay Miní, suman 8 los niños desnutridos, uno de ellos con desnutrición severa. En Chapay se contabilizaron seis niños desnutridos. En Andresito se identificaron 6 niños desnutridos, dos de ellas con desnutrición severa. En Ychongy Poty se detectaron tres casos, uno de ellos de desnutrición severa.

En Katu Piry hay6 niños desnutridos; en Pindo Ty se cuentan diez casos, tres de ellos con desnutrición severa. En Kaatimy se cuentan 7 casos; en Tava Miry hay 13 casos, siete de ellos con desnutrición severa. Ychongy II contabilizó dos casos; Kokourey 10 casos; Ivi Poty II 15 casos.

En Misiones, desde 2010 existe el programa nutricional Hambre Cero, orientado a la asistencia de niños en estado de desnutrición o bajo peso. El programa es coordinado por el Ministerio de Derechos Humanos, a cargo del ministro Edmundo Soria Vieta.

En diálogo con revista superficie, José Duarte, integrante de la comunidad mbya Andresito, y docente auxiliar indígena que participó del relevamiento nutricional, confirmó que en febrero de 2013 entregó al ministro de Derechos Humanos de Misiones, Edmundo Soria Vieta, el informe firmado por el director del hospital de San Ignacio, donde consta el estado de desnutrición de 103 niños de 13 comunidades mbya de San Ignacio.

"Le entregamos a Soria Vieta el relevamiento. Nos entrevistamos con él y nos dijo que le parecía una situación grave, que iban a hacer todo lo necesario, pero ya pasaron 8 meses y no llegó ninguna ayuda para estos niños" expresó Duarte.

Germán Acosta, cacique de la comunidad Tava Miri, de San Ignacio (Misiones), también charló con superficie:

¿Tenían conocimiento de este informe sobre desnutrición infantil en sus comunidades?

No. Nunca nos dijeron que nuestros hijos estaban desnutridos, nos acabamos de enterar ahora que usted nos muestra estos documentos. Sólo nos decían que estaban con un poquito de bajo peso. A mi no me informaron ni como cacique ni como padre. Y en otras comunidades tampoco se supo.

¿Cuántos de los 13 niños que figuran en el listado como desnutridos fueron incluidos en el Programa Hambre Cero?

Ninguno.

¿Vienen los médicos a su comunidad?

Cada quince días viene una doctora. Controlan peso y talla y dejan vitaminas para algunos. Ellos hablan de bajo peso y no de desnutrición como dice este informe.

¿Tiene agua potable en la comunidad?

No. Hay solo una canilla en la escuela y de ahí consumimos las diez familias.

Ni el Ministerio de Derechos Humanos, ni la Dirección de Asuntos Guaraníes, ni el ministerio de Salud Pública, salieron a dar respuestas por los 103 casos de niños desnutridos. En una actitud más que dudosa, a días de las elecciones legislativas del 27 de octubre y sin brindar explicaciones por el documento oficial donde constan los 103 casos de desnutrición infantil en comnunidades mbya de San Ignacio, Salud Pública emitió un escueto comunicado que da cuenta de la existencia de un "nuevo informe" que revela que habría "un 7 por ciento de niños con bajo peso" en las comunidades donde en febrero se relevaron más de cien chicos desnutridos.

El extremo de la desnutrición infantil, la falta de servicios básicos y el abandono estatal generalizado, configuran apenas una parte, de un etnocidio en el que la Entidad Binacional Yacyretá, y el estado en todas sus formas, son claros responsables impunes.

Veinte comunidades mbya de Misiones, ya se han expresado formalmente en contra de la construcción de nuevas represas que afecten territorio misionero. Dejaron plasmado esta postura a través del Manifiesto de Alba Posse, donde expresan: "Analizamos una buena cantidad de información sobre los impactos negativos de las Grandes Represas, en todo nuestro continente. Recordamos todo el daño que Yacyretá ya nos hizo. Recordamos, también, como participamos activamente en el plebiscito con el que le dijimos NO a Corpus. Vimos que los pueblos originarios de esta región y otras del continente se oponen, en su totalidad, a la construcción de Mega-represas, donde siempre somos los más perjudicados. Conversamos que nosotros también necesitamos electricidad, pero la electricidad no es nuestro Dios. Tupá es nuestro Dios y Tupá ama y protege a la naturaleza por sobre todas las cosas. Vimos que hay otras maneras de producir electricidad, más de acuerdo a nuestra cultura y sin tantas consecuencias negativas para las personas, los animales y las plantas. Que se pretenda hacer las represas de Garabi y Panambi (Corpus está prohibida por Ley provincial) sin consultar con el pueblo misionero, sin consultar con las Comunidades Mbya que somos parte del pueblo misionero, no es democrático y viola la Constitución Nacional y otras leyes".

(*) cronista y coordinador de revista superficie

Imágenes: Sergio Alvez y Elian Guerin

Nota: Todas las fotos de las comunidades mbya, incluyendo las que aparecen niños, se publican con la autorización expresa de sus padres y de los caciques.