La Comisión Provincial por la Memoria presenta su informe anual 2013
Por reenvío red eco alternativo - Friday, Nov. 29, 2013 at 7:38 AM

Será el lunes 2 de diciembre, a las 16, en el Colegio de Abogados de La Plata, calle 13 número 821. Es el resultado del trabajo realizado durante el período 2012-2013 en lugares de privación de la libertad y el registro de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes policiales.

(Red Eco) Buenos Aires – La presentación se realiza al cumplirse diez años de la creación del Comité contra la Tortura, con el objetivo de monitorear lugares de detención, y prevenir y denunciar violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en cárceles, comisarías, institutos de menores, neuropsiquiátricos, entre otros establecimientos.
Entre 1999 y 2004 se había duplicado el número de detenidos en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires. Se pasó de 15.000 a casi 30.000, una situación que se mantiene en base al encarcelamiento masivo de detenidos con prisión preventiva, en su mayoría jóvenes y pobres. Es en este contexto que se creó el Comité.
En estos diez años de monitoreo, se iniciaron 17.689 expedientes; esto significa que en alguna o en varias oportunidades todas estas personas se comunicaron con el Comité para dar cuenta de violaciones a sus derechos.
En esta década, además, se realizaron más de 900 inspecciones a cárceles, comisarías, institutos de menores y neuropsiquiátricos; se presentaron 11.021 hábeas corpus individuales o denuncias y 37 hábeas corpus colectivos.
Específicamente en 2012, en las cárceles bonaerenses se registraron 28.297 detenidos, de los cuales 15.093 estaban con prisión preventiva, 8.800 condenados (entre ellos, solo 929 con sentencia firme). En tanto las mujeres detenidas sumaron 1.431, y 130 los menores que viven con sus madres en la cárcel. Además hubo 123 muertes en cárceles; de las cuales el 32% fueron traumáticas.
La Comisión también informó acerca de la situación en los institutos de menores, a partir de los resultados de una encuesta realizada en colaboración con el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la UBA. Allí se revela que ocho de cada diez jóvenes entrevistados habían pasado alguna vez por una comisaría. El 55% fue golpeado al momento de la detención y el 57% también recibió golpes dentro de las comisarías. Además, al 64% ningún operador judicial; es decir, jueces, fiscales ni defensores; le preguntó nada sobre los malos tratos recibidos durante la detención. De los 106 jóvenes entrevistados, el 65% se encontraba en carácter de “procesado” mientras que un 30% estaba como “condenado”.
A su vez, seis de cada diez jóvenes estaban detenidos a más de 30 kilómetros de sus familias, y entre ellos un 23% a más de 100 kilómetros.
Finalmente, el 20% aseguró haber recibido agresiones físicas por parte del personal en los institutos: el 67% en una ocasión, el 24% en dos y el 9% en tres o más.
Como adelanto de la situación relevada en 2013, desde la Comisión Provincial por la Memoria indicaron que este año “se reforzaron y extendieron políticas regresivas como la incorporación en territorio provincial de Gendarmería y Prefectura, fuerzas federales creadas con objetivos distintos a la prevención del delito en interacción con la población civil”. Afirman que de este modo se profundiza “un esquema de saturación territorial que genera prácticas violentas y puede estar construyendo un imaginario social en el que se naturaliza la presencia entre la población civil de fuerzas militarizadas que exceden el rol policial. Este tipo de intervención, diseñada para el corto lapso, comienza a extenderse en el tiempo sin que se explicite el objetivo último de la permanencia de tales fuerzas en el territorio provincial. Las políticas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires siguen manteniendo el sesgo de la demagogia punitiva, asentada en los discursos de la mano dura, la policialización de las políticas de seguridad y la falta de abordajes que prioricen el respeto por los derechos humanos como piso ineludible. En este marco se siguen profundizando las medidas efectistas centradas en el incremento de penas, la baja de edad de imputabilidad, el límite a las excarcelaciones y la saturación territorial para el control de los sectores pobres y fundamentalmente de los jóvenes”.
Señalaron además que este informe refleja cómo ese control territorial opera a través de prácticas policiales como la tortura, las ejecuciones y el gatillo fácil, junto con el reclutamiento para el delito, el armado y fraguado de causas, las detenciones sin orden judicial, etc. Finalmente, aseveraron que a partir de los datos estadísticos y el abordaje de los casos queda en evidencia la existencia de “una convalidación estructural de la impunidad por parte del poder judicial”.
De la presentación del informe anual 2013 del próximo 2 de diciembre, participarán los presidentes de la Comisión Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, su director de Seguridad Democrática, Rodrigo Pomares, su directora de Inspecciones, Alicia Romero, además del juez de Casación Penal Alejandro Slokar, la antropóloga y especialista en género Rita Segato, y Roberto Cipriano García de la Procuraduría contra la Violencia Institucional.

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