Absolución de los petroleros de Las Heras. Petitorio de adhesiones. Firmar y difundir
Por reenvío agencia walsh - Monday, Nov. 04, 2013 at 8:44 AM

(AW) petitorio, por la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras, reenviar petitorio con firma y organización a:. ceprodh@gmail.com Transcribimos las primeras firmas y el informe de la comisión que viajo el 12 de octubre y algunas notas de diarios reenviados por el Ceprodh.

PETITORIO:

Exigimos la absolución de los trabajadores petroleros de las Heras.

Denunciamos las torturas de las que fueron víctimas los trabajadores

Los abajo firmantes, Organismos de Derechos Humanos, Organizaciones sociales, Sindicales, Estudiantiles, Políticas: Exigimos la absolución de los 11 trabajadores injustamente imputados en la muerte del policía Sayago, ocurrida en la pueblada de esa localidad en el año 2006. .

Con una causa armada y llena de irregularidades, utilizando métodos de tortura y amenazas, se intenta responsabilizar a los procesados y condenarlos a cadena perpetua y coacción agravada.

Denunciamos al juzgado, que sigue adelante, con el pedido de condena, con testimonios arrancados bajo torturas. Tan armado es este juicio, que el fiscal de cámara rechazó en dos oportunidades la elevación a juicio oral de la causa por estar plagada de nulidades.

Durante el trascurso del mismo y en los alegatos, los abogados defensores de los petroleros (amenazados constantemente por este tribunal y sancionados) demostraron la inocencia de los trabajadores por no encontrase pruebas Las únicas pruebas que se pudieron demostrar fueron las torturas, los apremios ilegales, las vejaciones y las amenazas que sufrieron los petroleros, por la policía provincial durante los tres años que estuvieron detenidos. Un accionar propio de la dictadura militar.

Este juicio, es uno de los más graves ataques que se está llevando adelante contra los trabajadores, desde el 83 a esta parte, por haber salido a pelear por sus derechos.

Su único objetivo es dar una condena ejemplificadora, para evitar que los trabajadores vuelvan a salir a luchar. De concretarse, estas condenas, no sólo arruinaría injustamente la vida de estos trabajadores y sus familias, sino que sentaría un gravísimo antecedente para el conjunto de los trabajadores y luchadores de todo el país.

Por esto exigimos la absolución para todos los trabajadores.

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FIRMAS................................ORGANIZACIÓN..........................................

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Firmas:

Organismos de derechos Humanos.

Elia Espen Madre de plaza de Mayo línea fundadora.

Mirta Baravalle

Serpaj

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)

Cadep

Myriam Bregman abogada de Julio López.

Victoria Moyano Nieta restituida.

Alejandrina Barry hija de desaparecidos

Carla Lacorte, víctima gatillo fácil

Jorge Sobrado ex detenido desaparecido.

Gloria Pagés hermana de desaparecidos. CEPRODH

Juan Constriciani hijo de desaparecidos

María Inés García Hija de desaparecidos.

Organizaciones estudiantiles

Juan Manuel Jardim, Consejero Estudiantil de Comunicación por la mayoría. Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

Iván Baigun, Consejero Estudiantil de Ciencia Política por la minoría. Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

Celeste Lopez Oviedo, Consejera Estudiantil de Sociología por la mayoría. Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

Cecilia Mancuso, Consejera Directiva de Sociales por la mayoría. Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

Secretaría de la Mujer del CEADIG (FADU UBA)

Sofía Salce, Secretaria de Prensa Centro de Estudiantes Salud Comunitaria, Universidad Nac. de Lanús.

Janos Rolon, Secretaria de DDHH, Centro de Estudiantes Planificación y Políticas Públicas, Universidad Nac. de Lanús.

Nadia Koulikova, Secretaria de Género y Diversidad, Centro de Estudiantes de Cs. Sociales, Economía y Administración, Univ. Nac. de Quilmes.

Organizaciones sociales y políticas

Christian Castillo diputado provincial PTS/Frente de Izquierda

Patricio Del Corro legislador electo de la ciudad PTS/Frente de Izquierda.

Nicolas del Caño diputado nacional electo por Mendoza PTS / FRENTE DE IZQUIERDA.

Andrea D' Atri, Agrupación de Mujeres Pan y Rosas

Trabajadores

Emiliano Ali, Pablo Ramírez, Oscar Zunzunegui, Pablo Silvestri, Jorge Jara, German Caffaratti y Ursulino Brest. Cuerpo de delegados Coca Cola Pompeya

Comisión interna del Garrahan.

Agrupación Si Se Puede Hospital Garrahan

Cuerpo de Delegados de Lan Aeroparque-Eduardo Saab-Charly Platovsky

Corriente Nacional 9 de Abril-Lista Marrón

Irene Asam congresal FELFORT STIA

Cristina Sugastti, Rebeca Cantero, delegadas SOM Garrahan

Claudio Dellecarbonara Delegado Subte

Javier Hermosilla Comisión Interna de KRAFT Terrabusi

Lorena Gentile Comisión Interna de KRAFT Terrabusi

Comisión de mujeres aeronáuticas y cuerpo de delegados de LAN Argentina.

Agrupación de trabajadores aeronáuticos El Despegue

Ayelen Córdoba, Martin Loidi, y Leonardo Depretto Delegadores provisorios de GPS ex HAS Ezeiza

Luciano Corradi, Guillermo Franco y Martin Brat Delegadores provisorios de FALCON ex HAS Aeroparque

Trabajadores de Brukman

Carlos Artacho, Mariela Pozzi, Martin Durand, Guillermo Schmall, Ana Goussies, Mario Zaragoza, Silvia Leguizamón. |Agrupación Violeta Foetra bs as

Gustavo De Biase, Jose Luis Salazar y Nicolás Sandes delegados Vialidad Nacional.

Fabiana Sotelo delegada de la sucursal Boedo del Banco de la provincia de bs as

Secretaria de Derechos Humanos SUTEBA Matanza.

Alicia Navarro Palacios Vocal suplente Ademys

Florencia Gasparini, delegada suplente-Escuela 20 DE19, CABA

Julieta Azcarate, delegada suplente-Escuela 8 DE19, CABA

Nicolás Gómez Perdigón, delegado suplente-Escuela 15 DE6, CABA

Luciana Elger Vargas, delegada-Centros Infantiles, CABA

Mariela Petris, delegada-Primera Infancia, CABA

Alicia Navarro Palacios, secretaria de la junta de clasificación docente-Primaria Zona II CABA, por Ademys

Giselle Herrera, delegada-Escuelas Domiciliarias, CABA

Federico Puy, delegado-Normal Nº5 DE5, CABA

Lorena Castro, delegada-Escuela N°22 DE 3, CABA

Virginia Pescarmona, delegada. Normal Nº1 DE1, CABA

Marilina Arias, delegada-Escuela N°1 DE16, CABA

Marcos Ahumada, Maestro D.E. 3°, CABA

Florencia Piriz, Profesora de Historia- Colegio Rivadavia y Comercial N°5, CABA

José María Pérez, Profesor-EMEN 3 DE 19, CABA

Jorge Lo Cascio, Profesor-Normal N°4, CABA

Alicia Rojo, Profesora-Normal N°5, CABA

Camila Martínez, Maestra-Normal N°2, CABA

Jorge Mallon, Maestro-Técnica N°13 y DE 19, CABA

Sol Bajar, Profesora-DE 5, CABA

Adriana González, Maestra-D.E. 1°, CABA

Marcela de Luca, Profesora-CENS, CABA

Viviana Ríos, Profesora-Liceo 9 y Técnica 25 DE6, CABA

Mariana Olivieri, Maestra Inicial, CABA

Marcelo Pérez, docente-DE16, CABA

Emiliano Cuevas, Profesor de historia-DE19, CABA

Roberto Silva, Profesor de matemática-Normal N°3, CABA

Fernanda Vázquez, Maestra-DE 5, CABA

Verónica Nina, Maestra Inicial-DE 19, CABA

Celeste Molina, Aprender trabajando-Normal N°2, CABA

Yuri Fernández, trabajador de Brukman, delegado de la 1-11-14

Los hechos.

En el verano de 2005 los trabajadores desocupados de la zona habían salido a la ruta a exigir el cumplimiento de la promesa de Repsol-YPF de otorgar 149 puestos de trabajo. En ese contexto, los petroleros de Las Heras expresaron sus diferencias con el sindicato y comenzaron a cortar las rutas provinciales. Al reclamo contra el impuesto a las ganancias se sumó el del encuadre sindical y mejoras en las condiciones de trabajo. Ya entonces denunciaban la tercerización laboral. La justicia emitió una orden contra los “cabecillas” de la protesta, tal como decía el escrito, que derivó en la detención de Mario Navarro, vocero de los petroleros del sector sindical disidente. Navarro fue encarcelado mientras daba una entrevista sobre el conflicto en una radio local. Fue el 7 de febrero de 2006, y al rato surgió una pueblada para exigir su liberación. Las Heras tenía en ese momento 9.300 habitantes, y más de mil estuvieron en las calles, llegaron hasta la comisaría y la apedrearon. El gobierno envió refuerzos y el grupo Geop reprimió con ferocidad la manifestación. La multitud se abalanzó sobre los uniformados y varios policías fueron lesionados, con golpes de todo tipo. También se escucharon múltiples disparos, el policía Jorge Sayago fue herido por la espalda y murió a las pocas horas. Tanto el entonces gobernador de la provincia Sergio Acevedo como el gobierno nacional, a través del ex ministro del Interior Aníbal Fernández, acusaron al Partido Obrero como responsables de los hechos.

El pueblo fue militarizado para terminar con la huelga y los reclamos. Se realizaron numerosos allanamientos y diecisiete trabajadores de Indus, que habían logrado pasar al convenio petrolero cuando se llegó a un acuerdo en el conflicto, fueron detenidos y acusados del crimen del policía. A esas detenciones se sumaron otras, incluso de algunos vecinos. Las pruebas contra ellos sólo fueron testimoniales, y por declaraciones obtenidas en base a apremios ilegales y torturas. A muchos testigos les había allanado su vivienda antes de declarar. El cura párroco de Las Heras, Luis Bicego, cuestionó las detenciones y advirtió que formaban parte de una “caza de brujas”. Inmediatamente, abrió las puertas de la Iglesia, donde se refugiaron más de 200 pobladores temerosos de ser vinculados con el hecho. Esa situación se prolongó durante semanas. .

El juicio

Los trabajadores, estuvieron 3 años detenidos, donde se hacen las denuncias más fuertes, que se toman en los alegatos sobre las terribles torturas que sufrieron en la cárcel para que se autoincriminaran. Tan armado, es este juicio, que le fiscal de cámara tuvo que declararlo nulo en dos oportunidades, no pudiendo elevarse a juicio oral por estar plagada de nulidades.

Por decisión política, el Juzgado de Caleta Olivia, lo eleva a juicio. Lo toman un par de abogados de allá, que son parte de una comisión investigadora independiente, por las violaciones a los DDHH en la localidad, pidiendo el acompañamiento de abogados de Buenos Aires, por lo difícil de llevar adelante la defensa ante este tribunal. Luego de los alegatos en el mes de septiembre de este año, se pasó a un receso hasta el 12 de diciembre día en que será la sentencia. Todo indica que 6 de ellos serán sentenciados a cadena perpetua y otros 5 de los imputados entre 8 a 25 años de prisión efectiva. La demostración de los abogados de la falta de pruebas para las condenas, las denuncias de los apremios ilegales, todas las irregularidades durante el mismo, no tuvieron ningún eco y se sigue adelante con el pedido de condena.

En distintas oportunidades hemos viajado delegaciones de organismos, previo, en el el inicio del juicio, en los alegatos y este último 12 de octubre en una movilización que se hizo en la localidad, pidiendo por su libertad.

Notas página 12 Adriana Meyer.

Petroleros acusados


Fue largo el camino y, en el trayecto, los trabajadores petroleros de Las Heras no pudieron evitar que la acusación en su contra por el crimen del policía Jorge Sayago, durante la pueblada de febrero de 2006, los sentara en el juicio oral y público que comenzó en Caleta Olivia. El proceso fue declarado nulo en dos oportunidades por irregularidades en la instrucción y denuncias de obtención de pruebas bajo tortura, lo cual no impidió el inicio del juzgamiento de doce personas que el 7 de febrero de aquel año se habían manifestado en las calles y frente a la alcaidía por la detención del vocero del sindicalismo disidente Mario Navarro. La muerte de Sayago, por la que están acusados, fue el sangriento final del conflicto que los petroleros venían sosteniendo con huelgas y cortes de ruta contra el impuesto a las Ganancias, la tercerización y el encuadre sindical.

Durante la primera audiencia del proceso oral y público se leyó un resumen de la acusación impulsada por la querella, integrada por la madre y la hija de Sayago, y por el fiscal Fabio Ariel Candia. Por falta de espacio, los asistentes quedaron afuera de la sala con un parlante para seguir el juicio, entre ellos un grupo de abogados porteños que, junto a las organizaciones que integran el Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras, sostienen que se trata de “una farsa, una causa armada”. Tras escuchar la elevación a juicio, María del Carmen Verdú, de Correpi, dijo que “quedó en evidencia que seleccionaron arbitrariamente a estos trabajadores, entre más de 700, para aleccionar al conjunto”.

El más comprometido es Darío Catrihuala, quien está acusado de pedir a los petroleros que dejaran espacio para que un tirador disparara contra los policías. Sin embargo, las versiones sobre cómo murió Sayago no coinciden y tampoco está identificado quien disparó. Otros tres imputados están señalados como quienes golpearon a Sayago con una pala en la cabeza y le dieron una puñalada en la espalda cuando ya estaba en el suelo. El abogado de Catrihuala, Alberto Luciani, pidió la nulidad de las declaraciones indagatorias porque “fueron tomadas luego de ser sometidos a apremios ilegales, torturas y vejámenes”. Según detalló, “cuando fueron detenidos estaban en perfecto estado, según los exámenes médicos, y al día siguiente estaban todos salvajemente golpeados”. Luciani cuestionó que está vencido el plazo razonable de duración de un proceso penal, y que los mismos jueces de este tribunal fueron los que, en su momento, declararon la nulidad de la acusación del fiscal Candia por “imperfecta, vaga e imprecisa”.


"El juicio a los petroleros de Las Heras es una farsa"


El juicio a los petroleros de Las Heras es una farsa"" v:shapes="_x0000_i1027">

Como no podía ser de otra manera, el juicio contra los trabajadores petroleros de Las Heras tuvo un final escandaloso. El fiscal Ariel Candia admitió que hubo torturas pero dijo que "darle un cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza (a un testigo) no implica decirle lo que debe declarar". La justicia postergó la sentencia para el 12 de diciembre. Mientras tanto, se intensificó la campaña del Comité por la Absolución y dirigentes sociales y de partidos de izquierda están viajando para participar de movilizaciones de solidaridad en el lugar.

El 18 de junio en Caleta Olivia había tenido lugar la primera audiencia del proceso oral y público a los imputados por la muerte del policía Jorge Sayago, ocurrida en febrero de 2006 en medio de una pueblada en Las Heras para exigir la liberación del sindicalista petrolero Mario Navarro. Organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos denuncian que se trata de una causa armada en base a declaraciones obtenidas bajo tortura y decenas de irregularidades en la investigación del hecho. Y que suma otro capítulo a la criminalización de la protesta social.

“La foto (como la que ilustra esta nota) que las petroleras, la burocracia y el poder político no quieren volver a ver: asambleas multitudinarias decidiendo el rumbo de la lucha”, declaran desde el Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras.

"En varias oportunidades he dicho que eran perejiles", dijo el tío del policía muerto al referirse a los imputados.

"Quedó en evidencia que se seleccionó arbitrariamente a estos trabajadores, entre más de setecientos, para aleccionar al conjunto", dijo la abogada María del Carmen Verdú tras asistir a la audiencia de apertura.

En el verano de 2005 los trabajadores desocupados de la zona habían salido a la ruta a exigir el cumplimiento de la promesa de Repsol-YPF de otorgar 149 puestos de trabajo. En ese contexto, los petroleros de Las Heras expresaron sus diferencias con el sindicato y comenzaron a cortar las rutas provinciales. Al reclamo contra el impuesto a las ganancias se sumó el del encuadre sindical y mejoras en las condiciones de trabajo. Ya entonces denunciaban la tercerización laboral. La justicia emitió una orden contra los “cabecillas” de la protesta, tal como decía el escrito, que derivó en la detención de Mario Navarro, vocero de los petroleros del sector sindical disidente. Navarro fue encarcelado mientras daba una entrevista sobre el conflicto a Radio Soberanía, la única FM local. Fue el 7 de febrero de 2006, y al rato surgió una pueblada para exigir su liberación.

Las Heras tenía en ese momento 9.300 habitantes, y más de mil estuvieron en las calles, llegaron hasta la comisaría y la apedrearon. El gobierno envió refuerzos y el grupo Geop reprimió con ferocidad la manifestación. La multitud se abalanzó sobre los uniformados y varios policías fueron lesionados, con golpes de todo tipo. También se escucharon múltiples disparos, el policía Jorge Sayago fue herido por la espalda y murió a las pocas horas. Tanto el entonces gobernador de la provincia Sergio Acevedo como el gobierno nacional, a través del ex ministro del Interior Aníbal Fernández, acusaron al Partido Obrero como responsables de los hechos.

La abogada Claudia Ferrero, de Apel, afirma que “los investigadores dejaron el lugar de los acontecimientos sin perimetrar, permitiendo que se alteraran las evidencias, probablemente para ocultar la utilización de postas de plomo por parte de los policías, algo que fue denunciado por los vecinos”. Lo que siguió, según su relato, fueron “detenciones masivas e injustificadas por parte de la policía porque el poder provincial se enfocó en buscar un chivo expiatorio que cargue con la muerte de Sayago, y a su vez las petroleras consigan escarmentar a las intensas luchas sindicales” que se viven desde hace décadas en ese rincón del sur del país.

El pueblo fue militarizado para terminar con la huelga y los reclamos. Se realizaron numerosos allanamientos y diecisiete trabajadores de Indus, que habían logrado pasar al convenio petrolero cuando se llegó a un acuerdo en el conflicto, fueron detenidos y acusados del crimen del policía. A esas detenciones se sumaron otras, incluso de algunos vecinos. Las pruebas contra ellos sólo fueron testimoniales, y por declaraciones obtenidas en base a apremios ilegales y terror. A muchos testigos les había allanado su vivienda antes de declarar. El cura párroco de Las Heras, Luis Bicego, cuestionó las detenciones y advirtió que formaban parte de una “caza de brujas”. Inmediatamente, abrió las puertas de la Iglesia, donde se refugiaron más de 200 pobladores temerosos de ser vinculados con el hecho. Esa situación se prolongó durante semanas. Según Ferrero, el resultado de esa cacería fue la base de la instrucción penal del juicio por el crimen de Sayago, que acaba de comenzar en Caleta Olivia.

El 2 de marzo de 2009 seis de los que ahora están en el banquillo fueron liberados. Uno era comerciante, otro trabajador municipal, otros dos petroleros y uno más empleado de seguridad. En ese momento el juicio oral por la muerte de Sayago había sido anulado "por fallas en la instrucción", pero igual siguieron imputados porque el gobierno de Santa Cruz apeló. Algunos de los liberados acudieron a declarar en la causa por las torturas que sufrieron durante su detención, en la que había policías procesados. En ese expediente consta que durante los traslados del día en que fueron presos los sacaron de las camionetas policiales en marcha y los golpearon. "Todavía no caigo, cuesta empezar otra vez, buscar trabajo, estoy cansado y ahora sólo quiero estar con mi familia", había dicho a PáginaI12 Darío Catrihuala luego de su liberación. Esa causa no es la única paralela al juicio central por Sayago. Un compañero del policía fallecido al momento del operativo, el oficial Raúl Varela, inició una causa contra la Policía de Santa Cruz cuestionando el desempeño de los jefes policiales en el hecho.

Carlos Platkowski, delegado de LAN y abogado del Ceprodh que asistió al inicio del juicio, aseguró que "al menos seis petroleros fueron brutalmente golpeados y sufrieron torturas en las comisarías donde se los mantuvo presos hasta 2009, todos en el localidades alejadas de sus familias". Y agregó que "lo que llega a juicio es una causa armada, a siete años de los hechos, que fue declarada nula en dos oportunidades y donde cambiaron jueces y fiscales, en una provincia gobernada desde hace años por el kirchnerismo, que militarizó la zona en defensa de los intereses de las petroleras".

Finalmente quedaron procesados y detenidos Darío Víctor Catrihuala, Juan Pablo Bilbao, Ramón Inocencio Cortéz, Alexis Pérez, José Rosales y Humberto Hugo González, acusados de coacción agravada en concurso real con homicidio calificado. También estuvieron detenidos los trabajadores de Indus Néstor Enrique Aguilar, Daniel Eduardo Aguilar, Rubén Leopoldo Bach, Carlos y Pablo Mansilla, quienes fueron liberados, aunque siguieron acusados de coacción agravada. Posteriormente se detuvo a un menor, involucrándolo en los hechos.

“Este juicio pretende legalizar una investigación plagada de apremios, ilegalidades y nulidades, y por otro lado cerrar la cuestión Sayago cargándole su muerte a alguno de los trabajadores imputados”, dijo la abogada Ferrero que, junto a Andrea Forgueras, asumió la defensa de algunos de los trabajadores petroleros, municipales y vecinos imputados. Los otros letrados defensores son Juan Carlos Issa, Rosa Razuri, Carlos Muriete, Marcelo Fernández, Juan Carlos Smith, Francisco Romero, Marcelo Quintero y Alberto Luciani. “Sólo se han previsto cuatro semanas para la realización del juicio. A pesar de figurar más de 190 testigos, se pretende la incorporación 'por lectura' de sus testimonios, lo que permitiría que no fuera cuestionada la versión de los hechos por parte de la acusación fiscal. Se trata de un planteo escandalosamente ilegal. El fiscal de Cámara se ha separado de la causa después de plantear la nulidad del requerimiento por impreciso e infundado, por lo cual la acusación quedó en manos del fiscal de instrucción. Sólo la publicidad de este fraude y la movilización popular podrá dejar al desnudo el carácter ilegal del proceso, y transformar el juicio en una tribuna de denuncia del régimen de terror, apremios y torturas que constituyen la base de la acusación contra los imputados”, denunció Ferrero. “La condena de cualquiera de los acusados en este juicio constituiría un pésimo antecedente para los cientos de procesados por protestas sociales en la provincia de Santa Cruz, al que se han sumado 52 maestros de Las Heras en el último mes”, agregó.

La jornada inicial se desarrolló en medio de un importante operativo de la Prefectura, por la cantidad de personas que se acercaron para seguir el juicio y por la marcha de trabajadores y dirigentes de derechos humanos que hubo puertas afuera. De todos modos, el tribunal determinó que ingresen a la sala de audiencias sólo el fiscal y los acusados, acompañados por sus defensores. Para el resto del "público" dispusieron un parlante en el ingreso al edificio donde funciona la Cámara Oral de Caleta Olivia. Tras la lectura de la elevación a juicio a cargo de la jueza Cristina Lembeye, impulsada por los querellantes --la provincia de Santa Cruz, la madre e hija del policía, Simona y Marcia Sayago, respectivamente-- y el fiscal Fabio Ariel Candia, el tribunal pasó a un cuarto intermedio y se tomará hasta el lunes 23 para resolver todas las nulidades planteadas por la defensa, además del rechazo de la incorporación por lectura de los testimonios. "Es una burda maniobra de la fiscalía, porque no quieren que vuelvan a declarar los testigos que fueron apretados, pero además lo que mostraron en la acusación es una causa flojísima con pruebas que no existen, datos confusos y pocos testimonios", explicó Platkowski. Entre los testigos, que son casi 90, están los policías que fueron heridos aquella noche, entre ellos Ariel Victoria y Raúl Varela, la ex concejal Roxana Totino y el comisario Wilfredo Roque.

En el marco de la campaña nacional por la absolución de los acusados en este juicio, ya hubo una movilización a la casa de Santa Cruz, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia porque denuncian que se trata de una “causa armada como parte de la política nacional de criminalizar la protesta social, que ha dejado como saldo a más de 5000 personas procesadas por luchar por sus derechos”. En tanto, el Comité de Apoyo por la Absolución de los petroleros de Las Heras --integrado por la Junta Interna de Ate del Hospital Garrahan, los delegados de la línea 60, los ferroviarios del Sarmiento, la comisión interna de Paty y la agrupación de trabajadores el lucha del Hospital Posadas, entre muchos otros-- dio una conferencia de prensa para denunciar las “gravísimas irregularidades” del juicio. Y aspira a formar una comitiva numerosa que pueda viajar a Caleta Olivia para asistir a los tramos esenciales del proceso.

Ahora el Comité intensificó su campaña con miras a la sentencia de diciembre, tras el escandaloso final del proceso. El día 3 de septiembre declararon dos testigos y como uno de ellos, Martínez, no recordaba, lo detuvieron 24 horas para apretarlo. Al dia siguiente, después de haber sido presionado en la celda, declaró lo que la querella necesitaba. Luego alegaron las dos querellas, pidieron perpetua y el querellante del estado provincial, Iglesias, hizo apología del delito en medio de un alegato fascista.

El 5 de septiembre alegó el fiscal Candia reconoció que hubo apremios ilegales pero al mismo tiempo, de manera inconcebible en un acto de barbarie jurídica, dijo que "darle un cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza al testigo no implica decirle lo que tiene que decir”. Posteriormente alegaron los defensores. Claudia Ferrero pidió que el fiscal sea imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Rasury y Andrea Forgueras adhirieron, ampliaron fundamentos y expusieron que lo único que se demostró en el juicio es la tortura y los apremios ilegales. Forgueras pidió que la acusación contra el fiscal sea extensiva para la abogada defensora oficial Citanovich que representó a Bilbao, por no pedir la inimputabilidad de su defendido, dado que la historia clínica estaba agregada al expediente y el informe del médico que lo atendió allí dejó claramente expresado que este acusado no podía comprender y que tenía alucinaciones por la abstinencia. Además también se denunció, a lo largo del proceso, que las indagatorias se tomaron en su presencia mientras se realizaron los apremios ilegales. En una muestra de cinismo, la defensora oficial pide la absolución de Bilbao, cuando en realidad nadie lo imputó. En las réplicas quedó nuevamente claro que no podían demostrar la relación hecho - imputado - prueba determinante. En un acto aberrante, el querellante Iglesias se burló de las manifestaciones acerca de los apremios ilegales, diciendo “que la defensa consideraba que vialidad, el lugar donde se realizaron las indagatorias y las torturas, era un centro clandestino de detención y que Angulo (agente de la brigada) era hijo de Etchecolatz”.

Los trabajadores petroleros hablaron al final con dignidad y valentía, en una audiencia muy emotiva. La sentencia se pasó para el 12 de diciembre. Estuvo presente la Madre de Plaza de Mayo Elia Espen quien en conferencia de prensa relató todo lo que había escuchado durante el juicio, y también viajaron Alejandrina Barry y José Montes, del PTS.

Desde el Comité aseguraron que hasta el 12 de diciembre "seguiremos exigiendo la absolución de todos los trabajadores petroleros de Las Heras y denunciando a esta justicia manejada por las petroleras y los gobiernos de Cristina Kirchner y de Peralta. No aceptaremos un fallo condenatorio ya que ha quedado demostrada la inocencia de los compañeros y les decimos a los empleados del poder: Como a los nazis les va a pasar: A donde vayan los iremos a buscar".

Crónica de la abogada María del Carmen Verdú, de Correpi, sobre el inicio del juicio publicada en el boletín 694 de esa agrupación.

La farsa del juicio a los petroleros de Las Heras.

A principios de 2006, una serie de luchas obreras sacudieron el norte de la provincia de Santa Cruz, continuidad de una larga lucha protagonizada por los trabajadores hiper explotados por las multinacionales dedicadas al negocio de la extracción de petróleo. Los reclamos de ese inicio de año no eran nuevos: mejoras salariales, encuadramiento laboral, rechazo a la retención del impuesto a las ganancias sobre los sueldos, pase a planta de los tercerizados.

Entre las últimas semanas de enero y la primera de febrero, hubo piquetes en las rutas y frente a las empresas en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Cañadón Seco. La madrugada del 7 de febrero, con el conflicto al rojo, una nueva injusticia, la detención de un referente de los trabajadores, desató la reacción masiva de un millar de obreros, que asumieron su autodefensa, y con la fuerza de su movilización liberaron a su preso y frenaron otras seis órdenes de captura.

En la pueblada murió un policía, Jorge Sayago, que quedó solo frente a la comisaría cuando sus camaradas retrocedieron ante la decisión de los trabajadores que la rodeaban.

El gobierno provincial rápidamente recibió el apoyo del nacional, y a los pocos días, con el aporte de servicios de inteligencia, la policía santacruceña y la gendarmería nacional, un mega operativo desplegó centenares de fuerzas represivas en la ciudad de menos de 10.000 habitantes. Se allanaron casas, vecinos y trabajadores fueron apaleados y torturados, y se detuvo a más de 20 personas acusadas de haber participado en la pueblada.

Sobrevino entonces una parodia de "investigación judicial" cuyo único fin fue desactivar y condenar la lucha obrera y popular. Con la lucha popular y la solidaridad activa, luego de casi tres años se logró que los últimos detenidos fueras liberados, pero la causa siguió su inexorable avance, con las acusaciones fundadas en testimonios arrancados a golpe limpio.

El lunes 17 de junio comenzó el juicio a los 12 trabajadores que quedaron acusados por delitos que van desde el homicidio calificado del policía, ascendido a comisario post mortem, hasta la coacción agravada por la que se agravia el gobierno provincial, constituido en querellante a la par de la familia del policía. Al fiscal de cámara que debía intervenir en el debate no le dio la cara para sostener las imprecisas y genéricas acusaciones, y, después de pedir tres veces la anulación del requerimiento de elevación a juicio, se apartó, y convocó al fiscal de primera instancia para que lo reemplazara.

La primera jornada del juicio mostró sin fisuras de qué se trata esta causa. Se leyeron las acusaciones, que dejaron a la vista la forma absurda en que se seleccionó arbitrariamente a estos 12 trabajadores, entre más de setecientos, para aleccionar al conjunto. Un aleccionamiento que rindió sus frutos, con aquellos gendarmes llegados de apuro instalados en forma permanente en la zona, imponiendo un régimen de vigilancia que cercena el activismo obrero y secciona los lazos solidarios.

Con la presencia de trabajadores petroleros y de militantes de ADOSAC, ATECH, ATE, PO, DO, PTS, el cuerpo de delegados de la línea 60 y otras organizaciones nucleadas en el Comité de apoyo por la absolución de los compañeros petroleros de Las Heras, las rejas custodiadas por prefectos de la Cámara de Caleta Olivia se poblaron de afiches y banderas. Los jueces resolvieron que el juicio sea oral, pero no público, ya que sólo permitieron el ingreso a la sala de las partes y sus abogados, y un par de periodistas acreditados. Apenas si colocaron un parlante en el hall del edificio, desde donde medio centenar de compañeros pudimos seguir las alternativas de esa primera audiencia, que terminó abruptamente cuando varias defensas plantearon las muchas nulidades de la amañada instrucción. Fueron cuestionadas la presencia del fisco provincial como querellante; se reiteró la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio que violan el principio de congruencia; se denunció la nulidad de las indagatorias realizadas bajo tormentos y se confrontó el intento del fiscal de desistir de varias decenas de testigos e incorporar a libro cerrado las actas de las declaraciones fabricadas en la instrucción.

CORREPI estuvo presente en representación del Encuentro Nacional Antirrepresivo, junto a los compañeros de AGARRE (Acción Grupal Antirrepresiva Estatal) de Comodoro Rivadavia. Por la mañana, realizamos una conferencia de prensa en la sede de la CTA comodorense, convocada por AGARRE, en la que intervinieron el compañero Carlos Platkowski, delegado de LAN y militante del PTS, y María del Carmen Verdú de CORREPI. Luego, viajamos a Caleta Olivia, donde asistimos al juicio y denunciamos en los medios que cubrieron la audiencia su naturaleza persecutoria. Al mismo tiempo, en la ciudad de Buenos Aires, las organizaciones del Comité de defensa nos movilizábamos del Obelisco a la Casa de la Provincia de Santa Cruz.

La presidenta del tribunal oral decidió postergar una semana el debate, para resolver los planteos sólidos y contundentes de las defensas, de manera que el juicio se reanudará el lunes próximo.

Es necesario redoblar los esfuerzos para dar visibilidad a este juicio que pretende ser una instancia de disciplinamiento para el conjunto de la clase trabajadora, y que amenaza concretamente a los trabajadores acusados con prisión perpetua.

Diario el patagónico.

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Llega a su fin el juicio más importante de la historia de la provincia de Santa Cruz

ÂÂÂÂÂÂÂÂ Marcelo Quinteros, Juan Smith, Claudia Ferrero, Rosa Errázuri, Andrea Folgueras y Alberto Luciani, parte de la defensa. (Foto: El Patagónico)

ÂÂÂÂÂÂÂÂ

El jueves ya habían hecho sus alegatos Claudia Ferrero, Marcelo Quinteros, Juan Smith y Carlos Toledo Vargas, en tanto que el viernes lo hicieron Rosa Errázuri, Andrea Folgueras y Alberto Luciani.

Sus expresiones no sólo fueron escuchadas atentamente por el tribunal de la Cámara del Crimen de Caleta Olivia, conformado por Cristina Lembeye, Juan Pablo Olivera y Humberto Monelos, sino también por familiares de los imputados, referentes de organismos de Derechos Humanos y de la agrupación política Democracia Obrera. Estos últimos escucharon los alegatos desde el hall del edificio judicial donde se montó una pantalla de video y parlantes.

Alegatos

En términos generales, la mayoría de los defensores centró inicialmente su postura en el contexto de una protesta social obrera de casi tres meses que se produjo en Las Heras, y que derivó en una batalla campal con fuerzas policiales, frente a la Alcaidía, al promediar la noche del 6 de febrero de 2006.

En ese contexto, argumentaron que, luego de los violentos incidentes, aparecieron testigos “plantados”, otros apremiados e incluso personas detenidas que fueron torturadas, algunas de las cuales están ahora en la lista de trece imputados, a lo que sumaron falta de pruebas contundentes.

Cuestión de cachetadas

La primera en exponer el viernes fue Rosa Errázuri, abogada que reside en Las Heras y quien, desde el inicio, cuestionó el delito de coacción agravada que les imputó el fiscal Daniel Ariel Candia a tres de los hombres que ella defiende: Inocencio Cortés y los hermanos Daniel y Néstor Aguilar.

La letrada puso de relieve que el representante del Ministerio Público no especificó conductas ni tampoco reparó que los sucesos se originaron por una situación social que afrontaban trabajadores “desesperados” sin tener respuesta a sus reclamos por parte de las autoridades correspondientes, a pesar que funcionarios policiales habían advertido que ese conflicto iba a tener gravísimas consecuencias.

También indicó que hasta el propio fiscal reconoció que hubo gente que declaró en la etapa de instrucción porque recibió “dos o tres cachetadas” y además reparó en la falta de pericias sobre un video que se adjuntó a la causa pero que en el juicio nadie pudo observar.

Sostuvo incluso que el fiscal también consintió que varios testigos tenían miedo porque Las Heras es una localidad muy pequeña, lo que la llevó a decir que ciertamente hay muchos ciudadanos de esa localidad que tienen miedo porque allí es extensa la lista de procesados por diferentes reclamos sociales y no solo en el caso de petroleros sino también de docentes y hasta simples vecinos que fueron presos por reclamar por una red de gas para sus viviendas.

En ese sentido, a modo de ironía, dijo que si hubiera un concurso nacional de personas procesadas porque desde ámbitos judiciales se las considera violentas, Las Heras estaría en el primer lugar. Y para rematar sus apreciaciones, a fin de desmitificar el concepto de algunos, afirmó: “Yo también vivo allí y no soy violenta”.

“En base a sospechas”

Andrea Folgueras también procuró desbaratar las posturas de los querellantes y del fiscal, argumentando la falta de pruebas contra de sus defendidos (que en algunos casos comparte con Alberto Luciani) a tal punto que no se explicaba cómo los mismos fueron llevados a juicio.

Para ser más precisa, mencionó que a uno de los imputados, Alexis Aihuen Pérez, ni el fiscal ni los querellantes le imputaron penas y si embargo ese trabajador estuvo tres años y medio preso.

Por otro lado, refutó los testimonios que dieron algunos policías que ni siquiera estuvieron al momento de los serios incidentes y de otros relacionados directa o indirectamente con la fuerza de seguridad. Consideró también que esta causa se armó principalmente sobre la base “a sospechas” y a “contradicciones”.

A su vez, Alberto Luciani afirmó que imputar el delito de coacción agravada es “improcedente desde el punto de vista penal” e incluso objetó la injerencia del Estado provincial que se presentó como querellante por daños a su patrimonio para lo cual solo presentó algunas fotos (supuestamente de la Alcaidía), pero ni siquiera especificó algún tipo de presupuesto de costos de reparaciones.

Por otro lado, en torno a los incidentes que estallaron el 6 de febrero, afirmó que entre los manifestantes “no hubo ni jefes, ni subalternos ni caciques”, a modo de contrarrestar a los abogados querellantes que aludieron a un ataque para rescatar al dirigente Mario Navarro a costa de cualquier precio.

Smith pidió la absolución

El abogado de Franco Padilla, el doctor Carlos Smith, pidió que se “absuelva” de todos los cargos por los cuales se lo acusó a su defendido. Esto fue en el segundo día de alegatos en el juicio por la muerte del policía Jorge Sayago, ocurrido en Las Heras, en el año 2006.

El abogado fue el tercero de los defensores que fundamentó ante el Tribunal Oral Criminal de Caleta Olivia, luego de Claudia Ferrero y Marcelo Quinteros.

Padilla es el joven que protagonizó últimamente un careo con su ex amigo Martínez, quien fue el que lo acusó de haber sido el que tiró al suelo al policía Jorge Sayago para que los demás lo masacraran a golpes.

En el careo, realizado ante el Tribunal, Padilla le dijo a Martínez: “Vos me metiste en esto. Estuve preso dos meses”.

También había dicho: “Estoy libre de conciencia y sé que no hice nada. Quiero que se desmienta esto ya”.

De hecho, Padilla fue el único que prestó declaración al comienzo de las audiencias, hace dos meses aproximadamente. Él también estuvo preso a pesar de que era menor de edad.

Smith, en la tarde de ayer, dijo que la acusación por el delito de “homicidio agravado” contra su cliente “no ha superado el estadío de sospecha para alcanzar la plena prueba, la cual es imprescindible no sólo para fundar una acusación, sino una sentencia acusatoria”. “Por lo tanto, esta defensa entiende que no ha logrado acreditarse la participación de mi defendido en el hecho, y no hay dudas de que no tuvo actuación delictual en perjuicio de Sayago” indicó.

En lo concerniente a la acusación de coacción agravada o daños a bienes del Estado, también Smith pidió la absolución porque “no hubo ninguna prueba que demuestre que Padilla ha cometido ningún tipo de daño”. “Hago mías las palabras de la doctora Ferrero, diciendo que es una acusación genérica de los hechos”, expuso.

(Fuente: TiempoSur, El Patagónico y La Vanguardia del Sur)

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Reuniones y movilización
Por reenvío agencia walsh - Monday, Nov. 04, 2013 at 8:50 AM

Por la libertad de los trabajadores petroleros de Las Heras

(AW) Ante la llegada, el 8/11. de dos compañeros procesados de Las Heras, hay previstas varias reuniones y una movilización.

transcribimos:

Comite por la Absolucion de los petroleros de Las Heras

El día 8 de noviembre estarían llegando dos compañeros procesados de Las Heras. Hay tres reuniones en distintos puntos geográficos, convocando a todas las organizaciones sindicales, políticas, sociales y de derechos humanos, con el siguiente cronograma:

viernes 8/nov: 17 horas reunión en SITRAIC, Temperley
sábado 9/nov: 15 horas reunión en el anfiteatro de ATE nación, Belgrano 2527
lunes 11/11 17 hs. reunión en SUTEBA Tigre.
Las reuniones son para organizar la marcha del 15 de noviembre a las 17 horas, del obelisco a la Casa de Santa Cruz, simultáneamente, se realizará una marcha en Las Heras, Santa Cruz y el viaje a Santa Cruz.

Tratar de ir a las con la lista de compañeros que van a viajar a Caleta Olivia y con el dinero, para estar presentes el día 12/12 que se dara a conocer la sentencia del juicio. El viaje sale mil pesos por compañero, cada organización debe comunicarse con los contactos abajo indicados o por mail al comité, para confirmar, cuantos compañeros viajarían, y acercar una seña o el total del viaje antes del 11 de noviembre. La fecha de viaje es 10 de diciembre y llegada a bue el 14 de diciembre.
Contactos
Eduardo García, Garrahan: 15 5947 6030
Silvia, ATE Sur: 15 6602 9490
David Soria, Paty:1558243267

J.I. ATE Hospital Garrahan

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