Fuerzas de seguridad: “Estamos para cuidarte”
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Nov. 01, 2013 at 9:36 AM

Las policías de Córdoba y Buenos Aires, una vez más, son protagonistas y victimarias de varios hechos vinculados con el asesinato de jóvenes de sectores humildes, a quienes intentan obligarlos a delinquir y formar parte de redes de narcotráfico. Ante la negativa, la respuesta policial es la muerte. Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Córdoba – Buenos Aires – Esta mañana la justicia le informó a Viviana Alegre que los restos de su hijo Facundo fueron hallados en una sala crematoria del Cementerio de San Vicente de la capital cordobesa.
Facundo Rivera Alegre, El Rubio del Pasaje, tenía 20 años y una hija cuando el 19 de febrero de 2012 fue visto por última vez mientras era subido a un móvil policial, en la esquina de Avenida Colón y Nicolás Avellaneda, a la salida del baile de Damián Córdoba.
Esta misma semana se había conocido la noticia de la detención de tres personas, dos por el asesinato del joven y la tercera acusada de quemar su cuerpo. La hipótesis de la justicia es que Kevin Rearte de 17 años, hijo de “La Colela”, una mujer señalada como vendedora de drogas en el Barrio Maldonado, le habría disparado a Facundo porque le habría pagado con un billete de cien dólares falsos. Es decir, relacionan el asesinato con la compra y venta de drogas.
Al respecto, el fiscal Alejandro Moyano informó que la demora en esclarecer la desaparición del joven se debió a la existencia de un “pacto de silencio” entre los participantes, y deslindó a la policía del hecho al afirmar que “no hay autores intelectuales del suceso y está descartada por completo la participación de la Policía en este caso”.
Tanto la familia de Rivera como organismos de derechos humanos de la zona desestimaron esta versión. En un comunicado emitido hoy, la Coordinadora Antirrepresiva por los DDHH de Córdoba aseguró: “la Justicia dice que Facundo fue asesinado por un grupo de narcotraficantes. A esta Coordinadora no le asombra el dato, así como tampoco le llama la atención el hecho de que hayan utilizado un cementerio público para acabar con los restos del joven. Lo insultante es que la Justicia intente desligar a la Policía de la Provincia y al mismísimo gobernador de este nuevo crimen. (…) La noticia llega en los días posteriores al suceso conocido como ‘narco-escándalo’, por el cual se ‘descubrió’ la relación necesaria entre las fuerzas represivas y el negocio del narcotráfico”.
En el mismo sentido, Viviana Alegre, madre de Facundo, afirmó que la versión judicial deja a su hijo “como el único culpable que fue a buscar su propia muerte”: “Para nada estoy conforme, acá la cana está metida y el poder político debe responder. (…) Qué casualidad que a tres días de las elecciones se dé a conocer esto que se conocía desde abril. La Policía está involucrada, no solo estos chicos”.
Otros casos de violencia policial se conocieron los últimos días en la provincia de Córdoba. Según denunció Correpi, el 13 de octubre pasado, Jorge Alexis Pedernera, de 19 años, volvía a su casa después de juntarse con unos amigos, pero en el camino se cruzó con el sargento Marcelo Luna, que salió de su auto y le disparó por la espalda varias veces. El joven fue trasladado de urgencia a un hospital, donde a las pocas horas falleció.
Como es habitual, los medios tradicionales dieron cuenta únicamente de la versión policial que hablaba de un “peligroso delincuente que intentaba robar”, y un “heroico oficial que arriesgó su vida en función de su servicio”. Una historia que no se parece en nada al relato realizado por Emanuel, el hermano del joven asesinado: “Mi hermano venía caminando por un descampado y este muchacho sale en un auto y le pega un tiro. Lo alumbra, y cuando lo alumbra le dispara en la espalda, y quiere salir corriendo, y le dispara de nuevo, y cuando cae el policía este le dispara otra vez en el piso". Mientras tanto, el efectivo que disparó permanece en libertad.
Este fin de semana se conoció además la muerte de Jorge Daniel Reyna de 17 años en una celda de la comisaría de la localidad de Capilla del Monte. La policía dijo que se había ahorcado con una prenda; sin embargo, sus padres, una vez que lograron ver el cuerpo de su hijo, ya que en un principio la policía científica no los dejaba pasar supuestamente para no alterar las pruebas, aseguraron que no había marcas de ahorcamiento, sino que por el contrario estaba lleno de moretones en todo el cuerpo: “Lo cagaron a palos”, sentenció su papá.
El jefe de la Departamental de Punilla, el comisario mayor Héctor Quevedo, declaró que Reyna fue detenido por robo en un supermercado y llegó a la comisaría a las seis de la mañana del sábado 26. Esta información fue desmentida por la madre de la víctima, quien aseguró que su hijo estuvo en la casa de sus abuelos ese mismo día a las diez. “Mi hijo me dijo el miércoles pasado que lo paraban, que lo llevaban, que lo mataban a golpes como cualquier otro chico (…). Me decía: ‘Mamá, a nosotros, la cana, nos manda a chorear para que quede bien el comisario del pueblo’. Tengo el caso de un sobrino al que le hicieron lo mismo. (…) Yo vi a los dos policías en la casa de mis viejos. Yo los vi. Estaban ahí, que habían recibido paquetes”, agregó la mujer.
En repudio al accionar policial en Capilla del Monte, que podría también hacerse extensivo a otras dependencias provinciales, distintas organizaciones convocaron a una movilización para mañana viernes, 1ero de noviembre, a las 18, en Colón y Cañada, en la capital cordobesa. “Policías que conocen muy bien las redes de narcotráfico en los barrios periféricos; saben a quienes ‘tocar’, a quienes no, cuándo, dónde y cómo hacerlo; detienen, reprimen, paran a los pibes en el centro por el solo hecho de ser morocho y/o usar gorra solo para justificar su existencia; se violentan con detenidos y sobre todo con los más débiles y los que, por causas de la vida en la pobreza, saben que no tienen amparo familiar por ende ‘nadie protestará por ellos’; y la lista sigue... Ahora le tocó a Jorge Reyna en Capilla del Monte”, señalan en la convocatoria.

La Bonaerense también presente
El miércoles 16 de octubre pasado, el oficial Julio César Fuentes manejaba un patrullero del Municipio de Almirante Brown a gran velocidad en contramano cuando atropelló a Gonzalo Pecha, de 18 años, que iba en bicicleta. El policía escapó sin brindarle asistencia al joven, que falleció a las pocas horas.
Desde ese día, sus familiares y amigos vienen haciendo movilizaciones y cortes de calle para reclamar que se cambie la carátula de la causa para que el delito no sea excarcelable. Además, piden que los peritajes los realice la Gendarmería Nacional y no la Policía Bonaerense.
Justamente, lo normal es que las organizaciones y familiares tengan que estar encima de la justicia haciendo este tipo de reclamos y exigiendo los avances de las causas, como consecuencia de la clara connivencia que existe en la mayoría de los casos entre el poder judicial y el policial.
En este sentido, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) realizó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de obligaciones asumidas por el Estado argentino a través de tratados internacionales a los que ha suscripto. Esto se debe a la investigación judicial del asesinato de Cristian Enrique Pérez, de 18 años, ocurrido en octubre de 2002.
El joven estuvo en la comisaría 10ma. de La Plata, a la que llegó conducido por un grupo de jóvenes que quería “lincharlo” tras haber atropellado con su auto a un joven, hermano de un policía de esa seccional. Pocas horas después fue trasladado al Cuerpo Médico donde se dejó constancia que tenía lesiones leves. Sin embargo, el acta labrada no lleva la firma de Pérez. Luego, se habría retirado de la comisaría dejando su firma en un acta, que una pericia caligráfica calificó como “falsa”. Horas más tarde, Pérez fue encontrado muerto en las vías del ferrocarril. El maquinista que lo atropelló declaró que el joven estaba inmóvil sobre las vías, y que él no tuvo tiempo de frenar la formación a tiempo.
Inmediatamente, la policía calificó lo sucedido como “suicidio”, lo que fue convalidado por el fiscal Leandro Heredia, quien delegó las primeras medidas de prueba en efectivos. Los familiares de Pérez nunca creyeron esta versión, debido a que la autopsia fue realizada en la morgue policial, los móviles policiales donde fue trasladado nunca fueron peritados, la declaración del médico legista que no avalaba la hipótesis del suicidio no fue incorporada a la causa. La investigación estuvo fundada en un testigo encontrado por la instrucción del personal policial que dijo haber visto a Pérez llorando en las vías del tren.
En la actualidad, el caso se encuentra desdoblado, con un expediente que investiga el homicidio, y otro por el encubrimiento, que está elevado a juicio, a la espera de que se abra el debate.
El violento y criminal accionar policial de distintas fuerzas de seguridad, y las complicidades y encubrimientos que recibe por parte de los poderes políticos y judiciales, forman parte ya del escenario actual de Argentina, como así también sus víctimas: jóvenes humildes que son usados para robar, vender droga o simplemente como chivos expiatorios de los delitos cometidos por los propios efectivos.

Fuentes: Anred / CIAJ / Agencia Walsh / Otros Círculos / Correpi / Indymedia / Prensa Red

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Mi pobre angelito. Cuanta niñez deben cobrarse para que se pare esto?
Por ai - Friday, Nov. 01, 2013 at 10:25 PM

Cuanta niñez deben cobrarse para que se pare esto?

Las fuezas de seguridad estan en otra.
EL crimen de Jose Leon Suarez se les olvido
hace pocos días , se vincula el accionar de la policía encubriendo acciones de narcos. se van a olvidar porque la agenda poítica es otra y porque son miles los chicos involucrados .

Kevin un niño de 8 años en la villla Zavaleta de Cap. Federal, la gendarmería liberó el lugar para un ajuste de cuentas entre bandas el pequeñin recibó un balazo porque ESTANDO EN SU CASA una bala entro y termino sus sueños.

NO SE PUEDE ARMAR SEMEJANTE ESTRUCTURA SIN COMPLICIDAD y ANUENCIA DEL PODER POLÏTICo ( 22 años de Peronismo, en algunos lugares mas) y SOBRE TODO AMPARO JUDICIAL A TODO NIVEL.

EN PAISES QUE SE DICEN ORGANIZADOS LES CUESTA MUCHO MAS DETENER EL TRAFICO Y CREAN AGENCIAS FEDERALES INDEPENDIENTES.
ACA NO SE VA AVER NUNCA ESO!!!!!

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