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"Ampliación de derechos" curas, patrones y corruptos
Por Miguel Raider -
Friday, Nov. 22, 2013 at 11:35 AM
Reforma del Código Civil El oficialismo K en el Congreso muestra todo su carácter "progresista" cerrando un dictamen de reforma del Código Civil y Comercial aceptando todas y cada una de las imposiciones que la Iglesia hizo sobre el proyecto original. Junto con ello, esta reforma es una invitación para que las patronales realicen fraudes contra sus trabajadores y le da impunidad a los funcionarios del Estado para que nadie pueda hacerles juicios civiles, hagan lo que hagan.
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Una reforma clerical y reaccionaria
El proyecto original sostenía en el primer párrafo del artículo 19 referido a la existencia de la persona física, que ésta comienza “desde la concepción”, en consonancia con los reaccionarios
preceptos de la Iglesia y con la línea de Cristina Fernández de negarse a rajatablas al derecho de las mujeres a practicarse un aborto, lo que lleva a más de 300 muertes anuales por esa práctica en forma clandestina.
El gran golpe clerical fue la eliminación del segundo párrafo que planteaba que en el caso de reproducción asistida la existencia de una persona comienza desde “la implantación del embrión”. Desde el Vaticano Bergoglio y sus servidores se ocuparon de que no quedara letra que permitiera inferir que el momento del inicio de la existencia de una persona es, al menos, un hecho sujeto a interpretación según las circunstancias, y no algo regulado por una “divinidad” domiciliada en Roma.
Junto con esto volaron toda referencia a la fecundación
“pos mortem”, el “alquiler” de vientres, etc., algo que principalmente atenta contra las mujeres que quieren procrear sin parejas varones, además del resto que busca tener hijos mediante técnicas asistidas (de hecho deja abierta la catalogación como “personas” de los embriones ‘in vitro’).
Impunidad express
Entre otras perlas, el proyecto exime la responsabilidad civil del Estado y sus funcionarios en perjuicio de una persona o un grupo de personas. El artículo 6 señala que “el Estado no debe
responder de manera directa, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuáles se les atribuyan o encomienden un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada”. Jaime, Schiavi, Luna y compañía, agradecidos.
Una provocación contra los familiares de las víctimas de Plaza Once
En el mismo sentido, “también se elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal por las deudas laborales de empresas dependientes o vinculadas”. Los trabajadores llevan todas las de perder. Clausurado el fuero civil, los damnificados se verán obligados a dirimir el reclamo en el fuero administrativo, mucho menos estricto, pues no sólo es más contemplativo con los intereses del Estado, sino que la legislación no es homogénea, ya que varía según la provincia. Cualquier demanda de compensación será incomparablemente más laxa.
Los trabajadores estatales perderán derechos laborales porque no tendrán posibilidad de reclamar por la vía civil al Estado para obtener una indemnización en el caso de un accidente laboral. La Asociación de Abogados Laboralistas sostiene que esta iniciativa “degrada los derechos de los trabajadores dependientes del Estado nacional porque genera una marcada inimputabilidad para el Estado y sus funcionarios”. En la misma dirección, ATE dice que “la des-responsabilidad del Estado implica para los empleados y funcionarios públicos una discriminación peyorativa respecto a los trabajadores del ámbito privado y una negación de derechos elementales de raigambre constitucional”.
Evidentemente, nada bueno puede deparar para las grandes masas laboriosas. Más allá de algunos artículos positivos como el “divorcio express”, esta reforma es de conjunto clerical, reaccionaria y antiobrera.
Sin controversias con Francisco...
Por MYRIAM BREGMAN (Abogada del CeProDH y diputada nacional del Frente de Izquierda)
HACE YA dos años que el gobierno nacional anunció la elaboración de un nuevo Código Civil, encargada a una comisión de expertos regida por Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, de la Corte Suprema. Inmediatamente, la Conferencia Episcopal condenó algunos de los puntos que contemplaba esta reforma: la fecundación artificial, especialmente la negación de la condición jurídica de “persona” a los embriones no implantados; la posibilidad de concebir para parejas que no estén casadas; la fecundación artificial con óvulos o espermatozoides congelados de
una persona que ya haya muerto; el alquiler de vientres y algunas cuestiones del llamado “divorcio
express”, como la eliminación de la infidelidad como motivo válido para su solicitud.
Estas objeciones de la Iglesia parecía que no iban a tener mayor eco en el gobierno, hasta que el
cardenal Bergoglio se convirtió en jefe del Vaticano. En un santiamén, el pasado de silencio y complicidad con la dictadura del amigo de Lilita y Macri, quedó sepultado en el olvido. Su enorme
y creciente popularidad hicieron que Cristina lo viera con nuevos ojos y, al volver de la ceremonia de su asunción de como Papa, la Presidenta ordenó invitar a las autoridades de la Iglesia argentina a interferir, a su antojo, en la reforma del Código Civil.
Fue por esto que, el pasado 10 de junio, Cristina, acompañada por el diputado ultracatólico
Julián Domínguez, se entrevistó con el rector de la Universidad Católica Argentina y, acto seguido, diputado y obispo comenzaron a reelaborar el texto del nuevo Código Civil.
“Con Francisco no habrá ninguna controversia”, dijo Domínguez. No sólo la oposición derechista
de Macri, Carrió y el PJ, sino también el kirchnerismo se alineó con el Vaticano y los preceptos
reaccionarios con los que pretende seguir metiéndose en la vida de millones de personas, a través de su alianza con el Estado. Con esta injerencia de la Iglesia, no sólo se aprobará un Código Civil hecho a medida de sus intereses, sino que con la afirmación de que hay “persona” jurídica desde el momento mismo de la concepción, se reafirma un peligroso antecedente para impedir cualquier avance en la legalización del aborto (para lo que sería necesaria la modificación
del Código Penal).
Por eso, denunciamos esta reforma reaccionaria escrita de puño y letra por la jerarquía de la
Iglesia patriarcal, misógina y homofóbica. Y seguimos levantando la bandera de la separación de la
Iglesia del Estado. ¡No a la injerencia de la Iglesia en la legislación civil, en la educación
estatal, laica y pública y en nuestras vidas! ¡Basta de subsidios al clero!
embriones
Por Miguel Raider -
Friday, Nov. 22, 2013 at 11:35 AM
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