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La demolición de viviendas en Europa
Por Alfredo Zaiat / Página 12 -
Sunday, Nov. 03, 2013 at 6:55 AM
La "Solución" en España e Irlanda: Demoler edificios pensando en el capital y no en los Ciudadanos sin techo.
La lógica solución de mercado contrária a lo que sería la lógica solución social.
Eso muestra que quienes mandan no son los partidos políticos, sino sus dueños, el capital financiero europeo.
La cantidad de viviendas sin vender en España suma 675.000 unidades, según la estimación oficial, elevándose a 815.000 de acuerdo a cálculos del sistema financiero. A ese stock se agrega casi 500.000 casas en construcción registradas por agentes inmobiliarios y el propio gobierno. En algunas provincias, como Castellón, el 25 por ciento de las viviendas está deshabitado. Con el estallido de la burbuja del ladrillo, la situación del mercado inmobiliario español se resume en que la oferta supera a la demanda, como le gusta sintetizar a los economistas. Con el mismo criterio simplista para abordar cuestiones complejas, la solución que encontraron para ese desequilibrio es la demolición de viviendas. Así disminuye la oferta para intervenir sobre el mercado con el objetivo de nivelarlo a la demanda. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido como el “banco malo” que absorbió activos incobrables de entidades para salvarlas de la quiebra, tiene un presupuesto aprobado en marzo pasado de 103 millones de euros para la destrucción de edificios no terminados. La estrategia de la piqueta ya la aplicó Irlanda a través de su “banco malo” (Nama) en grandes urbanizaciones casi vacías donde se acumulaban unas 300.000 casas sin habitar. La demolición de viviendas responde a criterios económicos convencionales, cuyos promotores consideran que su concepción de la ciencia económica es la “racional” y cualquier otra que la cuestione pasa a integrar el grupo de “irracionales”. Ante el desequilibrio del mercado inmobiliario, sin evaluar los motivos y quienes son los responsables que lo provocaron, la propuesta es destruir unidades justificándola con el argumento de que el costo de conservación de esos edificios es superior al operativo de derribarlos, además de que su existencia en el mercado mantiene deprimido el precio del resto de los inmuebles de la zona. Sólo como observación a esa línea de acción ofertista y de mercado, ¿no ingresa dentro de las posibilidades contemplar un Estado activo, no para salvar bancos, sino invirtiendo para la satisfacción de las necesidades urgentes de vivienda social en una economía con más de un cuarto de la población desempleada, desalojos masivos y suicidios por la pérdida de la casa propia?
La descripción del problema inmobiliario en España es un caso extremo de aplicación de la lógica económica convencional, donde ortodoxos y no pocos heterodoxos sacian la pretensión de redentores de una sociedad desorientada. Ante tensiones más o menos importantes, aunque para ellos todas son trascendentales, se presentan como los portadores del saber para aliviarlas, con una particularidad: en general, afectan las condiciones materiales de las mayorías buscando proteger los intereses de minorías intensas e influyentes. Cualquier gobierno o economista que proponga la ecuación inversa, o relativice algunas preocupaciones instaladas como graves en el sentido común, es rápidamente señalado como negador o incompetente para comprender “la realidad”.