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Motines y saqueos no se curan con balas ni sindicatos policiales
Por Emilio Marín - La Arena -
Monday, Dec. 09, 2013 at 11:46 AM
09-12-2013 | La punta del iceberg apareció en Córdoba, con acuartelamiento de policías y luz verde para saqueos. Hay remedios falsos: mayor represión, sindicatos policiales o intervenciones federales. Mejor más democracia, bienestar y educación.
Finalizó una semana de pesadilla para Córdoba que vivió casi dos días de saqueos a granel favorecidos por el extorsivo acuartelamiento de la policía. Con catorce puntos de un petitorio, encabezado por el reclamo de un salario de 13.000 pesos, los uniformados se autoacuartelaron. Mejor sería decir se amotinaron, pues se recluyeron en sus dependencias, sobre todo las del Comando de Acción Preventiva (CAP) y dejaron la ciudad en bandeja para el accionar delictivo de diferentes orígenes.
Eso provocó muerte, doscientos heridos, un millar de comercios asaltados, daños por 400 millones de pesos y una angustia pocas veces vivida en una ciudad curtida por batallas políticas en el siglo XX y el actual.
El responsable de que la mayoría de los 23.000 policías ganara un básico de 2.500 pesos y un conformado de bolsillo de 5.600 es José M. de la Sota, que va por su tercer mandato, intercalado por uno de su ex vice, Juan Schiaretti.
Hay muchos trabajadores que perciben salarios como aquéllos e incluso menores, y no por eso chantajean al gobierno con dejar la ciudad servida al delito. Esa extorsión ocurrió esta semana, con las consecuencias mencionadas.
Hay otra aún más ominosa, que esta vez no sucedió: que una fuerza armada hasta los dientes saliera de sus cuarteles dispuesto a apretar el gatillo hasta que se les concediera lo pedido. Rafael Correa, el presidente de Ecuador, podría contar lo que sufrió con el putsch policial en setiembre de 2010, cuando estuvo a punto de perder la vida a mano de policías y un seudo pliego reivindicativo.
De la Sota era poco afecto a atender los reclamos de los uniformados. Y ni hablar de escuchar las demandas de los empleados públicos, judiciales, maestros y enfermeros. Con haber pactado con los secretarios generales del SEP y UEPC, de la CGT, era suficiente. Hasta febrero de 2014 nadie podía pedirle nada, ni un bono de fin de año.
En cambio es muy sensible al lobby de la Fundación Mediterránea, Bolsa de Comercio y Unión Industrial, para subsidiar a las automotrices y a los call centers, que han dejado en la calle a 7.000 jóvenes empleados.
Siendo mal pensados se puede suponer que la vía que De la Sota dejó abierta para el mejoramiento de los ingresos policiales, sobre todo de las jerarquías, fue la ley para que la institución se ocupara de perseguir al narcotráfico en delitos del menudeo. Eso involucró a jefes policiales en tamaño delito, como destapó hace meses el programa ADN de Tomás Méndez, con un saldo provisorio de once oficiales presos.
Mejores gobernantes
Después de la eclosión violenta han cundido puntos de vista fascistoides en amplios sectores de la población afectada por robos y acciones violentas de los vándalos. “A estos negros de mierda hay que matarlos a todos”, dicen los ex enanos fascistas que -como suele decir este cronista- ahora tienen más de dos metros, cual gigantes de la NBA.
Ese es el costado más lamentable, más aún que la destrucción material y demás pérdidas: la derechización de parte de la sociedad, que vería con agrado que corriera un riacho de sangre de delincuentes, incluso sin derecho a la defensa. Si a veces se comprueba que la justicia, con tiempos paquidérmicos, suele condenar a personas inocentes, qué decir de una policía de gatillo fácil o, como en las pasadas madrugadas, de grupos de comerciantes armados con ánimo paranoico velando sus negocios. Eran capaces de golpear a cualquier joven que tuviera la desgracia de pasar en moto por la calle, en el lugar equivocado, como se documentó en muchos casos.
Si se quiere vivir en una provincia mejor, e incluso si se pretende prosperar en los comercios, la solución no pasa por colgar, quemar, golpear ni matar a personas generalmente de clases bajas, por portación de rostro o de moto. Lo mejor sería elegir a gobernantes con más escrúpulos y políticas sociales más inclusivas; en otras palabras, a referentes del rincón opuesto a De la Sota.
El gobernador quiso barrer la basura debajo de la alfombra. Por eso trasladó las villas miseria que había próximas al centro de la ciudad -caso de gran parte de Villa La Maternidad- a lugares alejados, tipo ghettos, como Ciudad de Los Cuartetos, San Lucas, etc. En esta hora de dolor por la partida de Nelson Mandela, imposible no recordar que en forma atenuada el delasotismo aplicó una línea de apartheid. En vez de bantustanes sudafricanos, aquí eran las “ciudades” muy lejos del centro y de la “gente bien”.
Hasta en esto atrasa el reloj del gobernador, pues una corriente mayoritaria de arquitectos plantea urbanizar las villas y dotarlas de buenos servicios, en vez de mandarlos al confín del mundo. Esa exclusión macera un mayor resentimiento y en algún momento provoca la violencia.
Si se quiere evitar caos como el de La Docta, con riesgo grave para la democracia, la solución no pasa por armarse y disparar contra sospechosos ni vivar a la muerte. Mejor elegir buenos gobernantes y controlarlos.
Responsabilidades concretas
Cuando estalla un drama como el de Córdoba, el gobernador debe hacerse cargo de la responsabilidad. Es su política salarial la que estalló, es su policía la que se amotinó, son sus ministros quienes no supieron encauzar y mucho menos solucionar el diferendo, etc.
Es muy fácil hablar de “cordobesismo” y federalismo, buscando demagógicamente hacer base en la provincia con vistas a las presidenciales de 2015, y cuando estalla un problema como en éste, echarle las culpas a la presidenta de la Nación.
El viernes arribaron a Córdoba los primeros contingentes de Gendarmería de un total de 2.000 agentes. El secretario de Seguridad Sergio Berni evitó entrar en polémicas con el gobernador y dijo que se integraba a un comité de crisis con los representantes de la provincia, para que el problema fuera superado.
El gesto de la Nación es positivo, con dos aclaraciones.
La primera es que llega tarde, independientemente de cuándo fue solicitada por De la Sota, que sostuvo polémicas con Berni y Jorge Capitanich. Las calles fueron un infierno martes y miércoles, pero los efectivos llegaron el viernes.
La segunda precisión es que el orden basado en la policía o en la Gendarmería no es sinónimo de justicia, ni -a la larga- de seguridad. Hay que remover las causas sociales, materiales, culturales, legales, etc, para alcanzar un nivel de felicidad y bienestar de la población, que desactive esos estallidos. De lo contrario se estaría apenas poniendo una pesada tapa a una olla a presión que en algún momento puede saltar, sino se solucionan esas cuestiones de fondo.
Barack Obama mintió cuando en un discurso dijo que no quería que su país retrocediera a índices de desigualdad social similares a Argentina y Jamaica, ubicados como los peores del grado. E hizo bien el vicecanciller Eduardo Zuain en citar al encargado de negocios y expresarle el desagrado del país por aquel agravio.
De todos modos, con un nivel de pobreza del orden del 20 por ciento (del 23, dice el ahora massista Daniel Arroyo, ex funcionario de Alicia Kirchner), habría varios millones de compatriotas que carecen de lo elemental. Y son caldo de cultivo para saqueos y aventuras sangrientas aunque los números de Indec digan otra cosa.
Falsas soluciones
Las inequidades sociales se dan no sólo en la provincia mediterránea, por lo que también atañen al gobierno nacional. Esas problemáticas de necesidades básicas insatisfechas, policías mal pagas y corruptas, con gatillo alegre, se pusieron de manifiesto estos días en distritos gobernados por el FPV-PJ, como Buenos Aires, Río Negro, Catamarca y La Rioja. También en Santa Fe y Neuquén, de otros colores políticos.
Creer que los problemas de una policía poco democrática y muy afecta a los ingresos provenientes del delito se limitan a una provincia de la oposición sería un craso error. Una de las policías más corruptas y violentas es la maldita Bonaerense, a la que ayer Daniel Scioli elogiaba por su supuesta digna conducta. Pareció más bien una succión de calcetines a los “patas negras”.
Entre las falsas soluciones están las que pergeñan en La Plata. Por caso, se difundió que el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, tramita acuerdos con la DEA y el FBI norteamericanos con la excusa de mejorar la seguridad. A buen monte van por leña...
Otra vía falsa de disuadir motines de los uniformados es permitir sindicatos de policías, tal como proponen legisladores radicales, FAP y el ex líder de la CTA, Víctor De Genaro.
El cronista difiere con esas iniciativas. Darle derecho de huelga a 70.000 policías bonaerenses de dudosa filiación democrática, que pudieran arremeter armados con una ferretería de grueso calibre, contra el gobernador, a fin de extorsionarlo como hicieron sus pares cordobeses, sería condenar a la democracia a un riesgo de chantaje permanente.
Otra cosa es habilitar comisiones y delegados para discutir salarios y condiciones de trabajo, que sí tendrían que permitirse. Lo otro resulta hasta insensato, en este país, con esta policía, su historia represiva reciente y este tristísimo diciembre cordobés.
www.rebelion.org/noticia.php?id=177946